Terrorismo de Estado
Fue el Estado: el ejército mexicano encubrió la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en la ciudad de Iguala (Guerrero) ha establecido la evidencia de que las Fuerzas Armadas mexicanas sabían que los jóvenes fueron secuestrados y después ayudaron a encubrir el caso, lo que imposibilitó “que los estudiantes fueran realmente buscados y, en lo posible, encontrados”.

Según el informe, el ejército dispuso un plan de contrainsurgencia en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fruto de este espionaje, la inteligencia de las fuerzas armadas eran conscientes de que el 26 de septiembre de 2014 los jóvenes estudiantes pretendían alquilar una serie de autobuses para homenajear a las víctimas de otra masacre, la de Tlatelolco de 1968.

Cuando se disponían a regresar a la escuela, los estudiantes fueron interceptados por civiles armados y cuerpos de seguridad del Estado: 43 de ellos fueron detenidos y desaparecidos, seis personas fueron asesinadas —tres de ellas estudiantes— y 40 quedaron heridas, dos de ellas de extrema gravedad. Fue la policía local de Guerrero la que, presuntamente, asesinó y quemó los cuerpos de los desaparecidos. Nunca se han encontrado los cuerpos de la mayoría de los asesinados entre el 26 y el 27 de septiembre del año 14.

“Dado que se contaba con dos operaciones de inteligencia en marcha, una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado y otra las actividades de los estudiantes antes y durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre, resulta llamativo que estos movimientos cesaran justo en el momento de la desaparición”, resalta la investigación independiente.

La comisión de la verdad encargada del caso implica en el caso a distintas instituciones, entre las que están la policía estatal de Guerrero, el Ejército y la Secretaría de Marina y dictamina que la coordinación de todas ellas "no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior”. 

La fiscal e integrante del GIEI Ángela Buitrago resaltó que la fiscalía y el personal policial y militar alteró las pruebas y el escenario del crimen. Aunque el grupo ha resaltado que la llegada a la presidencia mexicana de Andrés Manuel López Obrador ha facilitado la investigación, también denuncia que se siguen produciendo resistencias por parte de las administraciones implicadas para resolver el caso.

En enero de este año, México ha pedido formalmente a Israel la extradición de Tomás Zerón, exjefe de investigación de la Procuraduría General de la República y responsable de la plagada de errores y omisiones investigación inicial por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la que se quiso levantar la llamada “verdad histórica” contra la que se han enfrentado movimientos estudiantiles, sociales, indígenas y de derechos humanos, que siempre defendieron la consigna “fue el Estado” para conseguir la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Durante dicha investigación, según el GIEI, se produjeron casos de tortura que fueron un “factor de distorsión de la verdad”, establecieron la impunidad en el caso, y han supuesto “un obstáculo para la fase posterior de la investigación”.