Junta de Andalucía
“No sabemos hasta dónde van a llegar”: los colectivos sociales, ante el gobierno PP-Vox en Andalucía

Apenas cuatro días después de que Moreno Bonilla revalidara su título como presidente de la Junta de Andalucía junto a la extrema derecha, se producía el primer desplante de Vox. Este lunes se celebrará de forma institucional en el Parlamento andaluz el nacimiento del “padre de la patria andaluza”, Blas Infante, un homenaje al que han asistido todos los partidos menos el flamante vicepresidente de la Junta y su formación. 

Desde la ultraderecha han denominado a Infante como “islamista”. Mientras el presidente andaluz pasaba de un modo fugaz por la trayectoria de Blas Infante en su discurso, la izquierda le ha afeado a Moreno Bonilla la “contradicción” de gobernar con quienes “los padres políticos de quienes lo asesinaron”, como sentencia José Ignacio García de Adelante Andalucía. Los de Abascal han insistido en su posición contra las autonomías y, a pesar de ello, ya forman parte de las instituciones de las mismas.

Entre los acuerdos se encuentra el compromiso de que “la Junta de Andalucía trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a su país de origen” y que “no destinará ni un solo euro público a incentivar el efecto llamada”, palabras textuales del documento entre PP y Vox.

El acto del lunes es un reflejo, simbólico, de una legislatura que apenas comienza, en la que la extrema derecha ha atravesado todos los apartados de las decisiones políticas con sus 150 medidas firmadas con el PP para gobernar y que tendrá un papel privilegiado para hacerlas realidad con la Vicepresidencia de la Junta y el Ministerio de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local.

Desde que el pasado jueves se dieran a conocer los pormenores del pacto de gobierno, decenas de colectivos sociales han denunciado el pacto por su sesgo racista y sus medidas contra los derechos humanos, el bienestar social o el cuidado del medio ambiente. 

Persecución de los menores que migran solos, racismo y violencia retórica

Los ultras, como ya hicieron en los pactos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, han puesto en el foco de sus exigencias racistas, además de la “prioridad nacional”, la persecución hacia las niñas y niños que migran solos. Varios de los puntos del acuerdo del Gobierno andaluz giran en torno a una consigna: “No más menores extranjeros no acompañados”. Entre los acuerdos se encuentra el compromiso de que “La Junta de Andalucía trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a su país de origen” y que “no destinará ni un solo euro público a incentivar el efecto llamada”, palabras textuales del documento entre PP y Vox.

La ultraderecha también incluye la creación de un servicio de “Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva”, que abre la puerta a que las fuerzas de seguridad y otros funcionarios del Estado puedan acceder a comprobar si una persona vive en su domicilio.

“El pacto identifica a las personas migrantes como culpables de la situación social; parece mentira que haya que seguir diciendo que no son las personas migrantes las que crean caos en los servicios públicos, sino la desinversión y los beneficios a las empresas privadas”, explica Diego Boza, coordinador de la Apdha.

La organización Save The Children ha mostrado su preocupación ante el pacto andaluz y ha recordado que el deber del Gobierno andaluz es gobernar para todas las niñas y niños sin excepción. “Los niños y niñas migrantes no pueden convertirse en el foco del rechazo a las políticas migratorias y advierte de que presentarlos como un problema puede aumentar su vulnerabilidad a la exclusión, la discriminación y los discursos de odio, así como aumentar la conflictividad social”, sostienen desde la entidad. En este sentido, desde Facua Andalucía también han denunciado el carácter racista de todo el acuerdo que “alimenta un marco de sospecha colectiva contra personas especialmente vulnerables, en muchos casos menores, familias trabajadoras y usuarios de servicios básicos”. 

Diego Boza, secretario general de Apdha, insiste en que teme que esta “retórica violenta” vaya a suponer que las personas migrantes y racializadas “van a sufrir de forma directa esa violencia y esa discriminación, una discriminación que nos preocupa porque los servicios públicos son esenciales para las personas en riesgo de exclusión, la mayor sacrificada va a ser la convivencia en Andalucía”. También considera muy grave que se implante un discurso contra la migración en el que estamos por debajo de la media en cuanto a porcentaje de migración; se identifica a estas personas como culpables de la situación social y parece mentira que haya que seguir diciendo que no son las personas migrantes las que crean caos en los servicios públicos, sino la desinversión y los beneficios a las empresas privadas“.

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD) ha hecho hincapié en cómo el acuerdo recoge una drástica reducción de fondos a ONGS que apoyan a las personas migrantes, un “retroceso de derechos para diversos colectivos”. No es la primera vez que se produce esta eliminación de subvenciones; es una tónica general del Gobierno de la Junta desde 2019 y de los municipios donde Vox ya tenía un papel clave en la gobernabilidad, como en Sevilla.

Vivienda, sanidad, educación: puntos que agravan la crisis social

Las dos primeras legislaturas de Moreno Bonilla han desplegado todo el armamento de privatizaciones y recortes que están llevando a todos los servicios públicos de Andalucía a una situación límite. No hay parámetro de la vida de las andaluzas y andaluces, vivienda, educación, sanidad… que no se haya visto afectado por el devenir de los últimos ocho años y en todos estos ámbitos se ha producido una constante de manifestaciones, huelgas y acciones.

 Teresa Almagro, enfermera perteneciente a la Marea Blanca, define el pacto entre ambas formaciones de derecha como ”perverso“ y pone el foco primero sobre la ”exclusión“ que puede suponer para las personas migrantes. Considera que se trata de un hecho ”racista que vulnera los derechos humanos“ de las personas; ”si fueran un poco inteligentes, sabrían que si un niño no pasa por su calendario de vacunas y no se le incluye en la salud pública, puede afectar al resto también“.

El pacto abre la puerta a que las empresas privadas puedan acceder a los datos sanitarios ”es el paso que faltaba para la privatización total, Quirón, Pascual, Asisa y otras empresas privadas van a poder ver nuestro historial clínico“, señala Teresa Almagro de Marea Blanca sobre uno de los puntos sanitarios.

Otro de los apartados que destaca en materia sanitaria define como ”el paso que faltaba para la privatización total de la sanidad“; se refiere al punto 91 del acuerdo en el que expone que ”se impulsará la interoperabilidad real de la historia clínica, la receta electrónica y los sistemas de información entre atención primaria, hospitales, urgencias, salud mental, farmacia hospitalaria y centros concertados“. Almagro explica que esto supondrá que ”Quirón, Pascual, Asisa y otras empresas privadas van a poder ver nuestras historias clínicas, y van a tener nuestros datos, que abran la puerta a que esos datos puedan dárselos a otras empresas y que influya en nuestra vida“.

La enfermera sostiene también su preocupación sobre cómo el punto 102 del acuerdo que busca la reforma del Decreto de Garantías Sanitarias puede ”utilizarse para aumentar los días de espera estipulados“. En definitiva, Almagro sostiene que el acuerdo influirá negativamente en una sanidad que ya se encuentra en el colapso y que continuará con el ”modelo público-privado que no quieren que nuestra sanidad sea buena“.

En cuanto a vivienda, el documento incluye la “prioridad nacional” en cuanto al acceso a este bien básico. “Nosotras pensamos que cualquiera que haya estado en contacto con una organización de vivienda puede imaginarse que las personas migrantes son las que más difícil tienen acceder a la vivienda; poner medidas para seguir dificultando eso no tiene sentido”, exponen desde la Asamblea de Vivienda de Sevilla.

Otro de los grandes problemas es la persecución a la ocupación desarrollada en diversos puntos, que incluye la exclusión de las personas que han sido condenadas de la vivienda social. “La criminalización de la ocupación y la separación del sistema de protección a las personas condenadas es un retrato del capitalismo neoliberal más duro; es directamente criminalizar la pobreza, ignorando el contexto de la desigualdad y en perpetuar la pobreza, señalar y expulsar a la gente que tiene que vivir en la calle”, explica Clara, portavoz de la organización.

Además, sostienen que el apartado de vivienda no propone ninguna solución a la crisis habitacional: “Es un insulto para las miles de personas que nos salimos a manifestar en Andalucía este junio”. En el acuerdo se muestra el rechazo a regular el alquiler: “Es algo que ya sabíamos y que el PP ya tiene desde que gobierna en 2019, que no ha puesto ninguna zona tensionada; por lo menos en esta ocasión lo han dicho explícitamente”.

El pacto incluye medidas que inciden en la participación de las empresas privadas en todos los niveles educativos; en cuanto a la universidad, expone que ”se fomentará la colaboración estrecha entre universidades y empresas“ y existe un punto específico, el número 72, que propone ”la concentración progresiva del Bachillerato en Andalucía“, una medida que quieren aplicar a partir del curso 2027/2028. El documento también incluye dos medidas ideológicas de corte educativo; la primera es la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm) en Andalucía. En este apartado se expone que la Junta ”mostrará un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad“. A partir del curso 2027/2028 también proponen incluir una asignatura llamada 'Historia del terrorismo en España’.

Desde Ustea denuncian que el pacto en definitiva ”incorpora una visión profundamente ideológica, elitista y excluyente de la educación y que supone un grave riesgo para la escuela pública andaluza y para los valores democráticos que deben sustentar nuestro sistema educativo“.

El acuerdo entre PP y Vox también profundiza en la desregulación ambiental, añadiendo en distintos puntos la oposición “al fanatismo climático”, que se traduce en medidas negacionistas de la crisis ambiental que atravesamos. Entre las medidas pactadas figura la simplificación de los trámites ambientales y la flexibilización de la normativa en espacios protegidos, una orientación que desde Ecologistas en Acción califican de ”involución total“ y que, a su juicio, supone una ”desprotección ambiental“. La organización alerta de que el nuevo marco ”debilita los instrumentos de evaluación y control ambiental“ y favorece intereses económicos a costa de la conservación del territorio, una medida que podrá facilitar los grandes proyectos industriales y urbanísticos a pesar de cómo afecten al medio.

Ecologistas en Acción también critica la apuesta del acuerdo por recuperar y ampliar el uso de determinados productos fitosanitarios, una medida que consideran contraria a las evidencias científicas sobre sus efectos en la biodiversidad, la salud y la calidad de los suelos y las aguas. En materia de incendios forestales e inundaciones, la organización denuncia que el pacto vuelve a ofrecer ”soluciones simples e ignorantes“ para un problema complejo, centrando el debate en el aumento de medios de extinción y en el endurecimiento de las sanciones, mientras deja en un segundo plano la gestión preventiva de los montes, la restauración de los ecosistemas o las políticas de adaptación al cambio climático.

Mujeres y disidencias puestas en el foco

Otra de las consignas de las ultras que se ha colado en el pacto de Gobierno es la “eliminación de leyes ideológicas” y el recorte en colectivos sociales que, además de a las personas migrantes, puede tener consecuencias en las personas LGTBIQA+ y en las mujeres.

“Hay una llamada a los ultras, a quienes no quieren que existamos a las personas Lgtbiqa+,  van a utilizar cualquier oportunidad para lograrlo porque creen que tendrán el apoyo al Gobierno; ya pasó en 2018”, sostiene Gonzalo Serrano, copresidente de la Federación Andaluza Arco Iris LGBTIQA+

“Va a ser un retroceso total de los derechos que tantos años nos ha costado conquistar”, responden acerca de cómo prevén que sean los próximos cuatro años de Gobierno andaluz con la extrema derecha desde la Asamblea Feminista Unitara de Sevilla. “La extrema derecha ni siquiera reconoce que haya violencia machista, sino violencia intrafamiliar”, matizan. Y señalan con especial preocupación las políticas natalistas que se recogen en el documento.

Los colectivos LGTBIQA+ también temen que la entrada de la extrema derecha tenga consecuencias sobre las personas de los colectivos. “Hay una llamada a los ultras, a quienes no quieren que existamos a las personas lgtbiqa+, así que van a utilizar cualquier oportunidad para lograrlo porque creen que tendrán el apoyo al Gobierno; ya pasó en 2018”, sostiene Gonzalo Serrano, copresidente de la Federación Andaluza Arco Iris LGBTIQA+.

La clave de estos cuatro años está en la presión social que pueda paralizar o no la materialización de estos 150 puntos, así como en los límites de aplicación que encuentre con el Gobierno central y las instituciones europeas. “Habrá resistencia, pero la cuestión es cuánta y si será suficiente, no sabemos hasta donde van a llegar”, sostiene Diego Boza. Sin embargo, el día antes de este acuerdo no distaba mucho del día después: “Las políticas de Moreno Bonilla ya eran de extrema derecha”, inquiere Boza.

La legislatura apenas ha comenzado y ya cuenta con el rechazo de amplias capas de la sociedad y la promesa de que las calles andaluzas seguirán siendo un hervidero, como se ha demostrado en los últimos años.