Crímenes de odio
El 24% de las víctimas europeas LGTBIQ no denuncia los delitos de odio porque no confía en la policía

Con el impacto por el asesinato homofóbico de Samuel Luiz el pasado 1 de julio en A Coruña, y menos de un mes después del asesinato racista de Younes Bilal en Mazarrón (Murcia), aun presentes en gran parte de la sociedad española, un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) aporta orientaciones para superar la falta de información sobre los delitos de odio, que atentan contra derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que corresponde por obligación protegerlos a todos los estados miembros.

Lo paradójico es que el incremento de las notificaciones por delito de odio dentro de los países de la Unión Europea no es necesariamente una mala noticia. Es una de las conclusiones más chocantes del informe Fomentar la denuncia de delitos de odio: el papel de las fuerzas del orden y otras autoridades, publicado ayer 7 de julio por la Agencia de los Derechos Fundamentales.

El problema principal es la baja relación que la FRA ha detectado entre los casos de acoso y de crímenes de odio y las denuncias de esos mismos casos. Siete de cada diez personas no reportaron haber sufrido uno de estos ataques. La cifra aumenta espectacularmente en el caso de la población roma, gitanos e itinerantes, que solo denunciaron a alguna institución y organización en un 12% de los casos.

En el caso de las personas no heterosexuales, la media es también alta: un 79% de las víctimas de acoso y de delitos de odio no acudieron a explicar su caso a la policía o a otros organismos.

La falta de información preocupa a la Agencia de los Derechos Fundamentales, como expresa su director, el irlandés Michael O'Flaherty, que recuerda que los delitos de odio no denunciados, “no pueden ser investigados y procesados, lo que genera impunidad para los perpetradores”.

Los motivos de esta infrarrepresentación de los casos detectados son previsibles: la mayoría piensa que hacerlo no cambiará nada, pero también se detecta un elemento fundamental como es la falta de confianza en la policía. Otro de los argumentos esgrimidos es la complejidad burocrática de una denuncia de este tipo. Junto con la población judía, el colectivo LGTBIQ es el que declara con más frecuencia que no denuncia porque no confía en la policía.

El informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales insta a los Gobiernos europeos a garantizar la justicia para todas las personas, a proteger y apoyar a las víctimas y a investigar y sancionar los delitos motivados por prejuicios. Plagado de cautela, el informe reconoce que un “requisito importante” es conseguir que las víctimas confíen en las autoridades y nos los perciban como “indiferentes a su sufrimiento”. Esto, explican hace necesario que esos policías eviten “cualquier conducta que pueda sugerir que comparten las actitudes discriminatorias de los infractores”.

El caso español

En el caso español, los últimos datos publicados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, correspondientes a 2019, ascienden a 1.706 hechos, un 6,8% más que en 2018. El Ministerio de Interior confirma que existe una tendencia alcista en la prevalencia de este tipo de actos: en el año 19 aumentaron más de un 20% los delitos e incidentes basados en motivaciones racistas o xenófobas y también se incremento un 8,9% los relacionados con orientación sexual e identidad de género.

Los victimarios obedecen a un patrón claro: “El perfil del responsable detenido/investigado por 'delitos de odio', indica que es principalmente de sexo masculino (83%). La mayoría de los autores de estos hechos se encuadran dentro del rango de “18 a 40 años”, en concreto, el 54,7%”, indica el Ministerio en su informe anual. Por supuesto, y pese a las campañas que han tratado de señalar lo contrario, la gran mayoría de los responsables de estos delitos son de nacionalidad española (un 84%).

El 72% del total de victimizaciones registradas fue de personas de nacionalidad española, mientras que el porcentaje de víctimas extranjeras estuvo en 2019 en torno al 27%.

El proyecto Crímenes de Odio, dirigido por los periodistas Miquel Ramos y David Bou, contabiliza 103 crímenes de odio con resultado de muerte cometidos desde el año 1990. En octubre, coincidiendo con la actualización del proyecto, Ramos valoraba en El Salto cómo “se ha avanzado en la concienciación sobre delitos de odio, pero nos hemos encontrado con mala praxis por parte de distintos actores en la medida en la que la interpretación de algunos sucesos no se corresponde con la definición de crímenes de odio”.

Este periodista resaltaba ayer, 7 de julio en Twitter cómo la Policía aun no ha querido pronunciarse sobre el componente homofóbico en el asesinato de Samuel Luiz y, al mismo tiempo, hoy comenzará el juicio en Valencia Fran Pardo, acusado de un delito de odio por manifestarse en contra del autobús transfóbico de la organización ultraconservadora Hazte Oír.

Los casos de Luiz y de Bilal, ocurridos en menos de un mes, son la expresión más trágica de un tipo de delitos que aparece infrarrepresentado incluso en países que, como España, tienen actuaciones especializadas en sus cuerpos policiales. El informe del FRA publicado ayer incide en que tanto el Plan de acción contra el racismo de la UE 2020-2025 como la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas 2020-2025 “destacan la necesidad de una estrategia integral, holística y enfoque coordinado de los esfuerzos nacionales”. Hasta ahora parecen que esos planes no están siendo suficientes.