Crisis climática
La Fiscalía pide 18 meses de prisión contra tres científicos por una protesta climática

Mientras se acaba de conocer que junio de 2026 ha sido el mes más cálido vivido en Europa occidental desde que hay registros, y con la resaca de las víctimas mortales del incendio de Almería, tres personas se enfrentan a una petición de 18 meses de prisión cada una y a un pago conjunto de 8.100 euros por una protesta que alertaba sobre las consecuencias de la crisis climática y la inacción de los Gobiernos ante ésta. Al respecto, Jaume Osete, activista climático de Rebelión o Extinción, argumenta indignado que “en vez de criminalizar a los responsables de la crisis climática, lo que se hace es perseguir y criminalizar a los que alertan de la inacción ante la crisis climática”. 

La acción por la que se imputa a los encausados consistió en utilizar pintura biodegradable y fácil de limpiar con agua en la fachada de la Delegación del Gobierno en Barcelona en abril de 2023. “El hecho que se pidan penas de cárcel para este tipo de acciones no violentas es gravísimo y por ese motivo una organización internacional como Amnistía Internacional ha dado el toque de alarma y estará como observadora en el juicio”, expone Osete. Asimismo, argumenta que la petición de multa es exagerada, ya que “fue una acción que no provocó daños”. 

“Es como si tú estás durmiendo por la noche, viene alguien a avisarte que hay un incendio y tú empiezas a chillarle”, lamenta Osete

Los tres activistas acusados forman parte del colectivo Rebelión Científica, ligado a Rebelión o Extinción y formado por personal investigador y científico que, ante la insuficiente respuesta institucional frente a la emergencia climática, decidió recurrir a la desobediencia civil no violenta para alertar sobre las consecuencias cada vez más graves del cambio climático. La acción por la que van a ser juzgados pretendía llamar la atención, también, sobre la criminalización que sufre el activismo climático. En concreto, por los activistas que realizaron una acción similar, con pintura biodegradable, en la fachada del Congreso de los Diputados en abril de 2022, y por la que también fueron detenidos y se enfrentan ahora a juicio.

Una campaña contra el activismo climático

El movimiento de activismo climático acompaña a las encausadas, que irán a la vista oral el próximo 16 de julio: “Estas personas no van a estar solas, ni el día del juicio ni después. Si hubiera penas y condenas, difícilmente lo pagarán ellas”, apunta Osete. Preguntado por si este tipo de represión judicial conseguirá acabar con las acciones de desobediencia civil, explica que existe una doble valoración. “Hay personas que sí han sufrido represión, a nivel de multas y dejan su activismo, y es comprensible, pero otra cosa es el colectivo o los movimientos. No vamos a parar. Pueden transformarse, aparecer otros, pero va a haber un activismo climático porque cada vez la situación será más grave”, asegura. 

Este portavoz de Rebelión o Extinción lamenta que se criminalice a quiénes alertan de esta situación: “Es como si tú estás durmiendo por la noche, viene alguien a avisarte que hay un incendio y tú empiezas a chillarle. Todo lo que nos va a venir será muchísimo peor”. Y lamenta que se agrave esta persecución por la aún vigente Ley Mordaza, que facilita las consecuencias judiciales para este tipo de acciones no violentas. 

El pasado 12 de junio se resolvió el caso contra nueve activistas que tiñeron de rojo la fachada del Congreso con agua diluida en témpera roja con cinco absoluciones y cuatro penas menores

Además, sobre la criminalización de la protesta climática, recuerda que “hay documentos de las fuerzas de seguridad del Estado en los que, en alguna ocasión, se ha calificado a nuestros movimientos como posibles organizaciones criminales o terroristas, unas expresiones que dan verguenza; personas no violentas, pacíficas, que tocamos la alarma, que hacemos de altavoz de personas de la ciencia que llevan décadas alertando, que nos quieran pintar como riesgo para la sociedad”. Osete cambia el foco y apunta que el verdadero riesgo para la sociedad “son las petroleras, las compañías que por mantener beneficios estratosféricos quieren llevar a la ruina a la sociedad”. 

Batería de procesos judiciales

Desde Rebelión Científica consideran que este procedimiento al que se enfrentan, al igual que otros similares que se están dando en estos meses, se enmarca en un contexto internacional de creciente presión sobre el derecho a la protesta. En España, recientemente, varios activistas ecologistas fueron detenidos por su presunta participación en una protesta de Revoltes de la Terra y posteriormente quedaron en libertad investigados por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal.

El de este jueves no es el único juicio contra activistas climáticos que se está celebrando estos meses. El pasado 12 de junio se resolvió el caso contra nueve activistas de Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, que tiñeron de rojo la fachada del Congreso con agua diluida en témpera roja en marzo de 2023. Lo hicieron por la inacción del Gobierno ante la crisis climática y en protesta por el proceso contra 15 activistas que hicieron una acción similar en la Cámara baja un año antes, la misma por la que protestaron los tres activistas que mancharon la Delegación de Gobierno de Barcelona. La jueza absolvió a cinco de ellos, mientras a los otros cuatro les impuso una multa económica de 12 meses, a razón de cuatro euros diarios –1.400 euros–, al considerar que hubo un delito de daños al patrimonio. También les multó con 5.863,98 euros, monto que impuso en concepto de limpieza y restauración. 

Asimismo, el 26 de mayo quedó visto para sentencia el proceso contra otros tres activistas  que participaron en el bloqueo del puente de la calle Raimundo Fernández Villaverde el 7 de octubre de 2019 en Madrid. La petición del Fiscal incluye diez meses de prisión para cada unos de ellos 

Osete señala el problema de fondo: “Los motivos principales de la crisis climática es que somos una sociedad petrodependiente. Tenemos que dejar de quemar petróleo, carbón y gas en vez de hacer guerras por ellos”. Además, recuerda la salida que defienden desde los movimientos y el activismo climático: “Hay que hacer un proceso democrático y justo para ir dejando de quemar combustibles fósiles y estamos haciendo lo contrario: ampliando aeropuertos, carreteras… incluso en este contexto hay partidos con crecimiento electoral que tienen postulados negacionistas”. 

El activista recuerda que “los cambios que tenemos que hacer son para mitigar; ya no se pueden evitar simplemente las consecuencias, el tema es reducir ese impacto”. Y plantea “tomar las decisiones de forma democrática, por eso nuestras propuestas son las asambleas ciudadanas, compuestas por personas escogidas por sorteo, con una formación de personas expertas e independientes”. Al respecto, Osete recuerda que “ya hubo una, y las propuestas siguen estando en el cajón, una lista bastante larga e interesante, nos pueden hacer vivir mejor”. Para él, seguir esas propuestas es “una oportunidad de evitar daños que vienen y conseguir una sociedad mejor y más saludable para lo que viene”.