Fronteras
El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania

Diccionario de la RAE:
Cárcel:
1.f. Lugar destinado a reclusión de presos.

Desde el pasado 17 de octubre Mauritania cuenta con dos nuevos centros de detención de migrantes, uno localizado en Nouakchott, capital del país, y otro en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí. Ambos centros fueron puestos en marcha por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia de cooperación del gobierno de España dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las autoridades españolas afirman que estos espacios están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de las Islas Canarias y admiten que, a diferencia de España, privarán de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante, un extremo que la legislación española prohíbe. Una fuente desde España implicada en la puesta en marcha de estos centros afirma que, a pesar de su nombre oficial, “se trata obviamente de centros de detención” y matiza que los niños solo serán apresados allí si están con un familiar. Dos fuentes mauritanas corroboran esta aserción. La FIAP, el Gobierno mauritano y la Delegación de la Unión Europea en Mauritania no responden a ninguna de las preguntas formuladas para este reportaje.

El centro de detención construido por el Gobierno español en Nouakchott dispone de al menos 107 plazas, incluyendo dos cunas para bebés, según los documentos de la FIAP a los que tuvo acceso esta investigación, mientras que el de Nouadhibou contará con al menos 76 plazas, además de otras dos cunas. Las obras y suministros para poner en marcha estos edificios fueron sufragadas con dinero de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, a través del proyecto policial Asociación Operativa Conjunta (POC, por sus siglas en francés), que está liderado por la FIAP.

España externaliza sus fronteras en Mauritania

Para entender la historia detrás de las cárceles de migrantes que España ha abierto en Mauritania hay que remontarse al pasado 15 de mayo de 2024, cuando 15 gobiernos de la Unión Europea remitieron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pidiendo reproducir el ejemplo de Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano, que puso en marcha una cárcel de migrantes en Albania. El gobierno de España no firmó esa misiva pero una semana antes, el 8 de mayo de 2024, había adjudicado a la constructora CADG las obras para habilitar dos centros de detención de migrantes en Mauritania. Tres meses después, en agosto de 2024, el presidente de España y la presidenta europea viajaron a Mauritania y prometieron enviar más de 500 millones de euros al gobierno militar del general Mohamed Ould El Ghazouani.

La FIAP no detalla si ha puesto en marcha algún mecanismo o protocolo para evitar que las autoridades mauritanas maltraten y torturen a los encarcelados

En los últimos años el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez también ha aumentado la transferencia de inteligencia y equipamiento policial al régimen mauritano con el objetivo de reprimir la salida de cayucos con destino a las Islas Canarias. Esta subcontratación del control migratorio en países terceros, conocida como ‘externalización de fronteras’ y ejecutada a través de la FIAP, ha llevado a que Mauritania redoble las redadas para detener a migrantes. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en el país participan en estas operaciones, que incluyen allanamientos de morada sin autorización judicial y detenciones arbitrarias por perfil racial.

La apertura de dos centros de detención de migrantes supuso un desembolso total de al menos 1.080.625 euros de las arcas españolas y fondos europeos, según los documentos oficiales a los que tuvo acceso esta investigación. Todos los contratos fueron adjudicados sin concurso público por parte de la FIAP y contaron con financiación europea. Mauritania se ha convertido en una de las prioridades financieras de la FIAP coincidiendo con el aumento del flujo migratorio en la ‘ruta canaria’. Sin ir más lejos, el 1 de noviembre esta agencia desembolsó 160.000 euros (sin concurso público) para adquirir un número indeterminado de vehículos 4x4 y drones con visores nocturnos para la policía mauritana.

Esta agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, envuelta en el escándalo de corrupción conocido como ‘caso Mediador’ o ‘caso Tito Berni’, no explica las razones de urgencia que la llevaron a adjudicar estos contratos sin concurso público. La FIAP tampoco detalla si ha puesto en marcha algún mecanismo o protocolo para evitar que las autoridades mauritanas maltraten y torturen a los encarcelados, ni facilita el reglamento que regirá su funcionamiento. En su página web la FIAP sí reconoce que estos centros ayudarán a “determinar si [las personas migrantes detenidas] son víctimas de trata, menores no acompañados, personas vulnerables o solicitantes de protección internacional”, y asegura que los detenidos permanecerán un máximo de 72 horas recluidos. Esta agencia de cooperación española no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas argumentando que porCausa no es un medio de comunicación.

La inauguración de ambos espacios tuvo lugar el pasado 17 de octubre en presencia de agentes de la Policía Nacional española y representantes de la Unión Europea y el ministro del Interior mauritano. España cuenta con más de 80 funcionarios y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y CNI desplegados de manera permanente en Mauritania. Tres fuentes con acceso a estos centros de detención afirman que las cárceles de migrantes de la FIAP en Mauritania ya están listas pero todavía no han entrado en fase operativa, por lo que ningún migrante detenido habría pernoctado en ellas de momento.

En un principio al acto de inauguración estaba previsto que asistiera también el comisario Abdel Fattah, jefe de la Oficina de Lucha Contra la Migración y la Trata de Personas de la policía mauritana. Fattah, encargado de recibir y gestionar el equipamiento antimigratorio que España suministra a Mauritania a través de la FIAP, no participó finalmente en el acto porque fue relevado de su cargo tras descubrirse que cobraba sobornos de traficantes de personas que organizan cayucos con destino a Canarias, a cambio de suministrar información errónea a la Guardia Civil, según reveló una investigación de porCausa y los diarios El País y Le Monde. En 2022 Fattah fue condecorado con la medalla al mérito policial por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este mando de la policía mauritana, primo del expresidente Mohamed Ould Abdel Aziz, está en libertad y no pesan cargos contra él.

Las empresas implicadas

Falcon Consultores, empresa que redactó el estudio técnico de estas cárceles, no ha respondido a las preguntas formuladas para este reportaje. CADG, que realizó las obras y también suministró mobiliario y equipamiento, señala que cuenta con “reglas estrictas” para evitar prácticas corruptas y conflictos de interés de acuerdo con las “normas éticas internacionales” y pide dirimir las preguntas sobre estas cárceles de migrantes con la FIAP. 

En Mauritania ambas empresas también son adjudicatarias de varios contratos de TRAGSA, una empresa propiedad del Estado español. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, TRAGSA es responsable de diversos contratos relacionados con control migratorio, como las obras de modernización de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Al estar constituida como compañía privada, los periodistas no pueden solicitar información de sus contratos y actividades al amparo de la Ley de Transparencia.

En respuesta a las preguntas formuladas, TRAGSA reconoce que recibió “un encargo de FIAP para la realización del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de los centros de internamiento temporal en Nouakchott y Nouadhibou” y aclara que posteriormente, a instancia de la FIAP, “se resolvió” y finalmente no ejecutó esas obras. Este “encargo” no consta en las páginas oficiales en las que, según la legislación vigente, la FIAP y cualquier otro organismo público están obligados a hacer públicos sus contratos y gastos con fondos del Estado.

El equipo de periodistas que elabora esta información remitió preguntas también a las autoridades de Mauritania, a través de su Ministerio del Interior y su embajada en Madrid. El Gobierno mauritano no responde a ninguna de las cuestiones formuladas ni aclara qué hará con los migrantes privados de libertad en las dos cárceles de migrantes construidas por España.

Abandonos en el desierto patrocinados por España y la UE

El régimen mauritano realiza redadas –con apoyo e información de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI– para detener de forma arbitraria a personas negras, incluidos niños en edad lactante. Las autoridades mauritanas emplean quads, vehículos 4x4, drones y dispositivos tecnológicos suministrados por la FIAP para llevar a cabo estas detenciones. Las personas migrantes arrestadas son privadas de todos sus enseres (incluidos documentos de identidad y teléfonos), conducidas a cárceles y sometidas a estancias de varios días en condiciones infrahumanas, sin alimentos, agua ni acceso a cuartos de baño.

Al menos dos agentes de la Policía Nacional española acuden semanalmente a estos centros, en Nouakchott y Nouadhibou, para tomar huellas y fotografías de los detenidos. La obtención de estos datos no es trivial: España y Mauritania tienen desde 2003 un acuerdo por el cual las autoridades españolas pueden deportar a ciudadanos de terceros países a Mauritania.

Cada semana la Policía Nacional española desplegada en Mauritania recibe listas con el nombre y apellidos de las personas que los agentes mauritanos abandonan en zonas remotas

Por último, los detenidos son abandonados en zonas alejadas como Gogui, en la desértica frontera con Mali, un territorio con alta presencia de la organización yihadista JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel. Entre los migrantes que sufren estos abandonos en el desierto destacan personas con perfil de solicitante de asilo que huyen de la guerra en países como Mali o Níger, y de la violencia política en naciones como Guinea Conakry.

Cada semana la Policía Nacional española desplegada en Mauritania recibe listas con el nombre y apellidos de las personas que los agentes mauritanos abandonan en zonas remotas. Las pruebas que sustentan esta información constan en una investigación periodística coordinada por Lighthouse Reports, con la participación de porCausa, y un amplio informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y la Organización Internacional de las Migraciones están al tanto de estos abusos, según documentos internos a los que tuvo acceso porCausa.

Entre esas víctimas hay jóvenes como Sady Traoré, un joven músico maliense que huyó de Bamako (Mali) tras recibir amenazas por haber organizado conciertos en contra del golpe de Estado militar en su país. Traoré decidió instalarse temporalmente en Mauritania pero, tras ser abandonado dos veces en el desierto por parte de las fuerzas mauritanas, decidió emigrar a España. Este joven llegó a Canarias en enero de 2024 y desde entonces no ha podido ejercer su derecho a pedir asilo. Traoré duerme actualmente debajo de un puente en una localidad cercana a Valencia y sobrevive realizando trabajos puntuales de jornalero en el sector agrícola. El Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) está tratando de ayudarle para conseguir una cita para pedir asilo.