Sáhara Occidental
Las elecciones marroquíes en el Sáhara Occidental: la pugna de los “gatos gordos”

Las elecciones legislativas marroquíes, previstas para el 23 de septiembre de 2026, vuelven a poner el foco en la presencia de familias políticas. En esta convocatoria se dan varios casos de padres e hijos, madres e hijas, matrimonios y otros familiares que concurren a las elecciones, ya sea dentro de un mismo partido o desde formaciones enfrentadas. Un fenómeno que vuelve a abrir el debate sobre el peso de los vínculos familiares en la configuración de las élites electorales.

Los casos son diversos: desde familiares que se presentan en las mismas elecciones hasta la continuidad de una trayectoria política de una generación a otra, pasando por parientes que ocupan cargos en partidos políticos o instituciones electas. También hay apellidos que regresan al Parlamento después de que otro miembro de la familia haya representado anteriormente la misma circunscripción o haya ocupado un escaño en nombre del mismo partido.

En el Sáhara Occidental, la situación es diferente, pero este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad. La familia Ould Errachid destaca como una de las familias políticas con mayor presencia y continuidad, con Moulay Hamdi Ould Errachid en la escena política local de El Aaiún, presidente del ayuntamiento de una de las principales ciudades del territorio disputado, y su hijo Mohamed Ould Errachid, que preside la Cámara de Consejeros de Marruecos. Así como su sobrino, Hamdi Ould Errachid, que preside la región de El Aaiún-Sakia El Hamra. La familia continúa desempeñando un papel central dentro del partido Istiqlal y de las instituciones electas.

También aparece la familia Abba en Bojador, donde Abdelaziz Abba, diputado y presidente del ayuntamiento de Bojador, se dispone a concurrir nuevamente a las elecciones, mientras su hija mantiene su presencia en el Parlamento y su hermano, Mohamed Abba, ocupa un puesto en el Consejo de la región de El Aaiún-Sakia El Hamra.

Este caso constituye un ejemplo de la prolongación de la presencia política de una familia en más de una institución electa y a lo largo de varias generaciones.

En Dajla, o provincia de Río de Oro, aparece un caso aún más directo a través de Khatri Yanja y su hijo Mohamed Hassan Yanja, ya que el Partido de la Autenticidad y la Modernidad colocó al padre como cabeza de lista, mientras que el hijo ocupa el segundo puesto de la misma lista.

Se trata de uno de los casos más evidentes de candidatura familiar directa en las elecciones actuales, imágenes de una transmisión política en una fórmula sin precedentes. Estas familias son producto del engorde que el Estado les ha proporcionado mediante dinero público, a cambio del empobrecimiento y el desplazamiento de la población autóctona, que, por desgracia, participa en estas elecciones bajo una lógica puramente tribal.

No existe responsable alguno, cualquiera que sea su posición en la jerarquía del poder en Marruecos, que conozca la verdadera política del Estado en la gestión de los asuntos del Sáhara, incluidos quienes se encuentran en la órbita de los círculos superiores de decisión. Sí, esto es un juicio de valor absoluto, pero es una realidad difícil de negar. La política del Estado en la gestión de numerosos asuntos sensibles ha seguido estando condicionada por dos factores: el “estado de ánimo“ y la “presión”.

El Sáhara es descrito en informes oficiales como una zona “estancada y poco dinámica, y un terreno abonado para una economía de rentas organizada”

El Sáhara, que ocupa una superficie de aproximadamente 266.000 kilómetros cuadrados y cuenta con alrededor de 500.000 habitantes, de los cuales la población autóctona representa el 10 %, es descrito en informes oficiales como una zona “estancada y poco dinámica, y un terreno abonado para una economía de rentas organizada”. No solo eso: los informes añaden que el único empleador de la región es el Estado, mientras que el sector privado representa apenas el 1 %, al tiempo que sus jóvenes emigran forzosamente en “barcas de la muerte”, por las rutas de los países balcánicos o hacia la “Guayana Francesa” para llegar finalmente a Europa… ¿Qué significa esto?

Significa que el Estado reconoce oficialmente el “fracaso” de sus planes durante todos estos años en materia de empleo y desarrollo en el territorio, pese a la existencia de recursos pesqueros y de fosfatos capaces de resolver el problema del empleo.

Pero entre las grietas de este “fracaso”, y pese a las cinco soluciones propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, el territorio continúa inmerso en un conflicto internacional entre Marruecos y el Frente Polisario, el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, desde 1975, lo que plantea numerosas preguntas sobre los “beneficiarios” de este conflicto, el más prolongado del continente africano.

Los espacios del juego político

Los contornos y espacios del juego político en el Sáhara se definen en dos niveles. El primero es estrecho y limitado, y se rige por las reglas del “juego político” que prevalecen en el país en general, resumidas en la pugna electoral entre los partidos políticos. El segundo es de una sensibilidad especial para el Estado y, por ello, lo mantiene bajo su propio control: la “partida” del conflicto internacional y regional en torno al litigio del Sáhara, en la que se han adentrado familias próximas al poder —o aproximadas a él— que controlan el mapa electoral de la región, apoyándose en el binomio “tribu-dinero”, además de beneficiarse durante décadas del apoyo sistemático del Estado.

Campañas de “politización”

Las campañas de “politización” en el Sáhara adoptan dos caras opuestas. La primera es impulsada de manera incansable por el Frente Polisario y sus organizaciones de derechos humanos en las ciudades del territorio, con el objetivo de construir un entorno social más amplio y sembrar una cultura basada en la creencia en el “derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la independencia del Sáhara de la soberanía marroquí”.

En cambio, los partidos políticos de la región, así como sus organizaciones sindicales y asociativas, permanecen atrapados en una labor política modesta de encuadramiento de los jóvenes, salvo durante los periodos electorales, que elevan el nivel de polarización y el entusiasmo por la participación política entre los saharauis. Se trata de un entusiasmo de carácter tribal en el que, en ocasiones, participan incluso quienes reclaman la independencia de Marruecos.

La “renta” del Estado

Desde la época del rey dictador Hassan II, Marruecos se ha apoyado, entre los mecanismos de control del espacio político en el Sáhara, en “familias privilegiadas” vinculadas a la política desde la época del colonialismo español y a la economía desde los tiempos de “Akbar”. Son familias a las que el Estado despojó de los mecanismos de control sobre el mapa político del destino del conflicto y a las que dejó un margen para “jugar” en la contienda electoral.

Hablar de la “riqueza” de estas familias y de su “penetración” político-electoral en un territorio estático y estancado, carente de las condiciones para “atesorar riqueza”, remite esencialmente a un gran concepto llamado “renta”. Pero ¿bajo qué forma y con qué protección?

La realidad no está oculta. La máxima autoridad del país, el rey, la reconoció implícitamente cuando anunció en su discurso en El Aaiún, en noviembre de 2015, la “ruptura con la etapa de las rentas”. Se trata de un reconocimiento implícito de que la región pagó el precio de la economía de rentas y de la exclusión y penetración de familias feudales durante largos periodos, y que todavía lo sigue pagando.

Desde la época del rey dictador Hassan II, Marruecos se ha apoyado, entre los mecanismos de control del espacio político en el Sáhara, en “familias privilegiadas”

El “Consejo Económico, Social y Medioambiental”, una institución oficial del Estado, ya había reconocido en un informe sobre el Sáhara la “existencia de una renta organizada monopolizada por una minoría de notables”. Es otro fuerte indicio de que el Estado es, en primer lugar, responsable de la exclusión derivada de esta “renta organizada”.

Pero lo llamativo aquí es que la “penetración” de familias feudales beneficiarias exclusivas de la renta en el territorio escapó a las propias previsiones del Estado, hasta el punto de que el poder oficial del país se vio obligado a tener en cuenta el “equilibrio de fuerzas” con este complejo tipo de “notables” y “tutores”.

Esta realidad nos lleva a las palabras del antiguo ministro delegado del Ministerio del Interior, fundador del Partido de la Autenticidad y la Modernidad y actual consejero real —o, podríamos decir, “vice-rey”—, Fouad Ali El Himma, en El Aaiún en 2009, cuando reveló abiertamente que “el Estado había dejado de saber durante un tiempo qué ocurría en el Sáhara y que su llegada a El Aaiún tenía como objetivo neutralizar —un molar— por la fuerza”. Una referencia a la “desconfianza” del Estado ante la llamativa “penetración” de algunas de las familias que él mismo había creado en el territorio.

Los gatos gordos

Las ramas del árbol de las familias influyentes que controlan la riqueza y el mapa político-electoral del Sáhara pueden reducirse a cuatro grandes linajes familiares, que comparten la condición de riqueza y el beneficio de la “renta concedida”, aunque difieren en sus grados de influencia y poder político y electoral en la región. Son, precisamente, los gatos gordos del territorio.

La familia Al Rachid es una de estas familias que controlan el mapa electoral del Sáhara. Dirige el Ayuntamiento de El Aaiún desde comienzos de los años noventa del siglo pasado y preside el Consejo de la región de “Bojador-Sakia El Hamra“. Además, uno de sus miembros, Khalihen Ould Errachid, fue designado al frente del Ministerio de Asuntos Saharianos antes de ser nombrado presidente del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara, el “Corcas”, cuyo papel ha sido meramente simbólico desde su creación en 2006.

La familia es conocida por monopolizar contratos relacionados con el comercio de arena del Sáhara con la orilla española, además de empresas de conservas de pescado y negocios inmobiliarios.

En el plano partidista, la familia se ha mantenido fiel a su color político, el “Istiqlal”, después de abandonar anteriores partidos marroquíes, la Agrupación Nacional de Independientes y el Movimiento Popular, dos décadas después de la retirada del colonialismo español y del final del liderazgo de Khalihen Ould Errachid —actual presidente del Corcas— del “PUNS” español, el Partido de Unión Nacional Saharaui, en el que el dictador español Franco confiaba para atraer a los saharauis hacia la aceptación de una autonomía en el Sáhara Occidental, antes de orientar el mismo proyecto bajo una fórmula marroquí.

Esta familia consiguió ampliar su base social “electoral” en el territorio y atraer a organizaciones asociativas populares fuera de los periodos electorales.

Otra familia que constituyó un factor decisivo en la ecuación electoral del Sáhara es la familia Al Jomani, que acostumbró a concurrir a las elecciones para competir con los «Al Rachid» bajo las siglas del Movimiento Popular en El Aaiún, principal núcleo urbano del territorio del Sáhara Occidental, antes de cambiar su color político por el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, surgido del entorno del Palacio Real.

En el terreno económico, la familia fue una de las primeras en las que el Estado depositó su confianza mediante incentivos “rentistas” sin precedentes, iniciados en las décadas de 1970 y 1980, tras el encuentro de adhesión que reunió al fallecido rey Hassan II con el patriarca de la familia, el resistente Khatri Ould Said Jomani, en el otoño de 1975.

Desde las décadas de 1980 y 1990, consiguió desarrollar e invertir la riqueza rentista concedida en grandes operaciones financieras y comerciales relacionadas con la importación y comercialización de combustibles, contratos de transporte urbano, valiosos activos inmobiliarios y la propiedad del mayor rebaño de camellos que atraviesa la frontera mauritana.

La tercera familia es la de Al Derham, que consolidó su presencia comercial desde los últimos años del colonialismo español en el territorio del Sáhara. El Partido de la Unión Socialista de Fuerzas Populares se apresuró entonces a atraer a uno de sus miembros, el empresario Hassan Derham, con el objetivo de reforzar y financiar la presencia del partido en las ciudades saharianas.

La presencia de los Derham en el mapa electoral del Sáhara fue disminuyendo progresivamente en los municipios de El Marsa, Tarfaya y Dajla. Hoy concurren a las elecciones bajo las siglas del Partido del Progreso y el Socialismo, antiguo Partido Comunista marroquí.

En el ámbito económico, la familia, a través de su miembro Hassan Derham, se ha mantenido entre los principales distribuidores de combustibles del territorio, tras la oportunidad abierta por la liberalización del mercado marroquí de distribución de carburantes en 2005, además de contar con una flota de barcos de pesca costera y contratos exclusivos con Europa para la exportación de tomates procedentes de las explotaciones agrícolas de Dajla.

Todavía queda un punto de luz: un orgullo desafiante entre los saharauis de los campamentos y de los territorios, que han conseguido resistir durante más de cuatro décadas bajo el peso de la exclusión

En las filas de la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), el nombre de Mohamed Ayache ha cobrado protagonismo en los últimos años. Es el hombre que pasó de presidir la comuna de Foum El Oued, aquella pequeña localidad costera de la provincia de El Aaiún, a situarse en primera línea de la escena política de la ciudad. Desde que fue elegido presidente de la comuna y, posteriormente, llegó al Parlamento, Ayyach se ha ido convirtiendo gradualmente en uno de los nombres presentes en el mapa político del partido en el territorio.

Ayache enarbola la bandera de la Agrupación Nacional de Independientes, liderada por Aziz Akhannouch, empresario y presidente del Gobierno marroquí durante la legislatura que llega a su fin, mientras Marruecos se prepara para unas nuevas elecciones legislativas el 23 de septiembre de 2026.

Las fuentes abiertas no permiten conocer el alcance de la fortuna de Mohamed Ayache, ni ofrecen datos suficientes para determinar con precisión el valor de sus bienes o el origen de su patrimonio. Sin embargo, Ayache se mueve dentro de una amplia red tribal y social en el territorio, que incluye a varios primos y otros parientes dedicados a distintas actividades comerciales.

Algunos miembros de esta red están rodeados de acusaciones relacionadas con actividades ilícitas, desde el comercio de tabaco y drogas y el contrabando hasta la trata de personas. No obstante, estas acusaciones requieren, antes de ser publicadas, una verificación rigurosa mediante sentencias judiciales, expedientes oficiales y la identificación precisa de las personas implicadas, para evitar que el vínculo familiar se convierta en una prueba de responsabilidad individual.

La cuestión que se plantea, por tanto, no es si Ayache es responsable de los actos de sus familiares, sino si existen intereses económicos, comerciales o políticos compartidos entre él y algunos miembros de esta red, y si esas relaciones han tenido alguna repercusión en su trayectoria política o en su actividad como presidente de la comuna de Foum El Oued y diputado por la circunscripción de El Aaiún.

De este modo, el conflicto en el Sáhara es, ante todo, existencial, no solo entre el Estado y el Frente Polisario, sino también entre el Estado y aquellos a quienes creó hace poco en el seno del reino de la renta, hasta alcanzar un nivel de penetración y presión.

Lejos de este caos, todavía queda un punto de luz: la dignidad y el sentimiento de orgullo, hasta el extremo de una altivez eufórica y un orgullo desafiante entre los saharauis de los campamentos y de los territorios, que han conseguido resistir durante más de cuatro décadas bajo el peso de la exclusión y de la guerra de propaganda.

Por ello, al Estado no le queda hoy más opción que abandonar la mentalidad “colonial” obsoleta con la que gestiona la situación en el Sáhara.

Recuerdo aquí las palabras del fallecido rey Hassan II, cuando reconoció ante los dirigentes del Frente que acudieron a reunirse con él en Marrakech que Marruecos había ganado la tierra, la tierra del Sáhara, pero no había ganado los corazones de sus habitantes. Aquellas palabras fueron pronunciadas por el fallecido monarca a finales de los años ochenta, pero siguen siendo válidas para analizar lo que ocurre hoy en la gestión estatal de la situación en el Sáhara y la reducción de los saharauis a meras “familias feudales” creadas como “tutoras” de la población, aun sabiendo perfectamente que no son tutoras más que de sus propios intereses dentro de sus fincas alimentadas por rentas concedidas.

El problema marroquí 

En definitiva, el problema de Marruecos en el Sáhara Occidental no reside únicamente en el Frente Polisario, sino también en los gatos que ha engordado, empezando por los políticos de la renta, que no entienden de política más que lo que entienden de otras ciencias: la mayoría son analfabetos y comerciantes de las crisis. No ven la “marroquinidad” del Sáhara como una realidad, sino únicamente como un objetivo para permanecer en el regazo del poder y disfrutar de sus privilegios.

Aquí, uno dirige un ayuntamiento semejante a una cofradía sufí, en la que el discípulo se entrega a su maestro y se convierte para él en un muerto entre las manos de quienes lo lavan; allí, otro imagina que el dinero público que ha saqueado le otorga la condición de “dios”, hasta el punto de mover las olas humanas hacia la derecha o hacia la izquierda.

Los gatos gordos del Sáhara Occidental no son voces que defiendan su supuesta “marroquinidad”, ni son políticos preocupados por el interés público en el sentido tradicional, con visiones para gestionar el territorio de una manera que garantice la dignidad de sus habitantes y que luchen por conseguirlo. Son, más bien, un club de inversores y buscadores de intereses personales.