Ceuta
Amnistía Internacional denuncia torturas a las personas migrantes en Ceuta por parte de las autoridades

Las conclusiones del nuevo informe que acaba de publicar Amnistía Internacional sobre lo que viene ocurriendo en Ceuta desde finales, de julio, cuando unas 80.000 personas llegaron a la Ciudad Autónoma a nado, no deja lugar a dudas: el ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil habrían propiciado “torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes” a las personas migrantes. En la investigación también se hace referencia a los riesgos que sufren los menores de edad y mujeres que llegaron al enclave —y que han quedado desprotegidas por las instituciones— y pone el foco en el discurso de odio alimentado tanto por ciertos partidos políticos y amplificado por los medios de comunicación. 

El Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil en el punto de mira

Si bien hace tiempo que circula la información de que las fuerzas militares estaban maltratando y hostigando a las personas que llegaron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, ahora el informe de AI confirma de manera definitiva los hechos, tras una investigación exhaustiva en terreno. La organización asegura que los hechos no serían aislados, sino que más bien “parecen responder a un patrón, en particular por unidades de Regulares y de la Legión”.

Las personas entrevistadas —entre las que se incluyen mujeres y menores de edad no acompañados—, más de 65, han explicado a la organización los tratos vejatorios y la violencia a la que se han visto sometidas estos días. Hay 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles”. Las magulladuras que presentan algunas de estas personas “parecen compatibles con golpes de defensas rígidas —porras reglamentarias—”.

Lesiones en la cabeza, en las extremidades —sobre todo, en las piernas, a la altura de las rodillas—, golpes en la cara y muñecas marcadas por la sujeción con bridas. El catálogo de agresiones es variado, según se puede leer en el informe. Un chico de origen marroquí incluso fue “empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertado y acosado por un grupo de militares, mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio”. Otro de los testimonios cuenta que le ataron las manos con bridas y lo “metieron en un maletero”, para después sacarlo, amordazar la boca y “pegarle la cara contra un árbol” para propinarle porrazos y puñetazos. Cuando los militares terminaron, lo tiraron por un terraplén, cuenta el chico. Todo ello acompañado de insultos y amenazas.

Además de recibir insultos, a algunos chicos también se les ha denigrado de otras maneras: les han obligado a raparse el pelo, se les ha impedido descansar de noche, se les ha obligado a arrodillarse para besar una cruz cristiana y se les ha retirado la comida. Las mujeres también han sido blanco de las fuerzas militares del Estado. “Esta violencia es también ejercida contra las mujeres marroquíes incluyendo insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual”, se concluye en el informe. Se han reportado casos de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes; de los cuales se han investigado 37 —28 investigaciones continúan abiertas—. De entre todas estas víctimas, que podrían ser muchísimas más, hay 14 menores de edad.

De los 2.383 menores identificados por las autoridades, entre 500 y 700 permanecen en la calle hoy y sin ninguna alternativa, a la espera de que sean acogidos por las diferentes comunidades autónomas y se les designen representantes legales. Unas 800 mujeres, algunas con niños y niñas, continúan viviendo en la calle.

Solicitantes de asilo a la espera y expulsados de manera ilegal

Tras dos meses desde la llegada de estas personas, muchas que proceden de países en conflicto, como Somalia o Yemen —y que por este motivo pueden solicitar el asilo—, aún no han iniciado los trámites burocráticos. Amnistía Internacional asegura que en muchos de estos casos ni siquiera se ha puesto en marcha la ronda de entrevistas que permiten detectar vulnerabilidades.

De hecho, se ha documentado el caso de tres yemeníes que habrían sido devueltos de manera ilegal; es decir, sin que se hayan seguido los procedimientos que marca la ley para este tipo de casos. Uno de ellos lo explica: “Nos cogieron a unos 70, había principalmente marroquíes, nos sentaron a todos en filas, yo levanté el brazo para enseñar mi pasaporte, pero un militar lo tiró al suelo dándome con la porra en la mano, nos metieron en vehículos militares y nos llevaron a la frontera donde nos entregaron a la policía marroquí. Conseguí volver a entrar porque quiero pedir protección internacional.” Amnistía Internacional ha tenido acceso a documentación que corrobora su versión.

Persecución y hostigamiento

El trato degradante, la persecución, los insultos y el hostigamiento a lo largo de estos dos meses en Ceuta, no se han limitado a las personas recién llegadas: también las personas racializadas de Ceuta han tenido que oír de sus vecinos y vecinas y las autoridades insultos y desprecios. A algunas des estas personas se les ha parado por las calles y se les ha impedido la entrada a tiendas y supermercados sin más motivo que su color de piel o su indumentaria.

Durante su trabajo en terreno, AI ha podido constatar lo que vienen advirtiendo organizaciones allí presentes como Border Resistance, No Name Kitchen (NNK) o las Brigadas de Apoyo Mutuo Ceuta: las condiciones en las que han estado y siguen viviendo las personas que llegaron a finales de julio son inhumanas y degradantes.

La falta de asistencia humanitaria y sanitaria ha sido una constante durante estos dos meses. “Muchas pasan hambre y sed y viven en condiciones indignas en la calle, pernoctando en tiendas de campaña, bajo lonas de plástico o directamente a la intemperie, debido a la falta de lugares adecuados para su acogida, y a que el reparto de comida a cargo de Cruz Roja y otras ONG resulta insuficiente”, apuntan en el informe.

Los repartos de Cruz Roja —que consisten en una barra de pan, una botella de agua, una lata de atún, un bote de zumo y un paquete de galletas— se han llevado a cabo una vez por día, claramente insuficiente. “Para acceder a esta comida insuficiente, las personas migrantes, incluidas mujeres con sus hijos que se encuentran refugiadas en otras zonas que consideran más seguras que la playa del Trampolín, deben caminar durante horas tanto a la ida como a la vuelta”, según AI.

Amnistía también ha puesto el foco en las condiciones de insalubridad en las que llevan viviendo estas personas desde que llegaron, con falta de lavabos y duchas y de agua corriente

A todo esto, y durante estas semanas, siempre según el informe de AI, no se ha puesto en marcha ninguna media para garantizar la alimentación de niños y niñas. “En el caso de los varones adultos, están obligados a hacer colas de más de tres horas al sol, sentados en el suelo y custodiados por la Policía Nacional, que de forma arbitraria puede expulsar de la fila y dejar sin comida a quien considere”. Además tienen que escoger entre comer y que se les curen las heridas y se les atienda por afecciones de salud, ya que la asistencia médica proporcionada por Cruz Roja se lleva a cabo durante el mismo rato que se reparten las comidas. AI también ha puesto el foco en las condiciones de insalubridad en las que llevan viviendo estas personas desde que llegaron, con falta de lavabos y duchas y de agua corriente, lo que supone un caldo de cultivo para la aparición de enfermedades fácilmente evitables.

Los comentarios racista e islamófobos no solo han venido por parte de las fuerzas de seguridad del Estado; también la sociedad civil ha puesto a estas personas en la diana. Muchas personas se han quejado de comentarios y trato degradantes por parte de personal sanitario, “dirigiéndose a ellos como invasores, y obligándolas a permanecer en la calle en vez de en la sala de espera de urgencias antes de recibir asistencia sanitaria, incluidas menores de edad”. Algunas de estas personas denuncian que no se les han hecho las pruebas necesarias cuando han ido en busca de asistencia médica.

Por último, la organización se fija en el hostigamiento de periodistas y voluntarios y trabajadoras de ONG por parte tanto de una parte de la sociedad ceutí como de las autoridades. A estos últimos no solo se les ha impedido llevar a cabo su trabajo con normalidad, sino que han sido objeto de agresiones. En el caso de No Name Kitchen, dos de sus activistas incluso fueron detenidas, el pasado 25 de agosto tras haber grabado una actuación policial contra una persona migrante. Están a la espera de juicio por “resistencia a la autoridad”. AI —que también se hace eco de la agresión que sufrieron Rafa Borrego, activista; Sofía Cánovas, abogada internacional de derechos humanos; y la diputada ceutí Julia Ferreras el 20 de septiembre— ha podido documentar que no fue así.

Amnistía Internacional pide a las comunidades autónomas que dejen de obstaculizar la acogida de personas y que cumplan con la legislación vigente

Todo lo que se describe en el informe ha sido comprobado gráficamente y documentado debidamente mediante partes médicos que acreditan la naturaleza de las lesiones; también gracias al trabajo de organizaciones como Border Resistance, quien viene denunciando esta situación desde hace dos meses.

Con los hechos en la mano, Amnistía Internacional ha querido enviar una misiva al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al presidente Ceutí, Juan Vivas, con el objetivo de hacerles conocedores de lo que está ocurriendo y pedirles “acciones urgentes que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna, y atención especializada a mujeres, niñas y niños en riesgo, ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península”. El grupo también pide a las comunidades autónomas que dejen de obstaculizar la acogida de personas migrantes y que cumplan con la legislación vigente.