Comunidad de Madrid
La cárcel de Carabanchel, el lugar de memoria que hoy encierra a personas migrantes

“El psiquiátrico era un sitio horroroso donde los enfermos estaban apartados. Las mujeres teníamos que cruzar todas las galerías hasta las celdas nuevas, y veíamos a gente abandonada, sin psiquiatra ni enfermero, que se cuidaban entre ellos como podían, visiblemente medicados, con actitudes hostiles hacia nosotras, que éramos mujeres muy jóvenes”. Natividad Camacho cruzó el umbral de la cárcel de Carabanchel (Madrid) en dos ocasiones en 1973: de enero a marzo y de mayo a julio. Desgrana recuerdos tan “tenebrosos” como el que inicia este reportaje. En las dos ocasiones que pisó el penal estaba embarazada. El centro penitenciario, buque insignia de la represión franquista, había habilitado dos espacios para mujeres: un patio del psiquiátrico y los bajos del hospital penitenciario, lo que hoy es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. En esas instalaciones, en 2011 la congoleña Samba Martine fallecía sin recibir la asistencia médica adecuada.

“En los bajos del hospital penitenciario había entre 15 y 18 mujeres, algunas embarazadas, otras madres con niños menores de tres años. Es la única vez en mi vida que no he podido leer y creí que me moría” (Natividad Camacho, presa política)

Camacho, sindicalista de CCOO, que acabó en la cárcel por negarse a pagar la multa gubernativa impuesta por su actividad sindical, piso el mismo suelo que Martine, pero casi 40 años antes. “En los bajos del hospital penitenciario había entre 15 y 18 mujeres, algunas embarazadas, otras madres con niños menores de tres años. Es la única vez en mi vida que no he podido leer y creí que me moría. A mis abuelos les habían fusilado, a mi abuela, a mi madre... les habían condenado a pena de muerte. Mi recuerdo de aquellos días es horroroso”.

Hoy tiene un tímido motivo para la felicidad: el 23 de octubre de 2025, casi 30 años después de que cerrara sus puertas, la cárcel de Carabanchel ha sido declarada Lugar de Memoria Democrática. Tras su “vergonzoso” derribo en 2008, que ordenó el gobierno de Zapatero, a través del entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, “que todo el espacio que ocupaba el complejo se haya declarado Lugar de Memoria, hace posible que en un futuro se haga un centro de memoria. Y estoy feliz de que esto se pueda hacer”, expresa.

“Esta declaración debería hacer incompatible el uso que están haciendo como CIE de la antigua cárcel de Carabanchel. El CIE está funcionando de manera tan injusta como la cárcel durante el franquismo, encerrando a gente que no había cometido delitos” (Pedro Casas, AV Carabanchel Alto)

Pedro Casas, portavoz de la Asociación Vecinal de Carabanchel Alto, valora que el reconocimiento, por el momento es simbólico y pide que vaya más allá. Entre otras cosas, exige el cierre del CIE de Aluche. “En la resolución, reconocen como vestigio el CIE y esto es importante porque hoy en él están metiendo en la cárcel a personas que no han cometido delito alguno, está funcionando de manera tan injusta como durante el franquismo. Esta declaración debería hacer incompatible el uso que están haciendo como CIE. No puede haber un CIE en un lugar de memoria”, relata.

Además, añade, el movimiento vecinal quiere un centro de memoria, un lugar donde pueda haber documentación, investigación o realización de actos. Casas pone como ejemplo el Museo Sitio de Memoria ESMA, el principal centro de torturas de la dictadura de Videla en Argentina reconvertido en memorial. Entre las medidas de protección y difusión aprobadas en el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está “proveer en el espacio físico de la antigua cárcel un centro memorial” además de “habilitar un espacio público conmemorativo y de homenaje a las víctimas”.

Miles de represaliados

El derribo del penal vino seguido de la desaparición de la mayoría de sus archivos. Por eso no hay cifras oficiales de cuántas personas pasaron por él. El acuerdo de la Secretaría de Estado recoge que, aunque fue concebido para mil internos, “desde su inauguración el 22 de junio de 1944 la prisión sufrió una masificación crónica, albergando miles de presos en condiciones infrahumanas: celdas diminutas, sin calefacción ni higiene, agua escasa, duchas semanales, comida deficiente y frecuentes abusos por parte de los funcionarios”.

Según las estimaciones documentadas por Luis A. Casero, autor de Carabanchel, la estrella de la muerte (Libros del K.O. 2025) llegó a albergar a más de 2.000 presos y presas al mismo tiempo en una prisión que alcanzó a ser la más grande de España y que ejerció como una cárcel central por la que pasaron un montón de presos de todas partes del Estado. 

Carabanchel fue, además, centro de aplicación de la pena capital y “símbolo del terror de Estado”. Entre 1944 y 1975 se documentaron más de doscientas ejecuciones

Tal y como recoge el acuerdo, publicado en el BOE, Carabanchel fue, además, centro de aplicación de la pena capital y “símbolo del terror de Estado”. Entre 1944 y 1975 se documentaron más de doscientas ejecuciones. Entre las víctimas enumeran a Francisco Granado y Joaquín Delgado (1963), anarquistas ejecutados a garrote vil; Julián Grimau, dirigente comunista; o los militantes del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz, los últimos fusilados del franquismo, en septiembre de 1975. 

Durante la Transición democrática, Carabanchel se convirtió en epicentro de las revueltas de la Coordinadora de Presos en Lucha (Copel), presos comunes que reivindicaban que la ley de amnistía que liberó a todos los presos también se aplicara sobre sus condenas.

Un lugar de lucha política

“A Agustín Rueda le mataron a palos los carceleros“. Javier Maestro, vicepresidente de la Asociación La Comuna, recuerda el asesinato de Rueda, militante anarquista y antifascista, como uno de los peores incidentes que sucedieron en los primeros años de la transición, en marzo de 1979. Maestro, quien fue miembro de la Liga Comunista Revolucionaria, pasó por el penal dos veces tras negarse a pagar las multas gubernativas por sus actividades políticas, como Natividad. Cuatro meses en total, “nada que ver”, asegura, con la historia de otros presos, como el poeta y militante comunista Marcos Ana, quien pasó 23 años encarcelado.

Recuerda que en su primer encierro, que ocurrió en 1972, tras ser detenido en la piscina municipal por repartir  propaganda en contra de una nueva ley de orden público que agravaba las restricciones de libertad, coincidió con los dirigentes de CCOO juzgados en el proceso 1001. "Al entrar me encontré con Marcelino Camacho, con Nicolás Sartorius... cada partido estaba en una comuna, luego nos mezclábamos en el recreo", describe quien recuerda esos días como de una marcada actividad política.

“En los pasillos y en el patio tuvimos ocasión de intercambiar impresiones, también con los presos sociales que luego formarían la Copel, que dio una nueva vida política a la cárcel para que la amnistía se extendería también hasta ellos“. Y es que, tal y como reconoce el acuerdo de estado, Carabanchel fue no solo un espacio de represión política, ”sino también un lugar de lucha social y de resistencia colectiva, donde los presos comunes y políticos compartieron reivindicaciones de dignidad y justicia”.

Viviendas y CIE, especulación y represión

Pero, con todo y con esto, las políticas públicas realizadas sobre el penal se han focalizado en el olvido, la especulación y la represión. Hoy en lo que es un inmenso solar, solo queda a la vista un pórtico de entrada, una pared y el antiguo hospital, hoy CIE. Los intereses especuladores sobre el terreno comenzaron muy pronto, antes de que se cerrara en 1998. En 1997 el Ayuntamiento de Madrid sacó un Plan General de Ordenación Urbana que preveía la construcción de 1.300 pisos de renta libre en el lugar, explica Pedro Casas, en unos suelos que eran propiedad del Ministerio de Interior en su mayoría. Ahí fue cuando arrancó otra lucha, la del vecindario que comprende a los barrios de Latina y Carabanchel, con más de 500.000 habitantes entre los dos. “En el 98 empezamos a organizarnos para que ese solar tuviera equipamientos sociales y no pisos. Se hizo un referéndum, participaron más de 30.000 personas. El 98% dijo que querían equipamientos sociales”, rememora el portavoz de la AV Carabanchel Alto. Por aquel entonces, en ninguno de los dos barrios había un hospital de referencia. 

Con el cambio de siglo, hubo un resurgir del movimiento memorialista, empujado por las primeras exhumaciones de fosas comunes. Desde ese momento el movimiento vecinal incorporó en sus reivindicaciones un centro de memoria de lo que fue la cárcel. “El lugar más emblemático debería ser la cúpula central, casi tan grande como la de San Francisco el Grande. Hicimos una propuesta, mantener en pie la cúpula y algunas galerías”, explica Casas. Propuestas que no fueron escuchadas. 

En 2005 el Ministerio de Interior habría el CIE con una capacidad de 280 personas. El nuevo edificio, nacía rodeado de opacidad: hasta 2012 no se abrió sus puertas a los medios de comunicación.

En el lado opuesto a sus demandas, en 2005 el Ministerio de Interior habría el Centro de Internamiento de Extranjeros con una capacidad de 280 personas y en el que se retiene a personas en situación irregular en España. El nuevo edificio, vestido de amarillo y con ventabas tapiadas por persianas azules, nacía rodeado de opacidad: hasta 2012 no se abrió sus puertas a los medios de comunicación.

Una lucha singular

“Nuestra lucha es un caso singular ya que la reivindicación como centro de memoria surge a impulso del movimiento vecinal. Los presos habían sido vecinos nuestros y nos parecía importante mantener su recuerdo”, explica Casas. En este proceso, entablaron conversación con asociaciones de antiguos presos para integrarlos en la lucha y se creó la Plataforma por un centro de memoria en la cárcel de Carabanchel. Comenzaron así las visitas organizadas al penal, que reunían a mucha gente. El 27 de septiembre de 2008 se hizo una conmemoración de los últimos fusilados del franquismo que llenó el penal. “La lucha iba tomando cada vez más fuerza y eso debió asustar al gobierno, Rubalcaba ordenó el derribó en 2008. Los planes del gobierno eran especulativos y no tenían intención de reivindicar la memoria”, explica Casas.

Un derribo que se realizó con la oposición vecinal desplegada en la zona, ocupando el terreno y con grandes marchas desde los barrios colindantes. Ese mismo año Rubalcaba firmaba un acuerdo con el por aquel entonces alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, que rebaja a 600 las viviendas a construir, se reservaba una parcela para equipamientos sanitarios, y otras tantas para instituciones penitenciarias. El movimiento vecinal valoró aquello como una victoria parcial. Lo que no se planteaba era el centro de memoria y desde entonces ha continuado con su reivindicación.

Una nueva ley y una petición que se esfuma

En 2022 se aprueba la nueva Ley de Memoria Democrática. En esta se contempla la posibilidad de que algunos espacios sean declarados Lugares de Memoria Democrática algunos. La Plataforma por un centro de memoria en la cárcel de Carabanchel lo solicitó al mes siguiente de que la nueva norma viera la luz. 

“De repente nos llegó una carta que decía que nuestra solicitud había caducado. Había pasado más de un año por culpa de ellos que no habían hecho nada. Esto era bastante insultante. Nos decían que lo teníamos que volver a pedir, es bastante indigno”, explica Casas. Finalmente, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tramitó el expediente de oficio “que es lo que debían haber hecho desde el primer momento”.

El primer expediente para el reconocimiento de la cárcel emitido por el Gobierno tenía graves errores, entre ellos, solo se consideraba como principal vestigio el pórtico de entrada a la prisión, y no el CIE

En octubre 2024 se publicó la incoación del expediente. Un expediente que, señalaban las asociaciones, tenía graves errores, entre ellos, solo se consideraba como principal vestigio el pórtico de entrada a la prisión, y no el hospital penitenciario, donde hoy se ubica el CIE. También obviaron los posibles restos que queden en los sótanos donde los supervivientes cuentan que había celdas de castigo. La resolución actual subsana estos errores y para Casas esto es muy importante porque este reconocimiento debiera acabar con el CIE. “Un centro donde se encierra a personas no puede ser un memorial”, insiste y zanja.