Consejo Europeo
La Europa de los 27 toma medidas que aceleran las deportaciones de personas migrantes a países no comunitarios

Cuando vemos en Estados Unidos las imágenes de fornidos agentes Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) detener a personas en la calle, en su coche, o saliendo de los tribunales o de una cita para arreglar sus documentos, nos llevamos las manos a la cabeza y nos invade la impotencia nos embarga al reconocer el sufrimiento de esas personas y sus familias. Detenciones arbitrarias que no toman en cuenta la historia de las personas ni se les permite actuar en su defensa, ni pedir ayuda. Culpamos entonces de insensible y cruel al gobierno de Trump, y nos parece inexplicable esa política migratoria de expulsión a toda costa, sin embargo, esas escenas que ahora nos parecen lejanas podrán no estarlo tanto, cuando las lleguemos a ver y a vivir en Europa, en próximos años.

La llamada 'Regulación de Retorno', adoptada el pasado 8 de diciembre por el Consejo Europeo (CE), facilitará la detención y deportación de personas indocumentadas dentro del territorio europeo, hacia países no comunitarios. Con esta decisión el CE escala a peor la proposición original de la Comisión Europea, que tampoco era precisamente suave. En su reciente sesión el Consejo, que debate y adopta sus conclusiones por consenso, abordó las cuestiones más controvertidas del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado hace ocho meses, lo que podría dar a los gobiernos mayor decisión para acelerar expulsiones, tramitar solicitudes de asilo fuera de la UE y crear “centros de internamiento para el retorno”, en terceros países.

Se amplían los motivos de detención que incluyen trabajar en situación irregular, no tener medios de subsistencia suficientes o la ausencia de lazos familiares

Entre los acuerdos adoptados se encuentra el aumentar de manera considerable el tiempo de detención de personas, incluyendo a menores, en centros de internamiento hasta 30 meses, 12 más de los actuales 18 meses. Además, se amplían los motivos de detención que incluyen trabajar en situación irregular, no tener medios de subsistencia suficientes o la ausencia de lazos familiares. Organizaciones de defensa de derechos humanos a nivel europeo como la Plataforma por los Migrantes Indocumentados (PICUM), alegan que, aunque ya sucede, estas nuevas disposiciones “de facto criminalizan la pobreza y la exclusión de miles de personas” que buscan en Europa una oportunidad de mejorar sus vidas.

Los recientes acuerdos del CE abren la posibilidad de que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la UE, y que cuyo ejemplo probado ha sido el “modelo Meloni”. La presidenta italiana intentó trasladar a personas en situación irregular a centros construidos en Albania bajo control y responsabilidad de Italia. En tres ocasiones los tribunales italianos pararon y obligaron a la presidenta italiana a recular. Con el capote que ha lanzado el CE, estará permitido expulsar a personas sin papeles a centros situados en terceros países como pero, a diferencia de los de Meloni en Albania, serían estructuras gestionadas por los propios terceros países.

Tampoco será necesario que la persona deportada tenga algún vínculo con el país al que se le expulsa y se aceptará que los países europeos acuerden con terceros países –entran a la lista de países catalogados como “seguros” Marruecos, Bangladesh, Egipto y Túnez–, para crear centros de internamiento fuera del territorio comunitario.

A juicio de PICUM, una ONG con sede en Bruselas que trabaja por la justicia social y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes sin papeles, todo ello conducirá a que aumenten las detenciones arbitrarias –incluyendo niños que viajan con sus familias– así como el riesgo de deportaciones en cadena a países no seguros, y otras violaciones a leyes del derecho internacional. También opinan que se presentan como todo un desafío la monitorización de derechos y la petición de rendición de cuentas a los gobiernos.

La ONG señala también que el nuevo contexto que pretende el CE las personas migrantes serán consideradas “un riesgo para la seguridad nacional y la política pública” y las nuevas disposiciones que afectan a derechos fundamentales “difuminarán aún más las líneas entre el derecho penal y la migración y reforzando así estereotipos peligrosos”.

“En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE está eligiendo políticas que empujarán a más personas al peligro y al limbo legal. La posición del Consejo va en contra de la humanidad básica”

“Esta llamada 'Regulación de Retorno' inaugura un régimen de deportación que afianza, la violencia y la discriminación. En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE está eligiendo políticas que empujarán a más personas al peligro y al limbo legal. La posición del Consejo va en contra de la humanidad básica y de los valores de la UE”, expone Silvia Carta, abogada de PICUM.

España, único país que vota en contra en Europa, pero...

Paradójicamente el gobierno español, representado en la sesión del Consejo Europeo de la semana pasada por el Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, y la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , ha sido el único país que votó en contra en la última sesión del Consejo Europeo. Sobre el Reglamento de País Seguro y el Reglamento de Retorno, declaraba Marlaska en Bruselas, “Creemos que nuestra postura tiene que ser negativa, de oposición en ambos sentidos. Entendemos que puede haber una vulneración al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos, consecuencia fundamentalmente de los “return hubs” o 'centros de internamiento para el retorno', pero también otras medidas que puedan afectar la proporcionalidad, como el internamiento por dos años, pero con prórrogas indefinidas a los efectos del retorno, y por las prohibiciones de regreso de carácter permanente o de por vida. Entendemos que esas circunstancias no conjugan sustancialmente un respeto al derecho internacional y en concreto a los valores de la Unión Europea”.

Aunque el gobierno español, en voz del Ministro del Interior, haya expuesto una opinión contraria al endurecimiento de las condiciones de la migración dentro de la UE, resulta cuando menos contradictorio si tomamos en cuenta las políticas de control migratorio que viene aplicando el gobierno de Sánchez en los últimos años. Fue bajo la presidencia del gobierno español en el Consejo Europeo, en el primer semestre de 2024, que se redactó y firmó el Pacto Europeo de Migración y Asilo. 

El mismo gobierno que en Bruselas defiende los derechos humanos y el derecho internacional en la UE es el que ha construido recientemente un macro CIE en Algeciras y dos cárceles en Mauritania

“Es lamentable que el responsable de la Masacre de Melilla quiera sacar pecho de desmarcarse de unas políticas que ellos mismos han redactado”, declaraba Vicky Columba de la Plataforma Regularización Ya, en el programa de Canal Red, El Tablero. Señala que el mismo gobierno que en Bruselas defiende los derechos humanos y el derecho internacional es el que ha construido tan solo recientemente un macro CIE en Algeciras, y es el mismo que ordenó la construcción dos cárceles de migrantes en Mauritania (en Nouakchott y Nouadhibou), con fondos públicos, cuestión que se hizo pública gracias a la investigación de la Fundación porCausa publicada en este medio. Para Lamine Sarr, también de Regularización Ya, el nuevo acuerdo entre ministros del interior europeos responde a “una política de continuidad de la esclavitud, del colonialismo y el neocolonialismo”.

“Las políticas migratorias deben volver a plantearse desde los derechos y la dignidad de las personas y no desde el miedo, el racismo o la exclusión”

El Consejo Europeo tiene la obligación de presentar al Parlamento Europeo un informe después de cada una de sus reuniones. Por tanto, estas duras líneas acordadas por los gobiernos de los 27 tienen que pasar ahora por la cámara baja de la UE, donde este enfoque puede encontrar una oportunidad para ser rechazado por los y las legisladoras europeas. Así lo considera PICUM desde donde lanzan un órdago: “las políticas migratorias deben volver a plantearse desde los derechos y la dignidad de las personas y no desde el miedo, el racismo o la exclusión”.