Opinión
La colonización eléctrica de Extremadura

En fechas recientes se ha presentado el libro, elaborado por el Club Senior de Extremadura, “Cómo evitar la tercera colonización energética de la región”. La obra aborda detalles claves de la producción y consumo de la energía eléctrica en Extremadura: la exportación a otros territorios del Estado español, los elevados precios de mercado, la poca influencia que tiene esa enorme generación de energía en el progreso económico y en el bienestar de la población extremeña... Y concluye con una llamada a la toma de conciencia y a la intervención de las instituciones, con la adopción de medidas capaces de revertir este estado de cosas.

Desde el Campamento Dignidad consideramos que los datos que arroja este estudio constituyen un importante punto de partida desde el que profundizar en el análisis de las circunstancias que han provocado, y provocan, el enorme retraso económico y social de la comunidad extremeña. Nuestra contribución a este debate quiere partir, en cualquier caso, de la necesidad que tienen los sectores sociales más desfavorecidos de acceso a un suministro básico para su bienestar en una región en la que, por ejemplo, de manera continua nos encontramos con unidades familiares —incluso con menores a su cargo— a las que se les corta el suministro de la luz por compañías que, por otra parte, obtienen resultados de explotación y beneficios multimillonarios.

Datos del balance eléctrico extremeño

Los datos que a continuación se ofrecen están obtenidos del Balance Eléctrico de Extremadura —publicados por la Consejería de la Junta de Extremadura— y de publicaciones de diferentes medios de comunicación de ámbito regional y estatal. En ellos se refleja de manera elocuente la colonización que sufrimos por unas clases sociales que engordan sus cartillas y se enriquecen con el comercio de los bienes obtenidos en nuestro territorio.

Como rasgo definitorio, hay que subrayar que la producción de energía eléctrica en Extremadura descansa sobre la base de las tecnologías nuclear y renovable (hidráulica, solar y biomasa), a lo que se añade una pequeña aportación de la tecnología térmica no renovable (cogeneración) y de la eólica.

Nos encontramos con unidades familiares —incluso con menores a su cargo— a las que se les corta el suministro de la luz por compañías que, por otra parte, obtienen resultados de explotación y beneficios multimillonarios

El parque generador de energía eléctrica cuenta con una potencia total de 6.484 MW., siendo el año 2019 la producción de 21.030 GWh. La distribución de la misma corresponde, en su mayor mayor, parte a la aportación nuclear, con 16.315 GWh. Le sigue a ésta la contribución de las energías renovables, que alcanzaron en 2019 los 4.655 GWh, constituyendo un 22,14 % del total de la producción

La producción de energía eléctrica respecto al total estatal supuso el 8,07 %. Los 21.030 GWh generados en nuestra región la sitúan en un destacado sexto lugar, sólo superada por Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla–La Mancha y Castilla y León. El balance de la energía generada en la región extremeña arroja un saldo exportador de 16.053 GWh en el año 2019: un 76,33 % de la producción de energía eléctrica total producida.

La energía eléctrica consumida tuvo un valor de 4.959 GWh, lo que supuso respecto al total estatal un 1,87 %. Esta cifra sitúa a nuestra región en el decimoquinto lugar, manteniéndose por encima de Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta.

Por otro lado, en Extremadura, las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola controlan 14 centrales hidroeléctricas y la mayor producción de energía. Ambas, junto a Naturgy, son las dueñas de la central nuclear de Almaraz. Otras empresas, como el grupo Pitarch en la zona de Cáceres, tienen una potencia instalada de unos 5.700 Kw en sus 6 centrales hidráulicas, produciendo y distribuyendo unos 16000 Mwh/año. Actualmente, la potencia instalada en energía hidráulica en la comunidad extremeña se sitúa en 2.193,84 MW. Existen otras compañías más pequeñas que actúan como comercializadoras.

El balance de la energía generada en la región extremeña arroja un saldo exportador de 16.053 GWh en el año 2019: un 76,33 % de la producción de energía eléctrica total producida

En la actualidad, estamos en un proceso de eclosión y despliegue de inversiones en las energías renovables que la administración autonómica trata de favorecer con la aceleración de las tramitaciones administrativas. Las renovables que se instalan son, generalmente, las de tecnología solar y fotovoltaica. En el caso de los proyectos de tecnología solar, a los 1.247 MW en funcionamiento ya instalados hay que sumar los que se encuentran en tramitación y en construcción, por lo que en unos años tendremos una potencia de 7.965 MW.

Iberdrola ha construido la central Núñez de Balboa en Usagre (Badajoz), con 500 MW de potencia, y está construyendo o tienen en fase de tramitación centrales renovables de carácter fotovoltaico por más de 1700 megavatios (MW) de potencia en Extremadura.

Por lo que se conoce, Endesa no queda a la zaga de Iberdrola y también inicia la construcción de tres centrales fotovoltaicas de 50 MW de potencia cada una, que deben estar funcionando a comienzos del año 2022, estando localizadas en los términos municipales extremeños de Fregenal de la Sierra y Bodonal. La producción será de 310,32 gigavatios hora, es decir, el consumo equivalente a la suma de las poblaciones de Cáceres y Badajoz.

Naturgy ha iniciado la tramitación de proyectos renovables fotovoltaicos para la construcción de la planta Campo Arañuelo de unos 300 MW de potencia. Esta empresa también produce energía eólica en una instalación en la zona de Cáceres.

Repsol comenzó este año pasado la construcción de una renovable denominada Valdesolar, en el municipio de Valdecaballeros, con una potencia de algo menos de 300 MW.

Cómo operan el transporte y la distribución

El transporte de la energía desde los centros de generación corresponde a Red Eléctrica Española, empresa creada en el año 1984. Esta compañía es la encargada de la gestión de las infraestructuras y del transporte de energía en alta tensión, con varios fondos de inversión extranjeros participando en su accionariado.

Su privatización, en 1999, fue denunciada por el Tribunal de Cuentas argumentando la falta de transparencia en el proceso, así como el trato irregularmente exclusivo que se hacía a determinadas empresas del sector, en perjuicio del interés general. El Estado conserva el 20 % de sus acciones por medio de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Las redes de transporte están conectadas con las redes de distribución, responsables de llevar la energía a todos los puntos de consumo. En general, dichas redes trasladan la energía eléctrica a una tensión inferior a 220 KV. Las distribuidoras de energía tienen asignadas unas zonas geográficas determinadas y, por ley, los consumidores no podemos elegir y cambiar de distribuidor.

Si a nivel nacional los gobiernos no se atreven a una intervención sobre los mercados energéticos y los costes regulados, a nivel regional el PSOE se esconde en la falta de competencias

El gobierno español, en el año 2007, siguiendo las directivas europeas, dictó una serie de leyes obligando a las empresas eléctricas a la separación jurídica, contable y funcional de las actividades sometidas a la competencia (generación y comercialización) de las actividades reguladas por el Estado (distribución, y transporte). Hasta entonces, la distribución y venta de la electricidad la hacía una misma empresa. A partir de este momento, será la empresa comercializadora la encargada de vender la luz a los consumidores. La justificación de esta separación de actividades era la de poder dar a la población la libertad de elegir el tipo de tarifa y la comercializadora que le vende la electricidad. En Extremadura, las grandes empresas eléctricas participan ampliamente en la distribución y comercialización de la luz.

A la vista de lo expuesto, desde Campamento Dignidad queremos hacer una serie de consideraciones.

La propiedad de las fuentes de energía

Las propiedades de la mayoría de las fuentes de energía de la Comunidad Extremeña renovables y convencionales están en manos de un pequeño número de empresas eléctricas, al igual que sucede a nivel nacional. El hecho de que la energía eléctrica vertebre a la inmensa mayoría del conjunto de las diferentes actividades productivas y no productivas confiere un enorme poder político a los propietarios de la misma. Este dominio queda reflejado en el conjunto de decisiones y normativas que, a lo largo de los años, se vienen tomando por el Estado español en materia de energía eléctrica para favorecer a estas compañías: las privatizaciones iniciales de monopolios públicos, (como Endesa), la fijación de los elevados precios de mercado, los costes de transición a la competencia, el déficit tarifario, el pago por alquiler de los contadores, los pagos de capacidad, el pago por interrumpibilidad a las grandes empresas consumidoras y todo el conjunto de cargos que afectan a los costes regulados.

Los elevados precios de la energía eléctrica, de los más altos de Europa perjudican a las empresas regionales y castigan a las clases trabajadoras. Los costes regulados por el gobierno encarecen enormemente el importe de la factura de la luz. Si a nivel nacional los gobiernos no se atreven a una intervención sobre los mercados energéticos y los costes regulados, a nivel regional el PSOE se esconde en la falta de competencias legales para llevar a cabo iniciativas de importancia y, de este modo, alejarse de decisiones que molesten a estas corporaciones eléctricas.

En este sector se visibiliza de forma clara la verdadera naturaleza del estado capitalista, desempeñando las funciones propias de un consejo de administración de los negocios de la burguesía. Las puertas giratorias apuntalan su poder político y económico, mediante mecanismos reversibles por los que colocan a sus directivos en los gobiernos y a los líderes de los partidos políticos del régimen en los sillones de sus consejos de dirección, una vez que han servido bien desde la presidencia y ministerios del gobierno.

La exportación de la energía

Las clases dominantes de este país siguen atribuyendo a Extremadura la función exclusiva de aportar factores productivos humanos y materiales (emigración y materias primas) para el desarrollo industrial de otros territorios del Estado español. La mayor parte de la energía generada va a parar fuera de la región. El pequeño consumo interior es prueba de nuestro bajo desarrollo industrial y de la existencia de la pobreza energética, que nos afecta de tal modo que el 20 % de la población extremeña carece de recursos suficientes para abastecer sus necesidades básicas de energía o tiene que destinar una gran parte de sus ingresos a satisfacer dichas necesidades.

El 20 % de la población extremeña carece de recursos suficientes para abastecer sus necesidades básicas de energía o tiene que destinar una gran parte de sus ingresos a satisfacer dichas necesidades

En la Comunidad Extremeña, además, se agudiza el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, con empresas arrinconadas y castigadas por la pandemia que no encuentran las condiciones adecuadas que permitan el despegue de sus negocios a causa de las limitaciones económicas y financieras que impone este bloque de poder. Todas estas particularidades ponen de manifiesto que los gobiernos regionales y nacionales no intervienen ni tienen interés alguno en corregir el funcionamiento de un mercado eléctrico que contribuye a la falta de oportunidades y a una desigual redistribución de la riqueza entre territorios y personas.

Las energías renovables

Nuestros dirigentes institucionales muestran un excesivo optimismo ante la numerosa proliferación de instalaciones de energías renovables. Este fenómeno inversor alienta la euforia y el sueño de que el territorio extremeño se transforme en un nuevo “dorado”; una tierra prometida en la que el progreso y desarrollo están al alcance de la mano.

Los fondos europeos NEXT GENERATION, ligados a la expansión de las energías renovables, el cumplimiento del Plan Integrado Extremeño de Energía y Clima para el período 2021-2030, bajo el paraguas del Plan Nacional del mismo nombre, y los acuerdos de París que presuponen la descarbonización total en 2050, parecen tener discursivamente encandilados a los miembros del gobierno regional.

El proceso, que afecta muy especialmente a los ayuntamientos, aparentemente supone un revulsivo temporal por la dinamización económica y el empleo que aporta en la región. La idea que flota en el ambiente es que los municipios recibirán importantes ingresos por las licencias que conceden a estos macroproyectos de renovables, pero las cosas no están tan claras. De hecho, están más que complicadas: la declaración de utilidad pública de una instalación de producción energética implica la exención de licencias municipales, exime de la prestación compensatoria por el uso del suelo no urbanizable y obtiene descuentos de hasta el 95% en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por otro lado, puede no recaudarse el impuesto sobre actividades económicas, en el caso de que la sede matriz de la empresa promotora se encuentre en Madrid.

Respecto a la crítica que se hace desde ciertos sectores al encarecimiento de la factura de la luz por culpa de las primas que se conceden a las renovables, hay que indicar que quien se lleva un buen pellizco de todas estas subvenciones son las grandes corporaciones eléctricas, que también son las dueñas de la mayor parte de las fuentes de energía convencionales.

Solución: nacionalización de la energía y control por el Estado

En definitiva, es preciso que la energía eléctrica sea nacionalizada, pasando al control del Estado las diferentes etapas que sigue hasta llegar al consumidor. Las políticas públicas se deben orientar hacia la planificación democrática de la producción eléctrica, modificando los procedimientos por los que se establecen los precios con el objetivo de beneficiar a las familias y potenciar el desarrollo industrial de la región. En nuestra Comunidad se necesita un gobierno valiente que además de exigir a Madrid la nacionalización y el control de la producción eléctrica, se atreva a la creación de una empresa pública regional capaz de intervenir en el mercado de la generación, distribución, transporte y comercialización de la energía.