València
Una inquilina de un fondo buitre se encuentra con la casa destrozada y sus pertenencias en la calle

María Jesús Plaza, modista de profesión y de 60 años de edad, lleva toda una vida vinculada a su vivienda de la calle Soguers, 2, en el Carmen, casco antiguo de València. “Aquí entró a vivir mi abuela en el año 1920, se casó, tuvo aquí a sus hijas y yo vivo aquí desde que nací”, cuenta con voz firme, expresando el profundo arraigo que tiene a su hogar.

La tranquilidad del edificio terminó cuando la finca fue vendida en 2020 al fondo francés, Richelieu Promocion. Apenas se levantan las restricciones de la pandemia en 2021 −relata María Jesús−, comenzó un hostigamiento sistemático para desalojar a los inquilinos: “Querían que saliéramos todos los vecinos en diez días”, recuerda.

“Me enviaban cartas, y me decían insistentemente que los bomberos iban a venir a sacarme porque iban a declarar la finca en ruinas y que si no firmaba, me iba a quedar sin nada”, explica la inquilina

“A los vecinos con contratos cortos no les renovaban y a los que teníamos contratos largos nos ofrecían indemnizaciones para que nos fuéramos. Los demás aceptaron, pero yo no. Y desde 2022 estoy sola en el edificio”, denuncia. A partir de ese momento, las coacciones se intensificaron a pesar de tener un contrato de alquiler vigente hasta 2029: “Me enviaban cartas, y me decían insistentemente que los bomberos iban a venir a sacarme porque iban a declarar la finca en ruinas y que si no firmaba, me iba a quedar sin nada”.

En abril de 2024, comenzaron unas obras que, según alegaba la empresa, eran una cata, pero en realidad implicaban derribos. “Tiraron falsos techos, llenaron el patio de escombros. Llamamos a la policía y comprobaron que no tenían licencia. Gracias a eso, logramos que se paralizaran los trabajos”, relata María Jesús.

La presión no cesó. En marzo de 2025, el fondo contrató a una empresa de desalojos, APD Security Iberia: “Se quedaban permanentemente debajo de mi casa, cuando salía me seguían por la calle, y me miraban de forma intimidatoria”. El pasado mes de julio volvieron con las obras. “El 21 de julio colocaron el andamio, el 22 el contenedor de obra, y el 23 ya había una empresa quitando techos. Pensé que habrían conseguido licencia, pero cuando pedimos la información al Ayuntamiento, no había nada”, lamenta.

Entretanto, el fondo manda emisarios a su tienda, a su lugar de trabajo: “Me hicieron firmar un documento, pero cuando se lo enseñé a mi abogado me dijo que no tenía validez legal. Así que enviamos un burofax para devolver los 6.000 euros que me habían dado como adelanto, pero no lo han querido atender”.

Angustiada, cuenta que “cuando volví a casa, me encontré mis cosas tiradas por la escalera, no podía ni pasar. Me dio un ataque de nervios. No había luz, tuve que esperar al día siguiente para entrar acompañada por la policía”

Estos días, APD Security Iberia, impone un “control de acceso” las 24 horas en el edificio. “Yo empecé a recoger mis cosas, pensando en seguir negociando a través de mi abogado para llegar a un acuerdo justo. Pero desde entonces, la empresa de seguridad no ha parado de acosarme”, explica María Jesús.

La situación estalló el domingo 20 de julio, cuando tras pasar el fin de semana fuera encontró que su casa había sido destrozada hasta hacerla inhabitable. Angustiada, cuenta que “cuando volví a casa, me encontré mis cosas tiradas por la escalera, no podía ni pasar. Me dio un ataque de nervios. No había luz, tuve que esperar al día siguiente para entrar acompañada por la policía. La puerta de mi casa había desaparecido y el interior estaba destrozado, las pilas de la cocina y lavabos rotos a mazazos, la ducha también y todos mis cajones vacíos”.

A pesar de todo, María Jesús mantiene la entereza y asegura que “los hechos del domingo se denunciarán penalmente”. Esta semana, los bomberos han revisado el edificio y se encuentra perfectamente habitable. “La ruina la provocarán ellos si siguen tirando muros de carga”, afirma con rotundidad.

APD Security Iberia, la empresa de desalojos detrás del acoso: antecedentes policiales y denuncias por uso de armas

APD Security Iberia es una empresa registrada en 2017 en Aranjuez y dedicada al desalojo de viviendas. Han protagonizado diversos episodios de operaciones violentas de intimidación. El caso más documentado es el de noviembre de 2023, en el barrio madrileño de Tetuán, donde siete empleados de APD Security Iberia, —cinco de ellos con antecedentes policiales— fueron detenidos tras irrumpir violentamente en un edificio ocupado por familias en situación precaria durante más de una década.

Según publicó en su momento ABC, los operarios abrieron a patadas la puerta, coaccionaron a los residentes para que firmaran documentos con la amenaza de desalojo inmediato y les ofrecieron 300 euros para abandonar la vivienda. Se les incautaron armas blancas, defensas extensibles, puños americanos y espray de pimienta. Además, el líder de la empresa simuló ser agente policial portando una placa falsa, siendo detenido por un presunto delito de usurpación de funciones públicas.

Otro caso más de acoso y violencia inmobiliaria

“El caso de Susa es un reflejo de lo que ocurre en València y muchas otras ciudades”, señala N. S. C., miembro de Veïnat en perill d’extinció, plataforma vecinal que lucha desde hace décadas contra la expulsión del vecindario y la turistificación masiva en el distrito de Ciutat Vella. “Llevamos tiempo acompañando a personas en situaciones similares. Lo que vemos es un uso sistemático de la violencia inmobiliaria con la complicidad de las instituciones”, señala.

La plataforma denuncia que las empresas de desocupación y fondos buitre aplican una estrategia basada en el miedo, la violencia y la impunidad. “Intentaron negociar con Susa, pero ante su resistencia, pasaron al acoso más brutal: obras sin licencia, amenazas y vigilancia constante. La policía, lejos de protegerla, ha actuado en defensa de la empresa, incluso reprimiendo a quienes la apoyábamos.”

“La policía vino a identificar a todo el mundo. Nos dijeron que estaban ahí por nosotros, no por la empresa de desocupación. Nos han tratado como delincuentes”, apuntan desde Veïnat en perill d’extinció

“Durante los días más duros del acoso —con la vivienda destruida, sin puerta, y hombres contratados para vigilarla 24 horas—, fueron los vecinos quienes organizaron turnos de guardia. Quienes trataron de acompañar al cerrajero, expulsado por la empresa de desalojos con amenazas. Quienes, sin más armas que la solidaridad, han mantenido la dignidad colectiva frente al terror inmobiliario”, relata.

“La Policía vino a identificar a todo el mundo. Nos dijeron que estaban ahí por nosotros, no por la empresa de desocupación. Nos han tratado como delincuentes”, apuntan desde la plataforma. Pese a todo, el apoyo vecinal ha crecido. El viernes 25 tuvo lugar una concentración espontánea al pie del edificio en solidaridad con María Jesús. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo. La plataforma lo tiene claro: “Este no es un problema entre propietarios e inquilinos, sino una cuestión de clase y poder adquisitivo. Una batalla abierta por fondos de capital extranjero que compran edificios enteros a precio de saldo, instituciones que lo permiten, y una mayoría social cada vez más arrinconada”, advierte N. S. C. desde Veïnat en perill d’ extinció.

Y exige medidas urgentes: “Hay que ilegalizar estas empresas violentas, prohibir la compra masiva de viviendas por fondos buitre y establecer un sistema de vivienda pública real. Sin estas políticas, nuestros barrios y nuestro derecho a la vivienda seguirán siendo saqueados.”

Las promesas y responsabilidades políticas

Las imágenes de María Jesús y su casa destrozada han generado reacciones en el ámbito político que reflejan la preocupación social por la escalada de la violencia inmobiliaria y la especulación. Desde la oposición municipal, no han dudado en señalar no solo a las empresas de desalojos como elementos mafiosos, sino también al gobierno local por facilitar el terreno a la violencia inmobiliaria.

Borja Sanjuán, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València no duda en calificar a estos grupos: “Llamarles empresas me parece engañoso. Son ultras que cobran por ejercer la violencia, sin ninguna legitimidad para ello. Y eso es una actividad ilegal que debería perseguirse. Violentan a vecinas por orden de fondos buitre. Son el brazo violento de un sistema especulativo”.

Sanjuán acusa al gobierno de Catalá de blanquear su actividad y entregar la ciudad a estos intereses sin resistencia: “No solo lo toleran, sino que lo avalan. Han llevado a los despachos el mismo marco argumental que los ultras y los fondos buitre. Y estos últimos han entendido que con este ayuntamiento la ciudad es suya”. 

Desde Compromís, Ferrán Puchades pone el foco en la falta de respuesta institucional. Recuerda que el actual gobierno de Catalá ha anunciado precisamente el cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda: “Esa oficina venía sirviendo de soporte a inquilinos y propietarios frente a los abusos de bancos y fondos de inversión, y no han presentado ninguna alternativa para suplir sus servicios”, explica.

Adrián Navalón, portavoz de Podem València, también ha denunciado la connivencia del consistorio con estas empresas de desalojos, a las que describe como “organizaciones criminales, una mafia de nazis y ultraderechistas disfrazadas de empresa, que deberían perseguirse con el Código Penal. Desde Podemos ya llevamos al Congreso una propuesta para ilegalizar este tipo de empresas…pero el PSOE prefirió abstenerse”.

Frente a la inacción, Navalón recuerda que sí existen herramientas legales para actuar. Menciona el Decreto-Ley 3/2023 contra el acoso inmobiliario, impulsado por Podem en la anterior legislatura: “Con la ley en la mano, más allá del Código Penal, se debe sancionar con entre 350.000 y 950.000 euros el brutal acoso a María Jesús. A estas mafias de escuadristas y a los fondos que las contratan hay que asfixiarlas con estas multas, y el Ayuntamiento y la Generalitat tienen el deber de aplicarlas, pero no lo hacen. No defienden el derecho a la vivienda, sino al especulador”.