Martín Villa, la 'porra de la Transición', en busca y captura

El 17 de noviembre, Rodolfo Martín Villa aparecía en público por pri­mera vez desde que la jueza Ma­ría Servini de Cubría cursara la orden de detención internacional contra él y otros 19 altos cargos del franquismo. Ese día, Martín Villa acudió a un acto de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el que com­partió mesa con el rey Juan Car­los de Bor­bón y con Marcelino Oreja. A pesar de la orden de detención, el Gobierno español de Mariano Rajoy ha paralizado, de momento, todos los trámites. Una vez más, gracias a la Ley de Amnistía de 1977.

La orden de detención

Para que una querella salga a trámite hace falta que el delito que se denuncia tenga culpables. Y las investigaciones llevadas a cabo por la jueza Servini, en colaboración con numerosas organizaciones de memoria histórica, así como con organizaciones sindicales como la CNT, han concluido que hay indicios suficientes para considerar que algunos cargos del franquismo todavía vivos tuvieron responsabilidad directa en los crímenes del régimen y de la Transición.

En concreto, Rodolfo Martín Villa es acusado de la muerte de cinco trabajadores en los llamados “sucesos de Vito­ria” del 3 de marzo de 1976. En el trascurso de una huelga, los trabajadores se reunieron en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga, en la capital alavesa. La policía, que tenía órdenes de desalojar a los manifestantes, lanzó gases lacrimógenos en el interior del edificio. A la salida del templo, la policía disparó contra la multitud y asesinó a cinco de ellos. Al menos 150 personas resultaron heridas de bala. En esos tiempos, Martín Villa ejercía funciones de ministro de Relaciones Sindi­cales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro. La querella argentina lo considera responsable directo de lo sucedido. Una responsabilidad que, según dictaminó una comisión del Go­bierno vasco en 2008, también comparte el difunto Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación.

A la salida de la iglesia, la policía disparó contra la multitud: asesinó a cinco de ellos y 150 personas fueron heridas

En la demanda argentina, junto a Martín Villa se pedía también la detención de José Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Antonio Carro y Antonio Barreda, acusados de firmar la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich. Antonio Ca­rro también es acusado de validar la muerte de los tres integrantes del FRAP y los dos de ETA fusilados el 27 de septiembre de 1975. Al resto de citados se les acusa de torturas contra militantes antifranquistas. A estos casos hay que sumar las anteriores pesquisas, frenadas también por el Gobier­no, contra el expolicía Antonio Gon­zález Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas.

Carrera en el franquismo

Martín Villa es la cara más conocida de los 19 altos cargos reclamados por Servini. Vinculado al franquismo a través de sus estructuras sindicales verticales, Martín Villa llegó a dirigir el Sin­dicato Español Universitario y fue delegado de diversos sindicatos de la Central Nacional-Sindicalista. Su carrera en el franquismo continuó como procurador en las Cortes en varias legislaturas, así como dirigente de la Organización Sindical y gobernador civil de Barcelona. A la muerte de Franco ejerció como ministro de Rela­ciones Sin­dicales en el gabinete de Carlos Arias Na­varro, cargo que ocupaba cuando se produjeron los “sucesos de Vitoria”.

Otra de las acusaciones que pesan sobre Martín Villa es su responsabilidad en el incendio del tea­tro Scala de Barcelona en 1978, cuando era ministro de Goberna­ción durante el mandato de Adolfo Suárez. Martín Villa siempre había mostrado una especial animadversión hacia el anarquismo. Se cuenta que llegó a manifestar que para él era más preocupante el movimiento libertario que ETA. Lo cierto es que la CNT sufrió infiltraciones policiales que desembocaron en el incendio de la sala de fiestas Scala de Barcelona. Todo en un momento en el que la organización anarcosindicalista estaba en plena movilización contra los Pac­tos de la Moncloa. La represión que se ejerció contra la CNT, así como las posteriores escisiones, dejaron mermadas las fuerzas de una de las centrales sindicales que no habían entrado en el juego de la Transición.

Los crímenes del franquismo son de lesa humanidad, por lo que no hay ley nacional que los haga prescribir

Tras su paso por la política, Mar­tín Villa se dedicó a los negocios. Entre 1997 y 2002 fue presidente de Endesa, cuando la empresa todavía era parcialmente pública. Durante su gestión, se completó la privatización. En 2004, fue nombrado presidente de Sogecable, cargo que ocupó hasta 2010.

El peso de la Ley de Amnistía

A pesar de la orden emitida contra Martín Villa, el exministro de Arias Navarro y Adolfo Suárez ha salido del paso, negando cualquier tipo de responsabilidad y afirmando que está dispuesto a declarar ante la jueza argentina si así se estima. Igual­mente puede que comparezca en el Congreso de los Diputados.

Todas las órdenes de detención cursadas dentro de la querella argentina han quedado frenadas por el Eje­cutivo de Mariano Rajoy. El Go­bierno se ampara en la Ley de Amnistía de 1977, una norma que considera prescritos todos los crímenes franquistas, que sólo liberó a 89 presos mientras que dejó sin juicio a centenares de torturadores y responsables de crímenes durante el franquismo. Sin embargo, según denuncian organismos internacionales –como la propia ONU–, asociaciones de memoria y colectivos civiles, los crímenes del franquismo son de lesa humanidad, por lo no hay ley nacional que los haga prescribir.