València
València exige en la calle “cambios radicales y un plan de choque” para la vivienda con una manifestación

Este 20 de diciembre, València acoge una nueva manifestación por el derecho a la vivienda en un contexto que las organizaciones convocantes califican de “dramático”. Movimientos sociales, plataformas vecinales y sindicatos llaman a movilizarse ante una situación que, aseguran, ya no afecta únicamente a los sectores más vulnerables.

“Se está negando de manera constante el acceso a la vivienda a amplias capas sociales: a las personas en situación de vulnerabilidad, pero también a buena parte de la clase trabajadora, a personas autónomas sin vivienda en propiedad, a la juventud y a las personas migrantes, tanto por su condición de clase como por el racismo inmobiliario”, explica José Luis González, portavoz de Juntes per l’Habitatge. “Lo que se está negando es un hogar y la posibilidad de un proyecto de vida digno a miles y miles de personas y unidades familiares”.

La movilización está convocada por las plataformasJuntes per l’Habitatge, València no està en venda y elAcord Social Valencià, que han logrado articular una convocatoria amplia con organizaciones vecinales y sindicales de todo el País Valencià, en continuidad con las grandes movilizaciones del pasado mes de octubre y del mes de abril.

Según González, la situación actual es el resultado de un proceso acelerado de mercantilización. “Constatamos una mercantilización y una especulación galopantes que han diseñado un marco social insostenible”, señalan. “Es imprescindible la adopción de medidas contundentes que cambien realmente estas condiciones y garanticen el derecho a la vivienda”.

Los desahucios son una de las expresiones más duras de esta realidad. “No paran”, alertan. Hasta el 30 de septiembre de este año, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se han producido 19.347 desahucios en el conjunto del Estado, de los cuales 2.230 corresponden al País Valencià, sin contar los llamados desahucios silenciosos. “La inmensa mayoría están vinculados al alquiler, ya sea por impago o por la no renovación de contratos”.

A ello se suma, denuncia Marta Carbonell, socióloga y militante de València no está en venda, la escalada de los precios del alquiler, la expulsión de población trabajadora de sus barrios, la proliferación de viviendas de uso turístico y la acumulación de vivienda vacía. “Hay mucha vivienda vacía en manos de grandes tenedores, otra escondida para especular y otra inmovilizada porque se ha generado miedo a la ocupación y desconfianza social”, explica. “Todo ello convive con un acoso inmobiliario cada vez más intenso y con prácticas de racismo inmobiliario contra muchas familias”.

Las plataformas denuncian que la dinámica real del mercado y la política urbanística continúan priorizando el beneficio privado sobre el derecho a una vivienda digna

El manifiesto que acompaña la convocatoria señala de forma explícita responsabilidades políticas compartidas. “La vivienda y el territorio se utilizan como un bien de mercado totalmente sometido a la especulación. El acoso inmobiliario es cada vez más intenso y seguimos sin un parque público de vivienda suficiente”, afirma José Luis González. En este sentido, las plataformas denuncian que la dinámica real del mercado y la política urbanística continúan priorizando el beneficio privado sobre el derecho a una vivienda digna.

Las críticas se extienden al marco normativo actual: “La Ley estatal de Vivienda no ha sido valiente y no ha incorporado las aportaciones realizadas por los movimientos sociales, vecinales y sindicales”, sostiene González. Aunque reconocen avances como el control de precios en zonas tensionadas o el carácter permanente de la vivienda pública, denuncian que no se hayan establecido como mínimos para todo el Estado, permitiendo su bloqueo por parte de algunas comunidades autónomas. En el País Valencià, recuerdan, “normas como la Ley 2/2017 o los decretos del anterior gobierno estaban abriendo un horizonte real que el actual Consell no solo no aplica, sino que promueve normas en dirección opuesta, especialmente tras el pacto con VOX”.

La turistificación, una de las causas del problema

Otro de los ejes centrales de la protesta es la turistificación. “La proliferación de viviendas de uso turístico retira viviendas del mercado de alquiler residencial de larga duración, incrementa los precios y obliga a muchas personas a desplazarse a la periferia”, explica Carbonell. “Este proceso rompe comunidades, expulsa al pequeño comercio y vacía de identidad barrios enteros”.

Frente a este escenario, las organizaciones reclaman un Plan de Choque inmediato. Entre las medidas prioritarias figuran la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional; el control y la bajada de los precios del alquiler; la prohibición de la venta de vivienda pública y privada con fines especulativos; medidas eficaces contra la turistificación; y la ampliación del parque público mediante la cesión o expropiación de viviendas vacías de bancos, fondos y socimis, así como la incorporación del parque de la Sareb.

“La vivienda ha pasado de ser un derecho constitucional a ser percibida como un activo financiero desvinculado de las necesidades sociales”, subraya Carbonell. “La concentración de la propiedad en manos de bancos, fondos de inversión y grandes tenedores reduce la oferta y facilita la especulación inmobiliaria”, añade.

“Vivir bajo la amenaza constante de perder el hogar implica una privación de derechos en cascada”, señala Toni Valero, portavoz del Acord Social Valencià

Pero el derecho a la vivienda, recuerdan las organizaciones, no es solo una cuestión material. Es también un derecho de ciudadanía y de pertenencia. “Vivir bajo la amenaza constante de perder el hogar implica una privación de derechos en cascada”, señala Toni Valero, portavoz del Acord Social Valencià. “Afecta a la estabilidad laboral, al rendimiento educativo, a la salud mental y a la posibilidad misma de construir una vida digna”. En ese sentido, Valero conecta la inseguridad habitacional con otros debates de fondo, como la salud pública, la cohesión social o incluso la seguridad del territorio, “especialmente tras episodios como la dana que han evidenciado la necesidad de políticas urbanas que pongan la vida en el centro”.

La manifestación del 20 de diciembre quiere ser también un punto de inflexión organizativo: “Estamos en un nuevo proceso de movilización con la voluntad firme de avanzar hasta conseguir el derecho a la vivienda para todas las personas que viven en el País Valencià”, explica González, que reivindica la unidad entre plataformas, asociaciones vecinales y sindicatos.

El objetivo es claro: “Exigir a todas las administraciones un plan de choque con cambios radicales en las políticas de vivienda”. Pero también subraya la urgencia inmediata: antes del 30 de diciembre debería prorrogarse y mejorarse el denominado Escudo Social, “la única protección real contra los desahucios para más de 60.000 familias vulnerables en todo el Estado”.

La movilización interpela a los gobiernos autonómicos, municipales y estatal para que dejen las medidas cosméticas y adopten respuestas reales. “No vamos a quedarnos en casa mientras se expulsa a miles de familias de sus viviendas”, advierte González.

La convocatoria insiste en que nadie está a salvo en un mercado desregulado. “La vivienda atraviesa a todas las capas sociales: a quienes no llegan a fin de mes, pero también a quienes asumen hipotecas desproporcionadas; a la juventud que no puede emanciparse, a las personas mayores expulsadas por la subida de los alquileres y a las personas migrantes que sufren prácticas de racismo inmobiliario”, concluye el portavoz de Juntes per l’Habitatge.