Comunidad de Madrid
Los bomberos forestales miran a Hacienda para mejorar sus condiciones laborales

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, contratados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a través de la empresa pública Tragsa, no se rinden. Después de una reunión a tres infructuosa que no hizo que terminara su huelga indefinida, quieren que el Ministerio de Hacienda les escuche. La razón es que uno de los impedimentos para aumentar sus salarios, de poco más de 1.300 euros al mes, es la modificación debe ser aprobada por Hacienda, según Tragsa. 

Por este motivo, para llamar la atención sobre su situación, bomberas y bomberos forestales estarán el próximo miércoles en la sede central del ministerio de María Jesús Montero, en Madrid. “Desde 2012, este colectivo trabaja con un convenio caducado, sin actualizaciones salariales significativas ni reconocimiento de la dureza y toxicidad de su labor. Tras años de incumplimientos y promesas vacías, el conflicto ha desembocado en una huelga indefinida que comenzó el pasado 15 de julio”, explica el Comité de Huelga de los trabajadores. 

Para ellos, el problema es que el convenio caducado tiene que ser sustituido por uno de servicio de Tragsa o pasar a ser personal contratado directamente por la Comunidad de Madrid. En la reunión a tres, el consejero de Medio Ambiente madrileño, Carlos Novillo, aseguró que estaba de acuerdo con las mejoras que pedían los trabajadores pero no se ha conocido aún cuáles de estas mejoras llevará en su nuevo encargo a Tragsa en enero de 2026. Los trabajadores recuerdan que la responsable última de sus condiciones es la Comunidad de Madrid. “A Tragsa, la Comunidad de Madrid le hace un encargo y le dice cómo quiere tener organizado y le impone las condiciones de salarios y laborales mínimas”, explica a El Salto Jesús Molina Pino, presidente del comité de empresa —con presencia de CGT, UGT y el sindicato independiente Firet—. 

Pero también recuerdan que Tragsa se ha negado a hacer un convenio de servicio, que les permitiría mejorar y afianzar las condiciones de trabajo. El comité denuncia que Tragsa se niega sistemáticamente a negociar por no tener suficiente margen de maniobra en el sentido económico. “La realidad de sus cuentas desmiente esta justificación: 46 millones de euros de beneficios en 2023 y más de 80 millones en 2024”, explica el Comité, que asegura que “una empresa pública no puede comportarse como si solo existiera para repartir dividendos”.

El nuevo encargo aprobado para los próximos cuatro años por parte de la Comunidad de Madrid reduce la plantilla de 520 a 420 efectivos

Además de las razones arrojadas en la última reunión, los trabajadores denuncian la falta de transparencia de la compañía pública que, según los propios bomberos forestales, “se niega a facilitar el informe económico al comité de empresa, bloqueando así cualquier posibilidad de negociación justa y equilibrada”. El comité cree que esta actitud “contraviene el derecho a la negociación colectiva y no es propia de una empresa pública estatal que depende del Gobierno”.

Según denuncian, el nuevo encargo aprobado para los próximos cuatro años por parte de la Comunidad de Madrid reduce la plantilla de 520 a 420 efectivos, “comprometiendo tanto la estabilidad laboral como la seguridad del servicio de extinción de incendios forestales”, denuncian. Este dato contrasta con el anuncio de la Comunidad de Madrid de un incremento presupuestario de cuatro millones de euros, que, aunque los trabajadores califican de “claramente insuficiente”, debería mejorar algunas de las condiciones laborales o de seguridad.