Sanidad pública
El Consejo de Europa tira de las orejas a Ayuso por su gestión sanitaria

“Madrid es la región que menos invierte en Atención Primaria per cápita, pese a que es la región con la mayor renta”, expresa en su reciente informe Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa que realizó una visita a España entre el 21 y 25 de noviembre de 2022. Visita que coincidió con la resaca de la primera gran manifestación celebrada en Madrid en contra de las políticas sanitarias de Ayuso, el domingo 13 de noviembre. El 21 de noviembre médicos y médicas de Atención Primaria comenzaron una huelga indefinida que se extendería durante cuatro meses de duración. Y la comisaria fue testigo excepcional de un conflicto que no ha pasado desapercibido en su informe.

Mijatovíc, que habla de una situación desigual en el Estado en cuanto al acceso a la sanidad, pide un refuerzo para la Atención Primaria, ya que ninguna de las comunidades autónomas invierten el 25% del total del gasto en este nivel asistencial tal y como recomienda la OMS. Madrid se encuentra a la cola en gasto, con un 10,6% del total del presupuesto. Destaca además las “preocupantes” condiciones del personal sanitario en muchos lugares, “abrumado”, “agotado” y dependiente de contratos temporales. 

Hace hincapié en que la Comunidad de Madrid uno de cada dos euros de dinero de la sanidad pública va a manos privadas

“Las diferencias regionales son especialmente notable en la prestación de Atención Primaria y atención especializada debido a factores como el predominio de clínicas privadas en algunas regiones frente a otras”, destaca la representante del Consejo de Europa, quien hace hincapié en que en la Comunidad de Madrid uno de cada dos euros de dinero de la sanidad pública va a manos privadas.

Muertes en las residencias

También llama la atención al gobierno de Ayuso por lo sucedido durante la primera ola de covid en el interior de las residencias, hecho que “aún necesita ser efectivamente investigado y abordado con la estrecha participación de los familiares de las víctimas”, apunta.

“Entre marzo y julio de 2020 se constató que sólo en Madrid habían fallecido 11.389 personas mayores que vivían en residencias. Entre ellos, 8.338 (73%) no fueron trasladados a un hospital”, destaca en el informe que hace alusión a un estudio publicado por Amnistía Internacional que analiza lo sucedido en los geriátricos de Madrid y de Cataluña.

También llama la atención al gobierno de Ayuso por lo sucedido durante la primera ola de covid en el interior de las residencias, hecho que “aún necesita ser efectivamente investigado”

En ambas comunidades las autoridades diseñaron protocolos para que las personas mayores que enfermaran de covid en el interior de las residencias no fueran derivadas a dependencias hospitalarias en función de su estado físico y cognitivo.