Incendios Forestales
Bomberos ‘quemados’ en pleno verano

Entender cómo funciona la extinción de incendios forestales en España requiere paciencia. Por un lado, los bomberos urbanos tienen competencias y formación para determinados incendios forestales, pero luego están los bomberos especialistas en lo rural. Algunos de estos están contratados por el Estado central, otros por las autonomías, otros por las autonomías a través de empresas públicas como Tragsa y otras, e incluso hay bomberos forestales contratados por empresas privadas. También hay bomberos forestales fijos, que trabajan los doce meses al año en esta función y quien es contratado solo por tres, cuatro, seis o por ocho meses. 

Las diferencias podrían seguir ya que no tienen los mismos materiales, ni medios de protección individual (EPI), ni los mismos vehículos, ni sus bases están igual dotadas. Y mucho menos cobran lo mismo unos que otros aunque hagan funciones similares. En lo alto de la cadena estarían las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales). Se trata de un cuerpo creado en 1992, dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tienen como objetivo ser el refuerzo para las comunidades autónomas en caso de incendios forestales. ¿Sus ventajas laborales? Principalmente, estar contratados directamente por el Estado central. “Ellos han peleado mucho por unas buenas condiciones”, reconoce Ángel Malanda, bombero forestal en la base del Barco de Ávila (Castilla y León). Para él, que es también delegado sindical de CGT, la extinción de incendios forestales debería ser 100% pública como la situación de las BRIF. “Nadie se plantea que venga alguien de Eulen o una empresa de servicios a excarcelarle en un accidente de coche o rescatarle de una inundación, es que no tiene sentido que haya bomberos privados”, denuncia. 

En Castilla y León hay funcionarios contratados por la Junta, profesionales contratados por Tragsa, empresa pública, y otros por empresas privadas

Ángel sabe bien de lo que habla ya que en su comunidad autónoma, Castilla y León, hay profesionales contratados por la Junta, funcionarios de carrera o personal laboral; otros contratados por Tragsa, empresa pública; y otros por empresas privadas que se presentan a licitaciones y con concursos. En estos casos ni la estabilidad ni los salarios son los mismos, pero tampoco las instalaciones, el uniforme, la preparación física o hasta la posibilidad de comer bien cuando están esperando un aviso en su turno. “Supongamos que vamos los dos en un helicóptero”, explica Malanda, que continúa diciendo “yo ya solo por ir tengo un plus de peligrosidad de 1’69 euros la hora trabajo en Tragsa, pero si tú estás contratado por una empresa privada te pagarán 2’20 euros aunque solo si hay una acción real, no cuenta ni el entrenamiento ni una falsa alarma”. Y explica que el ser brigadas helitransportadas ya supone un riesgo haya incendio o no: “Si se cae el helicóptero, ninguno volvemos a casa”. 

Ángel Malanda, que lleva como fijo en Tragsa desde 2023, denuncia que eso no dignifica que tenga las mismas condiciones que otro compañero de la empresa pública en otra provincia de su comunidad. “Tenemos el mismo convenio pero ellos pueden tener gimnasio y nosotros no, podemos tener una chaqueta ignífuga y otro una normal, etc.”, ejemplifica. Este bombero explica que una base tipo en Castilla y León puede contar con un 23% de personas discontinuo, un 30% de eventuales y solo un 47% de personas fijo. “La junta decide cada año si quiere refuerzos en prevención o solo en campaña”, comenta y explica que “nadie puede pensar en un futuro con cuatro meses de trabajo con lo que cobramos”. 

Los salarios congelados por un convenio que debió actualizarse hace casi 17 años es uno de los puntos más importantes en las reivindicaciones de los bomberos forestales de Madrid que les ha llevado a iniciar una huelga de un mes en pleno periodo estival. “Después de años de promesas incumplidas y de soportar condiciones laborales inaceptables, la paciencia se ha agotado” explicaba su portavoz en la Asamblea de Madrid, donde culpó a Tragsa de no negociar y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de no responsabilizarse como gestor último. “Mientras los incendios aumentan en frecuencia y peligrosidad, siguen desempeñando un trabajo de altísimo riesgo por sueldos que no permiten ni siquiera cubrir los costes básicos de vida en la Comunidad de Madrid”, explica a El Salto el presidente del comité de empresa, Jesús Molina Pino, que representa a CGT, UGT y el sindicato independiente Firet. Ellos han denunciado el trabajo peligroso que hacen por nóminas de 1.200 euros al mes.

Por todo esto, en julio acudieron al edificio de Tragsa, empresa pública de la que dependen la mayoría de los bomberos forestales, y más recientemente han ido a donar sangre al hospital de El Escorial “antes de que el gobierno de Ayuso se la quite”, afirman. Durante la huelga han estado presentes en eventos populares como la Batalla Naval de Vallecas o repartiendo folletos. También, en gran parte de la sierra norte y oeste se pueden ver carteles exigiendo una mejora en sus condiciones y denunciando “lo quemados” que están.

Malanda recuerda el escándalo de Tragsa al conocerse que 200 ejecutivos cobraban más que el presidente Mariano Rajoy

“Tragsa tiene eso de pública pero no deja de ser un intermediario, con cargos puestos a dedo, sin oposición y bien pagada”, indica a El Salto Ángel Malanda que se acuerda del escándalo al conocer que 200 ejecutivos cobraban más que el presidente del Gobierno en ese momento, Mariano Rajoy. Una contratación directa es lo que pedían también desde Valencia cuando se declararon en huelga indefinida. “Nosotros logramos pasar a la administración pública, pero a través de la empresa pública de gestión de emergencias”, comenta a este medio Miquel Férriz, bombero valenciano de la base de Sant Mateu (Castellón), que asegura que “fue una alegría salir de Tragsa” institución a la que califica de “mafia”. 

No pudieron ser contratados directamente desde la Administración como las BRIF pero sí que lograron una subida de salario del 30%, turnos de dos días consecutivos, eliminar las unidades de refuerzos y completar la plantilla por personal fijo. “Hacemos mucho más que incendios forestales”, recuerda Férriz, que puntualiza que han estado en inundaciones como la de la dana en otoño, en planes invernales, etc. Además, recuerda, que se están “desestacionalizando los incendios, los más grandes que hemos tenido han sido fuera del verano y, hoy en día, hay que contar con ese riesgo de forma continua”. 

Convenios diferentes, condiciones desiguales

Para este bombero valenciano es importante tener un convenio laboral unificado, que iguale las condiciones de todos los trabajadores. Recuerda que solo en la Comunidad Valenciana hay personal regido por tres convenios diferentes e incluso, algunos, directamente por el Estatuto de los Trabajadores. También recuerda lo que pasa en otras comunidades: las unidades dependen de la empresa pública pero los edificios de las bases son de titularidad provincial o incluso local, que no tienen capacidad para adecuar estos espacios a las necesidades de los trabajadores. Así, como explican desde Castilla y León, las salas de espera no tienen ni aire acondicionado ni calefacción. “A veces encontramos radiadores en la basura o los llevamos desde casa para calentarnos”, comenta Ángel Malanda desde el Barco de Ávila. 

Otro motivo de descoordinación entre responsables del servicio afecta directamente al operativo de extinción de incendios. “La Generalitat valenciana subroga la parte operativa así que quienes gestionan son los consorcios de bomberos urbanos, con personas especializadas, pero nuestra demanda, que corresponde a la ley, es que dejen de ceder la operativa a emergencias y que cuenten con el equipo de bomberos forestales autonómicos”, exige Miquel Férriz. “Tenemos muchos problemas -continúa- porque si hay una inundación hace que llamen a los bomberos urbanos, que suelen estar en la costa, para buscar a alguien en el interior, con lo que tardan, cuando en el mismo municipio hay una base de bomberos forestales. no tiene sentido”. 

Los bomberos valencianos se plantan contra la Generalitat y exigen “más bomberos y menos toreros” por el desvío de fondos al Centro de Asuntos Taurinos

Aunque las condiciones de los valencianos han mejorado, siguen exigiendo mayor presupuesto. Esto les ha llevado en julio a plantarse en la Generalitat y exigir “más bomberos y menos toreros” en referencia al desvío de fondos que se ha producido desde financiar el Centro de Asuntos Taurinos mientras falta un tercio de su plantilla. No solo eso, si no que desde Valencia y otras comunidades se exige un remplazo y aumento de los vehículos. Ni las brigadas terrestres ni las helitransportadas pueden hacer nada si no hay camiones o helicópteros disponibles. Mientras unos se estropean nada más salir del taller, como reclaman en Valencia, otros son aprovechados para cubrir los incendios estivales en el hemisferio sur. 

En uno de estos camiones autobomba trabaja Vanesa Molina, bombera forestal en la base de Sevilleja de la Jara (Toledo). Se trata de una de las comunidades autónomas, Castilla La Mancha que los demás ponen sus aspiraciones por las buenas condiciones con las que cuentan. “No hemos nacido así”, explica esta bombera a El Salto y confiesa que en los 21 años que lleva trabajando ha visto “de todo”. Ella comenzó siendo contratada cuatro meses, luego seis, luego nueve hasta que fue contratada todo el año. “La muerte de mis once compañeros en Guadalajara fue muy doloroso y supuso un punto de cambio”, comenta en recuerdo a los retenes fallecidos en 2005 en La Riba de Saelices. “Antes, todas las unidades estábamos desbrozando el monte y, ahora, estamos más profesionalizadas: nos formamos y preparamos mientras estamos de guardia para intervenir”, explica. 

“Es doloroso ver que en unos sitios se pueden hacer las cosas relativamente bien y en otro, están tan mal compañeros que valen mucho”, explica la bombera Vanesa Molina

Ellos y ellas, a diferencia del personal en otras comunidades, cuentan con dos o tres preparadores físicos por provincia que van rotando por las bases para que estén en óptimas condiciones al intervenir en un incendio. Un trabajo, coincide con la opinión de otros compañeros, cada vez menos estacional, y recuerda en 2022 que el gran incendio de Zamora, cuando se quemaron más de 2.000 hectáreas, ocurrió en enero. “En esta profesión nunca se sabe lo suficiente, siempre hay que aprender, pero tenemos que en verano, cuando llueve y estamos en base, nos dan formación o cursos internos de Infocam”, explica. 

Cada unidad terrestre en Castilla La Mancha está compuesta por dos personas que van en el camión autobomba y otras seis que van en un vehículo todoterreno. “La diferencia con otras es que llevamos 4000 litros de agua con mangueras potentes”, comenta y especifica que cuentan con un juego de 21 mangueras de distintos diámetros, cuando no entiende cómo pueden extinguir incendios solo con dos mangueras de 25 metros como ocurre en otras provincias. “Es doloroso ver que en unos sitios se pueden hacer las cosas relativamente bien y en otro, están tan mal compañeros que valen mucho”, indica en referencia a presupuestos autonómicos muy similares pero con una gestión muy diferente. 

Más personal, menos siniestralidad laboral

En esa lucha por tener mejores condiciones laborales y materiales también están los bomberos forestales andaluces. Ellos denuncian situaciones “lamentables” con escasez de plantilla y de medios en plena temporada alta de incendios. Esto se traduce en una mala calidad de trabajo, ya que muchas veces el descanso se resiente teniendo que doblar turnos, no pudiendo disfrutar de días libres o de asuntos propios para poder cubrir las necesidades del verano. En Cantabria, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, STAR y FESES han advertido y denunciado que las condiciones previstas tanto laborales como del operativo no se están cumpliendo, con el riesgo que esto puede suponer en las emergencias. Algo como lo ocurrido en Tarragona, donde un bombero murió al precipitarse más de 20 metros al caer por un barranco mientras sofocaba un incendio forestal y que, según CCOO, se trata de un accidente laboral prevenible si se mejoran las condiciones de trabajo y los recursos del personal.