Sanidad
Denuncian a la Seguridad Social por denegación arbitraria de la asistencia sanitaria a residentes legales

El Colectivo de Afectadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) denunció esta semana en una rueda de prensa que, pese a existir más de 40 sentencias judiciales a favor de reconocer el derecho a la asistencia sanitaria pública a padres y madres de ciudadanos de la Unión Europea con permiso de residencia, el organismo continúa denegando las tramitaciones y haciendo una interpretación “peregrina y arbitraria” del excluyente Real Decreto Ley 16/2012.

“Entre las personas que integran el grupo se han interpuesto siete demandas contra el INSS con sentencias favorables y la consecuente concesión de la tarjeta sanitaria. También hay otros cuatro casos cuyos juicios tendrán lugar en los próximos meses”, explicaron en un comunicado. Y agregaron que desde 2014 “ha habido más de 40 sentencias contra el INSS en ocho comunidades autónomas diferentes”. Hay juicios ganados en las Islas Canarias, Madrid, Cataluña y Castilla y León.

Esta situación se da desde la sanción del Real Decreto Ley 16/2012 que supuso el fin de la universalidad del sistema sanitario y su sustitución por uno de aseguramiento. “Pero la aplicación de la Ley por parte de la administración está yendo mucho más allá”, aseguró Patricia Forera, portavoz de un colectivo integrado por personas afectadas, sus hijos e hijas, familiares, militantes de la Plataforma Yo Sí Sanidad Universal y un equipo jurídico. “Nos vemos sometidas a procesos muy largos y duros, de muchos procedimientos administrativos y legales que no sabíamos ni que existían”, contó Forero, consciente de que la continua denegación del derecho termina por hacer efecto en las personas solicitantes, que a veces optan por desistir de intentarlo.

En ese sentido, Olga Lucía Rodríguez, otra de las afectadas, contó que tiene la nacionalidad española y lleva 20 años residiendo aquí. Sus problemas comenzaron hace cuatro años, cuando decidió reagrupar a su madre como familiar de ciudadana comunitaria.

“En noviembre de 2014, cuando fuimos a pedir su tarjeta al INSS, ni siquiera nos recibieron la solicitud y verbalmente nos dijeron que no tenía derecho. La enviamos por correo certificado y nuevamente nos lo negaron y nos invitaron a contratar un seguro con la Comunidad de Madrid a cambio de 179 euros por mes”, recordó. No cubría medicamentos, aparatos ortopédicos u hospitalización.

Por el alto coste corrieron el riesgo de dejarla sin cobertura. Hasta que su madre enfermó y tuvieron que golpear nuevas puertas. Entre ellas las de Yo Sí Sanidad Universal, donde se les informó que tenían derecho y se las alentó a reclamarlo por lo administrativo y por lo judicial, donde finalmente se lo han reconocido. “En medio de este proceso le suspendieron la tarjeta de residencia, pero la recuperamos una vez que salió la sentencia judicial”, aclaró Olga.

Uno de los abogados, Lluc Sánchez, exigió que el INSS abandone “ya mismo” su particular interpretación de la Ley. “Su actuación, manifiestamente ilegal, es una vuelta de tuerca más en la exclusión sanitaria. Hay más de 40 sentencias a favor, 22 de ellas de Tribunales Superiores de Justicia y por lo tanto consideramos que hay un cuerpo jurisprudencial importante para que el INSS rectifique y pare con esta interpretación arbitraria”, aseveró.

Asimismo, denunció que el organismo no solo se extralimita al denegar estas solicitudes, sino que, ante los reclamos de las personas afectadas, “traspasando cualquier limite moral, ético y administrativo, comunica a Delegación de Gobierno los datos de las personas que han denunciado para que se les retire el permiso de residencia”.

Esteban Carignano, argentino con nacionalidad española y residente en Canarias, contó a El Salto que su familia ha padecido la arbitrariedad del INSS por partida doble: con su padre y su madre, ambos septuagenarios. Junto a su hermano y una hermana los reagruparon en el año 2012 y luego de tres años de denegación reiterada del derecho a asistencia sanitaria, contrataron un seguro. “Es indignante cómo los seguros se aprovechan de esta situación. ¡Se publicitan sin escrúpulos diciendo que sirven para sacar la residencia a mayores de 75 años!”, se quejó.

El primero en enfermar gravemente fue su padre. Una operación urgente de una aneurisma de aorta le costó a la familia 25.000 euros, la mitad del precio real con el descuento porque él y su hermano trabajaban en la clínica. Una vez mejorado del post operatorio regresó a Argentina. No podían arriesgarse a que estuviera sin controles y tampoco pagarlos por la sanidad privada.

Con su madre fue a finales de 2016, dos días antes de volver a Argentina, estando en Madrid le dio un principio de infarto y fue ingresada en el Hospital de Móstoles por urgencias. “Nos dijeron que no podían ingresarla si no firmábamos un compromiso de pago, pero tampoco podía darle el alta si no era a pedido voluntario de la familia”, detalló.

En la desesperación consultó a algunas organizaciones y abogados, hasta que dio con Yo Sí Sanidad Universal. “Les escribimos una noche y al otro día se pusieron en contacto con nosotros. Irene nos acompañó a Móstoles, y con tres palabras nos dieron la entrada en el sistema para que pudieran atender a mi madre sin problemas. La misma administrativa que días antes había echado a mi hermana”, aseguró.

Una vez repuesta su mamá viajó a Argentina y la familia inició en Madrid la denuncia por lo vivido. Entre enero y marzo de este año la Justicia les dio la razón en los dos casos y ambos están ya viviendo junto a sus hijos. “Fueron momentos tremendos, desesperantes. Una pesadilla de la que no hubiera sido posible salir sin el acompañamiento de la gente de Yo Sí Sanidad Universal. Cuando vas en solitario y las reclamaciones te las niegan un par de veces, te rindes”, concluyó.

Decepción

La oportunidad sirvió para que el colectivo Yo Sí Sanidad Universal, que también ha denunciado otras prácticas como los cursos que justificaban la exclusión de embarazadas y menores, hiciera un primer análisis del borrador que el gobierno de Pedro Sánchez está elaborando para sustituir el RDL 16/2012. De lo que se conoce hasta el momento, una de sus integrantes, Irene Rodríguez Newey, afirmó que les está resultando “bastante decepcionante porque tal como está redactado no va a suponer un cambio importante en la exclusión sanitaria. Este borrador no deroga el Real Decreto Ley y mantiene algunos aspectos como la figura del aseguramiento frente a la titularidad de derechos, además de continuar la segregación entre personas nacionales o con permiso de residencia, de aquellas que no la tienen”, sentenció.

“La legislación anterior a 2012 reconocía la titularidad de derechos para todas las personas por igual, éste borrador lo que introduce es una fórmula de beneficencia en la línea del decreto, por la que además, a las personas sin papeles, se les va a exigir una serie de requisitos para poder tener asistencia. Entre ellos demostrar que no tienen sanidad exportable desde sus países, cuando no hay ningún país que tenga una institución que emita un documento de ese tipo”, anticipó.