Sanidad pública
600.000 personas agotadas de esperar

Las listas de espera hospitalarias aumentaron en 2018. Este es uno de los motivos por los que la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas llamó a movilizarse por la Sanidad Pública el 10 de diciembre. Según la coordinadora, “las listas de espera han alcanzado un volumen y una seriedad que, además de agravar las patologías, discrimina a las personas más vulnerables”. Detrás de eufemismos como “externalización”, “sostenibilidad” o “colaboración público-privada”, lo que hay es una situación que, denuncian, ha llevado a un cuadro crítico en la Comunidad de Madrid. Juan Luis Ruiz-Giménez, miembro de Audita Sanidad -la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad- asegura que, “aunque es esperable que en un sistema público haya listas de espera, las cifras actuales en Madrid son tremendas; intolerables”.

Actualmente, entre intervenciones quirúrgicas y derivaciones a atención secundaria, el número de personas en espera asciende a 600.102, según cifras de la propia Consejería de Sanidad. Una anomalía que ha dado pie a una denuncia del Defensor del Paciente dirigida contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el presidente regional, Ángel Garrido, a quienes acusa de “dejación u omisión de funciones” para pedir “que se investigue la posibilidad de un delito contra la salud pública”.

CAMPAÑA DE FRÍO

El período invernal no hace sino aumentar el impacto en las urgencias y listas de espera. Aumentan las enfermedades respiratorias e infectocontagiosas, patologías que demandan atención hospitalaria urgente. Esto implica la ocupación adicional de camas que, en principio, estarían destinadas a enfermos programados y que pasan a ser ocupadas por los pacientes estacionales. Por ello, de noviembre a febrero es el período del año donde el colapso suele ser mayor.

Ruiz-Giménez explica que otro factor que incrementa los tiempos de espera es la deficiente coordinación entre los recursos sanitarios y los servicios sociales. “Hay personas que adolecen de polipatologías, que, si recibieran otras ayudas, no tendrían necesidad de volver al consultorio”, señala. Son casos que ya no tienen solución sanitaria, profesional médica o de enfermería y necesitan de apoyo social y cuidados, de ayuda a domicilio, residencias o asistencia social complementaria.

Este miembro de Audita Sanidad apunta como tercera variable, no relacionada con el modelo pero sí con las necesidades de la población, el envejecimiento de la población y el consiguiente aumento de la cronicidad y las patologías complejas: “Naturalmente, este target de pacientes es un agente muy activo en la demanda de medicamentos y de exámenes específicos, con el obvio corolario de aumento en las derivaciones hacia la atención secundaria y en la prescripción de recetas”.

Estos factores, sumados al importante déficit de recursos debido a las políticas de austeridad, provocan que las listas de espera se colapsen. Y, como efecto derivado, hacen que parte de los pacientes encuentre en las Urgencias el camino más corto y efectivo para ser atendidos. La conclusión es palmaria: la deficiencia de recursos en los otros niveles aumenta la afluencia a las Urgencias hospitalarias.

Consecuencia de un modelo

La apuesta de los gobiernos autonómicos del PP por un modelo público-privado y los recortes presupuestarios iniciados en 2008 han dejado a la comunidad en una situación de inversión baja en gasto sanitario público, solo por detrás de Andalucía. Pese a que entre 2009 y 2015 se construyeron 11 hospitales, en ese mismo período el número de camas financiadas con recursos públicos disminuyó de 15.531 en 2009 a 15.035 en 2015, un 3,19% menos. Esta tendencia no se ha revertido, explica Carmen Esbrí, de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y de MEDSAP.

Esbrí denuncia que hay una manifiesta voluntad de favorecer el negocio de los centros bajo administración privada: “No hay ningún cambio favorable en las políticas sanitarias por parte del Gobierno de Garrido”. Uno de los últimos episodios de esa tendencia es la decisión de recontratar el sistema de Cita Previa diseñado por el poderoso grupo privado INDRA, y también los servicios privados de limpieza.

Otra de las consecuencias de la apuesta de los gobiernos de Aguirre, González, Cifuentes y Garrido es la diferenciación entre los llamados “pacientes-chollo” —en la jerga médica— y los pacientes que deben ser derivados desde los centros público-privados al sistema público. Los casos complejos, cronificados o más costosos, se acumulan en los hospitales públicos. Según el XIV Informe de la Federación de Asociaciones del Servicio Público (FADSP), de 2017, solo Catalunya supera a la Comunidad de Madrid -igualada con Baleares— en el gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados.

Denuncian a la Seguridad Social por denegación arbitraria de asistencia sanitaria

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El Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega la asistencia sanitaria pública a padres y madres de ciudadanos de la Unión Europea pese a existir más de cuarenta sentencias judiciales a favor de reconocer este derecho.

Mientras se produce esa doble velocidad entre centros públicos —atestados de pacientes difíciles— y centros privados, que, salvo la Fundación Jiménez Díaz, no tienen capacidad de cubrir casos complicados, los expertos señalan la pérdida de importancia y de jerarquía de la atención primaria como factor determinante de los fallos en la cadena sanitaria. Al estar infrafinanciada y desjerarquizada, la atención primaria es una fuente de derivaciones hacia la atención secundaria y centros especializados. “Hace falta dotar de más recursos y mejorar el funcionamiento de los profesionales de atención primaria. Y que el trabajo lo hagan con un enfoque diferente”, afirma Ruiz-Giménez.

También en este ámbito, Madrid se queda atrás con respecto al conjunto de los territorios. La atención primaria es de las peor dotadas en términos financieros. “Pese a que todos los partidos sustentan que debería ser decisiva, cuando llegan al poder, es más que secundarizada, escandalosamente subdimensionada. En primaria hay muchos menos médicos, enfermeros y personal de soporte que los necesarios”, afirma Rosa Bajo, médica de atención primaria del Centro de Salud de Lavapiés.

La tendencia sumamente arraigada a hacer un uso intensivo y excesivo de medicamentos y exploraciones opera en íntima relación con el debilitamiento de la atención primaria. Los facultativos inciden en que aspectos sociales como el estrés, las depresiones y las fragilidades derivadas de las condiciones de precariedad en que se vive determinan ese abuso de los medicamentos.

“La cantidad de medicamentos que tú le prescribirás al paciente es inversamente proporcional al tiempo de que dispones para atenderlo. A menor tiempo de atención, mayor carga de medicamentos”, explica otro de los especialistas consultados, que prefiere no dar su nombre para este reportaje.

Falta de transparencia

Durante la gestión del Partido Popular quedó demostrado el uso de dispositivos de maquillaje para disminuir —en términos estadísticos— las listas de espera. Y es que, aunque la espera media se sitúa por encima de los 57,56 días —cifras muy positivas respecto a comunidades como Catalunya— el entonces Gobierno de Aguirre instauró distintos trucos contables que permitían sacar de la lista estructural a parte de los pacientes que se negaban a ser operados en los privados. Uno de los más conocidos es “la trampa del anestesista”, por la cual el paciente permanece en un limbo estadístico —no figura en ninguna lista- hasta ser citado por el anestesista para hacerse los análisis previos a la intervención quirúrgica. Para intentar solventar esta manipulación estadística, desde algunos colectivos del área médica se ha planteado la necesidad de crear un organismo de gestión de las listas de espera, para dar transparencia y racionalidad al dispositivo, con -hasta el momento— silencio por parte de la administración. 

Todos estos factores sirven además para legitimar y naturalizar la derivación de pacientes hacia centros de administración privada, de la mano de la consigna de que “lo público no es eficiente”. De hecho, en estos años de “crisis” los seguros privados de salud han aumentado su facturación, según muestra un estudio de la Fundación IDIS publicado en noviembre de 2017.

A pesar del cuadro que atraviesa el sistema público de salud, del cual el actual colapso en Urgencias y en listas de espera no es más que un síntoma, los especialistas consultados afirman que aún contamos con uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo y que el panorama es reversible. Las propuestas para su recuperación y mejora están contenidas en el documento de 38 medidas presentadas por la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas al Congreso. Estos colectivos reclaman un cambio de política económica, social y sanitaria, a favor de una apuesta decidida por el sistema sanitario público, de acceso universal, de gestión pública y con adecuada financiación por los Presupuestos Generales del Estado.

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Las compras públicas de alimentos y la contratación de empresas para comedores determinan la economía de ciudades y comunidades autónomas. Una iniciativa madrileña recoge firmas para que esas compras introduzcan criterios sociales y ecológicos, como ya se están haciendo en experiencias pioneras en Valencia y las Islas Canarias.