Andalucía
El Gobierno de PP y Vox en Andalucía convierte el discurso de odio en medidas políticas

Un temor recorre todo el Estado español, la posible llegada de la extrema derecha al Gobierno central. Mientras este miedo vertebra el mes y medio de camino hacia las elecciones del próximo 29 de noviembre en distintos puntos del territorio, como Andalucía, ya se empiezan a hacer realidad las políticas basadas en el odio de Vox y Partido Popular.

En apenas tres meses de andadura el Gobierno andaluz ya ha convertido en hechos y medidas el pacto entre ambas formaciones de derechas y lo ha traducido en medidas.

Estos días se daba a conocer que el Ejecutivo de Moreno Bonilla comenzaba a cumplir uno de sus puntos del pacto firmado con Vox al retirar las subvenciones a tres Ongs: Samu, Inserta y Cruz Roja.

Las tres organizaciones se centran en dar atención a personas en situación de calle y a personas migrantes y ofrecían más de 500 plazas de acogida. Tras ellas se espera que en los próximos meses haya una retirada de fondos de muchas más organizaciones como ya exponía el documento con la hoja de ruta de este Gobierno que tiene como objetivo la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”. 

Mientras la portavoz del Gobierno andaluz exponía en septiembre que los centros de menores andaluces estaban ”saturados“. En las mismas fechas los centros andaluces albergaban a 1.800 menores mientras que la capacidad en una situación de normalidad es de 3.009.

Desde la oposición exponen que esto “es solo el principio de todas las barbaridades que vamos a ver como consecuencia del pacto con la extrema derecha”, según la diputada autonómica de la coalición Por Andalucía, Rosa Rodríguez.

Esta supresión se da a conocer tras varios meses en los que el presidente andaluz ha endurecido su discurso antiinmigración por presión de su compañero de gobierno. Esto se ha mostrado especialmente en el rechazo expresado en diversas ocasiones a acoger niñas y niños migrantes procedentes de Ceuta en Andalucía.

Mientras la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España exponía en septiembre que los centros de menores andaluces estaban “saturados”. En las mismas fechas los centros andaluces albergaban a 1.800 menores mientras que la capacidad en una situación de normalidad es de 3.009.

En el texto firmado entre PP y Vox para sellar su colaboración en Andalucía aparece como uno de los puntos más resaltados la siguiente cláusula: “No más menores extranjeros no acompañados” y como plazo establecido para su cumplimiento “desde el primer día de gobierno”.

Control económico

La Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del dinero público en la comunidad. Una entidad que desde su formación en 1988 cuenta con una normativa que obliga a que haya representación de todos los partidos que componen el Parlamento andaluz, a excepción del Grupo Mixto.

PP y Vox han registrado una reforma en la ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía para impedir el acceso de Adelante Andalucía y Por Andalucía al organismo encargado de fiscalizar la gestión económica de la Junta.

Una normativa que podría cambiar a petición de los socios del Gobierno andaluz, PP y Vox que han registrado una proposición de ley de reforma de la legislación que rige este instrumento.

Los partidos buscan suprimir el párrafo del segundo apartado 1 del artículo 24 que blinda la presencia de todos los partidos. Una propuesta que ambas formaciones han pedido se transmita de forma “urgente”.

Si se aprobase la reforma  la formación Adelante Andalucía no podría participar de la Cámara de Cuentas. Desde la formación andalucista han señalado que esto “es una barbaridad”, su portavoz José Ignacio García considera que es una decisión “claramente inconstitucional” y elevará la cuestión al Tribunal Constitucional.

Contra el derecho a la vivienda

Una de las encrucijadas del Gobierno de Moreno Bonilla ha sido la constante pelea contra las medidas del Gobierno central, especialmente en políticas de vivienda. El presidente andaluz ha mostrado su rechazo a todas las medidas en esta cuestión del Ejecutivo estatal.

La última ocasión ha sido apenas hace una semana cuando exponía su voluntad de  llevar ante el Tribunal Constitucional los decretos de vivienda aprobados por la Diputación Permanente del Estado al considerar que es “una intromisión” en las competencias autonómicas.

Las normativas recogen la prórroga de contratos de alquiler, la protección ante desahucios hasta 2030 y el control a fondos buitres y a los precios de rentas. Unas medidas que chocan contra sus políticas de vivienda basadas en la construcción, la protección al propietario y la criminalización de la okupación, como muestra la ley de vivienda andaluza aprobada este año.

La alianza con Vox ha incrementado esta visión de las políticas de vivienda y entre otras cuestiones ha pedido a su socio en el poder que se aplique la “prioridad nacional” en materia de vivienda. Además, ambas formaciones coinciden en su negativa rotunda a topar los precios de la vivienda. 

A finales de septiembre la Junta aprobaba la formulación de la primera Estrategia Andaluza de la Tauromaquia.

En una Andalucía en la que el 44% de las inquilinas, según Oxfam Intermón, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza tras pagar su vivienda la última aportación de la extrema derecha en materia de vivienda ha sido la creación de una unidad especializada para “atender a las víctimas de ocupación”, que incluye, además de apoyo legal, dotaciones económicas.

Una app taurina pública

La entrada del PP al Gobierno hace más de ocho años vino acompañada de un impulso de las expresiones culturales más vinculadas al conservadurismo y al sentir nacional católico. Desde 2019 la tauromaquia ha recibido un impulso institucional y económico excepcional que con la llegada de Vox al Ejecutivo va a incrementarse.

A finales de septiembre la Junta aprobaba la formulación de la primera Estrategia Andaluza de la Tauromaquia que busca ser una “hoja de ruta” para “reforzar la protección cultural y económica de la tauromaquia”, un marco de actuación vigente al menos hasta 2030.

Aunque el desarrollo total y los presupuestos de esta Estrategia no se darán a conocer hasta principios de 2027 desde el Gobierno andaluz adelantan como una de sus medidas la creación de Andatauro una aplicación móvil para centralizar la información taurina andaluza impulsada y financiada por la Junta.

Las ayudas de esta estrategia se unirán a los millones de euros anuales que la televisión pública andaluza invierte en la retransmisión de espectáculos taurinos, las decenas de miles de euros que la Consejería de Cultura gasta en los premios taurinos anuales o los cientos de miles de euros destinados a organismos del mundo del torno. 

En este último caso la Junta ha gastado en 2026 más de 650.000 euros. De estos 195.000 euros han ido destinados a las subvenciones a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía, 205.000 euros a la Fundación del Toro de Lidia y 250.00 a la escuela de Tauromaquia Pedro Romero. Entre otros incentivos económicos.