Fiscalidad
Bajar impuestos, una promesa electoral que perjudica a las mujeres

El pasado mes de septiembre, la presidenta madrileña anunciaba la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid, que cifró en unos 300 millones de euros. Esta rebaja fiscal era la medida estrella en el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso para los cuatro años de legislatura.

Según datos de la Agencia Tributaria, la presión fiscal en España —recaudación vía impuestos sobre el Producto Interior Bruto— está muy por debajo de la media europea, ya que no alcanza el 38,9% del PIB frente a casi el 46% de media de la UE. Está muy por debajo de países como Francia (53,5%), Grecia, (47,8%), Italia (46,4%), Alemania, (45,6%), Portugal (43,5%) y solamente próxima a Reino Unido, considerado un país en el que el sector público apenas tiene peso, como consecuencia del plan de privatizaciones de la era de Margaret Thatcher.

En aquella época, la primera ministra de Reino Unido llegó a definir como “parásitos” a la ciudadanía que utilizaba los servicios públicos. Empresas públicas de energía, transportes y telecomunicaciones fueron ofrecidas a manos privadas y se animó a que la población comprase acciones. Uno de los casos más llamativos fue la privatización ferroviaria que Ken Loach relata en la película The Navigators.

Los economistas creen que subir o bajar impuestos será bueno o malo, aconsejable o no, en función de a quién se suban o bajen los impuestos, de qué tipo de impuesto se suba o baje. Esto tendrá efectos diversos sobre la eficiencia económica, la equidad social y los comportamientos de los contribuyentes.

“Falta pedagogía social para explicar que los impuestos son la garantía de nuestros derechos básicos”, explica Juan Gimeno

“Una subida de los tipos impositivos a rentas más elevadas para buscar redistribución y desincentivar comportamientos antiecológicos y antisociales tendría un efecto muy bueno para avanzar en una sociedad más justa”, apunta Santiago Álvarez Cantalapiedra, doctor en Economía y director de FUHEM Ecosocial.

¿A quién perjudica la bajada de impuestos?

Menos impuestos suele dar como resultado más desigualdad de género. La construcción de un Estado del bienestar sólido es un requisito esencial en la lucha por la igualdad. Y, para ello, los impuestos son una herramienta muy importante. La última Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que el 72 % de los trabajos a tiempo parcial los realizan mujeres. Ellas también son las principales usuarias de los servicios públicos y sociales.

Según la última Encuesta Europea de Salud del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2014, las mujeres habían ido al médico el doble que los hombres en las cuatro últimas semanas. Las actividades con más mujeres, según la EPA, son el empleo doméstico —donde el 97% de las trabajadoras son mujeres—, otros cuidados (94%) o limpieza y personal de cuidados en salud, ambos rebasan el 80%. 

Economistas como Astrid Asenjo, piensan que la redistribución igualitaria de los impuestos “es una cuestión de voluntad política” que responde a diversos objetivos, en función del gobierno que haya. En las facultades se estudia economía tributaria en base a las economías de mercado. “Cuando estudias economía te plantean que hay un conflicto entre la eficiencia y la equidad. Es un conflicto falso porque se puede ser eficiente con el objetivo de justicia de fondo”, aduce Astrid Asenjo.

No hay que pensarlo en términos de dinero inmediato en el bolsillo, sino como inversión a futuro que garantizará la buena salud del gasto público. Todo eso se traduce en pensiones, sanidad, dependencia, educación y otros tantos servicios estatales. Entonces, ¿por qué las rebajas fiscales son la medida estrella de las campañas electorales? “Falta pedagogía social para explicar que los impuestos son la garantía de nuestros derechos básicos. Sin impuestos no hay sanidad ni educación, pero tampoco carreteras y seguridad, o bomberos o atención a la dependencia”, se lamenta Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada y miembro de Economistas sin Fronteras.

Las mujeres son mayoría en los vagones del metro de Madrid (54,5%) y en los autobuses de Madrid (69%); Sevilla (60%) o Valencia (63%)

Socialmente se ve bien que se bajen los impuestos —afirman los expertos consultados— porque hay un problema en ver plasmado su pago en los bienes y servicios públicos. En países como Noruega o Dinamarca la población se muestra satisfecha con un pago alto de impuestos. En Dinamarca las rentas altas pagan hasta el 53% de lo que ganan. A cambio, la ciudadanía puede estudiar gratuitamente, hay multitud de ayudas y un gran Estado social.

Las consecuencias las sufren ellas 

“Los servicios públicos afectan a las mujeres de manera específica porque somos las principales empleadas en ellos, también somos usuarias y sus sustitutas naturales cuando faltan, como se ve en épocas de crisis donde la división sexual del trabajo se recrudece”, recuerda Astrid Asenjo. El retraso en el pago de las ayudas por dependencia en los años más duros de la crisis se suplió de forma natural por miles de mujeres que realizaron gratuitamente esos cuidados que el Estado se ahorraba. 

A nivel mundial, como recuerda la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres realizan el 76,2% de estos trabajos no remunerados, lo que supone que dedican al trabajo reproductivo y de cuidados 3,2 veces más tiempo que los hombres. El refuerzo de los servicios públicos también verá incrementada la calidad de vida de las mujeres, ya que el 58,9% de ellas se mueve en transporte público.

Las mujeres son mayoría en los vagones del metro de Madrid (54,5%) y en los autobuses de Madrid (69%); Sevilla (60%) o Valencia (63%). “Desde el punto de vista feminista, el hecho de que haya un Estado del bienestar fuerte, con unos servicios públicos de calidad, es fundamental en la lucha por la igualdad de las mujeres”, asegura Asenjo. 

La precariedad laboral, así como la pobreza, está fuertemente feminizada. Según datos de la ONU, el 60% de las personas que pasa hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas. De ahí que la subida de determinados impuestos que afectan a las rentas más bajas toquen de lleno a las mujeres. Ellas son las que peores salarios perciben y cuyas jubilaciones se ven mermadas por periodos de inactividad laboral por el cuidado de hijos o personas mayores.

IVA, el impuesto indirecto más regresivo

El IVA recae sobre la consumidora final, poco importa su nivel de renta, siendo más gravoso para quien menos tenga. En 2010, el gobierno de Mariano Rajoy subió el IVA general al 21% y desde entonces este impuesto, uno de los más segregadores, no ha vuelto a bajar.

El impuesto de sociedades recaudaba, según la Agencia Tributaria, 44.823 millones de euros en 2007. El año pasado recaudó casi la mitad

Por extrapolar cifras a actuaciones concretas ¿qué gasto público se puede costear con 300 millones de euros? 100 kilómetros de carretera convencional o 75 si son de carretera interurbana, más de 100 millones de vacunas contra la gripe, renovar 950 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes, costear la gratuidad de las Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid durante cinco años, eliminar dos veces todo el amianto de la red de metro de Madrid, aportar la quinta parte del dinero necesario para cerrar la incineradora de Valdemingómez o, ya puestos, exhumar los restos de 4.600 dictadores como Franco.

“A pesar de tener una de las mejores sanidades públicas del mundo, faltan muchísimos recursos. De hecho, los mayores problemas vienen por falta de ellos. No se ven reflejados los impuestos que se pagan”, afirma Mariu Ruiz-Gálvez, de Economía crítica.

Una cuestión importante es lo que se grava al pagar estos tributos. “Dados los niveles de fragmentación y precarización de los asalariados, la desigualdad salarial existente y la capacidad que tienen las rentas del capital para eludir impuestos o trasladarse a paraísos fiscales, parece más conveniente empezar a gravar la riqueza más que la renta, lo que implicaría poner el foco de atención en el impuesto del patrimonio, en el de sucesiones, en las tasas sobre los activos financieros, etc”, puntualiza Álvarez Cantalapiedra. Es decir, la acumulación patrimonial.

Las expertas coinciden: hay margen para aumentar la presión fiscal, hay que conseguir impuestos más progresivos y eliminar deducciones como sucede en el impuesto de sociedades, el impuesto que presenta una mayor divergencia entre los tipos nominales y la recaudación real. El impuesto de sociedades recaudaba, según la Agencia Tributaria, 44.823 millones de euros en 2007. El año pasado recaudó casi la mitad. En 2016 y 2017 recaudó 21.678 y 23.143 millones de euros respectivamente.

Fueron los años en los que el tipo máximo bajó al 25%, una de las ideas financieras del exministro Cristóbal Montoro. Por contra, el excedente de explotación en bruto de las empresas no paró de crecer. De los 460.653 millones de los años precrisis a los 531.844 del año pasado. Hay mayor volumen de beneficios y cada vez se recauda menos. Ahí es donde se podría incrementar la presión fiscal. Sobre todo ahora que se cuestionan políticamente, entre otros gastos sociales, el sistema público de pensiones y se extiende la afirmación de que no son sostenibles para el Estado.

En 2011 el Partido Popular y el Partido Socialista acordaron un cambio en el artículo 135 de la Constitución, que priorizaba el pago de los intereses de la deuda por delante de cualquier gasto público. La priorización de la deuda complica una visión positiva del hecho de contribuir al erario público. Desde Bruselas también se advierte de que hay que contener el gasto público y se vende como receta de salida de la crisis que es bueno empequeñecer el Estado social a través de préstamos trampa como los del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya contraprestación son elevados recortes sociales.

Yolanda Jubeto, catedrática de la Universidad del País Vasco, cree que para hacer entender a la población que pagar impuestos no es negativo “se deberían dejar de desviar fondos públicos para usos partidistas. También, habría que vincular los impuestos con las políticas sociales y económicas que realizan los gobiernos”. Eso exige que se avance en “presupuestos participativos, con perspectiva de género y ecologistas”.

Cómo serían los presupuestos de género

Se centrarían en el conjunto de la población. Aparte de estar enfocados en superar las discriminaciones laborales, reequilibrar la carga de cuidados y eliminar la precarización, “también serían convenientes políticas vinculadas con las condiciones de vida, como la vivienda, la educación y sanidad públicas y movilidad sostenible”, sostiene Jubeto.

Uno de los peligros que esta economista relaciona con una reducción de los ingresos por bajadas masivas de impuestos es la merma de las partidas destinadas a cuestiones de género. “Generalmente las primeras reducciones afectan a las partidas sociales y las políticas destinadas a la igualdad y equidad de género”, apunta Jubeto.

Hay ejemplos actuales de ello. El mismo día que el Ayuntamiento de Madrid anunciaba la bajada del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), la tasa de residuos urbanos y un incremento en la bonificación de la plusvalía mortis-causa, es decir, a las personas beneficiarias de herencias, el gobierno regional de la Comunidad de Madrid reconocía que se habían computado como ingresos los diez millones de euros que el gobierno central les había ingresado en concepto de partida para violencia de género, en lugar de gastos. Esta partida es la procedente del Pacto de Estado por la Violencia de Género.

Según declaró a los medios el consejero de Políticas Sociales, Familia y Natalidad, Alberto Reyero (Ciudadanos), “como se computó como ingreso en el presupuesto de Políticas Sociales, sin contrapartida en gastos, no hay crédito suficiente para realizar actuaciones nuevas por el importe previsto de 10,5 millones”. 

La medida de rebaja fiscal del Consistorio de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, beneficiará a 14.000 solicitantes, según cálculos del Área de Hacienda del Ayuntamiento. Hará pagar menos a quienes hereden propiedades por mayor valor y el mayor descuento —del 15% al 40%— se aplicará en inmuebles con un valor catastral superior a 138.000 euros, el tramo más elevado. Esto da una pista de por qué en campaña electoral los partidos políticos que prometen grandes rebajas de impuestos no suelen prometer bajadas de IVA o de otros impuestos con tendencia a la regresión y que son los primeros en los que la Unión Europea interfiere, pues realmente no puede intervenir en la autonomía fiscal de cada Estado miembro.

Crear empleo a través de los impuestos

El estudio “El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que, aunque el papel de la familia tradicional se ha reducido, todavía los principales ingresos de los hogares proceden de un cabeza de familia, que en su mayoría es un hombre.

La OIT dice que para llegar a un statu quo óptimo en 2030 se deberían crear 110 millones de empleos indirectos a través del gasto en educación, salud y trabajo social, cifra que debería llegar a los 149 millones en ese mismo año para que en lugar de alcanzar simplemente el statu quo se llegase a una vía óptima de sostenibilidad de la vida.

Para ello, desde el mismo estudio se estima que habría que redefinir y medir todas las formas de trabajo de cuidados y tener en cuenta el trabajo de cuidados no remunerado en la toma de decisiones políticas, medida que actualmente se ignora también. La OIT cree que es indispensable integrar la fuerza de trabajo reproductiva no remunerada en el mercado laboral.

Por tanto, las y los expertos consultados afirman tajantemente que es muy importante analizar todos estos factores a la hora de hacer análisis personales sobre programas políticos que prometen grandes bajadas de impuestos sin que se defina qué impuestos se pretenden bajar, con qué fin y de dónde se va a eliminar el gasto público que financiará esa bajada de impuestos.

No para pagar impuestos a ciegas, sino para que se eduque socialmente a la población en la cultura financiera y que se pueda garantizar el reclamo al Estado de una redistribución tributaria acorde a las necesidades, que ayude a corregir desigualdades y que sirva para afianzar los servicios públicos.