Urdaibai
El Gobierno español reconoce que el Guggenheim Urdaibai no puede construirse sin quebrantar la ley

El megaproyecto del museo Guggenheim en Urdaibai, impulsado por el Gobierno Vasco y presentado como “motor de regeneración” para la comarca de Busturialdea, lleva meses en el atolladero. La punta de lanza del modelo impulsado por el PNV –que además controla la Diputación Foral de Bizkaia– se ha topado con la confrontación vecinal y el desgaste impopular de su plan turistificador.

Tras una inversión millonaria y habiendo concitado el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, la diputada general Elixabete Etxanobe reconoció hace unas semanas que no había viabilidad a “corto y medio plazo”. La cuestión de fondo es que el Ministerio, ahora liderado por Sara Aagesen, ha admitido en un documento interno que la concesión administrativa otorgada en 1943 al astillero de Murueta –la pieza clave para la construcción de segundo Guggenheim en Bizkaia– debe considerarse extinguida desde 2018, al no haberse solicitado prórroga y conforme a la Ley de Costas estatal que protege el emplazamiento previsto para el museo.

El documento interno viene provocado por la acción pública y judicial de las asociaciones vecinales ecologistas, concretamente de Zain Dezagun Urdaibai. Esta organización ha requerido en esta segunda acción judicial “declarar expresamente la caducidad de la concesion” y obligar “a cumplir sus obligaciones legales, dejando libres los terrenos públicos ocupados” a la empresa Astilleros de Murueta SA. Aunque Zain Dezagun Urdaibai pelea por una respuesta expresa de las instituciones, no ha conocido dicho documento interno hasta hace unos días cuando lo ha aportado la Abogacía del Estado. 

El documento está firmado por la subdirectora de la Dirección General de la Costa y el Mar, Ainhoa Pérez Puyol, y señala que “no puede pronunciarse sobre la validez de ocupaciones derivadas mientras no se resuelva el expediente de extinción”, y advierte que cualquier actuación sobre los terrenos sería incompatible con la Ley de Costas de 1988. En la práctica, esto supone que el andamiaje jurídico que permitía al Ejecutivo vasco seguir adelante con las obras de la llamada “vía verde de la ría” –infraestructura encubierta dentro del plan Guggenheim– seguiría suspendido hasta nueva resolución.

El andamiaje jurídico que permitía al Ejecutivo vasco seguir adelante con las obras de la llamada “vía verde de la ría” dentro del plan Guggenheim seguiría suspendido hasta nueva resolución

Esta información del documento que revela Hordago llega tras años de denuncias vecinales y recursos judiciales. Asociaciones como Zain Dezagun Urdaibai, Greenpeace o Guggenheim Urdaibai Stop han venido alertando de que el proyecto vulnera los límites de la Reserva de la Biosfera, afecta a marismas y marjales así reconocidos por el Tribunal Supremo en 2007 y favorece intereses urbanísticos vinculados al Astillero de Murueta, empresa privada con fuerte peso en el entramado industrial del PNV. Recordemos que las obras de preparación del terreno han conllevado –por ejemplo, alrededor del derribo irregular del histórico edificio de la Cubertera Dalia– sobrecostos millonarios.

Por primera vez, una instancia estatal reconoce que el proyecto se prevé en un terreno cuyo uso actual se basa en una concesión caducada, por lo que cualquier nueva ocupación requerirá un expediente desde cero. Para los movimientos vecinales, se trata de una victoria histórica: “El ministerio ha admitido expresamente lo que llevamos años diciendo”, explican desde Zain Dezagun Urdaibai, “que el Guggenheim no puede construirse sobre dominio público marítimo-terrestre sin quebrantar la ley”.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno Vasco, que deberá rehacer sus permisos y afrontar un procedimiento judicial que podría paralizar definitivamente el proyecto

Urdaibai, reserva natural y símbolo del equilibrio entre actividad humana y ecosistema, vuelve así al centro del debate sobre qué tipo de futuro territorial y económico se construye en Euskadi: uno basado en la cultura-espectáculo y la mercantilización del paisaje, u otro sustentado en la defensa común del territorio.

Un tercer Recurso Judicial admitido a trámite 

Además, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el abogado Alberto Albístegui Aberasturi en nombre de los vecinos de Murueta (antiguos concesionarios de esas parcelas), en contra de la concesión otorgada por el MITECO en favor del Gobierno Vasco para la construcción de un vial palafítico que uniera la Punta Murueta y la Tejera de Aurrera con el núcleo urbano de Gernika, dentro del proyecto de expansión del Guggenheim dentro de la Reserva, y ha emplazado a las partes interesadas, incluidas las asociaciones ecologistas, la Abogacía del Estado y el propio Gobierno Vasco, a responder en un plazo de veinte días, con plazo agotado ayer. El documento judicial fechado el 8 de octubre confirma que el procedimiento se encuentra en fase de alegaciones, con la personación de Iñigo Elortegi Villanueva, a título personal como codemandado.

La batalla legal gira en torno a una cuestión aparentemente técnica: la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre para usos con un daño ecológico reconocido por el mundo científico

Ante esta situación, la asociación Zain Dezagun Urdaibai afirma que se encuentra “interesada en participar en ese proceso judicial, lo que supondría nuevos costos judiciales”, lo que los ecologistas están estudiando “ya que tenemos abiertos dos procedimientos judiciales más”, declaran. Con ese objetivo, se muestran dispuestos a “sumarse al procedimiento abierto por los vecinos en contra de la concesión otorgada al Gobierno Vasco para su vía palafitica”. Para ello, realizan un llamamiento a recibir “aportaciones personales necesarias para afrontar el costo estimado de este nuevo acceso a la justicia”.

En definitiva, la batalla legal gira en torno a una cuestión aparentemente técnica: la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre para usos con un daño ecológico reconocido por el mundo científico. Pero en realidad está en juego el modelo de desarrollo de Urdaibai que obligadamente debe de ser sostenible y equilibrado, garantizando la protección y la restauración de la naturaleza.

Mientras el Gobierno Vasco presenta el Guggenheim Urdaibai como “revulsivo turístico y cultural”, los colectivos ecologistas denuncian una operación de desposesión y privatización encubierta, que invade espacios comunales y reduce el valor ecológico de la ría, sacrificando toda la Reserva de la Biosfera a los intereses del negocio privado.