Transición
García Caparrós, 42 años de impunidad y desamparo

Mucho se ha escrito sobre el caso. Si bien es sabido que la investigación se cerró sin encontrar culpables, apenas se conocen los detalles al respecto. Lo cierto es que existieron dos, una parlamentaria y otra judicial.
La primera tuvo lugar en el Congreso de los Diputados durante 1978 y tenía como objetivo dirimir la responsabilidad política de los hechos. No se consideró responsable al entonces gobernador civil de Málaga, a pesar de estar al mando de las fuerzas policiales que intervinieron realizando repetidos disparos, y tan solo se acordaron medidas para arreglar la mala situación económica de la región, entendida como origen de las protestas. Las actas de dicha comisión continúan siendo secretas, habiéndose podido acceder a ellas solo a través de Eva García Sempere, diputada de Unidas Podemos en 2017, encontrándose tachados los nombres de los policías y personas investigadas. Una investigación a todas luces insuficiente y parcial, marcada por las mayorías políticas presentes en la cámara baja y por la falta de información manejada.

La segunda se dilató hasta su conclusión en 1985, entre conflictos de competencia y pruebas de balística. Las mismas pruebas que fueron incapaces de demostrar la culpabilidad de alguno de los policías relacionados, y se practicaron con una bala la cual los propios informes no pueden asegurar que fuera la que mató a García Caparrós debido a que fue limpiada concienzudamente con acetona y tampoco hay constancia de que estuviera en la sala donde se realizó la autopsia según afirma uno de los médicos presentes. Irregularidades manifiestas, similares a las ocurridas en otras investigaciones sobre muertes violentas por parte de las fuerzas de seguridad de países como Reino Unido o Turquía, por las que fueron condenados finalmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al entender vulnerado el derecho de las víctimas a una investigación eficaz.

Sin embargo, no ha existido ningún tipo de reconocimiento al respecto por parte del estado en todo este tiempo más allá de medidas simbólicas, como la designación de Hijo Predilecto, a todas luces insuficientes. La familia de García Caparrós no ha recibido reparación ni ha conocido qué ocurrió realmente aquel fatídico día. Y ello se concreta en la falta de atención a todos los niveles de las administraciones del estado, la falta de revelación pública de la verdad, la inexistencia de declaración pública alguna -ya sea de disculpa, reconocimiento o aceptación de responsabilidades- relacionada con su condición de víctima, o la inclusión de materiales pedagógicos sobre su crimen en la enseñanza.

La entrada en vigor de las leyes de Memoria Histórica, tanto estatal como autonómica, tampoco ha cambiado el panorama. A pesar de establecer un marco normativo que posibilitaría el reconocimiento a las víctimas, no ha existido hasta el momento un compromiso por parte del estado en desarrollarlo y aplicarlo. No al menos desde un gobierno andaluz de PP y Ciudadanos sostenido con los votos de la ultraderecha que llevaba en su programa aprobar una nueva ley de “concordia”, ni desde un PSOE más centrado en medidas mediáticas -no por ello menos necesarias- como la exhumación de Franco.

Esta sangrante falta de voluntad no solo supone el incumplimiento de dichas leyes, sino también de multitud de normas internacionales en defensa de los derechos humanos de la ONU o la Unión Europea suscritas por España, así como de numerosas sentencias que las interpretan. En unos tiempos donde algunos partidos defienden la necesidad de respetar la legalidad para solucionar determinados conflictos, resulta llamativo ver cómo la desobedecen sistemáticamente en materia de memoria histórica. Parece que ese respeto al imperio de la ley depende del asunto en cuestión, y que obedece en última instancia a criterios políticos.

Ante esta situación de desamparo, el pasado agosto se creó la Asociación de Víctimas de la Transición en Andalucía. Esta asociación tiene la intención de agrupar el trabajo realizado por las familias de García Caparrós, los jóvenes del Caso Almería (asesinados por la Guardia Civil en 1981), o Arturo Ruiz (joven granaíno asesinado por la ultraderecha en 1977), entre otras que siguen sumándose. Todos ellos perdieron la vida durante un periodo histórico considerado modélico en la historia española. Familias que también se han convertido en víctimas por los daños psicológicos y morales sufridos. Tan solo buscan paliar el sufrimiento de una vida marcada por la muerte violenta de un ser querido, y ya han solicitado a la Presidencia de la Junta de Andalucía una reunión para exponer su situación.

Porque a pesar de que hayan pasado 42 años desde la muerte de García Caparrós y de muchos otros crímenes aún impunes, nunca es tarde para luchar por la verdad, justicia y reparación. Ojalá sea el último 4 de diciembre sin respuestas, para poder avanzar como sociedad en valores democráticos e impedir que sucesos similares vuelvan a ocurrir.

El Jornal Andaluz

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