Crímenes del franquismo
El verdugo tiene mil casos pendientes

Rodolfo Martín Villa es un reputado hombre de bien, miembro de Consejos de Administración en grandes empresas del IBEX35 y ministro de varias carteras durante la Transición. Su retiro "dorado", tras las puertas giratorias, vino acompañado de un relato oficial que silenciaba su responsabilidad ante los asesinatos ocurridos durante esta época.

Familiares y víctimas de sucesos ocurridos durante la Transición en el Parlamento Europeo
Familiares y víctimas de sucesos ocurridos durante la Transición en el Parlamento Europeo Daniel Melendro
Miembro de la Asociación Manuel José García Caparrós

publicado
2019-02-05 08:30

Negu Gorriak, en 1993, publicó uno de los mejores y más completos trabajos en la historia de la música ibérica, “Borreroak baditu milaka aurpegi”, cumpliendo años sin pérdida de vigencia ni modas pasajeras. “El verdugo tiene mil caras”, su traducción al castellano, podría hacer referencia especial a José Luis Corcuera, ministro del Interior cuando el disco salió a la calle, sin olvidar otros nombres como Manuel Fraga, Carlos Arias Navarro, Enrique Rodríguez Galindo, exgeneral de la Guardia Civil que llevó al quinteto vasco a tribunales por su canción "Ustelkeria", o Antonio González Pacheco, exinspector de la Policía más conocido como "Billy el Niño".

El atentado contra Luis Carrero Blanco, la muerte de Francisco Franco, el referéndum de la Constitución Española, las primeras elecciones multipartidistas y la entrada del Estado Español en la UE y la OTAN a mediados de los 80. A lo largo de este tiempo, que abarcaría más de una década entre episodios oscuros y búsqueda de relatos oficiales ensalzando el legado de la Transición, tuvieron lugar multitud de casos de impunidad policial con el fin de mantenerlo todo “atado y bien atado” como los recordados 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, el “Caso Almería” de 1981 que Carlos Cano inmortalizó en una canción de igual título, la muerte por balas de la Policía del malagueño Manuel José García Caparrós en aquel andaluz 4 de diciembre de 1977, Sanfermines del 78 donde un joven fue asesinado y más de 150 personas fueron heridas y estudiantes muertos en manifestaciones en Madrid o Islas Canarias, entre otros casos que tampoco fueron resueltos.

En noviembre del 2018, gran parte de ellos visitaron el Parlamento Europeo con el fin de seguir denunciando la falta de reparación que llevan sufriendo desde hace décadas, siendo recibida la comitiva por el Grupo de Memoria Histórica del hemiciclo en Bruselas. Por ello, la periodista Olivia Carballar presentó ante un público muy especial el libro “Yo también soy víctima. Estampas de la impunidad en la Transición”, editado por la cooperativa Atrapasueños, donde resume una parte de casos conocidos y otros no tanto para el público en general. Espectadores y protagonistas, todo en uno. La sensación de impotencia es una de las constantes a través de los años, formándose fundaciones o asociaciones con el fin de conservar el legado y seguir denunciando que aquellos asesinatos fueron cerrados a través de carpetazos legales.

La figura de Martín Villa

Muchas de aquellas manos que luchan por la justicia señalan a Rodolfo Martín Villa, alto cargo durante la dictadura franquista y titular de varios ministerios en la Transición antes y después de la victoria electoral de la Unión de Centro Democrático (UCD). Las asociaciones contra el olvido le consideran como parte responsable de que sus expedientes hayan quedado guardados en un cajón. El condecorado exministro, que también fue requerido por la jueza argentina María Servini en la querella en aquel país contra los crímenes del franquismo, se ha convertido en foco de una campaña para que responda ante estos crímenes ocurridos durante la Transición. Esta iniciativa, “Juicio a Martín Villa”, viene auspiciada por las organizaciones anteriormente citadas, además de otras no tan conocidas y que han poco a poco están saliendo a la luz pública para construir una red de solidaridad ante la impunidad. El hecho de señalar al exministro de Interior entre 1976 y 1977 es trascendental, se trataría del “pilar básico” del silencio institucional. Según citan en esta iniciativa, tras la llamada “Ley de Amnistía” de 1977 se escondió “una de las mayores trampas para evitar la investigación de los juicios del franquismo”.


El caso de García Caparrós en la actualidad

En Andalucía ocurrieron diversos casos de impunidad, entre los que quizás el asesinato de García Caparrós en Málaga es el más conocido. El nombramiento del joven, muerto con 18 años de edad, como Hijo Predilecto por la Junta de Andalucía, Hijo Predilecto de Málaga y también de su provincia han servido para difundir lo que ocurrió aquel 4 de diciembre de 1977. Así mismo hay que reconocer la importante labor de difusión que han supuesto los recientes documentales “García Caparrós, memoria de nuestra lucha” y “23 disparos”.

Pero actualmente y pese a la vigencia de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aún está pendiente que la misma se aplique a casos como el de García Caparrós. En los últimos tiempos y tras la constitución del nuevo Gobierno español, la familia García Caparrós se dirigió por escrito a la Dirección General de Memoria Histórica. Hasta la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta.

La familia, sigue, pese a haber transcurrido más de cuarenta años sin disponer de la documentación oficial completa y en consecuencia sin conocer toda la verdad. Esta es presupuesto esencial para adoptar cuantas medidas correspondan, para preservar la memoria democrática y para que pueda haber justicia y reparación. Las instituciones democráticas, siguen a día hoy teniendo una cuenta pendiente con la democracia y con quienes lucharon por ella, con Manuel José García Caparrós y su familia y con la sociedad andaluza.

La sensación de impotencia es una de las constantes a través de los años, formándose fundaciones o asociaciones con el fin de conservar el legado y seguir denunciando que aquellos asesinatos fueron cerrados a través de carpetazos legales.

Rodolfo Martín Villa ahora

Tras su salida de la política, Martín Villa se convirtió en adalid de las conocidas “puertas giratorias” donde altos cargos en la Administración pública pasan a la empresa privada con honores. El exministro, después de dejar el Congreso en 1997, entró directamente en las oficinas de Endesa hasta 2002, donde, tras un breve parón, cambió la silla presidencial por la del grupo de comunicación Sogecable. Uno de sus últimos cargos conocidos fue formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), entidad estatal creada ad-hoc para gestionar los activos fruto de la nacionalización de entidades bancarias en bancarrota debido a la crisis de 2007.

La iniciativa “Juicio a Martín Villa” buscará que la última responsabilidad del exministro de varias carteras no sea la de “arquitecto” del IBEX35, sino la de responder ante la justicia por los casos de impunidad durante los años en los que fue responsable de Interior, Relaciones Sindicales (verticales, del franquismo), Administración Territorial y, por último, Vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez. La pugna entre la imposición del silencio y el relato de la reparación histórica sólo puede tener una vía posible, que las víctimas y sus familiares de todos estos casos puedan decir en alto "geurea da garaipena!" (¡la victoria es nuestra!).

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