Derecho a la vivienda
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga exige soluciones al problema de la vivienda

Esta mañana, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga ha celebrado una rueda de prensa en La Casa Invisible. Además de denunciar la situación cada vez más dramática que viven las personas que alquilan una vivienda en la capital de la Costa del Sol, en la comparecencia se ha dado a conocer la situación de Antonio Muñoz, un parado de larga duración que va a ser desahuciado este jueves y a quien el sindicato le ha estado prestando apoyo y asesoría jurídica.

El sindicato critica que el caso de Antonio no es único: cada vez son más las personas que, incapaces de asumir las subidas abusivas del alquiler, se ven forzadas a abandonar sus casas. Los procesos de gentrificación y turistización que actualmente vive el centro de Málaga están afectando al resto de barrios de la ciudad, ahondando en una situación —el incremento desmesurado de las rentas del alquiler— que viene agravándose desde 2015. Solo entre 2016 y 2017, la subida de los precios del alquiler en Málaga fue de un 15%, según ha informado el propio sindicato.

Estos desahucios silenciosos se ven agravados por la ineficacia de las instituciones públicas a la hora de ofrecer soluciones, a lo que se suma la situación de precariedad en la que muchas familias viven desde la crisis. Así lo describe Antonio Muñoz cuando, tras 6 años en paro y 14 pagando 600 euros por su alquiler, le avisaron de que no renovarían su contrato. Decidió entonces ponerse en contacto con los asistentes sociales, quienes no empezaron a estudiar su caso hasta que tuvieron la orden de desahucio en sus manos. No fue hasta la sentencia en firme de su juicio cuando el afectado pudo acceder a las ayudas a la vivienda que proporciona el Ayuntamiento.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga considera que las administraciones públicas tienen la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a las familias

Esta ayuda, sin embargo, “no la percibo directamente yo, sino que pasa al propietario, al que el Ayuntamiento le reclama tener el IBI al día y dada de alta la vivienda. Pero la mayoría de los propietarios no tienen dada de alta la casa”. Para Antonio Muñoz, integrante desde hace meses del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, es “como si estás cruzando el Estrecho, te estás ahogando y Salvamento Marítimo te ofrece un flotador desinflado”. Además, la subida generalizada del alquiler y el estigma del inquilino desahuciado con el que estas personas tienen que cargar, dificulta encontrar una vivienda donde poder aplicar dicha ayuda y continuar sus vidas.

Ante situaciones como esta, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga considera que las administraciones públicas tienen la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a las familias y a personas como Antonio, muy vulnerables socialmente. Exigen al gobierno central, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga que ofrezcan una solución definitiva al problema, empezando por la regulación de los precios y el control del mercado inmobiliario. Solo en el caso malagueño, según las estimaciones ofrecidas por el Sindicato, hay unas 10.000 viviendas vacías, muchas de las cuales se encuentran en manos de grandes empresas, fondos buitres y las SOCIMI.

“Nos encontramos en una ciudad que es vendida desde los poderes públicos como cosmopolita, abierta y para el disfrute, pero en la que sus habitantes cada vez tienen más problemas, no sólo para llegar a fin de mes, sino para encontrar un techo digno en el que vivir”, exponen desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. De ahí que, siguiendo la estela de iniciativas similares en Madrid y Barcelona, hayan decidido sumarse a la campaña #NosQuedamos. Una campaña destinada a intentar paralizar desahucios silenciosos como el de Antonio Muñoz.