Sanidad pública
Así es Ribera Salud, el gigante de la sanidad privada que rechaza pacientes y que persiguió a Mónica Oltra

Unos audios, publicados este miércoles por el diario El País, muestran al CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes en el Hospital público de Torrejón, cuya gestión está en sus manos. Una gestión de la que se encargan desde 2009, fecha en el que el presidente de la entidad, Alberto de Rosa firmara un contrato con el por aquel entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para la construcción de este hospital y su gestión durante los próximos 30 años por un valor de 2.127 millones. 

Esta firma se insertó en la mayor operación de privatización sanitaria que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid, cuando durante el mandato de Esperanza Aguirre se construyeron once hospitales de gestión privatizada. Así era como esta Comunidad de Madrid exportaba el modelo Alzira, modelo que impulsó Ribera Salud en el País Valencià y con el que se construía en 1999 el primer hospital público de gestión privatizada en el Estado: el hospital Ribera Salud.

Ribera Salud ha gestionado ocho hospitales públicos y mantiene la gestión de cuatro: el Hospital Universitario de Torrejón, el Hospital Ribera Povisa (Vigo), el Hospital Ribera Polusa (Lugo) y el Hospital de Vinalopó

Tras una revisión realizada por El Salto en base a los datos que tiene Ribera Salud en su web, desde entonces ha gestionado ocho hospitales públicos bajo esta fórmula y mantiene la gestión de cuatro: el Hospital Universitario de Torrejón, el Hospital Ribera Povisa (Vigo), el Hospital Ribera Polusa (Lugo) y el Hospital de Vinalopó. En este tiempo ha perdido la gestión de cuatro hospitales de la Generalitat Valenciana: el que inauguraba la saga, el Hospital de la Ribera, además del Hospital Universitario de Torrevieja, el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud. Concesiones que tocaron a su fin y que no fueron renovadas por el gobierno saliente del pacto del Botànic (PSOE- Compromís). Este pacto, en uno de sus epígrafes, indicaba poner fin a estas concesiones y apostar por recuperar la gestión pública.

El lawfare contra Oltra

Mientras este govern progresista iba acabando con los negocios de Ribera Salud en la sanidad valenciana, el presidente del grupo Ribera se convertía en una de las personas que intentaron acorralar en los juzgados a la que fuera vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), forzada a dimitir tras la campaña de lawfare. 

El siete de abril de 2022 Oltra, enseñaba una foto en una sesión de control al gobierno mientras expresaba: “Unan los puntos”. En la imagen aparecían tres personas en corrillo: la fundadora de Vox, Cristina Seguí, el expresident Francisco Camps y el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, que acababa de perder la gestión de dos hospitales públicos. En aquel entonces llegaba a su fase final la cacería contra Oltra por las acusaciones que pesaban sobre su exmarido, Luis Ramírez Icardi, por abusar sexualmente de una menor tutelada. Para Oltra esta foto simbolizaba los lazos establecidos por la derecha, la extrema derecha y el lobby sanitario para precipitar su caída. “En toda cacería se ha de seguir la pista del dinero”, aseguraba.

En abril de 2023 el presidente de Ribera Salud se querellaba contra Mónica Oltra por unas declaraciones en las que denunciaba ser víctima de una “cacería política”

En abril de 2023, Alberto de Rosa se querellaba contra Mónica Oltra por unas declaraciones vertidas en Salvados en las que, como durante aquella sesión de control, denunciaba ser víctima de una “cacería política”. El día anterior a la fecha del juicio, Alberto de Rosa presentó escrito de renuncia a la acción emprendida, tras lo que la juez acordó desestimar la demanda interpuesta y condenar al pago de las costas acusadas al demandante.

Según el libro de investigación del periodista Sergi Castillo La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019) las cinco concesiones sanitarias conocidas como modelo Alzira y concedidas mayoritariamente a Ribera Salud han consumido 7.500 millones de euros de gasto público entre 2003 y 2018. 

Castillo explicaba en un artículo para El Salto, que los lazos entre el lobby sanitario y la caída de Oltra eran evidentes. “Los movimientos que han realizado estos lobbies durante todos los años del Botànic han ido encaminados a triturar a los partidos políticos que integraban el gobierno. De ninguna forma iban a renunciar a sus privilegios”, concluye.