Sanidad pública
El Gobierno aprueba en segunda ronda la ley que acota la privatización sanitaria

El Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) comienza a andar. Este martes, y tal y como ha anunciado la ministra de Sanidad Mónica García tras el Consejo de Ministros, ha recibido su aprobación en segunda vuelta la norma que pretende acotar la privatización sanitaria. Comienza así su andadura parlamentaria, en un Congreso donde el gobierno cuenta con una complicada aritmética para sacarla adelante.

La norma, que según el gobierno pretende garantizar la prioridad de la gestión pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario, ha incorporado las aportaciones de la fase de información pública. Para blindar este modelo, la norma procede a la derogación expresa de la Ley 15/1997, eliminando las vías que permitieron la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública.

No elimina la posibilidad de privatizar servicios, sino que, en palabras del ministerio, la gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter estrictamente excepcional

Eso sí, no elimina la posibilidad de privatizar servicios, sino que, en palabras del ministerio, la gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter estrictamente excepcional. “Para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente”, aseguran.

Según este proyecto de ley, cada propuesta para privatizar un servicio deberá de seguir un camino que incluye una evaluación previa, realizada por “órganos de expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil” que determinen que la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley.  Además, se necesitará un informe de la Oficina Nacional de Evaluación, obligatorio en contratos de concesión para “asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria” y, en caso de empate en licitaciones, se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro.

 Una ley, que asoma tras el escándalo del hospital de Torrejón (Madrid), en el que unos audios del CEO de Ribera Salud, empresa que gestiona este centro público, pedía rechazar pacientes para mejorar resultados económicos. Una norma que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha definido como “triunfo de la sociedad civil” que va a servir para “proteger” y “blindar” nuestro sistema “de las garras especuladoras y privatizadoras”.

Colectivos en defensa de la sanidad pública han pedido más contundencia a esta ley. Así, Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, explicaba a El Salto que limitar la privatización es “insuficiente”. “No parece que la intención sea erradicar la privatización del sistema sanitario, sino delimitar. Pero el sistema sanitario público tiene que ser 100% público. Nosotros pedimos que se erradique el rastros de la privatización sanitaria y que se impida la participación del sector privado en el público”, expresa.