Especulación urbanística
“¿No hemos aprendido nada?”: la salida de la crisis vuelve a cimentarse en el ladrillo

A mediados de marzo, Donald Trump recogía una buena dosis de indignación global cuando anunciaba una batería de medidas para impulsar una economía en shock por el covid-19. Todas ellas tenían algo que ver: tumbaban medidas de protección medioambiental para dar más facilidades a las grandes empresas. 

Dos meses y medio después, precisamente ese es el camino elegido por los gobiernos de muchas comunidades autónomas españolas que han visto en la construcción y la especulación urbanística la vía más rápida de recuperar el impulso perdido por la pandemia. En el debate en muchos territorios del Estado español sobre la “reconstrucción” de la economía tras la pandemia parece que algo ha quedado claro: esta se hará fundamentalmente con ladrillo.

En ocho comunidades autónomas, señalan desde Greenpeace, “se están proponiendo viejas prácticas para incentivar de nuevo el motor económico”

Los gobiernos regionales sostenidos con los votos de PP, Ciudadanos y Vox —Andalucía, Murcia y la Comunidad de Madrid—, así como los gobiernos socialistas del País Valencià o Baleares coinciden en volver la vista al ladrillo como principal herramienta para reactivar la economía. En ocho comunidades autónomas, señalan desde Greenpeace, “se están proponiendo viejas prácticas para incentivar de nuevo el motor económico”.

La delantera la llevó Andalucía, donde el Parlamento aprobaba a principios de abril el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva. Una ley que pretende, según deununcia Greenpeace, “reducir la participación pública y eliminar garantías ambientales” en el desarrollo y tramitación de proyectos urbanísticos, casi todos situados en el litoral andaluz. Con la excusa de reducir el impacto del Brexit y la crisis del covid-19, la Junta ha modificado 21 leyes y seis decretos que “nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos”. 

El Gobierno andaluz “pretende reeditar el modelo económico de los años de la burbuja especulativa, que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales”

De esta forma, la comunidad española con más costa destruida, hasta un 80% en algunos tramos, “pretende reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa, que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales”, según Greenpeace. 

La apuesta del Gobierno andaluz por la construcción “se traduce en un alarmante florecimiento de proyectos urbanísticos”, añaden. Algunos de los complejos que se verían beneficiados por esta nueva ley, entre muchos otros, serían las 2.500 viviendas y un hotel de 300 habitaciones en el Pinar de Barbate, en Cádiz, o la construcción de un campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas en los pocos tramos que quedan sin urbanizar de la costa que une Nerja y Maro (Málaga) y que “podrían quedar arrasados”, según la ONG ambientalista. Esta organización, junto con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, calificaba el decreto como “un retroceso histórico inaceptable en las garantías ambientales”.

Otro tanto ocurre en Galiza, donde el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la crisis del covid-19 para acelerar la tramitación ambiental de 975 proyectos. Algunos de ellos, como los parques eólicos de Ordes (A Coruña) y Paradela (Lugo) o la depuradora de Os Praceres (Pontevedra), cuentan con el rechazo de colectivos ecologistas y vecinales, cuya capacidad de respuesta se ve mermada por el estado de alarma. Los Gobiernos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, País Valencià y Canarias también han aprovechado o están estudiando reformas para agilizar los trámites urbanísticos y reducir limitaciones para la construcción y el sector hotelero.

Un regalo para la patronal

Entre las que han ido más lejos, destaca la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha impulsado con carácter de urgencia una reforma de la Ley del Suelo que pretende agilizar los trámites y las licencias urbanísticas para “atraer la inversión extranjera” y permitir que Madrid “viva un nuevo boom”. Todo esto aunque sea a costa de vulnerar el derecho a la participación política, del medioambiente e incluso de la salud pública, según denuncian decenas de organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Sindicato de Inquilinos o Ecologistas en Acción, en dos campañas lanzadas el pasado domingo para enviar alegaciones a la modificación de la ley del suelo, un plazo que finaliza este 2 de junio.

La reforma de la Ley del Suelo madrileña está hecha “a medida” de la patronal del sector, “cuyos intereses económicos se verán favorecidos por la flexibilización de controles administrativos”

La reforma planteada por el Gobierno de la Comunidad pretende sustituir las licencias urbanísticas, hasta ahora obligatorias para iniciar una obra o para ocupar legalmente una vivienda, por simples declaraciones responsables. Se trata de una reforma, según denuncian estos colectivos, hecha “a medida” de la patronal del sector, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, “cuyos intereses económicos se verán favorecidos por la flexibilización de controles administrativos”.

Jugar al ladrillazo. O la solución inmobiliaria a la crisis

Pablo Carmona

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Crisis económica

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Ante una economía en la que el turismo ha caído, y ante la necesidad de viviendas en alquiler barato, el sector inmobiliario está demandando que las administraciones levanten un nuevo ciclo especulativo para cabalgar esta oportunidad. La última pregunta queda en el tejado de los movimientos de vivienda: ¿cómo actuar ante esta lógica?

“Los mismos que han convertido Madrid en una ciudad invivible sin apenas espacios libres, los que desahucian a la gente, los que nos meten en las crisis, son los que siguen dirigiendo el urbanismo de la Comunidad. Y otra vez los gobiernos locales se ponen a disposición de estos señores”, denuncia María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, en conversación con El Salto.

Las referencias a la anterior crisis son inevitables. La reforma de la Ley del Suelo y la reactivación de grandes proyectos especulativos de la región, como la operación Madrid Nuevo Norte, suponen “un clásico del modelo económico madrileño: salir de una crisis inflando una nueva burbuja inmobiliaria”, señalan desde el Sindicato de Inquilinos y la Coordinadora de Vivienda de Madrid. En la crisis de 2008, los sucesivos gobiernos trasladaron al mercado del alquiler buena parte de las tensiones que había experimentado el mercado hipotecario con facilidades a los fondos buitre y a los pisos turísticos, un trasvase que terminó causando una nueva burbuja, la del alquiler en muchas ciudades españolas. 

“Los mismos que han convertido Madrid en una ciudad invivible sin apenas espacios libres, los que desahucian a la gente, los que nos meten en las crisis, son los que siguen dirigiendo el urbanismo de la Comunidad", dice María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción

Ahora el Gobierno de la Comunidad utiliza “la excusa del covid-19” para aprobar en junio una reforma de urgencia y de lectura única que “pretende saltarse los trámites de consulta pública y las garantías de participación ciudadana establecidas en la normativa urbanística sin siquiera la realización de estudios previos de impacto". Según el modelo de alegación a la reforma presentada por Ecologistas en Acción, esta modificación de la ley del suelo supone “una vulneración del derecho de participación de la ciudadanía en la regulación de actuaciones urbanísticas que pueden tener un fuerte impacto en la calidad de vida, el patrimonio y el medio ambiente de nuestras ciudades, pueblos y territorios”.

La falta de medios y de personal técnico hará que sea “casi imposible vigilar, una vez iniciada una construcción, demolición o cambio de uso, comprobando que se ajuste a lo autorizado”, denuncian desde Ecologistas en Acción

En la práctica, las declaraciones responsables, sobre todo en pequeños y medianos municipios, favorecerán “la indisciplina urbanística”: la falta de medios y de personal técnico hará que sea “casi imposible vigilar, una vez iniciada una construcción, demolición o cambio de uso, comprobando que se ajuste a lo autorizado”.

Para María Ángeles Nieto, las consecuencias de esta reforma no se notarán tanto en la expansión urbanística, ya que la medida afectará sobre todo a la tramitación de los expedientes y no a la reclasificación de los suelos. “El impacto mayor se va a producir por la incapacidad de comprobar si las obras, cambios de uso, instalaciones, demoliciones se ejecutan de acuerdo a lo presentado en la declaración responsable”, dice a El Salto. 

Un regalo al sector inmobiliario madrileño —que cuenta con miles de viviendas de múltiples desarrollos urbanísticos a las espera de ser validados por la administración— que impacta en uno de los “puntos débiles” de todos los ayuntamientos: la “disciplina urbanística” y la capacidad de inspección, una tarea descuidada por los gobiernos locales que “no suele interesar” y a la que ya destinan muy poco personal, continúa esta activista ecologista. 

Con las declaraciones responsables, las promotoras podrán empezar las obras sin ningún tipo de control previo. Para Nieto, resultará “imposible” supervisar con posterioridad todos los trámites, algo que generará “una sensación de impunidad que favorecerá las actuaciones ilícitas”. 

La Ley del Suelo madrileña ha sido modificada en 17 ocasiones, “en todos los casos sin debate ciudadano, siempre de tapadillo y con leyes urgentes que daban respuesta a las necesidades de determinados proyectos especulativos concretos”, dicen desde Ecologistas en Acción

No es la primera modificación de la Ley del Suelo madrileña, aprobada en 2001. De hecho, cuenta Nieto a El Salto, poco se parece aquel texto al actual. Ha sido modificada en 17 ocasiones, “en todos los casos sin debate ciudadano, siempre de tapadillo y con leyes urgentes que daban respuesta a las necesidades de determinados proyectos especulativos concretos, incluso para evitar que algún concejal del PP terminara en la cárcel”.

barra libre

En la Región de Murcia se repite la misma historia. A principios de mayo, otra vez los votos de PP, Ciudadanos y Vox y nuevamente para “acelerar la reactivación económica de la Región y responder con urgencia al nuevo escenario”, permitía la aprobación de dos decretos ley que modifican la Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental Integrada. Según denunció entonces Ecologistas en Acción, se trata de “de aprovechar la excusa del covid-19 para desmantelar los pocos vestigios que quedaban de política ambiental”. Más País calificó la reforma como “una barra libre para saltarse controles y dañar nuestro patrimonio natural”. 

Ya había intentado algo parecido el Gobierno popular de la Región en 2018, cuando lanzó la Ley de Aceleración Empresarial, tumbada por un recurso de inconstitucionalidad de Unidas Podemos. Con la nueva ley en la mano, la patronal murciana ha mostrado su satisfacción ante una reforma que “reactivará la economía y dotará de más seguridad jurídica a las empresas para crear riqueza y empleo”. Diversos colectivos ambientalistas han señalado las previsibles consecuencias de la nueva legislación en la crisis ecológica que sufre el Mar Menor.

Mar Menor, ecocidio anunciado

Pablo Rivas

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Medio ambiente

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El Campo de Cartagena ha sufrido una profunda transformación en apenas unas décadas. Los excesos de una agricultura industrial intensiva y del turismo de masas han colapsado la mayor laguna salada de Europa. Los habitantes de la zona exigen frenar la debacle.

En Baleares, el Gobierno socialista, en coalición con Unidas Podemos y Mes per Mallorca, lanzaba el 15 de mayo un decreto de “medidas urgentes” para que los hoteles puedan ampliar sus instalaciones hasta un 15%, a la vez que establece un “régimen excepcional de declaración responsable“ para las licencias de obras en suelo urbano. El decreto fija además una bonificación fiscal sobre el juego, según publicaba Infolibre.

”Para ‘salir de la crisis’, ante el hundimiento del turismo, las instituciones que nos gobiernan plantean una huida hacia adelante: barra libre de ladrillo”, dice Pedro Ramiro, coautor de 'A dónde va el capitalismo español'

“Desde los años 60, el ‘milagro español’ se ha sostenido sobre dos ejes fundamentales: el turismo y la construcción”, señala a El Salto Pedro Ramiro, autor junto con Erika González del libro A dónde va el capitalismo español. “Esta especialización económica ya estaba en crisis antes de la pandemia, por la imposibilidad de sostener por más tiempo el crecimiento de los beneficios empresariales. Y ahora, con el desplome del sector turístico y el previsible pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han terminado de reventar sus costuras. Para ‘salir de la crisis’, ante el hundimiento del turismo, las instituciones que nos gobiernan plantean una huida hacia adelante: barra libre de ladrillo”, añade.

Para este investigador, se trata de “una nueva aplicación de la doctrina del shock por parte de las administraciones públicas” de la que también es partícipe el Gobierno español. En palabras del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la construcción ha de convertirse en “palanca para la recuperación del empleo y la economía”. Sin embargo, señala Ramiro, “repetir el modelo de ‘recuperación’ seguido en las crisis anteriores lo que va a hacer es profundizar todavía más la brecha social y los impactos ecológicos que ya se habían agravado en la última década”.

Poco parecen importar las advertencias realizadas a lo largo del mundo de las íntimas relaciones de la degradación del medio ambiente, la destrucción de ecosistemas o la urbanización desenfrenada con la expansión del coronavirus y otras posibles pandemias futuras. Tampoco muchos parecen recordar que 2019 fue el año de las movilizaciones por el clima, donde millones de jóvenes se encargaron de recordar la pasividad de la clase política antes la crisis planetaria causada por el calentamiento global. 

“¿Es esta la nueva normalidad?”, se preguntan desde Greenpeace. “Pues en materia ambiental, algunas de las últimas propuestas para esa nueva normalidad suenan a vieja normalidad, a no haber aprendido nada”, advierten.