Fronteras
Meloni ve cómo la UE abraza su giro migratorio, pero la justicia sigue paralizando sus prisiones en Albania

Mientras el giro antimigratorio se impone en Europa y los Estados miembros de la UE acuerdan nuevos mecanismos para expulsar a migrantes y crear centros en terceros países, el primer experimento de este tipo que Italia articuló en Albania está atascado más de un año después del primer intento de aplicarlo. El plan, que buscaba interceptar migrantes en el Mediterráneo y enviarlos a centros cerrados en Albania para acelerar deportaciones, se ha visto bloqueado por sucesivos reveses de la Justicia italiana y europea. Esto hace que el gobierno de Giorgia Meloni acabe 2025 sin poder aplicar un sistema ampliamente condenado por la oposición. Sin embargo, su proyecto también causó inspiración, y más allá de la extrema derecha, influyó en otros países que iniciaron esta semana acordando medidas similares a nivel europeo, lo que refuerza el modelo de Meloni.

Este lunes, los ministros del Interior de los Estados de la UE aprobaron por amplia mayoría nuevas políticas de línea dura contra la migración. Estas incluyen la posibilidad de mandar a personas a quiénes se rechazó su petición de asilo a terceros países con los que no tienen lazos, la creación de estructuras de deportación en países externos a la UE, y nueva lista de ‘países seguros’, lo que amplía el número de Estados elegibles para llevar a cabo devoluciones. Entre estos se pasa a incluir Túnez, Marruecos, Egipto o Bangladesh. De hecho, justo la categoría de estos dos últimos Estados había trabado este último año el Plan Albania ante la Justicia.

Aunque los vientos europeos quizás soplen a favor de Meloni, sus críticos, fuerzas de la oposición de centro-izquierda y grupos de derechos humanos consideran el Plan Albania como un fracaso

Mientras la UE se escora cada vez más hacia tesis que hace poco eran sólo marca de la ultraderecha, las medidas aprobadas endurecen las directivas del nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migración, que se adoptará a partir de junio de 2026, y que Meloni espera que sea la base para poder reactivar su proyecto albanés.

Hoy, las instalaciones que Italia alzó en Albania —una de recepción en el puerto de Shëngjin y otro centro de retención en la localidad de Gjäder— están casi vacías. Según la previsión oficial, por estas estructuras tenían que pasar hasta 36.000 migrantes al año, aunque hasta ahora poco más de 200 personas estuvieron ahí. Para que no quedaran totalmente inoperativas, el gobierno amplió el uso de los campos en primavera, y pasó a utilizarlos como Centro de Permanencia para la Repatriación (CPR), el equivalente a los CIE españoles. Esto implicó que migrantes con órdenes de expulsión ya internados en Italia fueran enviados a Albania, y una pequeña cantidad de ellos están ahora encerrados ahí para mantener activos los campos de retención.

Con todo, aunque los vientos europeos quizás soplen a favor de Meloni, sus críticos, fuerzas de la oposición de centro-izquierda y grupos de derechos humanos consideran el Plan Albania como un fracaso. “Es un experimento fallido”, denuncia a este medio Riccardo Magi, diputado y líder del partido progresista opositor +Europa, quién en octubre visitó las infrautilizadas estructuras albanesas. Ahí se encontró apenas a veinte personas encerradas, pese a que la capacidad total del centro Gjäder —hecho con barracones prefrabricados y ampliamente vigilado— alcanza casi el millar de puestos. “Había más guardas de seguridad que internados”, comenta, sobre la presencia de policía italiana en los centros, ya que su jurisdicción está bajo control de Roma.

“Los centros albaneses son un monumento a la propaganda y al despilfarro, con cientos de agentes que vigilan jaulas vacías”, añade Magi, respecto a la estructura de Gjäder, situada en una zona rural periférica y poco poblada. El diputado también resalta que la inoperancia del plan se ve también en su falta de sentido logístico, en la grave violación de derechos básicos y su coste desorbitado, estimado al menos 670 millones durante cinco años. De hecho, hace poco la ONG ActionAid presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas alegando que el plan implicó “malversación de recursos públicos”, irregularidades contractuales y opacidad.

“Estamos decididos a avanzar, porque es un mecanismo que tiene el potencial de cambiar el paradigma de la gestión de la migración”, declaró Meloni a mediados de noviembre

Sin embargo, Meloni insistió hasta ahora en la viabilidad de sus campos. Según el plan original, ahí se debe internar a hombres migrantes mayores de edad, sanos y procedentes de ‘países seguros’. Ya encerrados, las autoridades italianas deben tramitan su solicitud de asilo de forma acelerada para su eventual deportación, pero este complejo sistema externalizador no se pudo nunca materializar por las trabas de la Justicia.

El primer envío de migrantes fue en octubre de 2024, cuando 16 hombres de Bangladesh y Egipto fueron enviados al país balcánico. Sin embargo, el Tribunal de Roma invalidó su detención y ordenó que todos fueran llevados a Italia. En dos intentos posteriores, en noviembre de 2024 y enero de 2025, los trasladados a fueron enviados también a Italia al cabo de pocos días. En las tres ocasiones, la Justicia italiana no validó su detención al argumentar que los países de origen de los migrantes no podían ser considerados seguros en su totalidad. También remitieron el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que emitió finalmente un fallo en agosto en línea con las sentencias italianas, lo que asestó otro golpe al plan del gobierno de Meloni.

Tras los fallos, su ejecutivo criticó abiertamente las sentencias, y acusó la Justicia de invadir competencias del gobierno. Para analistas y detractores, fue un ataque sin precedentes para deslegitimar los poderes judiciales en Italia, mientras muchos advierten de la deriva autoritaria del ejecutivo. “El gobierno pareció reclamar un poder absoluto, desvinculado del resto de poderes del Estado, y del control de la magistratura. Cuestionó el estado de derecho”, explica el abogado Dario Belluccio, quién ha defendido a migrantes enviados a Albania.

Con todo, hasta ahora Meloni ha intentado sortear los obstáculos para defender el proyecto. “Estamos decididos a avanzar, porque es un mecanismo que tiene el potencial de cambiar el paradigma de la gestión de la migración”, declaró a mediados de noviembre, tras recibir en Roma al jefe de gobierno de Albania, Edi Rama. “Es una iniciativa revolucionaria”, y “algunos países europeos llevan tiempo intentando adherirse a ella”, remarcó Meloni, que reiteró que que todo ello se podrá reactivar con el nuevo pacto europeo de migración.

Aún así, para Magi, la afirmación de Meloni “es falsa”, ya que el pacto no prevé la opción de crear centros migratorios en países extracomunitarios bajo jurisdicción directa de Estados de la UE, sino estructuras gestionadas por los terceros países. “La clave del acuerdo con Tirana se basó en que los centros en Albania estuvieran bajo control y responsabilidad de Italia, no en manos albanesas. En esto Edi Rama fue siempre muy claro”, por lo que el plan de Meloni no encaja exactamente con lo previsto en el pacto europeo, destaca Magi.

Por su parte, Bellucci cree que hará falta esperar a la adopción del pacto el 16 de junio de 2026 para saber cómo evoluciona la situación. “Italia, igual que el resto de países de la UE, tendrá que modificar normativas internas para adaptarse al nuevo sistema”, lo que incluirá cómo encajar el Plan Albania, dice el abogado. “En todo caso, por ahora, el proyecto inicial que imaginaron las autoridades no se puede materializar”, sentencia.

“El traslado a Albania es muy doloroso” para los que acaban ahí, resalta el letrado. Según denuncia, “los retenidos no pueden tener contacto directo con sus abogados, ni recibir visitas de sus familias. Muchos se vieron cómo paquetes enviados de un país a otro, sin entender por qué”, dice Belluccio, que critica “el objetivo propagandístico y político” de un sistema “sin eficacia real” que en su punto de vista sólo genera sufrimiento.