Andalucía
Andalucía, un verano sin sanidad pública con vistas al septiembre más privatizador de su historia

Siete de cada diez centros de salud en Andalucía están cerrados durante las tardes desde julio y no volverán a abrir hasta entrado septiembre. Más de 10.000 camas en los hospitales del territorio se encuentran inoperativas hasta el inicio de curso. Fuera de las puertas cerradas de los consultorios, el día a día de las andaluzas sigue, soportando altas temperaturas que impactan de forma negativa en la salud. Solo en agosto, 36 personas han fallecido en el territorio a causa de las altas temperaturas. Además, en la época estival se espera que hayan realizado su estancia vacacional en Andalucía más de 13 millones de turistas, según las expectativas de la propia Junta. Un aumento poblacional que se nota en los consultorios y hospitales, que, lejos de reforzar sus servicios, se encuentran a medio gas. Por si los servicios sanitarios andaluces no tuvieran bastante con recuperarse en septiembre de haber estado a mitad de las fuerzas y enfrentar sus problemas estructurales diarios, la Junta de Andalucía ha anunciado a pocos días del fin estival una nueva ola de privatizaciones.
533 millones de euros a la sanidad privada
El gobierno de Moreno Bonilla pondrá en marcha a principios de septiembre dos contratos macro con valor de 533 millones de euros con la sanidad privada para derivar operaciones y pruebas diagnósticas. Un cambio que la Consejería de Salud lleva intentando ejecutar desde que lo anunció en 2023, pero que ha estado paralizado hasta el pasado junio por el recurso de una de las empresas sanitarias privadas. Se trata del mayor proyecto privatizador de la sanidad por parte del gobierno andaluz; en 2023 la por entonces consejera de sanidad Catalina García lo anunció a bombo y platillo como “un plan de choque” para reducir las listas de espera que la comunidad lleva encabezando varios años consecutivos. Un total de 38 empresas privadas se van a beneficiar de estas cuantías millonarias, y serán las encargadas de realizar procedimientos quirúrgicos con largas listas de espera en la sanidad pública. Estos conciertos tendrán una duración de dos años, que podrán ser prorrogables.
En los presupuestos de 2025, la Junta de Andalucía aumentó un 21,5% la partida presupuestaria para conciertos sanitarios bajo el nombre de “asistencia sanitaria con medios ajenos”.
Estos macroconciertos que se unen a seis años de decisiones políticas y económicas que han puesto la balanza en favor de la sanidad privada en detrimento de la pública. En los presupuestos de 2025, la Junta de Andalucía aumentó un 21,5% la partida presupuestaria para conciertos sanitarios bajo el nombre de “asistencia sanitaria con medios ajenos”. Además, según expone el Informe sobre la situación de la sanidad pública andaluza publicado por distintos sindicatos y la Coordinadora de Mareas Blancas andaluza el pasado junio. “El 48.4% del incremento presupuestario de 2025 va a parar a empresas privadas, fundamentalmente en conciertos sanitarios para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y gasto farmacéutico”, lo que explican; “en realidad se trata de una salida de recursos del sistema público, no un refuerzo del mismo”. Un trasvase de dinero a la sanidad privada desde las instituciones públicas que es la estrategia mantenida en los últimos años por la Junta de Andalucía.
El informe La privatización sanitaria de las CCAA 2024, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, expone que Andalucía se encontraba en la cuarta posición dentro de todo el Estado en cuanto a privatización sanitaria. Hace seis años, en 2019, se encontraba en el decimoquinto puesto. Una gestión que, además, ha sido puesta en entredicho por el supuesto caso de corrupción de los contratos fraccionados en fraude de ley por los que el Servicio Andaluz de Salud puede haber malversado hasta 458 millones de euros en 2021. Un caso que se encuentra en diversos procesos judiciales y por el que ya está imputado un alto cargo del ejecutivo andaluz.
Desde el sindicato sanitario SATSE han reaccionado a este nuevo contrato macro mostrando su repulsa: “Es un ejemplo más de la deriva de la Consejería de Salud hacia el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública” y añaden que “ese dinero acaba blindando el negocio de la salud privada y alimentando a la industria farmacéutica, en lugar de resolver los problemas reales de la sanidad pública”. Desde las Mareas Blancas y otros colectivos en defensa de la sanidad han mostrado su negativa de forma continuada ante estos proyectos privatizadores. Muchas de estas organizaciones no han parado en verano convocando manifestaciones en distintas localidades; para el curso que empieza se esperan nuevas movilizaciones y parones ante este nuevo anuncio de privatizaciones.
Deficiencias estructurales que se agravan en verano
“Este año nos dijeron que no iban a contratar a ni un médico durante verano; además, en Huelva solo hay un centro de salud abierto por la tarde en esta época; estamos horas extras”, explica Christian, enfermera en el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense. El hospital durante este verano ha tenido que suspender intervenciones por falta de camas, además de las personas que han acudido a urgencias. Este centro ocupa la última posición de todo el territorio andaluz según el ranking de hospitales elaborado con datos de la Consejería de Salud y Consumo, con una puntuación de tan solo 45 puntos. “A las urgencias se llenan a partir de las 21:00 porque es la hora de salir con el fresquito a que te vea el médico”, justificaba ante la imagen de decenas de personas hacinadas en la sala de espera del hospital, Antonio Ortega, el jefe del distrito sanitario Huelva-Costa, unas declaraciones que han hecho que diversos colectivos por la sanidad pública pidan su dimisión. “La gente espera más de 24 horas en urgencias”, explica Cristian.
“Antes se respetaban procesos como el cáncer, pero es que ya tú no sabes si te estás muriendo o no te estás muriendo o si el tratamiento está funcionando o no”, expone un enfermero del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
El sindicato SATSE también ha denunciado la situación de colapso en el hospital: “Es inhumano que en pleno siglo XXI se permitan estas condiciones en un hospital de referencia”. Un día a día que, más allá del colapso veraniego, se repite el resto del año en la sanidad onubense, una situación que ha llevado a que su población se manifieste en diversas ocasiones. “No damos abasto”, expone el enfermero. “Antes se respetaban procesos como el cáncer, pero es que ya tú no sabes si te estás muriendo o no te estás muriendo o si el tratamiento está funcionando o no”. La provincia onubense es además la única provincia que actualmente no cuenta con un Hospital Materno Infantil; a pesar de ser una de las promesas del PP andaluz, las obras siguen sin haber comenzado.
“El resultado de toda esta gestión sanitaria veraniega es que cuando termina septiembre, las listas de espera diagnósticas, quirúrgicas y de todo tipo se han disparado; la medicina privada se frota las manos”, se quejan desde la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, e insisten: “hay riesgos vitales en la población por la reducción manifiesta de los recursos sanitarios públicos”.
Una situación que se repite de forma crítica en toda la costa andaluza. En julio, el sindicato UGT denunciaba que dos pacientes llevaban más de dos días esperando una cama en Urgencias del Hospital Regional de Málaga. El Sindicato Médico de Málaga ha definido como “catastrófica” la situación en la provincia durante estos meses. En localidades como Casares y el Rincón de la Victoria, las vecinas y vecinos han salido a manifestarse en pleno verano por la falta de servicios sanitarios en unas localidades donde en la época estival su población se multiplica.
El próximo martes 2 de septiembre las Mareas Blancas andaluzas presentarán más de 50.000 firmas para la puesta en marcha de una ILP para defender la sanidad pública.
En Cádiz, la Marea Blanca local considera que la provincia está atravesando “con diferencia el peor verano de todos”, con plantas cerradas, intervenciones paralizadas y más de 40 días para ver a un médico en la capital. En Almería, el Hospital Torre Cárdenas ha cerrado 5 de sus quirófanos, que no volverán a abrir hasta el mes de octubre. En la provincia de Granada, la situación de colapso afecta a toda la provincia, especialmente a la Costa Tropical, donde la situación ha llevado al límite a la población que el próximo 29 de agosto se manifestará por la situación que atraviesa el Hospital de Motril: “No puede continuar más con la situación que se está viviendo por la falta de sanitarios, que está ocasionando unas listas de espera interminables”, explica Francisca Campos Santiago, de la Plataforma por la Sanidad Pública de Motril.
En el interior de Andalucía la situación es parecida; en Sevilla el 55% de los quirófanos permanecen cerrados hasta el comienzo de curso, así como el 23,9% de las camas hospitalarias. En este contexto, la Junta de Andalucía ha anunciado que el próximo 2026 cerrará el centro de Urgencias de Amate, que da servicio a los barrios más precarizados de la capital. Un grupo de facultativos del Hospital Universitario de Jaén ha denunciado a El Salto “un déficit de recursos estructurales agravados por la falta de personal” durante el verano que, además de sobrecargas laborales, supone “un riesgo para la seguridad de los pacientes”. La Marea Blanca cordobesa cree que la provincia atraviesa “una situación nunca vista”; en localidades como Nueva Carteya se ha eliminado en su totalidad la Atención Primaria.
La llegada de septiembre, lejos de traer calma a la sanidad andaluza, augura un incremento en la ruptura de la sanidad pública con la puesta en marcha de los contratos macros con las empresas privadas. También volverá con más fuerza los movimientos en defensa de la sanidad pública en Andalucía. El próximo martes 2 de septiembre las Mareas Blancas andaluzas presentarán más de 50.000 firmas para la puesta en marcha de una ILP para defender la sanidad pública.
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