Violencia sexual
Ceuta: violencia sexual en la frontera sur de Europa

Catorce mujeres y niñas figuran como víctimas en los procedimientos abiertos por violencia sexual en Ceuta desde que comenzó la crisis migratoria de finales de julio. Doce de ellas son marroquíes. Algunas son menores. De los cuatro presuntos agresores que habían podido ser identificados y detenidos a 20 de agosto, dos eran españoles; otros procedimientos investigan a hombres marroquíes llegados durante esos mismos días y, en el resto de las diligencias abiertas, todavía no se ha conseguido identificar al autor. Procedencias distintas atraviesan unos hechos que comparten una constante bastante menos excepcional: quienes presuntamente ejercen la violencia son hombres y quienes la denuncian son mujeres y niñas.

La respuesta institucional permite entrever, además, las condiciones concretas en las que estas mujeres están intentando acceder a protección. El Centro de Crisis 24 horas de Ceuta alojaba el 21 de agosto a cinco víctimas de violencia sexual o trata; el Ministerio de Igualdad había distribuido información sobre el 016 en árabe, inglés y francés y, ante la sobrecarga de los juzgados, el Consejo General del Poder Judicial reclamó incorporar dos intérpretes al servicio de guardia. Hasta esa fecha, ninguna llamada relacionada con la crisis había llegado al 016.

La violencia sufrida por estas mujeres y niñas empieza así a adquirir significados que van mucho más allá de ellas

Sin embargo, la procedencia de los agresores ha ocupado rápidamente una parte importante de la conversación. Las denuncias han servido para alimentar discursos sobre la supuesta peligrosidad de la población migrante y también para recuperar el enésimo “¿dónde están las feministas?”. La violencia sufrida por estas mujeres y niñas empieza así a adquirir significados que van mucho más allá de ellas: sirve para hablar de inmigración, seguridad, racismo o feminismo mientras quienes la han sufrido corren el riesgo de desaparecer detrás de la disputa política construida alrededor de sus cuerpos.

Hay una dificultad que un análisis feminista antirracista no debería esquivar. Nombrar que algunos de los presuntos agresores son hombres migrantes no convierte su origen en la explicación de la violencia que ejercen. Pero el temor a que esas agresiones sean utilizadas para alimentar discursos racistas tampoco puede conducir a silenciarlas. En ambos extremos, quienes vuelven a quedar fuera del relato son las mismas: las mujeres y las niñas.

Preguntarse qué está ocurriendo con estas mujeres y niñas obliga entonces a ampliar el encuadre. No solo quién las ha agredido, sino qué condiciones las han colocado en esa situación

Para una mujer o una niña que acaba de atravesar una frontera en mitad de una crisis humanitaria, denunciar puede implicar encontrar dónde pedir ayuda, conseguir ser entendida, conocer sus derechos y acceder a unos mecanismos institucionales completamente ajenos. Que cinco víctimas estén alojadas en un recurso especializado mientras ninguna consulta vinculada a la crisis había alcanzado el 016 no permite saber cuántas violencias permanecen fuera del sistema, pero sí obliga a no confundir las agresiones conocidas con todas las que pueden haberse producido. La violencia sexual no sucede aquí al margen de la frontera.

Ceuta tampoco es simplemente el escenario en el que se han producido estas agresiones. Es frontera española, pero también frontera exterior de la Unión Europea en territorio africano; un espacio atravesado por décadas de externalización del control migratorio hacia Marruecos, por una enorme desigualdad material entre ambos lados y por una historia colonial que continúa formando parte de las relaciones entre los dos países.

Preguntarse qué está ocurriendo con estas mujeres y niñas obliga entonces a ampliar el encuadre. No solo quién las ha agredido, sino qué condiciones las han colocado en esa situación, qué posibilidades tienen de acceder a protección y qué sucede con sus cuerpos cuando una frontera, una violencia patriarcal y una disputa política se encuentran en el mismo lugar.

La frontera no empieza en la valla

Ceuta no puede entenderse únicamente como el lugar en el que miles de personas intentaron entrar en territorio español a finales de julio. La frontera forma parte también de un sistema europeo que ha desplazado hacia Marruecos parte del control de quienes intentan llegar a la Unión Europea.

Esa externalización tiene una dimensión material. Según datos de la Comisión Europea, entre 2015 y 2021 la UE destinó 234 millones de euros a programas migratorios en Marruecos: 179 millones, el 77%, fueron dirigidos a gestión integrada de fronteras y lucha contra el tráfico y la trata. En 2022 añadió otros 150 millones para un programa de cooperación migratoria que incluía el fortalecimiento de la gestión fronteriza marroquí.

Noor Ammar Lamarty, jurista e investigadora magrebí especializada en Derecho Internacional Público y Derecho Penal Internacional con perspectiva feminista, propone leer esa estructura desde la necropolítica de Achille Mbembe. “Hay estructuras estatales que se crean, sobre todo del Norte Global, que son estructuras de muerte”, sostiene, y “responden a una necesidad también de preservar el privilegio”. Mbembe analiza precisamente formas de poder que distribuyen de manera desigual qué poblaciones quedan expuestas a la violencia y a la muerte, atravesadas por la historia colonial y racial.

La crisis sucede así sobre una frontera atravesada por la política migratoria europea, una profunda desigualdad entre ambos lados y una historia colonial 

Para Ammar Lamarty tampoco es posible comprender esta frontera atendiendo únicamente a la política migratoria contemporánea. España ejerció un Protectorado colonial sobre el norte de Marruecos entre 1912 y 1956. “La sensación con la frontera de Ceuta es que es la manifestación también de todas las deudas [...] que siguen existiendo entre ambos países”, explica, y de “una confrontación [...] fría, calculada, pero que tiene que ver también con el pasado colonial de España en el norte de Marruecos”.

La investigadora no niega las actuales reivindicaciones territoriales marroquíes sobre Ceuta y Melilla: “Las pretensiones expansionistas de las que se habla de Marruecos [...] son ciertas”. Lo que cuestiona es la asimetría de desprenderlas de esa historia: “Lo que es absolutamente asimétrico es querer evadir que España constituyó un protectorado en esa zona”.

La crisis sucede así sobre una frontera atravesada por la política migratoria europea, una profunda desigualdad entre ambos lados y una historia colonial que sigue formando parte de la relación entre España y Marruecos.

Cuerpos atravesados por la frontera 

Que las crisis humanitarias no afectan de igual manera a mujeres y hombres está ampliamente documentado. ACNUR advierte de que el riesgo de violencia de género aumenta en contextos de conflicto y desplazamiento y afecta especialmente a mujeres y niñas desplazadas; ONU Mujeres vincula ese incremento al debilitamiento de los mecanismos de protección y a desigualdades de género previas a la propia crisis.

Para Ammar Lamarty, sin embargo, limitar el análisis a un aumento circunstancial del riesgo resulta insuficiente. “La violencia sexual no solo tiene que ver con la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. La violencia sexual es una violencia territorial, también es una violencia sobre cómo se estructuran los sistemas”.

Su lectura sitúa el foco en qué sucede con las relaciones de poder cuando una crisis descompone los mecanismos ordinarios de protección y control. Ammar Lamarty señala especialmente lo que ocurre cuando “desaparece una autoridad que controla los cuerpos” y aumenta la posibilidad de ejercer violencia sin afrontar sus consecuencias: “Que desaparezca la autoridad parece que es una cosa que no contemplamos lo suficiente, pero es mucho más grave de lo que pensamos con respecto a los derechos de las mujeres”. Eso no convierte cualquier autoridad en garantía de esos derechos: la investigadora advierte de que igualmente grave puede resultar la instauración de una autoridad “absolutamente fascista, autoritaria y problemática con respecto a los derechos de las mujeres”.

Ammar Lamarty: “Los cuerpos de las mujeres, en el momento en el que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, en una crisis humanitaria, en una frontera, en una guerra, pasan a ser cuerpos de uso”

Es en esas circunstancias donde sitúa una de las ideas centrales de su análisis: “Los cuerpos de las mujeres, en el momento en el que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, en una crisis humanitaria, en una frontera, en una guerra, pasan a ser cuerpos de uso”. Cuerpos, continúa, “de los que se extrae valor y de los que se extrae trabajo, de los que se extrae, pues, incluso hijos”.

La vulnerabilidad no aparece así como una característica inherente a las mujeres migrantes, sino como el resultado de las relaciones en las que quedan situadas. “La desposesión de las mujeres de su subjetividad como humanas está íntimamente vinculada a cómo los cuerpos de las mujeres son vistos y son comprendidos y son leídos en el marco de su explotación”, explica Ammar Lamarty. La violencia sexual funciona, desde esta perspectiva, como “un dispositivo de control” sobre las mujeres.

Preguntada sobre la idea de “emasculación” trabajada por Rita Segato —el dominio ejercido sobre sujetos situados en posiciones más vulnerables por hombres sometidos, a su vez, al poder de otros hombres— podía ayudar a comprender la violencia sexual en las fronteras, Ammar Lamarty marca un límite a esa hipótesis: “Creo que es un poco arriesgado hacer esa analogía”. Considera que el marco resulta más pertinente en “relaciones estables, donde hay un ejercicio de poder permanente” y jerarquías raciales consolidadas.

En contextos de crisis y poblaciones en movimiento propone atender, en cambio, a la confrontación entre hombres y al lugar que ocupan dentro de ella los cuerpos de las mujeres. “Más allá de la subordinación de ciertos hombres con respecto a otros [...] lo que creo que deberíamos analizar es el ejercicio de poder que los hombres consideran que ejercen cuando se vinculan sexualmente con las mujeres a través de la violación”.

La cuestión que deja abierta es más elemental: “Qué son las mujeres para los hombres”. Y devuelve el análisis al poder masculino sobre sus cuerpos: “Los dispositivos de control en el mundo, si bien pueden pasar [...] a manos de un Estado, a manos de una guerrilla o a manos de un grupo armado, radican sobre todo en la voluntad de los hombres de seguir necesitando controlar qué pasa con los cuerpos de las mujeres”.

Esa lectura conduce directamente a otra pregunta que atraviesa las agresiones de Ceuta: si estamos analizando relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿por qué la nacionalidad de determinados hombres termina adquiriendo capacidad para explicar la violencia que ejercen?

Violencia sexual, nacionalidad y racismo

Entre las agresiones sexuales denunciadas durante la crisis de Ceuta hay presuntos agresores marroquíes, pero también españoles y otros cuya identidad todavía no había podido determinarse. El dato permite separar dos cuestiones que han tendido a confundirse en la conversación pública: identificar quién ha ejercido presuntamente una violencia no equivale a convertir su origen en la explicación de esa violencia.

La crisis ha generado, además, un fuerte incremento del discurso xenófobo. Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), durante los primeros 25 días posteriores a las entradas de finales de julio se detectaron 78.476 mensajes de odio en redes sociales, dirigidos principalmente contra personas norteafricanas, migrantes, musulmanas y afrodescendientes. Entre los asuntos utilizados para alimentarlos aparecieron precisamente las agresiones sexuales.

Para Ammar Lamarty, esa asociación no solo criminaliza colectivamente a los hombres racializados: permite a quienes quedan fuera de esa categoría situar la violencia siempre en otro lugar. “A mí lo que me asusta es que los hombres españoles acaben tan convencidos de que la violencia la ejercen otros que en ningún momento sean capaces de hacer un trabajo emancipatorio de su propia violencia”, sostiene. No considera que sea un mecanismo específicamente español: “Marruecos es un país racista y Marruecos piensa todo el rato que las personas subsaharianas que vienen de otros países también vienen a violar a mujeres [...] En Alemania pasa con los turcos, con los sirios...”.

Chaima Boukarsa, cofundadora de Afrocolectiva, cree que entra en juego la construcción de una figura política concreta: “el hombre racializado, especialmente el hombre musulmán y norteafricano, el llamado ‘moro’, convertido en sujeto peligroso”

Chaima Boukarsa, cofundadora de Afrocolectiva, filóloga, comunicadora y activista decolonial, identifica en ese desplazamiento la construcción de una figura política concreta: “el hombre racializado, especialmente el hombre musulmán y norteafricano, el llamado ‘moro’, convertido en sujeto inherentemente violento, sexualmente peligroso y contrario a los derechos de las mujeres”. La operación, señala, transforma una responsabilidad individual en una atribución colectiva: “No se denuncia a un agresor concreto: se construye una población entera como amenaza”.

Su argumento obviamente no resta importancia a las agresiones cometidas. “Por supuesto hay que denunciar la violencia y las violaciones sexuales”. Lo que cuestiona es que se interpreten como una excepcionalidad importada por quienes cruzan la frontera: “La violencia sexual que padecen las mujeres en Ceuta es la punta del iceberg de toda la violencia que padecen las mujeres dentro de la península ibérica”.

Ammar Lamarty extiende esa continuidad a lo que sucede con muchas mujeres migrantes una vez dentro de España y sitúa también la prostitución dentro de su análisis. “Lo que me parece interesante es no comprender la cadena de violencia sexual que se sigue produciendo en la vida de tantísimas mujeres migrantes y que sostienen los propios hombres españoles”, afirma. Su argumento señala una contradicción: mientras determinados hombres migrantes son construidos como una amenaza sexual específica, quedan fuera del encuadre otras relaciones de explotación y desigualdad que atraviesan las vidas de mujeres migrantes y en las que participan hombres españoles.

La cuestión no es, por tanto, ocultar la procedencia de los presuntos agresores, sino preguntarse cuándo y por qué esa procedencia se convierte en información relevante

La perspectiva histórica añade otra dimensión a esa contradicción. Ammar Lamarty recuerda la existencia en el Marruecos colonial de espacios de reclusión y control de mujeres posteriormente vinculados a la explotación sexual. La investigación histórica ha documentado especialmente el caso de Bousbir, el barrio reservado de prostitución establecido en Casablanca durante el Protectorado francés: un recinto cerrado, sometido a vigilancia y organizado mediante un régimen de control de las mujeres que ejercían allí la prostitución, convertido además en parte del circuito turístico colonial. “Me parece impresionante que se evite hablar de la memoria colonial absolutamente perversa”, sostiene Ammar Lamarty.

Su lectura desemboca en una jerarquía que será importante también para pensar quién consigue después ser reconocido como víctima: “Los hombres piensan así porque consideran que hay mujeres de primera y mujeres de segunda”. Y formula la contradicción de manera todavía más dura: “Casualmente ahora quieren apelar a cómo los hombres de segunda tratan a las mujeres de segunda”.

La cuestión no es, por tanto, ocultar la procedencia de los presuntos agresores, sino preguntarse cuándo y por qué esa procedencia se convierte en información relevante. La nacionalidad no se señala con la misma insistencia en todos los casos de violencia sexual: adquiere un peso específico cuando permite situar al agresor fuera de un “nosotros” y, particularmente, cuando remite a poblaciones migrantes y racializadas. El problema comienza cuando un dato biográfico seleccionado entre muchos deja de describir a una persona concreta y empieza a funcionar como explicación de su violencia. Entonces ya no estamos hablando únicamente de quién presuntamente agredió a una mujer, sino construyendo una categoría de hombres potencialmente peligrosos a partir de su origen.

Feminismo blanco, racismo y violencia sexual

Las agresiones sexuales de Ceuta han quedado atrapadas en una disputa que amenaza con desplazar precisamente a las mujeres y niñas que dice defender. Desde la derecha y la ultraderecha, las denuncias han servido para lanzar el enésimo “¿dónde están las feministas?”, incluso desde espacios políticos que niegan o cuestionan habitualmente la violencia machista. Pero que esa interpelación sea oportunista no debería impedir hacerse una pregunta más incómoda: ¿dónde ha estado el feminismo blanco ante estas mujeres y niñas?

Chaima Boukharsa, cofundadora de Afrocolectiva, sitúa esta contradicción dentro de lo que la socióloga Sara R. Farris conceptualizó como femonacionalismo: la instrumentalización de determinados discursos sobre los derechos de las mujeres para legitimar proyectos nacionalistas, racistas, islamófobos y antimigratorios. Para Boukharsa, esta “doble moral” no surge de la nada: “Ha podido desarrollarse porque el feminismo blanco, históricamente, ha construido demasiadas veces su sujeto político alrededor de la experiencia y la liberación de las mujeres blancas, dejando fuera o subordinando las experiencias de las mujeres racializadas”.

Ese marco, sostiene, “ha sido extraordinariamente útil para la extrema derecha”. Fuerzas políticas que durante el resto del año cuestionan la violencia machista, atacan derechos sexuales y reproductivos o ridiculizan las reivindicaciones feministas adoptan un lenguaje aparentemente feminista “cuando el agresor puede ser presentado como migrante, musulmán o norteafricano”. “Entonces sí hablan de ‘proteger a nuestras mujeres’. Y hay que preguntarse quiénes son esas ‘nuestras mujeres’ y de quién supuestamente tienen que ser protegidas”.

El feminismo blanco del territorio español ha demostrado una enorme capacidad para convertir determinadas violencias sexuales en asuntos políticos colectivos, pero no se ha producido una movilización comparable con respecto a Ceuta

El riesgo de esa instrumentalización es real. También lo es que el temor a alimentarla termine reproduciendo otra jerarquía entre víctimas. El feminismo blanco del territorio español ha demostrado una enorme capacidad para convertir determinadas violencias sexuales en asuntos políticos colectivos. Ocurrió con La Manada y ocurrió con Jenni Hermoso: el beso no consentido de Luis Rubiales fue el 20 de agosto de 2023 y, apenas ocho días después, hubo concentraciones feministas en distintas ciudades. El calendario tampoco basta, por tanto, para explicar la diferencia.

Ante las mujeres y niñas violentadas en Ceuta no se ha producido una movilización comparable. La coyuntura es distinta y el peligro de instrumentalización racista introduce una dificultad que el caso Hermoso no tenía. Pero precisamente ahí aparece una pregunta que el feminismo blanco debería dirigirse a sí mismo: por qué algunas víctimas consiguen incorporarse rápidamente a un “nosotras” colectivo mientras otras permanecen mucho más fácilmente en sus márgenes. Ammar Lamarty hablaba de “mujeres de primera y mujeres de segunda”. Cabe preguntarse hasta qué punto esa jerarquía atraviesa también nuestras respuestas feministas.

Boukarsa es tajante respecto a la posibilidad de resolver esa contradicción mediante el silencio: “El problema de Ceuta no se resuelve callando las agresiones. Hay que denunciarlas sin ninguna ambigüedad y ponerse inequívocamente del lado de las mujeres y niñas que las sufren”. La exigencia de no alimentar discursos racistas no puede recaer nuevamente sobre ellas. Pero tampoco acepta el movimiento contrario: “No podemos aceptar que su dolor se convierta en combustible para criminalizar a miles de hombres migrantes y deshumanizar a una población entera”.

Para Boukharsa, ahí se juega precisamente la posibilidad de construir colectivas “antirracistas, antiimperialistas, capaces de señalar la violencia patriarcal dentro de nuestras propias comunidades sin entregar nuestras denuncias al racismo, a la islamofobia ni a la extrema derecha”. Recupera en este punto a Ochy Curiel y su feminismo decolonial para plantear que la política feminista “no puede limitarse a conseguir un lugar más cómodo para algunas mujeres dentro de un sistema racista, colonial y patriarcal”. Su horizonte, sostiene, debe transformar “las estructuras que violentan a comunidades enteras, incluidos nuestros hombres y nuestra comunidad queer”.

La crítica alcanza así al propio sujeto que el feminismo construye cuando habla en nombre de las mujeres. Hace más de cuatro décadas, Chandra Talpade Mohanty cuestionó en Under Western Eyes cómo determinados feminismos occidentales producían discursivamente a la “mujer del Tercer Mundo” como una categoría homogénea definida fundamentalmente por su opresión. Su crítica no negaba las violencias que atravesaban sus vidas: interrogaba también quién producía conocimiento sobre esas mujeres, desde dónde y mediante qué categorías.

Ammar Lamarty plantea esa misma cuestión respecto a la conversación española sobre Marruecos: “Se decidió que se hablaba por millones de personas sin esas millones de personas”. Personas que tampoco están únicamente al otro lado de la frontera: “Los marroquíes estamos en medio de la sociedad española todo el rato, todos los días y gran parte de la gente no se da cuenta de que estamos ahí”. Para la investigadora, esa ausencia contribuye a construir “a través de los medios de comunicación, cuál es el ideario sobre el otro” y agranda la distancia entre “lo que se quiere contar de España y lo que es realmente España”.

Las catorce mujeres y niñas de Ceuta obligan a permanecer precisamente en esa incomodidad: denunciar la violencia sexual sin convertir el origen de los agresores en su explicación

Ammar Lamarty propone finalmente mirar hacia lo que denomina “el privilegio de la tranquilidad”: la posibilidad de vivir a un lado de una frontera profundamente desigual mientras aquello que ocurre al otro permanece suficientemente lejos para resultar soportable. “El mundo es un sitio incómodo”, sostiene. “La vida es incómoda, las conversaciones deben ser incómodas, vivir en este mundo tal y como está planeado, diseñado y estructurado debe ser incómodo”.

Las catorce mujeres y niñas de Ceuta obligan a permanecer precisamente en esa incomodidad: denunciar la violencia sexual sin convertir el origen de los agresores en su explicación; combatir el racismo sin relativizar la violencia patriarcal; y exigir al feminismo blanco que interrogue sus propias jerarquías, qué víctimas reconoce inmediatamente como propias y cuáles permanecen demasiado fácilmente en los márgenes de ese “nosotras”.

Proteger a estas mujeres de la instrumentalización racista no puede significar silenciar la violencia que sufren. Pero hacerlas visibles tampoco basta si seguimos hablando sobre ellas sin ellas.