Fronteras
La izquierda política lleva al Congreso la apertura de dos cárceles para migrantes en Mauritania

La publicación en El Salto el miércoles 5 de noviembre de la investigación de Fundación porCausa sobre la apertura de dos centros de detención en Mauritania financiados con fondos europeos y construidos por la agencia de cooperación española FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha llegado a la Mesa del Congreso. Dos diputadas de Más Madrid, integradas en Sumar, han formulado una pregunta al Gobierno sobre las condiciones de apertura y sostenimiento de estos espacios, situados en Nouakchott, capital del país, y en la ciudad portuaria de Nouadhibou.

Además, Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el BNG han solicitado el viernes, 7 de noviembre, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares detalle cuáles han sido las razones para la apertura de estos dos centros en una comparecencia en la que quieren que Albares explique también la posición de España sobre el futuro de Sáhara Occidental.

En declaraciones a El Salto, Tesh Sidi, una de las firmantes del escrito entregado por Más Madrid y Sumar, subraya el hecho de que el Gobierno, “está implementando a nuestras espaldas el modelo Meloni, un modelo de externalización de cárceles en países terceros donde no se respetan los derechos humanos”.

La proyección de una cárcel en Albania para internar a personas interceptadas en el mar, que se llevó a cabo tras un acuerdo del presidente del país, Edi Rama, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dado nombre a un sistema que cuenta con el impulso de la Comisión Europea de Ursula Von der Leyen, pero que ha sido puesto en tela de juicio por la justicia italiana. Pese a este revés, desde la izquierda política se ha identificado la construcción de esos centros con la tendencia europea a la externalización de presidios, explicitada en el Pacto de Migración y Asilo aprobado en el Parlamento Europeo en la primavera de 2024.

Sidi considera que la apertura de los centros de Mauritania siguen la misma línea de “externalizar 'el marrón' en vez de apostar por una política migratoria integral, una política de acogida que no sea cortoplacista y sobre todo, no sea una política de chequera”. La diputada en el Congreso se pregunta “cómo va a poder venir la gente si no estamos facilitando una política para llegar a nuestras fronteras de forma regular y lo que estamos haciendo en cambio es poner en manos de dictaduras africanas la supervisión de nuestras fronteras poniendo en ello dinero y la colaboración de la propia Guardia Civil en esos países terceros”.

En septiembre, tres eurodiputados de The Left enviaron una carta pidiendo información sobre el uso de fondos europeos en Mauritania; dos meses después, la carta no ha sido respondida

Las obras y suministros para poner en marcha los edificios en Mauritania fueron sufragadas con dinero de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, a través del proyecto policial Asociación Operativa Conjunta. Se trata de dos edificios que suman más de 200 plazas y están equipadas con cunas para las criaturas que hayan hecho el viaje con sus madres.

Preguntas en el Parlamento Europeo

Tras la publicación de El Salto, la eurodiputada Isabel Serra (Podemos-The Left) ha planteado una pregunta en el Parlamento Europeo sobre la construcción de los centros en Mauritania construidos por ese fondo de la UE y coordinado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP). Para Serra, el uso de fondos europeos para la construcción de centros de detención en terceros países vulnera los artículos 2, 3 y 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Carta de los Derechos Fundamentales.

Concretamente, esta eurodiputada pide una valoración de la financiación de estos centros “ante la evidencia de violaciones de derechos humanos y del principio de no devolución”. En el caso de este principio, se refiere a otra de las informaciones aportadas por la pieza de El Salto, que recuerdan que España y Mauritania tienen desde 2003 un acuerdo por el cual las autoridades españolas pueden deportar a ciudadanos de terceros países a Mauritania y cómo un número indeterminado de personas detenidas en Mauritania son abandonados en zonas alejadas como Gogui, en la desértica frontera con Malí, país inmerso en un conflicto bélico.

Otra diputada de The Left en el Parlamento Europeo, en este caso la cabeza de la lista Sumar, Estrella Galán, ha enviado una carta a Beate Gminder, responsable de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (HOME) de la Comisión Europea. La misiva parte del hecho de que Galán, junto a otros dos diputados planteó el 5 de septiembre una pregunta para respuesta escrita con el asunto: “Exigencia de responsabilidad sobre el uso de fondos europeos y las violaciones de derechos humanos en Mauritania”. Dos meses después, la carta no ha sido respondida.

Después de la publicación de porCausa y El Salto, Galán ha mostrado su preocupación y pedido las evaluaciones de riesgos, informes de seguimiento y evaluaciones externas realizadas por la Comisión Europea para los proyectos de migración en Mauritania (2015-2025).

En agosto de este mismo año, Human Rights Watch ha publicado un informe de 144 páginas llamado “‘Me acusaron de intentar ir a Europa’: abusos en el control migratorio y la externalización de la UE en Mauritania” que documenta las violaciones de derechos humanos cometidos por la policía, guardia costera, marina, gendarmería y ejército de Mauritania en operativos fronterizos y de control migratorio.