Suicidios por desahucios: cuando la salud mental depende de la reivindicación política

Se llamaba Amaia Egañana y era vecina de Barakaldo. Se quitó la vida el 9 de noviembre de 2012, su casa llevaba un año en el portal de ofertas inmobiliarias de La Caixa y Egaña se precipitó por la ventana de su hogar cuando la Comisión Judicial iba a proceder a su desahucio. El caso de Egaña conmovió a la sociedad vasca e hizo de los desahucios el principal tema informativo de aquellos días de noviembre.

Meses después, la vicepresidenta del Gobierno se emocionaba ante las cámaras hablando de desahucios. El Gobierno anunció una moratoria de los desahucios con una duración de dos años. Y aunque la medida solo afectó a 10.000 de las 120.682 ejecuciones en el plazo entre 2012 y 2014, el problema de la vivienda no ha vuelto a tener la repercusión que tuvo en aquel mes de noviembre.

Ayer, 14 de junio de 2018, un hombre de 45 años se quitaba la vida en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Se repetían algunos hechos: el suicidio se producía cuando la Comisión Judicial y los Mossos d'Esquadra practicaban el lanzamiento del desalojo. Como Egaña, la víctima del desahucio se tiraba por la ventana de la vivienda que iba a perder.

Entre el desahucio de Barakaldo y el de Cornellà se han producido tres decenas largas de suicidios con la historia de un desahucio como telón de fondo. Los expertos advierten de los riesgos de buscar relación causa-efecto entre los desahucios de vivienda y los suicidios, el primero de ellos, el tratamiento “morboso” de la información. Otro de los efectos, que destacaba Javier Padilla, del Colectivo Silesia, en un artículo en Diagonal, es la capacidad de los medios de comunicación “tienen capacidad de generar un efecto imitación dependiendo de la manera en la que traten los casos de suicidio”.

Pese a la necesidad de enfoques que eviten el “show”, los colectivos antidesahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca vienen reclamando que se visibilice el componente social del problema del acceso a la vivienda y cómo la angustia, el sentimiento de culpa y la sensación de frustración del proyecto de vida ha conducido a varias decenas de personas bajo riesgo de desahucio a quitarse la vida o a intentos de suicidio.

Tras el suicidio de ayer en Cornellà, la portavoz de la PAH, Lucía Delgado, reclamó soluciones ante el ritmo de desahucios: se producen más de 16.000 desalojos cada trimestre y aunque la tendencia ha cambiado en los últimos años —hay más desahucios por alquileres que por impagos de hipotecas—, la PAH considera que “parece mentira que tenga que pasar un hecho como este, tan grave, para que volvamos a poner luz a lo que sucede cada día”. La organización ha convocado hoy, 15 de junio, una manifestación en Barcelona que partirá de la oficina del Banco Popular en la calle Pere IV hasta la sede del PSOE.

La investigación mantiene la cautela

Hace cinco años se publicaba el primer estudio que relacionó crisis económica y suicidios en el contexto español. Un equipo dirigido por James López Bernal analizó las medias mensuales de suicidios comprendidos entre 2005 y 2010 y estableció que la tasa de suicidios había aumentado un 8% como consecuencia del impacto en España del crash financiero global de 2008. Así, aunque la tasa de suicidios es menor que la media de la Unión Europea —donde hay una brecha significativa entre países del norte y los países del sur—, los investigadores, señalaron una controvertida línea de trabajo, que han retomado estudios posteriores. 

En 2017, un equipo de investigadoras de la Universidad de Granada documentó el vínculo entre los procesos de desalojo y la aparición de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y estrés percibido. El estudio, basado en 205 entrevistas, reveló que el 88% de los desahuciados presentan ansiedad y nueve de cada diez sufren depresión. Otros estudio relaciona el 90% de los casos de suicidio como una consecuencia de una enfermedad mental. Entre las más frecuentes están la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el alcoholismo y el trastorno de la personalidad múltiple.

“En Europa, de 2000 a 2010 el consumo de antidepresivos creció por encima del 80% de media, y en España el crecimiento ha sido superior al 120%”, apuntaba la psicóloga María Reneses, especializada en antropología médica, en un artículo de Belén Macías Marín. Es lo que se conoce como “medicalización del sufrimiento”, una tendencia anterior a la crisis que, no obstante, se ha exacerbado a medida que se producían despidos y desahucios.

Posibles soluciones

Como recogió el psicólogo Guillermo Rendueles, un estudio finlandés sobre 35.000 trabajadores mostró que el predictor de riesgo-protección para superar la crisis es el llamado “capital social”, definido como “el grado de reciprocidad y confianza en las relaciones formales e informales entre personas, que facilita la acción colectiva en búsqueda de beneficio mutuo”.

La médica de familia Elena Ruiz Peralta escribió en 2014 una ponencia titulada Desahuciar, Desalojar, Ejecutar. Cuando la política callejera se convierte en medicina que pretendía responder a una pregunta: “¿Por qué, si es un problema sociopolítico lo que hace a esta persona sufrir, termina tratándose en consulta?”. Ruiz Peralta destacó entonces que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca objeto de su estudio, la de Córdoba, trabajaba en un “desmontaje del estigma del deudor” origen de muchos de los síntomas de enfermedad mental en las personas en proceso de desahucio. “El grupo proporciona una atención y cuidado colectivos que desmedicalizan, desestigmatizan a las personas afectadas. Se trata de una apuesta por otros modos de expresión, comprensión y atención a los desahucios, diferentes a los de la enfermedad, el aislamiento y la asistencia médico-psicológica”, explicó Ruiz Peralta a Belén Macías en 2014.

No fue hasta marzo de 2018 cuando la Mesa de Emergència Social de la Generalitat conoció el caso del hombre que se suicidó ayer en Cornellà. Pero el principio del fin tuvo lugar en noviembre, cuando el Banco Popular —que en ese momento estaba siendo intervenido por el Estado— reclamó el desahucio de la vivienda. Posteriormente, el edificio fue adquirido por el fondo oportunista Blackstone, propietario del inmueble en el momento del desahucio. Desde entonces, pasaron meses hasta el desenlace. El Ayuntamiento de Cornellà estudia actuaciones contra el Popular. La PAH de la ciudad del Llobregat culpa al banco ya que tras pedirle unos alquileres que no podía pagar, exigió hasta tres veces su desahucio. En declaraciones a El Periódico de Catalunya, un portavoz de la PAH afirmaba ayer que si la familia hubiese acudido a las asambleas del movimiento, se podría haber evitado el trágico final.

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