Trabajo sexual
Trabajo sexual y violencia institucional

El 1 de diciembre de 2021 asistieron dos de las representantes del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), Belén y Ninfa, a la sesión de la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid para exponer la situación de las personas que se dedican al trabajo sexual ante la falta de reconocimiento de sus derechos laborales, explicar cómo les está afectando la actual crisis sanitaria, las consecuencias que puede tener la aprobación del Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual en sus vidas y solicitar que las fuerzas políticas se reúnan con el colectivo para determinar nuevas acciones en colaboración con las protagonistas de esta cuestión.

La primera persona en responder la intervención del Sindicato OTRAS fue Beatriz Gimeno, diputada de Podemos y portavoz de la Comisión de la Mujer, quien aseveró que la prostitución sirve para “separar a las mujeres entre nosotras” y, posteriormente, comparó el caso de la minería a cielo abierto con el trabajo sexual, alegando que ambas actividades “contaminan”.

El estigma social, según los aportes de Erving Goffman, se construye teórica e ideológicamente a través de metáforas e imágenes para atribuir a un sujeto, grupo o actividad un elevado número de defectos, justificar su inadmisibilidad y dar cuenta del peligro que representa. En este sentido, es clave un análisis de los cuatro modelos jurídicos de regulación de la prostitución para discriminar entre lo que propone cada uno de ellos y los resultados que obtienen.

El modelo prohibicionista plantea suprimir penalmente la prostitución por considerarla un delito, además de una actividad moralmente inaceptable, que ubica como delincuente, entre otras valoraciones, a la persona que se dedica al trabajo sexual.

Las ordenanzas vigentes en España, así como la Ley Mordaza, coquetean con el prohibicionismo y han acabado sancionando a las mujeres que ejercen la prostitución

El abolicionismo, el modelo aplicado actualmente en España, tiene un objetivo similar al prohibicionismo, que es el de erradicar la prostitución. Para ello, penaliza la demanda, es decir, se persigue y se multa a la persona que solicita o acepta este tipo de servicios. Desde esta perspectiva, la prostituta se presenta como víctima y, en términos metodológicos, como ha revelado el estudio desarrollado por el Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, las ordenanzas vigentes en España, así como la Ley Mordaza, coquetean con el prohibicionismo y han acabado sancionando a las mujeres que ejercen la prostitución, no con penas de prisión, pero sí con penas económicas de carácter administrativo. Otra de sus consecuencias, como denunciaron en su día Manuela Carmena o Amnistía Internacional, ha sido la repetida sanción a víctimas de trata con fines de explotación sexual.

En tercer lugar, el modelo regulacionista, el cual considera que la prostitución es un problema social inevitable y, en tanto que problema, la persona que ejerce la prostitución es objeto de vigilancia e intervención por parte de policías y de los servicios médicos. Este modelo tiende a  invisibilizar que el contagio de enfermedades de transmisión sexual se da también y en un alto porcentaje fuera de ejercicio de la prostitución. Sobre este paradigma es necesaria una reflexión en torno a los motivos por los cuales estamos determinando como sociedad una relación diferente entre las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades contagiosas de otra tipología.

Por último, el modelo proderechos, despenalizador o descriminalizador considera a la persona que ejerce el trabajo sexual una ciudadana trabajadora con plena capacidad de agencia, merecedora de derechos, garantías y protección. Desde el movimiento proderechos hacemos hincapié en la necesidad de propuestas realistas y eficaces de educación afectivo-sexual en las aulas, en el necesario cambio y mejora de las políticas para erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y, por supuesto, que los grupos políticos se reúnan con las personas que ejercen la prostitución para generar estos cambios y propuestas, como ha ocurrido en la pionera Nueva Zelanda, donde están comprobando desde la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, en 2003, las mejoras que ha supuesto en la calidad de vida de las trabajadoras sexuales y en la reducción de la violencia hacia el colectivo.

Declarar que la actividad que realiza un grupo de compañeras contamina incide en “separar a las mujeres entre nosotras” y tiene implicaciones y consecuencias en la educación en términos de violencia

Cuando un agente político decide definir el trabajo sexual como contaminante, se derivan una serie de lecturas sobre el uso del lenguaje que propone. El artículo 325 del Código Penal tipifica como delito diferentes formas de contaminación. ¿Se refiere entonces la Señora Beatriz Gimeno a que el trabajo sexual es un acto delictivo?

Contaminar significa también la acción de “transmitir [una persona] a otra una idea, un sentimiento o una actitud, en especial algo negativo”. Este tipo de idearios han acompañado y siguen a día de hoy vigentes en los razonamientos homófobos. Recientemente estamos observando un rechazo cada vez más generalizado en el retroceso de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Declarar que la actividad que realiza un grupo de compañeras contamina incide en “separar a las mujeres entre nosotras” y tiene implicaciones y consecuencias en la educación en términos de violencia. Recordemos que el 17 de diciembre se celebra el Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Esta efeméride conmemora los asesinatos de más de 48 prostitutas durante los años 80 y 90 “con la finalidad de limpiar las calles”, en palabras de su perpetrador.

Colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales están pidiendo que su voz y experiencia se tome en cuenta, y más aún, que la sociedad se haga cargo de sus fantasmas en torno a la sexualidad

El poder discursivo que concentran los puestos políticos influye directamente en la cognición social. En un escenario en el que es previsible la aprobación del Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, la popularmente conocida como “ley del solo sí es sí”, colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales están pidiendo que su voz y experiencia se tome en cuenta, y más aún, que la sociedad se haga cargo de sus fantasmas en torno a la sexualidad para dejar de proyectarlos sobre las vidas de las personas que se dedican al trabajo sexual, con graves consecuencias como la exclusión, la denigración y el estigma. Hay muchas mejoras que hacer sobre la cuestión del trabajo sexual, sin obviar y tomando responsabilidad de los diferentes ejes de violencia, pero sobre todo comenzar a dar crédito a las voces y demandas del colectivo a nivel mundial.

Carolina Clemente, trabajadora sexual, comenta sobre la “ley del solo sí es sí”: “Con la penalización de la tercería locativa, aumentará nuestra condición de vulnerabilidad. Para quienes trabajan en sus casas, podrá suponer el hostigamiento por parte de los vecinos. Si ya hoy en día somos claramente discriminadas, con la aprobación de la ley muchos vecinos se sabrán con derecho a expulsarnos de la escalera. No hará falta que tengamos un comportamiento problemático, bastará con hacer ruido por la noche noche o que los clientes se equivoquen algún día. O incluso sin que eso suceda, simplemente porque nuestra actividad no les guste, cosa bastante habitual debido al estigma y a todo el rechazo social que produce nuestro trabajo. Asimismo, los colectivos en los que siempre recae la sospecha de la prostitución (como las mujeres trans) lo tendrán más difícil a la hora de encontrar un piso. En el Estado español la criminalización de nuestro trabajo viene siendo demostrada, desde hace años, con la aplicación de ordenanzas municipales y Ley Mordaza. Lo más triste de todo es que nada de esto ayudará a las víctimas de trata”.

María Riot, trabajadora sexual perteneciente al sindicato Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), describe que “lo que está sucediendo actualmente es devastador. Las trabajadoras sexuales no solo estamos preocupadas por la pandemia, la crisis económica y lo que nos cuesta llegar a fin de mes, sino que también tenemos que preocuparnos porque quieran arrojarnos más problemas con más políticas que criminalizan nuestro trabajo. Las fuerzas políticas están demostrando una vez más que legislan sin escuchar a las personas afectadas por las leyes que generan. Las trabajadoras sexuales lo estamos diciendo alto y fuerte: la criminalización de nuestros clientes y nuestro entorno es criminalización hacia nosotras. No vamos a dejar de ejercer el trabajo sexual, vamos a seguir haciéndolo en peores condiciones, con miedo, en la clandestinidad. Seguir negando tener una reunión con nosotras demuestra que no nos toman en cuenta realmente. Las propuestas de ‘reinserción laboral’ que se han dado en países como Francia han fracasado rotundamente porque se han diseñado sin nosotras”.

Juan Florian, integrante de la Asociación BadBoys y Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) se lamenta del “desinterés y de la falta de voluntad política por parte de las instituciones para descriminalizar el trabajo sexual. Francia adoptó desde 2016 el modelo nórdico de penalización de clientes y criminalización de redes de apoyo entre pares. El estigma hacia las personas que ejercemos el trabajo sexual ha incrementado notablemente. El gobierno francés está facilitando financiación económica a estructuras no gubernamentales, en su mayoría de carácter religioso, que consideran que las personas que ejercemos trabajo sexual somos víctimas de un sistema prostitucional que nos explota y esclaviza sexualmente, en vez de reconocer y subvencionar a las redes de apoyo que creamos las personas que nos dedicamos al trabajo sexual, fortaleciendo así nuestro colectivo y la colaboración entre pares. Criminalizar las redes de apoyo de trabajadores sexuales implica una la falta de interés para mejorar las condiciones de nuestro trabajo, obviar que tenemos el derecho a compartir nuestras experiencias y a asociarnos para buscar la garantía de nuestros derechos. Debe existir voluntad política para que sean las redes u organizaciones sociales conformadas por personas trabajadoras sexuales quienes desarrollen junto con las fuerzas políticas soluciones de vivienda, acompañamiento de pares, inmigración o el derecho a la salud, el cual se ha centrado mayoritariamente en aspectos como la reducción de riesgos de infección por VIH y las infecciones de transmisión sexual, y que debe incluir la salud mental”.

Las personas que firmamos este artículo formamos parte de diversas redes de apoyo a trabajadoras y trabajadores sexuales. A punto de finalizar el año 2021, escribimos nuestra particular carta a los Reyes y Reinas Magas por un 2022 en el que la presencia de las personas que dedican al trabajo sexual sea de pura relevancia a la hora de generar políticas que impactan directamente en las vidas del colectivo.

El documental Nada sobre Nosotras. ¡Sin nosotras!, dirigido por Ana Barbudo, aúna a trabajadoras y trabajadores sexuales de todo el mundo, junto con políticas y pensadoras, entre las que se encuentra Silvia Federici, por la defensa de los derechos humanos. Actualmente, y por muy pocos días, tiene activa una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo, donde se puede ver el teaser. ¡Ayúdanos a financiar este documental con la voz de sus protagonistas, sin interferencias ni distorsiones!

Otra noticia que nos trae 2022 es que a principios del año regresa a Madrid el lugar de encuentro Putibar, una isla de cordura, un espacio seguro [para todas las personas] en el cual escucharnos desde la diferencia y con todo el cuerpo, para dialogar sobre trabajo sexual, celebrar y cantar con música en vivo, picoteo de proximidad, arte y muchas sorpresas que harán de cada evento un encuentro memorable para alimentar en cuerpo y alma a quienes asistan. Si te dedicas al trabajo sexual, te invitamos especialmente a asistir y encontrarnos en Putibar. ¡Juntas, unidas y hermanadas, somos imparables! Así nos dirigimos hacia el 2022.