CaixaBank
El movimiento de vivienda se moviliza por todo el Estado contra CaixaBank, el mayor casero del país.

El 18 y 19 de diciembre se reanuda la macrocausa de CaixaBank contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza. Se juzgan unos hechos ocurridos entre octubre de 2022 y mayo de 2023, cuando un grupo de activistas de la plataforma intentó impedir que Mariano, un vecino con varios hijos, quedara en la calle por no poder pagar la hipoteca. Como resultado de las protestas, 19 de esas personas fueron acusadas de un delito continuado de coacciones y desórdenes públicos, para los que CaixaBank pidió 45.000 euros de multa y tres años de prisión. Según la entidad bancaria, los manifestantes ejercieron “una intimidación directa” sobre los empleados al irrumpir en la sucursal con megafonía, gritando consignas y arrojando octavillas.

La PAH Zaragoza niega haber usado la violencia. “El juicio de esta semana fue por entrar en una sede de Caixa a pedir una reunión. Las 19 personas encausadas lo único que hicieron fue entrar, repartir panfletos y se les acusa de coacciones a los trabajadores y desórdenes públicos”, dice Marina, de la PAH Zaragoza. Además del aplazamiento del juicio, que se iba a celebrar el octubre, CaixaBank rebajó la inicial petición de condena de tres años de cárcel a un año y once meses para evitar otro aplazamiento.

“Creemos que no les importa tanto la pena que piden sino la pena de banquillo, amedrentar y asustar, tener a todas las compañeras pendientes de un proceso judicial”, interpretan desde PAH Zaragoza

“Realmente son conocedores de que las penas que piden son absurdas y desproporcionadas, tres años de cárcel por una acción completamente pacífica”, interpreta Marina esta acción de la entidad financiera. “Creemos que no les importa tanto la pena que piden sino la pena de banquillo, amedrentar y asustar, tener a todas las compañeras pendientes de un proceso judicial, el miedo de poder entrar en la cárcel, lo que desgasta eso a la plataforma. Buscan desactivar nuestra actividad y que desaparezcamos”.

Por eso, la plataforma ha convocado concentraciones los días 17 y 18 de diciembre frente a la sede de la entidad para denunciar lo que consideran “una ola de represión judicial” contra su defensa del derecho a la vivienda, y señalar la cooperación necesaria de los jueces y la policía. La misma entidad también llevó al banquillo a ocho activistas por el derecho a la vivienda de Guadalajara el pasado mes de febrero por otra protesta en una sucursal.

Uno de los principales “megatenedores” de vivienda

CaixaBank no solo está entre las entidades que más financian la crisis climática, la industria de las armas nucleares y proyectos de energía solar en territorios ocupados palestinos. Además es, junto al fondo estadounidense Blackstone, el mayor casero del país, con cerca de 22.000 pisos en alquiler. En 2024 alcanzó beneficios récord de 5.787 millones de euros, encadenando cinco años consecutivos de máximos desde la fusión.

El de Pilar es solo uno de los muchos desahucios ejecutados por CaixaBank, entidad que paradójicamente mantiene una imagen de compromiso social

Eso no le impide seguir ejecutando desahucios. En octubre de 2025, y tras cinco intentos parados, CaixaBank lograba echar de su casa a Pilar en el madrileño barrio de Vallecas, víctima de violencia de género, y a varias de sus hijas, una de ellas embarazada. Sus intentos de conseguir un alquiler social, apoyada por la PAH Vallekas, resultaron vanos. Es solo uno de los muchos desahucios ejecutados por CaixaBank, entidad que paradójicamente mantiene una imagen de compromiso social. Se debe entre otras a la antigua Obra Social “la Caixa”, promoción a la que pertenecía la casa de Pilar, el programa que desde 2004 proporcionaba vivienda de alquiler asequible a colectivos con dificultad de acceso.

A partir de la fusión con Bankia, y pese a haberse beneficiado de subvenciones públicas y desgravaciones fiscales para desarrollar su obra social, terminó cancelándose. Hay sospechas de que el banco empezó a extinguir esos contratos para liberalizar los precios de esos edificios y venderlos a fondos de inversión.

Desde entonces, los vecinos de estas promociones han experimentado un vuelco en sus condiciones habitacionales: subidas abusivas de las rentas, contratos no renovados y desahucios silenciosos, culminando ahora con la venta de los bloques enteros a fondos de inversión con clara finalidad lucrativa. Un modus operandi que encontramos en Santa Cruz de Tenerife, Barcelona o Madrid, donde, en los bloques de la antigua Obra Social de Pinto, Vallecas y Vicálvaro, hay 400 familias afectadas.

Los “desahucios invisibles”

En 2020, los vecinos del bloque de Pinto, compuesto por 166 viviendas, denunciaron judicialmente que sus alquileres sociales habían sufrido subidas, llegando a duplicarse en algunos casos. Poco después constataron la peor de las sospechas: CaixaBank había vendido su edificio a un fondo de inversión poco dispuesto a renovar sus alquileres y con ánimo de revender los pisos. Vanesa, que vive en ese edificio desde 2019, es una de las vecinas a quien ya ha llegado la carta que exige la entregar las llaves. Aunque se les prometió opciones de compra ventajosas, le han ofrecido comprar su piso por 350.000 euros. “Si me pides como obra social que no supere unos ingresos para optar a estos pisos, ¿cómo dejas que un fondo de inversión me pida eso? Es inviable”, protesta. “Aquí hay personas viviendo desde 2013, hay gente mayor, familias con niños y gente discapacitada. ¿Dónde vamos ahora, con los precios que hay de alquiler? Mi hijo tiene 14 años, tiene su vida aquí. Yo no me puedo ir”.

“Hay contratos que acaban el 31 de diciembre, no se les ha ofrecido posibilidad, es más, se les ha exigido la entrega de llaves.La sensación de que se te acaba el contrato es de angustia”, añade un vecino afectado

Idéntico proceso han sufrido los inquilinos de los bloques de Vicálvaro y, finalmente, del Ensanche de Vallecas. “Desde 2019-2020 ha empezado a haber problemas con renovaciones de alquileres, dificultades, gente que se ha tenido que ir, gente a la que no ha renovado o le ha costado muchísimo”, confirma David, vecino de este último bloque desde 2007. Finalmente, comprobaron que La Caixa había vendido sus viviendas a un fondo de inversión con intención idéntica al de Pinto: expulsar a los vecinos y poner en el mercado libre las viviendas. “Hay contratos que acaban el 31 de diciembre, no se les ha ofrecido posibilidad, es más, se les ha exigido la entrega de llaves”, añade. Igual que en Pinto, las opciones y la comunicación has sido nulas. “Ha afectado a mucha gente, con un periodo muy corto de aviso. Tenemos gente a quien le vence el contrato ya. Genera ansiedad, ¿dónde voy a ir, qué voy a hacer si me echan? La sensación de que se te acaba el contrato es de angustia”.

En el caso de Pinto, el banco vendió las promociones al fondo de inversión Farley ITG S.L. Las de Vicálvaro y Vallecas fueron vendidas a fondo Mosaic Propco S.L.U. Ambas empresas fueron creadas casi a la vez (en marzo y mayo de 2025 respectivamente) y comparten dirección social: Farley está domiciliada en la calle Serrano 41, la misma dirección que aparece en la carta que Mosaic ha mandado a todos los inquilinos y en cuya cuarta planta hay un centro de empresas. “Son los mismos”, concluye David. “La Caixa nos quiere echar, pero no quiere manchar su nombre, porque hay niños y familias. Por eso crean estas empresas pantalla”, deduce Vanesa.

Ahora, estas 60 familias afectadas, apoyadas por la PAH Vallekas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, han presentado una demanda contra CaixaBank por la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos y por haber especulado con sus viviendas mediante su venta a un fondo de inversión, sin respetar el derecho a la adquisición preferente de las personas inquilinas.

Además, han convocado una concentración hoy, 17 de diciembre, a las 18:00 en la Plaza de Colón 1. En un comunicado, estos dos sindicatos exigen al Estado “que asuma su responsabilidad dado que mantiene una participación cercana al 18 % de CaixaBank, lo que lo vincula institucionalmente con las decisiones del grupo”, pidiendo que interceda adquiriendo los edificios “por ejemplo, a través del SEPES, garantizando su incorporación al parque público”.

Movilizaciones por todo el país

Las movilizaciones de hoy de Zaragoza y Madrid coinciden con las de Cataluña, donde más de 2.000 familias que habitan en 37 promociones de vivienda de protección oficial construidas por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 también sufrieron la misma suerte. Los vecinos de estas promociones, que en su día recibieron más de 25 millones de euros de subvenciones públicas, comenzaron también a sufrir prácticas abusivas y expulsiones indiscriminadas. Ahora, organizados en el por el Sindicat de Llogaters, han impuesto una demanda colectiva contra CaixaBank para intentar anular 16 cláusulas abusivas incluidas en los contratos de alquiler de su inmobiliaria InmoCriteria. Este miércoles se movilizan después de 9 meses de huelga de alquileres, seguida por más de 100 familias.

En respuesta a las presiones ciudadanas, la Generalitat ha impulsado una serie de compras a InmoCaixa (la inmobiliaria vinculada a CaixaBank) para incorporar pisos al parque público de vivienda, asegurando que los inquilinos puedan continuar en sus hogares en régimen de alquiler protegido. En 2025 se anunció la adquisición de más de 1.000 viviendas para ese fin.