Las “cascos azules” de Argumosa evitan otro desahucio en Lavapiés

La llegada de la comisión judicial estaba marcada para las 11:40. Los colectivos y vecinas habían convocado un par de horas antes y a las 9:30 alrededor de cien personas se agolpaban en la puerta del edificio de Argumosa, 11. Otro pequeño grupo de activistas acompañaban a Rosi, la candidata a ser desahuciada. Varios medios y cámaras se agolpaban en el piso para recoger testimonio de lo que podría ser el último día de la vecina en la vivienda que habita desde hace dos décadas y por la que paga 400 euros de alquiler, que los nuevos propietarios pretenden aumentar a 1.700.

Entre los activistas había un ambiente más relajado, aunque el entusiasmo y las sinergias no eran menores que las existentes en los anteriores intentos de desahucios; este es el décimo que la movilización vecinal consigue parar en ese edificio.

En los corrillos, algunas percepciones que podrían dar fundamento a ese cierto sosiego que flotaba en el ambiente: a algunos activistas les sorprendía el signo novedoso de que, a diferencia de los intentos de desahucio anteriores, la policía no hubiera cortado el tránsito vehicular y peatonal. Y hubo quienes lo atribuyeron a las palabras de José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del gobierno de Madrid, que propone que sea la policía municipal la responsable de estos procedimientos, en vez de la policía nacional, cuerpo que hasta el momento ha sido el encargado de intentar hacer cumplir los mandatos judiciales en desahucios. Otros, yendo un poco más lejos en la interpretación, valoraron como más importante aún la alegada preocupación de Rodríguez Uribes por concretar un protocolo que torne efectivamente vinculantes los mandatos DESC-ONU que vienen condenando la política del Estado español de desahuciar sin alternativa habitacional.

Una media hora antes del anunciado inicio del procedimiento judicial “los cascos azules” —colectivo mayoritariamente femenino que inauguró su acción en el anterior intento— tomaban posición frente a la puerta del edificio, mientras los asistentes coreaban “Rosi no estás sola”, “ni gente sin casas, ni casas sin gente” —consigna de la PAH— y los sobradamente conocidos cánticos contra “los buitres que nos echan de nuestras casas”.

Se escuchó el comentario de la representante de la empresa, en una mezcla de reproche y desaliento: “Al fin, no sé para qué todo esto, si ya sé que lo vais a volver a parar”

El clima de relativo sosiego imperante evolucionó hacia otro de franca alegría en clave de “ya ganamos”, cuando a la hora señalada llegó la comisión judicial acompañada de sólo dos motoristas de la policía municipal y de la persona que representa los intereses de Inversión en Proindivisos S.L. El resto de la escena repitió la rutina de anteriores intentos: negociaciones entre la parte propietaria, la inquilina, los mediadores de los colectivos de vivienda y la mandatada judicial. El desahucio se pospuso hasta el 15 de febrero próximo, en que habrá un nuevo intento. Pudimos escuchar el comentario de la representante de la empresa, en una mezcla de reproche y desaliento: “Al fin, no sé para qué todo esto, si ya sé que lo vais a volver a parar”.

Desahucio en Fuenlabrada

En declaraciones a El Salto, Fernando Bardera, portavoz de la Asamblea de Bloques en Lucha, dice que estaría muy bien que las recientes propuestas del delegado del Gobierno se hiciesen realidad, pero que las toman con pinzas, “francamente, tememos que sea sólo un brindis al sol, porque hoy en Fuenlabrada se acaba de consumar un desahucio, con presencia de ocho lecheras”.

Con relación a la creación de protocolos para hacer efectivos los mandatos DESC-ONU, manifiesta que saben que esto no depende enteramente del delegado del gobierno, pero verían con buenos ojos que tenga la voluntad política de tomar las decisiones que generen ese cambio procedimental.

Interrogado respecto al grado de compromiso del Estado español con el cumplimiento de dichos mandatos, explicó que desde el momento en que España suscribe los convenios internacionales con la ONU esos mandatos son vinculantes, a punto tal de que el país va a recibir sanciones económicas por los desahucios que ha realizado sin mediar alternativa habitacional, “lo que pasa es que esas sanciones son poco operativas, porque el afectado sería quien tendría que reclamar una indemnización, pero el daño (desahucio) ya está hecho”.

Y respecto de esa especie de “tierra de nadie” que media entre esos mandatos de la ONU y las decisiones judiciales, aclara “da un margen de interpretación personal a cada juez, unos dicen ‘si la ONU está diciendo esto hay que obedecerlo’ en tanto otros —como es el caso de la magistrada del Juzgado 33 a cargo de Argumosa 11— no consideran que esos mandatos son de obligado cumplimiento judicial”. Enfatiza que este es el tercer intento de desahucio de Rosi, la inquilina del tercero y el décimo que han tenido que soportar los vecinos de Argumosa 11 hasta el momento, habiendo sido todos parados por la acción de los colectivos de vivienda y el tejido vecinal.

Se anunciaban dos intentos más para la próxima semana. El primero (para el martes 15) se consiguió detener en el juzgado, el segundo, programado para el viernes 18, continúa en pie. Los vecinos se proponen rechazarlo también.

En sentido parecido se expresó Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, poniendo en valor que hasta el momento sólo cuatro desahucios se consumaron en Argumosa 11 y fueron antes de que las 32 familias que actualmente habitan el edificio, consiguieran organizarse.

A partir de allí, ninguno más. Asimismo, condenó la conducta de la propiedad con las viviendas cuyo desahucio obtuvo, “lo que ha hecho ha sido destrozarlas —para tornarlas inhabitables— y tapiarlas. Por eso ahora mismo necesitamos dos medidas urgentes, que son la regulación de los precios de los alquileres y una política de movilización de viviendas vacías. No puede ser que en España haya más de tres millones de viviendas vacías mientras hay personas a las que se las echa a la calle. El decreto que acaba de proponer el gobierno es completamente insuficiente”, remató.

Y reivindicó la Ley de Vivienda de la PAH, “que sí puede garantizar el derecho a la vivienda”. Denunció que la comunidad de Madrid dispone de 75 pisos vacíos “a menos de 100 metros de aquí, que se los hemos señalado y no hace nada para resolver el problema, los únicos que garantizan el cumplimiento del artículo 47 —ampara el derecho a la vivienda— de la Constitución son estos vecinos que se movilizan contra unas leyes injustas”.

También Marisa Colina, de ¿Lavapiés, dónde Vas?, dio su recado respecto a la creación y presencia de los cascos azules”, “tropa” que parece haber llegado para quedarse: “mientras ni el ayuntamiento, ni la Comunidad, ni el estado español sean capaces de garantizar la Carta de Derechos Humanos de la ONU, en este caso el derecho a la vivienda, seremos nosotras, los vecinos y vecinas de la ciudad los responsables de hacerlo efectivo”. Una vez más, Argumosa 11 —el baluarte— no se rindió.