Análisis
De las patrullas de esclavos al ICE: breve historia de la violencia racista institucional en EEUU

Minneapolis, cuna del movimiento antirracista I can't Breathe (“No puedo respirar”), en referencia a las palabras que George Floyd pronunció mientras era asesinado por la policía, se encuentra sitiada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Esta ciudad de Minnesota se suma a la lista de bastiones demócratas que sufren el asedio de las fuerzas del ICE desde que, el pasado junio, Donald Trump militarizara Los Ángeles alegando que vivía una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”. En las últimas semanas, en el marco de las operaciones antimigrantes, dos personas han sido asesinadas a tiros por agentes del ICE, todo bajo una auténtica retórica de guerra que pretende justificar la violencia que hay detrás de estos asesinatos.

De esta forma, ante el asesinato de Alex Jeffrey Prett este fin de semana, numerosos medios de comunicación titulaban: “La Gestapo de Trump vuelve a matar”. Un intencionado paralelismo histórico del ICE con la policía secreta del nazismo, la Gestapo. Que parte de la constante asimilación que se suele hacer de Trump con el fascismo y de cómo el ICE, en palabras del politólogo Cas Mudde, se ha convertido en una auténtica milicia personal del presidente, por encima tanto de la ley como de otros cuerpos de seguridad civiles y militares, al estilo de la Gestapo en el régimen nazi.

Pero, en vez de mirar al fascismo, puede que sea más útil repasar la violencia colonial racista que atraviesa la propia historia de los Estados Unidos y cómo se ha mantenido, con diferentes intensidades, hasta nuestros días. Porque, hablando de la Gestapo, situamos las responsabilidades de lo que está pasando exclusivamente en el gobierno de Trump, como una excepción histórica en la democracia norteamericana, negando el carácter violento, racista y colonial que se encuentra en el tuétano de la construcción nacional de EEUU y sobre el que Trump sustenta una importante base social que apoya la política de violencia sistemática contra la población migrante o racializada.

En este sentido, el ICE tiene más que ver con las patrullas de esclavos de los siglos XVIII y XIX o con la guardia fronteriza norteamericana de principios del XX que con la Gestapo. Un nativismo racista que se remonta desde los inicios de EEUU hasta nuestros días, lo cual no deja de ser paradójico en un país fundado por inmigrantes.

Las patrullas de esclavos y el nacimiento de la policía

Las patrullas de esclavos comenzaron alrededor del año 1700 para vigilar y controlar a los negros esclavizados. Formadas por hombres blancos, tenían una función de control racial para mantener el modelo de producción económico sostenido sobre el esclavismo. Las patrullas buscaban alojamientos de esclavos, cazaban fugitivos, detenían a esclavos en las carreteras y disolvían sus reuniones para evitar que organizaran conspiraciones y revueltas. Unas patrullas conocidas por su brutalidad: aterrorizaban, torturaban, violaban y humillaban tanto a los negros esclavizados como a los libres.

Es a mediados del siglo XIX, con la aparición del Partido Americano, conocido como los Know Nothings, cuando el nativismo norteamericano adquiere su primera expresión política organizada

Hasta el período anterior a la Guerra Civil, las patrullas de esclavos son un ejemplo de vigilancia y control social seudoinstitucionalizado que fue más allá de una policía informal y que, poco a poco, se transformó en departamentos de policía financiados públicamente en el sur. Como argumenta Katheryn Russell-Brown, profesora y directora del Centro de Estudios de las Relaciones Raciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida, las patrullas de esclavos fueron “el primer tipo de vigilancia policial exclusivamente estadounidense”.

Mientras que, en el norte, los departamentos de policía tuvieron sus raíces en las patrullas nocturnas. Los guardias trabajaban desde el atardecer hasta el amanecer, buscando incendios, osos, ladrones, indígenas y esclavos fugitivos. Si alguien estaba fuera después del anochecer, los guardias podían detenerle y “examinarle” para averiguar su propósito y a quién podría pertenecer. Los guardias eventualmente llevaban insignias, sonajeros y ganchos, que luego cambiaron por bastones.

Para 1838, los legisladores de Boston habían añadido una patrulla diurna a la nocturna, llamando a la patrulla diurna “policía”. En 1854, en el marco de la Ley del Esclavo Fugitivo, la policía y la patrulla nocturna se combinaron, formando el Departamento de Policía de Boston. De esta forma, podemos afirmar que el establecimiento de perfiles raciales ha sido una característica histórica del control policial en los Estados Unidos, desde el establecimiento de patrullas de esclavos hasta la criminalización selectiva y la aplicación de leyes de “vagancia”.

El nativismo norteamericano

Make America Great Again, el eslogan fundacional del trumpismo que ha mutado en una suerte de movimiento reaccionario, el MAGA, y que es el principal sostén político y social de la violencia del ICE, tiene en el nativismo una de sus señas de identidad más significativas. Un nativismo que no es nuevo, sino que ha estado presente en el pensamiento político estadounidense desde la fundación como país en el siglo XVIII. Aunque es a mediados del siglo XIX, con la aparición del Partido Americano, conocido como los Know Nothings (no sé nada, por la respuesta que debían dar si eran preguntados por las autoridades), cuando el nativismo norteamericano adquiere su primera expresión política organizada.

Las propuestas políticas del Partido Americano consistían en medidas contra la inmigración, incluyendo el veto a los inmigrantes para presentarse a elecciones y la exigencia de 21 años de residencia para obtener la ciudadanía. El lema se resumía en “solo los americanos gobernarán América”. El partido alcanzó varias alcaldías, el control de la Asamblea de Massachusetts y 43 escaños en el Congreso federal. En 1856, su candidato presidencial, Millard Fillmore, consiguió el 22% de los votos, llegando al cenit de su influencia política en el siglo XIX. De hecho, buena parte del sentimiento nativista se incorporó al Partido Republicano, diluyendo su expresión política en su interior. Esto acabó con la influencia “know nothing”, pero no con los prejuicios nativistas que, como veremos, irán resurgiendo de forma periódica en la historia de los Estados Unidos.

En su primer mandato Trump concedió el indulto al exalguacil de Arizona Joe Arpaio, considerado el rostro del racismo contra los inmigrantes en la frontera

A principios del siglo XX volvieron a resurgir los prejuicios nativistas, al calor de la llegada de millones de nuevos trabajadores que competían en el mercado laboral. Sus diferencias culturales y, supuestamente, raciales provocaron un rebrote de la hostilidad hacia la inmigración, esta vez con tintes racistas y eugenésicos basados en la retorcida interpretación de la teoría evolutiva prevalente por aquel entonces. A lo que se sumaban también prejuicios antisemitas y antisocialistas: la condena a muerte de Sacco y Vanzetti fue un buen ejemplo de ello.

Esta vez, la expresión política del nativismo fueron diversos grupos antiinmigración, entre los que destacaría la Liga por la Restricción de la Inmigración, que se centró en movilizar contra los migrantes del sur de Europa. Consiguiendo que, en 1924, se creara la Ley Johnson-Reed de Inmigración, que establecía un sistema de cuotas: cada año EE. UU. aceptó tan solo un máximo de un 2% de los nacionales “sanos” de cada país que ya vivían allí, según el censo de 1890. Esta última estipulación sirvió para reducir las cuotas de los países del centro y sur de Europa y el número de judíos.

Evidentemente, la desconfianza ante los mexicanos (y latinos), al igual que con la población afroamericana, ha existido desde siempre. Aunque las tensiones racistas latentes contra la población latina aumentaron con la llegada de algo más de dos millones de mexicanos a partir de 1942 de la mano del Programa Bracero, para compensar la pérdida de mano de obra por la movilización de la Segunda Guerra Mundial. Solo un año después se produjeron los motines de Zoot Suit entre “pachucos” y militares estadounidenses en Los Ángeles. Unos años después, en 1954, las autoridades de inmigración lanzaron la Operación Wetback (espaldas mojadas) para intentar devolver a estos trabajadores a México. Solo en el primer año de la operación detuvieron, en redadas masivas, a más de un millón de trabajadores mexicanos.

La patrulla fronteriza

En 1924, en el marco de la Ley Johnson-Reed de Inmigración, nacerá la Patrulla Fronteriza, la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores, al cuerpo de Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración: oficiales que, desde 1904, patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China.

Así, la combinación de unas leyes migratorias más duras y la prohibición de la producción y venta de alcohol, que entró en vigor en 1920 en EEUU, impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas. Había nacido la patrulla fronteriza, que actualmente, con más de 60.000 empleados, se ha convertido en una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo”, con la misión prioritaria del control de fronteras.

Bajo el mandato de patrullar la frontera para prevenir cruces fronterizos no autorizados, estos cuerpos policiales se dedicaron a perseguir mexicanos, desplegando una violencia brutal en la supuesta aplicación de la ley. En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de migrantes ilegales en cualquier lugar de EEUU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados. Solo dos años después, la Patrulla Fronteriza participaría en la operación “espaldas mojadas”, que detuvo a más de un millón de trabajadores mexicanos.

En 2016, por primera vez en su historia, la Patrulla apoyó una candidatura presidencial: la de Donald Trump. Shawn Moran, entonces vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y, por lo tanto, representante de los agentes, dijo: «Trump parece ser el único candidato que está hablando de aplicar la ley en la frontera y de arreglar las leyes migratorias». De hecho, en su primer mandato Trump concedió el indulto al exalguacil de Arizona Joe Arpaio, considerado el rostro del racismo contra los inmigrantes en la frontera, que había sido condenado por desacato al desafiar la orden de un tribunal de poner fin a las prácticas de detener a inmigrantes, a quienes paraba simplemente por su apariencia física.

Los atentados del 11S y el nacimiento del ICE

Los atentados del 11S supusieron un importante punto de inflexión en el tratamiento de la migración y el asilo. La «guerra global contra el terrorismo» emprendida por EE. UU. tuvo también sus derivadas en términos de política interior. La Patriot Act impulsada por el Gobierno de George W. Bush sintetiza ese paquete de recortes de libertades, más seguridad doméstica y estigmatización de colectivos residentes dentro de las fronteras nacionales. De esta forma, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformado, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002. Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE. UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país. Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración —como la trata de personas y fraude de documentos— y también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes. Argumento utilizado para justificar los asesinatos de sus dos últimas víctimas en Minneapolis.

El año pasado, en el inicio de la nueva legislatura de Trump, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Un paso más en el establecimiento de perfiles raciales en el control policial. Además, con la administración Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos 84.000 millones de dólares. Un auténtico ejército antimigración.

Un ejército para una guerra interna

Durante la campaña electoral, Trump prometió la operación de deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos alentando las pulsiones nativistas de su base electoral. Para lograrlo, el republicano parece haber fijado la vista en una ley del siglo XVIII creada en tiempos de guerra: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act). Esta norma, de más de doscientos años de antigüedad, otorga a los presidentes la autoridad para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que su nación está en guerra. Es decir, naciones con las que EEUU mantiene hostilidades reales. De hecho, ya fue utilizada durante la II Guerra Mundial para confinar en campos de concentración a miles de japoneses, alemanes e italianos.

Lejos de ser una anomalía histórica, el ICE funciona como la última metamorfosis de una arquitectura estatal construida para vigilar, clasificar y castigar cuerpos racializados

La pregunta que van a tener que resolver es si la “invasión” que contempla la ley de 1798 es una invasión tradicional, al estilo militar, de cuerpos armados, o si su interpretación puede abarcar a las personas que vienen a EEUU de países que no tienen un conflicto armado abierto, como fue el caso de la II Guerra Mundial con los japoneses. De hecho, hace cuatro años la agencia europea de fronteras, Frontex, señaló a Bielorrusia por permitir los cruces ilegales de frontera a Polonia y Lituania, acusándola de utilizar los flujos migratorios como “arma política” con la intención de desestabilizar a la UE. Una estrategia que analistas del Centro de Excelencia de Amenazas Híbridas de la UE y la OTAN no dudaron en titular como parte de las llamadas guerras híbridas. Incluso se llegó a dar un importante debate en el seno de la Alianza Atlántica sobre si este tipo de actos híbridos pueden invocar el artículo 5 de la OTAN, que estipula la defensa mutua.

De esta forma, Trump no solo está utilizando la supuesta guerra contra los cárteles de la droga que controlan ciertos países latinoamericanos como pretexto para invasiones imperialistas como la de Venezuela, sino también para poder invocar la Ley de Enemigos Extranjeros y así poder justificar una política de deportaciones masivas sin la necesidad de respetar unos mínimos legales, generando un clima aún mayor de persecución e indefensión.

En este contexto, cobra más sentido la retórica militarista y de confrontación interna que ha utilizado Trump desde el inicio de la legislatura, llegando a declarar que la capital, Washington, se había convertido en “zona de guerra”, o incluso a arengar a cientos de generales convocados el verano pasado en Virginia a utilizar algunas de las ciudades que se resisten al ICE como campos de entrenamiento para los militares. De hecho, ha utilizado otra ley con más de doscientos años de antigüedad, la Ley de Insurrección, para activar la militarización de las ciudades díscolas con su política racista.

Lejos de ser una anomalía histórica —un “exceso” explicable solo por el trumpismo—, el ICE funciona como la última metamorfosis de una arquitectura estatal construida para vigilar, clasificar y castigar cuerpos racializados: de las patrullas de esclavos a la policía moderna; del nativismo organizado a la Patrulla Fronteriza; del 11S a la securitización permanente de la vida cotidiana.

Trump no inventa ese dispositivo: lo acelera, lo financia, lo desinhibe y lo convierte en espectáculo, envolviendo la persecución en una retórica de guerra interna que necesita de enemigos para sostenerse. En donde Minneapolis no es solo una ciudad “sitiada”, sino un síntoma de una violencia racista institucional que está en el tuétano de los EEUU como nación y que Trump explota para cohesionar a su base social.