Violencia machista
Mujeres migrantes y violencia de género: más victimización y menos protección

En junio de 2024, Ammal fue asesinada por su expareja a pesar de estar incluída en el sistema VioGén. También fueron asesinados sus dos hijos, de 5 y 7 años. El sistema de protección a víctimas de violencia de género no valoró el alto riesgo de esta mujer de origen marroquí que había denunciado la situación de violencia y había intentado separarse de quien acabó siendo su asesino. Ese mismo año, en noviembre, una mujer de 45 años de origen colombiano fue asesinada por su expareja en Pasaia, San Sebastián. Se llamaba Leonor y también había interpuesto una denuncia.

Son dos casos mencionados el informe Análisis de los sistemas automatizados destinados al seguimiento y protección de víctimas de violencia de género en relación a su impacto en mujeres migrantes, hecho público la semana pasada. El informe ha sido elaborado por AlgoRace, un proyecto que investiga cómo los sistemas de IA afianzan la desigualdad, la discriminación y la criminalización.

El informe analiza dos sistemas: VioGén, el más extendido, es empleado en la mayor parte del Estado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y diversas policías autonómicas y locales. El otro es la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (EPV-R), usada por la Ertzaintza en el País Vasco. Estos sistemas emiten un resultado que determina el nivel de riesgo potencial que afronta una mujer y establecen medidas de protección basadas en esa apreciación del riesgo.

Más victimización y menor protección

Las mujeres migrantes presentan un mayor nivel de victimización proporcional y una menor protección frente a la violencia que padecen. Lo muestran las cifras de las que parte el informe, recogidas de Mujeres en cifras 1983-2023, un estudio del Instituto de las Mujeres. Entre 2003 y 2021, los feminicidios de mujeres migrantes representaron el 34% del total de los casos registrados, lo que equivale a entre 10 y 11 feminicidios por cada millón de mujeres migrantes residentes en España. En contraste, los feminicidios de mujeres españolas en el mismo período se situaron entre 1,7 y 2 por cada millón de mujeres españolas. 

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas mortales en el periodo completo analizado (1999-2022), la prevalencia entre mujeres de nacionalidad extranjera es significativamente superior a la registrada entre las españolas. En 1999, la tasa de víctimas extranjeras por millón era del 18,94% frente al 2,13% en el caso de las mujeres españolas. Aunque la tasa entre las mujeres extranjeras se ha reducido de forma notable, alcanzando en 2022 un 5,79, esta cifra continúa siendo muy superior al 1,54 registrado entre las víctimas españolas. 

Entre 2003 y 2021, los feminicidios de mujeres migrantes representaron el 34% del total, lo que equivale a entre 10 y 11 feminicidios por cada millón de mujeres migrantes residentes en España. frente 1,7 y 2 por cada millón de mujeres españolas

Las migrantes no solo están sobrerrepresentadas en las cifras de víctimas, también en procesos judiciales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2021 el 66,9% de los procedimientos judiciales incoados en Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM), a partir de denuncias por violencia de género, implicaron a mujeres españolas y el 33,1% a extranjeras. 

En cuanto a los sistemas de protección, en diciembre de 2022, el Ministerio del Interior‌ ‌ tenía registrados 69.469 casos activos de violencia de género en seguimiento en VioGén. De estos, el 69% correspondían a mujeres nacidas en España y el 31% a nacidas en el extranjero. La tasa de casos activos entre mujeres españolas era de 2 por millón, frente a 8 entre las nacidas en otros países. Sin embargo, la activación de medidas de protección policial cuando se aprecia riesgo es seis puntos porcentuales menor en las mujeres migrantes que en las españolas. ‌ 

Una auditoría externa‌ ‌a VioGén reveló deficiencias graves en su desarrollo, especialmente en la subestimación del riesgo de las víctimas. Entre 2003 y 2021 unas 71 víctimas mortales habían presentado denuncias previamente sin obtener protección, y otras 55 fueron asesinadas pese a contar con órdenes de protección consideradas insuficientes. La auditoría también constató la escasa representación de mujeres migrantes en los datos y la falta de información proporcionada a las denunciantes durante todo el procedimiento.‌

Otro problema que señala la investigación es que el cuestionario EPV-R deja la puerta abierta a la subjetividad del agente, con planteamiento en dos de los items del cuestionario que “reflejan una lectura culturalista desde una perspectiva peyorativa que parte de la premisa de que las personas migrantes albergan, de manera generalizada,

Respuestas sin matices y en estado de shock

Para explicar los motivos por los que los sistemas destinados al seguimiento y protección de víctimas de violencia de género fallan al valorar a mujeres migrantes, Paula Cáceres apunta tres factores: el cuestionario que se debe responder solo admite respuestas binarias, el momento en el que se responde suele ser un momento en el que las mujeres de encuentran en estado de shock y el lugar donde esto ocurre que no es percibido como un espacio seguro para ellas. 

El cuestionario al que se refiere Cáceres, comunicadora social y coautora del informe de AlgoRace, conocida por su trayectoria antirracista, es una batería de preguntas (35 en el caso de VioGén, 20 en el caso del sistema que se utiliza en el País Vasco) que la mujeres debe responder con un sí o no. Esta forma de registrar la información no da lugar a matices, explica. Pero, además, las preguntas pueden ser percibidas como ambiguas. Por ejemplo, ¿qué se entiende como amenaza o como desprecio? 

Paula Cáceres, autora del informe, explica que las mujeres responden a los cuestionarios para valorar el riesgo en un momento de “hiperactivación emocional”, sin acompañamiento y es un espacio no seguro

Sobre el estado de las mujeres a la hora de responder el cuestionario, Cáceres explica que suele ser un momento de “hiperactivación emocional”, un concepto que utilizan las expertas que han colaborado en el informe. Esta “hiperactivación emocional” impide un proceso reflexivo adecuado para responder preguntas que requieren recordar hechos dolorosos, los cuales podría relatar con mayor precisión en un momento de activación emocional más normal, detalla el informe. Además, sigue Cáceres, las mujeres responden a estos cuestionarios sin ningún tipo de acompañamiento profesional.

En tercer lugar, es relevante el hecho de que, para muchas mujeres migrantes, la comisaría no es percibida como un espacio seguro. “Las mujeres migrantes solemos vivir situaciones de violencia racista con la Policía, ya sea cuando nos acercamos a hacer una gestión por nuestro trámite de extranjería, ya sea porque hemos sufrido una parada racista nosotras o alguna persona de nuestro entorno, no son espacios seguros para las mujeres”, dice la coautora del informe.

Y, concluye Cáceres, si la recogida de datos es de mala calidad, la respuesta también lo va a ser. 

Un problema ético

Para Youssef Ouled, coautor del informe junto a Paula Cáceres, el problema de base de cualquier sistema de IA y algorítmico que emplean las administraciones e instituciones públicas: la opacidad y falta de transparencia, algo a lo que no escapan ni VioGén ni EP-R. “En consecuencia, no solo las mujeres que acuden a denunciar violencia de género no saben que se les están aplicando unos cuestionarios que evaluarán matemáticamente su nivel de riesgo, es que tampoco se informa de su funcionamiento a las profesionales y organizaciones expertas que tratan a diario con esta violencia específica, con las implicaciones que ello tiene por ejemplo, a la hora de preparar a las denunciantes a enfrentar esta herramienta policial”, explica este investigador y periodista antirracista.

En ese sentido se pronuncia también Paula Cáceres: “Nuestra crítica tiene que ver con estas tecnosoluciones que pretenden usar fórmulas matemáticas para dar soluciones a problemas sociales complejos, porque una materia tan delicada como esta requeriría de equipos multidisciplinares y no de un cuestionario y un algoritmo”, argumenta. “Independientemente de los problemas que he señalado, el problema es que estamos viviendo una era tecnoilusionista donde todos los problemas se pretenden solucionar mediante una tecnología o un sistema algorítmico; nosotros creemos que hay ámbitos donde no se debería usar ni una tecnología, ni un sistema algorítmico, ni un sistema de inteligencia artificial”.

Para Youssef Ouled, el informe evidencia cómo la herramienta actúa condicionada por la subjetividad del agente que la aplica, parte de criterios absolutamente racistas y no protege a las mujeres migrantes

El informe acaba haciendo algunas propuestas, entre ellas la incorporación de un enfoque interseccional en el diseño de las herramientas, la realización de auditorías externas con enfoque antirracista y feminista o la participación de mujeres migrantes y organizaciones especializadas.‌ ‌

“Con nuestro informe hemos puesto voz y palabras a las barreras de esos sistemas a nivel burocrático y a nivel de la propia herramienta, la cual actúa condicionada por la subjetividad del agente que la aplica, parte de criterios absolutamente racistas y no protege a las mujeres migrantes, al no prever las múltiples violencias que viven generadas por factores estructurales”, dice Ouled. Además, apunta, otros estudios ya apuntan en este mismo sentido: una investigación desarrollada por la Fundación Ana Bella y Éticas en 2022 ya detectaba la infrarrepresentación de las mujeres migrantes y un estudio de Ana Valdivia expone cómo la herramienta EPV-R muestra una tasa de error del 53% en cuanto a los casos graves.