Andalucía
La Junta inicia el curso sin auxiliares, con más educación concertada y enfrentada a la universidad pública 

El próximo 10 de septiembre comenzará el curso educativo en Andalucía, un año que comienza con deficiencias y crisis en todos los niveles educativos. El curso 2025/2026 contará con 525 clases menos en la educación pública de Andalucía, como se hizo saber en el periodo de matriculación el pasado mayo. Desde 2019 se han perdido un total de 3.000 aulas, como exponen desde el sindicato educativo Ustea.

Andalucía empieza el curso sin “maestro sombra” para el alumnado con necesidades educativas especiales.

No son los únicos nuevos recortes de este año escolar; la Junta de Andalucía ha suprimido a 1.800 auxiliares de idiomas que daban apoyo a más de 300.000 alumnas y alumnos en todo el territorio. La decisión ha sido tomada por el Ejecutivo andaluz tras una multa de Inspección de Trabajo de cinco millones de euros por no considerar a los auxiliares de conversación como trabajadores, sino como estudiantes. La Tesorería General de la Seguridad Social en 2022 denunció ante los tribunales a la Consejería de Educación de la Junta por “presunto fraude de ley en la contratación de estos trabajadores”. Sin embargo, desde el Gobierno de Moreno Bonilla señalan que el Gobierno solo les ha hecho este requerimiento a Andalucía; sin embargo, desde Trabajo han informado que otras 15 autonomías están expuestas a sanciones. Es la única comunidad que ha eliminado este programa. “Lejos de buscar soluciones justas y respetuosas con los derechos laborales, el Gobierno andaluz opta por el camino más fácil: eliminar un programa que contribuía significativamente al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la apertura internacional de nuestros centros”, denuncian desde Ustea. Fran Fernández, portavoz de este sindicato, hace hincapié además en que “estamos ante un claro ataque a la equidad educativa". No podemos permitir que la calidad de la enseñanza dependa del nivel económico de las familias. El bilingüismo debe ser un derecho para todo el alumnado andaluz, no un privilegio reservado a unos pocos”.

El 23 de julio la Junta de Andalucía anunciaba la aprobación de un “acuerdo histórico” con la educación concertada

Además, las familias del alumnado con necesidades educativas especiales han denunciado que la comunidad autónoma empieza el curso sin “maestro sombra”, una figura que da apoyo especializado a estas niñas y niños. Cientos de alumnas y alumnos se han quedado sin este apoyo debido a la falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Federación de Autismo. “Sin apoyos no hay acompañamiento real, y sin acompañamiento no hay futuro; nuestros hijos no pueden esperar más”, explican desde Plataforma Ciudadana de Familias de Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales Inclusión Sin Excusas. La situación en las escuelas infantiles también es delicada. “La asfixia económica que sufren las escuelas es insoportable. Mientras, las exigencias se incrementan sin proporcionar la financiación necesaria para ofrecer el servicio de calidad que se exige”, ha denunciado el presidente José Luis Victorio de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A). En 2024, el Gobierno andaluz rechazó 119 millones de euros de fondos europeos destinados al sistema público de guarderías.

Pacto histórico con la educación concertada

El 23 de julio la Junta de Andalucía anunciaba la aprobación de un “acuerdo histórico” con la educación concertada; se trata del decimotercer pacto de este tipo desde la llegada de Moreno Bonilla al poder. El acuerdo se implementará durante los próximos cuatro cursos, y según el Gobierno andaluz, “va a contribuir a mejorar la financiación, la plantilla, las condiciones laborales de sus trabajadores, a reducir la burocracia para que los profesionales se centren más en la labor docente y a mejorar la oferta de educación especial y formación profesional”. Los sindicatos educativos denuncian que “es un pacto que premia la educación desigual”.

“Los hechos son incontestables y muestran una clara situación de injusticia en el trato que recibimos las universidades públicas respecto al trato que la Consejería dispensa a las universidades privadas”, exponen desde Aupa.

Desde Ustea exponen que “se destinarán fondos públicos a centros que cobran cuotas ilegales a las familias, seleccionan al alumnado y excluyen a quien no puede pagar” y que además “se blindan infraestructuras de centros privados mientras los públicos esperan desde hace décadas reformas, climatización o ampliación de espacios”. De este modo “se refuerza un modelo ideologizado, vinculado mayoritariamente a instituciones religiosas, que no fomenta la diversidad, ni la igualdad, ni el pensamiento crítico”. En CGT Andalucía también han mostrado su desacuerdo con respecto al pacto alegando que: “o se trata de un triunfo para la comunidad educativa en su conjunto, este pacto consolida un modelo que perpetúa la desigualdad, debilita la escuela pública y prioriza los intereses de entidades privadas con financiación pública”.

Guerra con las universidades

Este curso será el primero en el que echen a andar varias universidades privadas aprobadas por la Junta de Andalucía, que además han contado con la facilidad de implementar ciertos grados por parte de las instituciones en detrimento de las universidades públicas. Unas decisiones por parte de la Consejería de Educación que han supuesto un enfrentamiento directo entre el ejecutivo andaluz y las universidades públicas andaluzas.

De las nuevas 85 titulaciones que se darán por primera vez en este curso 2025-2026, 33 se darán en centros privados de reciente creación como la Utamed. La aprobación de estas nuevas titulaciones llevaba quince años congelada. “Los hechos son incontestables y muestran una clara situación de injusticia en el trato que recibimos las universidades públicas respecto al trato que la Consejería dispensa a las universidades privadas”, denunciaban desde la Asociación de Universidades Públicas Andaluza (Aupa).

Desde esta organización, a finales de 2024 denunciaban la falta de 25 millones de euros que faltaban para cumplir el acuerdo de financiación de estas instituciones educativas. Una deuda que aún el Gobierno andaluz no ha saldado.