Alimentación
Real decreto de comedores escolares: un salto adelante que pudo ser más

Este 16 de abril ha entrado en vigor una de las medidas estrella del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo: el real decreto sobre comedores escolares, un suculento negocio millonario hasta ahora apenas regulado y en manos de unos pocos. La nueva norma supone un claro avance en materia de la salud de los más pequeños, pues tiene como objetivo asegurar el consumo de frutas y verduras frescas, potenciar la proteína vegetal, las legumbres y el pescado, y eliminar el de bebidas azucaradas, así como limitar los alimentos precocinados y las frituras. Todo con un enfoque que pretende fomentar, al menos sobre el papel, el consumo de productos ecológicos, locales y de temporada, reforzando la transparencia en los menús y su control por parte de administraciones y familias.

Tras la prórroga de un año que se dio el 15 de abril de 2024 para su aplicación obligatoria, la esperada norma fija desde ya criterios obligatorios para la totalidad de centros públicos, concertados y privados que impartan educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y FP, lo que supone que afecta a la alimentación de ocho millones de niños. Regula los menús y lo que se podrá obtener en cafeterías y máquinas expendedoras. Entre otras materias, supone que los alumnos deberán tener cuatro raciones de fruta, una o dos de hortalizas y una o dos de legumbres a la semana, mientras que solo podrán comer un plato precocinado al mes, una fritura a la semana y una ración de carne roja a la semana.

Sarai Fariñas: “El decreto dice un 45% de frutas y hortalizas de temporada siguiendo los calendarios autonómicos o, en su defecto, el estatal. Y el estatal incluye la producción forzada en invernaderos como en Almería”

Sin embargo, la norma es considerada insuficiente y una oportunidad perdida en algunos ámbitos. En concreto, en lo relativo a garantizar una compra pública sostenible, tal como han expresado este viernes más de un centenar de organizaciones, así como en los porcentajes de productos ecológicos y de cercanía: la obligación es que los primeros al menos un 5% del total mientas que los segundos deberán ser un 45%, aunque la aplicación imperativa de estos dos porcentajes queda para abril de 2027 y las normativas autonómicas que desarrollen las Consejerías de Educación tendrán la última palabra.

En un comunicado liderado por las ONG Mundubat y Centro de Estudio Rurales y de Agricultura Internacional (Cerai), las más de cien organizaciones firmantes –entre las que se encuentran colectivos sociales, centros educativos y sindicatos agrarios– señalan que, si bien el real decreto es un “paso adelante”, “resulta insuficiente a la hora de garantizar una compra pública sostenible”.

Los porcentajes de alimentos ecológicos, en entredicho

“Desde la campaña Escuelas que alimentan —centrada en la compra pública saludable, sostenible y justa— valoramos positivamente que exista un decreto que regule los comedores escolares, algo que hace veinte años era impensable —señala Sarai Fariñas, responsable de Compra Pública de Cerai— pero, aunque entendemos que las negociaciones entre Consumo y Agricultura no deben ser fáciles, estamos en un territorio agrario donde en la producción de ecológico somos la huerta de Europa, y un 5% es un porcentaje muy bajo”.

La portavoz de Cerai destaca asimismo la “trampa” que, para estas organizaciones, supone el porcentaje de alimentos frescos y de temporada. “El decreto dice que se ponga un 45% de frutas y hortalizas de temporada siguiendo los calendarios autonómicos o, en su defecto, el calendario estatal. Y el estatal incluye la producción forzada en invernaderos como en Almería”. 

“En Italia en muchos sitios estamos en el 90 o el 100% de ecológico en los colegios. Y aquí llegamos a un 5%, que es pírrico”, lamenta Javier Guzmán, de VDF Justicia Alimentaria

Aunque las comunidades autónomas tienen un año para adaptarse y crear un calendario oficial de frutas, verduras y hortalizas, a día de hoy las que lo tienen se cuentan con los dedos de la mano. Y aunque los pliegos de condiciones sobre comedores escolares que saquen las diferentes comunidades autónomas podrán incluir un calendario, Fariñas sostiene que “sería mucho más positivo que las comunidades sacasen uno válido para todas las normativas”.

Desde VSF Justicia Alimentaria, su director, Javier Guzmán, recuerda que la organización que dirige realizó, a petición de la Generalitat de Catalunya, un estudio de cara a una futura ley catalana de compra pública en materia alimenticia. “Hicimos un informe de las políticas que hay en Europa y lo que vimos es que, en un caso muy similar como es el de Francia, el 50% es o bien denominación de origen protegido o ecológico, mientas que en Italia en muchos sitios estamos en el 90 o el 100% de ecológico en los colegios. Y aquí llegamos a un 5%, que es pírrico”.

Guzmán, que reconoce los logros de la ley —“es un buen avance, veníamos de la nada absoluta”—, achaca los escasos porcentajes de ecológico del nuevo decreto a las presiones del Ministerio de Agricultura, donde los lobbies de la agroindustria española tiene mucho peso. “En la parte nutricional y de alimentos, el decreto es muy mejorable, al igual que en la desvinculación con la alimentación fresca y local, que no queda del todo claro qué es: se han saltado un poco poner indicadores claros. Este jueves mismo hubo una manifestación en Barcelona en la que Unió de Pagesos —y la Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial— pidió que sea un 100% local y un 25% de ecológico”, señala a El Salto.

“Es un decreto bueno para hace ocho o diez años, pero no para futuro”, concluye el director de VSF Justicia Alimentaria

Respecto al consumo de carne, si bien el real decreto se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, desde VSF Justicia Alimentaria y otras organizaciones como la Alianza por la Salud Alimentaria y la Sociedad Española de Salud Pública se muestran críticos con las raciones propuestas. “Baja el consumo de carne y siguen la recomendación de los máximos de carne que pueden consumir los niños pero eso cuenta solo lo que toman en el cole. Si le sumas lo que comen después, se van fuera”, comenta Guzmán. 

“Es un decreto bueno para hace ocho o diez años, pero no para futuro”, concluye el director de VSF Justicia Alimentaria, para el que “en muy poco tiempo se ha quedado muy atrás”.

La compra pública, otra materia pendiente

La “oportunidad perdida”  es en materia de compra pública sostenible —1,2 millones de niños  comen a diario en los comedores de los centros públicos españoles—, otro de los aspectos que el centenar de organizaciones lideradas por Cerai y Mundubat destacan como puntos mejorables de la norma. Para estas organizaciones la compra pública “debería ser palanca de cambio” para un modelo más sostenible que garantice tanto la salud infantil como la agricultura familiar.

“El precio, las cadenas de suministro y los pliegos favorecen a las grandes cadenas y no a productores”, señalaban en un comunicado hecho público este viernes. Al respecto, Fariñas remarca que el precio tiene “un peso demasiado importante” en los criterios para las licitaciones, razón por la cual el centenar de organizaciones pide limitar el peso de éste a un 20% como máximo en la adjudicación de contrataciones, promoviendo por contra los criterios de sostenibilidad, calidad nutricional, impacto social y proximidad.

Asimismo, sostienen que el real decreto “incorpora definiciones imprecisas que no garantizan a la pequeña agricultura entrar en el circuito y, por lo tanto, no se refuerza la compra de productos de proximidadˮ. Además, deja fuera un tramo crucial: el de 0-3 años.

Por ello, Cerai y Mundubat hacen hincapié en que es necesario un análisis de la producción existente en el territorio y el porcentaje de producción ecológica disponible. “A lo mejor en Galicia no podemos poner hortalizas de temporada en un 90% pero en el País Valencià sí, y a lo mejor en Galicia pueden jugar con la ganadería extensiva y en el País Valencià no”, ejemplifica Fariñas.

También remarcan al necesidad de una buena logística que incluya a las cadenas de producción agrícolas más pequeñas frente al poder actual de las grandes cadenas de consumo, que fomentan los productos de intensivo y cultivados a miles de kilómetros, a menudo con impactos ecológicos y sociales mayores.