Educación pública
El desmantelamiento silencioso de la escuela pública vasca

La planificación educativa en la CAV ha entrado en una fase crítica que amenaza con alterar irreversiblemente el ADN de nuestra red pública. Bajo términos amables y técnicamente asépticos como “integración”, “reordenación” o “fusión de proyectos”, el Departamento de Educación, liderado por Begoña Pedrosa, ha puesto en marcha una maquinaria de cierres que afecta, de forma casi exclusiva para este curso, a la escuela pública.

El reciente anuncio de que doce centros de Bizkaia —en Bilbao, Basauri, Getxo y Leioa— se convertirán en tan solo seis escuelas el próximo curso no es un ajuste técnico; es una declaración de intenciones política que prioriza el ahorro presupuestario y la supervivencia de la red concertada sobre la calidad y la cercanía de lo público.

Proceso unilateral “en la sombra”

La unilateralidad ha sido la marca de la casa en este proceso. Según explican desde ELA, el sindicato no tuvo confirmación de estas fusiones hasta que las decisiones ya estaban tomadas y publicadas. La desconfianza es total: “En la comisión de planificación de finales de octubre preguntamos por los rumores; nos dijeron que en Araba iba a haber dos fusiones, pero nos ocultaron las de Bizkaia y Gipuzkoa”, denuncian. Para la central sindical, este oscurantismo responde al miedo del Departamento a quedar en evidencia ante la opinión pública.

Por su parte, STEILAS coincide en este diagnóstico de falta de democracia interna, señalando que el Departamento ha actuado unilateralmente y sin compartir la información, presentándose en los centros con la decisión ya tomada: “No ha habido reuniones reales, solo decisiones unilaterales; en los casos donde ha habido choque con los centros, no se ha dialogado, se ha impuesto”.

“No ha habido reuniones reales, solo decisiones unilaterales; en los casos donde ha habido choque con los centros, no se ha dialogado, se ha impuesto”, denuncia Steilas

Esta política de hechos consumados es una quiebra de la confianza institucional. La transparencia no es publicar una nota de prensa cuando la decisión ya está tomada y es irrevocable; la transparencia es compartir los datos de planificación y las alternativas antes de que el decreto esté sellado. Lo que el Gobierno llama “cocina” educativa es, para las comunidades afectadas, un aviso de desahucio sin posibilidad de recurso. Esta falta de transparencia es el síntoma de una administración que gestiona la educación de espaldas a quienes la sostienen día a día.

La falacia de la rentabilidad para medir derechos en hojas de cálculo

El argumento central del Gobierno Vasco es la supuesta falta de eficiencia ante el descenso demográfico. Sin embargo, aplicar criterios de economía de escala a la educación es un error conceptual de base. La educación no es una empresa logística donde se optimizan almacenes; es un pilar de la cohesión social. Desde STEILAS son tajantes: “La educación es un servicio público y la rentabilidad debería quedar fuera de la ecuación”.

Denuncian que el Departamento de Educación aplica una política privatizadora que trata de “igualar” lo público y lo concertado en una misma “bolsa”, cuando sus naturalezas son opuestas. “Lo que el Departamento llama 'integraciones', nosotros lo llamamos cierres”, sentencian, advirtiendo de que la verdadera estrategia es blindar la red concertada frente al descenso demográfico.

En este sentido, ELA coincide en que el argumento de la segregación es una “excusa” que no se sostiene. Para el sindicato, el problema es de inversión: “No quieren invertir, y la verdadera forma de combatir la segregación es bajar los ratios, no cerrar escuelas”. Advierten, además, de que el descenso de la natalidad debería ser visto como una “oportunidad única para fortalecer la red pública” y acercar la inversión educativa de la CAV a los estándares europeos, en lugar de utilizarlo como coartada para recortes.

Enj Algorta, blinda la concertada a costa de lo público

Uno de los puntos más sangrantes es el agravio comparativo entre redes. Es aquí donde la retórica oficial sobre la “equidad” se desmorona frente a los datos. Si hay un ejemplo que resume la denuncia sindical es el de Algorta. Mientras el Departamento justifica la fusión de Larrañazubi y San Inazio por falta de “rentabilidad”, se da la paradoja de que la red concertada cercana sigue expandiéndose. Mientras en Algorta fusionan dos escuelas públicas se amplía la ikastola San Nikolas, que es concertada. El objetivo real es la supervivencia de la concertada a costa de lo público.

Esta dinámica no solo debilita la red pública, sino que perpetúa las desigualdades. Para STEILAS, la segregación tiene hoy una base legal: “La segregación es legal en Euskadi, tiene una base jurídica que permite que estas desigualdades estructurales se perpetúen”.

El cierre de centros públicos no hace sino agravar este problema, empujando a las familias hacia un modelo de competencia que desvirtúa la escuela de cercanía. Es una forma de “desahuciar” lo público para que lo privado crezca sobre sus cenizas. Esta estrategia de “tierra quemada” no hace sino alimentar la segregación estructural: al cerrar escuelas públicas de barrio, se empuja a las familias hacia una red concertada que a menudo utiliza mecanismos de selección encubierta.

Al cerrar escuelas públicas de barrio, se empuja a las familias hacia una red concertada que a menudo utiliza mecanismos de selección encubierta

La desertificación escolar es la muerte del barrio

Más allá de los datos, hay una dimensión sociológica que el discurso institucional ignora: la escuela como corazón del barrio. La escuela pública de proximidad es, a menudo, el último espacio de encuentro común en sociedades cada vez más atomizadas. Al convertir las escuelas en “macro-centros” alejados de las viviendas, se despersonaliza la educación.

Una escuela que cierra es una plaza pública que se vacía. El miedo de las familias, como reconoce incluso la dirección del centro Tomás Camacho de Bilbao, es el miedo a perder una comunidad pequeña donde sus hijos se sienten seguros. La “distribución artificial” de la que habla la consejera Pedrosa se combate generando confianza en lo público a través de la excelencia y la cercanía, no convirtiendo el mapa escolar en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven por ahorro logístico.

El impacto en el empleo y el conflicto laboral

Por último, el conflicto laboral es el reflejo de esta gestión deficiente. Aunque el Departamento asegura que no habrá pérdida de puestos de trabajo, los sindicatos aportan datos que contradicen esa versión. STEILAS pone el foco en la experiencia reciente: “En el centro unificado tras la fusión de Padre Orbiso y Umandi en Gasteiz ya han desaparecido cuatro puestos de trabajo”. Esta realidad genera incertidumbre para los trabajadores interinos que, según ELA, “corren un riesgo de perder su empleo” con la reducción de líneas.

ELA advierte además que la administración solo parece reaccionar bajo presión: «Solo negocian en ciclos de huelga; sin movilización, la unilateralidad es la norma».

La solución es apostar por la Escuela Pública como eje vertebrador, eliminando la competencia con la concertada y priorizando la equidad

Ratios frente a recortes como última trinchera de lo público

Este proceso de fusión de centros públicos al que estamos asistiendo deja una reflexión de fondo: la CAV está perdiendo la oportunidad de oro que brinda la demografía para transformar su sistema educativo. Donde el Departamento de Educación de Begoña Pedrosa ve “falta de rentabilidad”, las comunidades educativas ven la posibilidad de tener aulas con menos alumnos y más recursos.

La solución no es “parchear” escuelas abandonadas a su suerte tras años de falta de inversión. La solución es apostar por la Escuela Pública como eje vertebrador, eliminando la competencia con la concertada y priorizando la equidad. Mientras el Departamento de Educación siga cocinando planes de espaldas a la comunidad educativa, la escuela pública seguirá siendo la víctima de una gestión que prioriza los números frente al alumnado.