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Política
Marruecos y España, una amistad bajo sospecha
Después de ocho años sin un encuentro de estas características, el 1 de febrero comienza en Rabat la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los gobiernos de España y de Marruecos, dirigidos por Pedro Sánchez y Aziz Akhannouch. Con la ausencia de todos los ministros de Unidas Podemos, el encuentro se produce en un momento de buenas relaciones entre los dos Estados que contrasta con el clima de sospecha hacia Marruecos de los países del entorno europeo. Hoy, el socialismo español se ha convertido en el gran valedor del régimen de la monarquía alauita.
Tres asuntos muy relacionados entre sí forman parte de la agenda incómoda de la cumbre, el elefante en la habitación entre los representantes de dos Estados con una historia en común centenaria y extremadamente conflictiva. Por orden de aparición, el Marocgate, el último en llegar, es el de mayor influencia geoestratégica.
La justicia belga y los servicios secretos de cinco Estados europeos han señalado a determinadas instituciones marroquíes como el eje de un caso de presunta corrupción a parlamentarios de la socialdemocracia europea (S&D). El Marocgate ha transformado la hasta ahora feliz convivencia del bloque de la UE con el reino de la dinastía alauita, pero los socialistas españoles en Bruselas y Estrasburgo han mantenido la línea amistosa hacia Rabat en un clima de presión e investigación elevada especialmente por parte de la justicia y los medios de comunicación de Italia y Bélgica.
El 13 de diciembre de 2022, el diario belga Le Soir publicó las primeras informaciones sobre el papel del reino de Marruecos en la trama dirigida por el exparlamentario socialista Panzeri
El segundo caso es el posible uso por parte del Gobierno de Marruecos de la infraestructura de espionaje digital Pegasus, un malware con la capacidad de extraer todo tipo de información sobre la vida privada de personajes relevantes. El reino de Mohamed VI ha negado cualquier relación con el malware y España no ha pedido responsabilidades a NSO —grupo que distribuye Pegasus con autorización del Gobierno de Israel— por el espionaje a Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas. Tampoco por el espionaje no confirmado por Moncloa a Arancha González Laya, exministra de Exteriores, o el que sufrió el periodista Ignacio Cembrero.
La tercera cuestión es la de más resonancia histórica. El conflicto del Sahara Occidental, un territorio ocupado por Marruecos desde 1975, se reavivó cuando, de manera unilateral, Pedro Sánchez movió los cimientos de la tradicional pasividad de la democracia española en torno a la que fue la provincia número 53 del Reino.
Una carta filtrada, y muy probablemente redactada, por Rabat, en la que el Gobierno de España dice que “considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso”, ha abierto una nueva etapa de concordia aparente con Marruecos, que se puede ampliar en esta cita con un reconocimiento más o menos tácito del control marroquí del espacio aéreo y marítimo saharaui. Esa amistad se ha producido a costa de las relaciones con el pueblo saharaui y con Argelia, que retiró en mayo de 2022 a su embajador en España hasta la fecha.
Panzeri y las fichas de dominó
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola (Partido Popular Europeo, Malta), ha calificado el caso como un “ataque a la democracia europea” y una cascada de resoluciones han querido atajar el efecto que el escándalo conocido como Marocgate está teniendo en las sedes europeas. Hace dos semanas, el Parlamento suspendió por un periodo preventivo de seis meses todos los viajes previstos a Marruecos, y, en la misma resolución del 19 de enero, se discutió y votó una resolución sobre los derechos humanos en Marruecos. Algo insólito, ya que hasta ahora la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento se había cerrado en banda a abordar las denuncias de torturas y persecución a población civil cuando atañía a Marruecos.
La próxima semana se cumplirán dos meses del comienzo de las detenciones por el escándalo de corrupción Qatargate. El titular de la jornada fueron los 1,5 millones de euros en moneda corriente encontrados en 20 domicilios y oficinas de distintos funcionarios y asesores del entorno del Parlamento Europeo. Las indagaciones de la policía belga, que en un principio trataron de establecer cómo funcionaba la red de sobornos y prebendas planteada, presuntamente, para mejorar la imagen del emirato en la Unión Europea, pronto se dirigieron al reino de Marruecos.
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El 13 de diciembre de 2022, el diario belga Le Soir publicó las primeras informaciones sobre el papel del reino de Mohamed VI en la trama dirigida por el exparlamentario socialista Antonio Panzeri (S&D, Italia). Dos días después, el mismo medio informaba de “la injerencia” de los servicios secretos externos de Marruecos —la Dirección General de Estudios y Documentación, DEGD— en las decisiones del Parlamento Europeo.
A diferencia de Qatar, en el caso de Marruecos la supuesta trama no trataba de mejorar la imagen del país sino de operar sobre la cuestión concreta del Sahara Occidental y en relación a los acuerdos comerciales
El caso Marruecos ha tenido un efecto demoledor en el Parlamento Europeo. Después de muchos años de advertencias, la divulgación de los primeros indicios, tras la detención de Panzeri y de la también eurodiputada Eva Kaili (S&D, Grecia), ha transformado las habitualmente bien engrasadas relaciones entre la administración de Rabat y las instituciones europeas.
Ana Miranda, política del BNG y europarlamentaria en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, cree que en las últimas semanas se ha transformado radicalmente la forma en la que se percibía la presión e influencia de Marruecos en Bruselas y Estrasburgo. A diferencia de Qatar, en el caso de Marruecos la supuesta trama no trataba de mejorar la imagen del país sino de operar sobre la cuestión concreta del Sahara Occidental y en relación a los acuerdos comerciales.
Miranda relaciona la nómina de presidentes de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento con lo que se está conociendo en el caso Marruecos. Desde ese grupo, cuya anterior presidenta, la socialista belga Maria Arena, dimitió el 11 de enero, y que también presidió el propio Panzeri, se ha impedido sistemáticamente la discusión sobre las prácticas denunciadas por activistas de derechos humanos respecto a las torturas en contextos como el del Sahara Occidental o el del movimiento Hirak en el Rif.
“Los socialistas, especialmente los españoles e italianos”, indica Miranda, “han favorecido siempre a Marruecos. No sé si andan con sacas de dinero o no, pero sus influencias [por Marruecos] cambian decisiones”, denuncia esta parlamentaria.
El periodista marroquí Ali Lmrabet es una de las voces más críticas con el régimen marroquí. Según la información que ha recibido desde Bélgica, la organización criminal dirigida por Panzeri viene de lejos y las administraciones marroquíes habrían dado inicio a la presunta trama a la que luego se sumó Qatar. La pista para destapar el escándalo, estima Lmrabet, fue proporcionada a la Fiscalía federal belga por un servicio secreto europeo, y otros cuatro han participado en la acumulación de información sobre la actividad de Marruecos en Bruselas. Mientras los gobiernos de Emmanuel Macron en Francia o de Pedro Sánchez consienten la presión y buscan el acercamiento con Rabat, la guerra de los servicios secretos contra el DEGD, estima este periodista y escritor, es “total”.
Según ha publicado El Confidencial, los servicios de inteligencia de Italia, Polonia, Grecia, Francia y España son los que están detrás de la pista que sigue la fiscalía belga. Han vigilado a Panzeri y también a sus contrapartes marroquíes: el actual embajador en Polonia, Abderrahim Atmoun, que ejerció ese papel hasta 2019, y el agente Mohamed Belahrech, nombre en clave M118, presunto cerebro de la trama desde entonces.
Ignacio Cembrero: “¿Qué otro país podría tener interés en seguir mi actividad? Han intentado llevarme a los tribunales dos veces por la vía penal, dos veces por la vía civil mediante demandas”
Para Ali Lmrabet, las últimas noticias sobre la retirada de la petición de extradición de la mujer e hija de Panzeri significan que el eurodiputado —condecorado por el propio Mohamed VI en 2014— está dispuesto “a darles todo a las autoridades belgas a cambio de una pena mínima de cárcel”.
Ignacio Cembrero, también periodista y, como Ali Lmrabet, una voz en el punto de mira de Marruecos desde hace años, coincide en que el testimonio de Panzeri y hasta dónde puede llegar es la clave del caso. Pero Cembrero introduce otra valoración y es lo innecesario del sistema presuntamente puesto en marcha por el Estado marroquí. “El Parlamento Europeo tenía un prejuicio favorable y velaba por los intereses de Marruecos, tanto los socialistas (S&D) como el Partido Popular Europeo”, sin los sobornos investigados, opina este colaborador de El Confidencial, hubiera obtenido los mismos resultados.
Nadie cortó las alas de Pegasus
El lunes 30 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez contestaba con un frío mensaje de “respeto” a la independencia judicial ante las reiteradas solicitudes de información sobre la acción del Ejecutivo en el caso de Cembrero, especializado desde hace décadas en la cobertura del Magreb. El día 13, este periodista acudió al Juzgado de Primera Instancia de Madrid al juicio por la demanda civil que las autoridades de Rabat interpusieron en España tras la publicación por parte del propio Cembrero de la convicción de que Marruecos está detrás de su espionaje por medio del programa Pegasus.
En julio de 2021, la información publicada por un consorcio de medios bajo la etiqueta Forbidden Stories situaba a este periodista como el único español de una lista de varios cientos de personas de interés espiados con el programa Pegasus, del grupo israelí NSO, un malware que solo se distribuye a Estados extranjeros previa autorización del Ministerio de Defensa israelí.
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Rabat busca en el juicio planteado por vía civil en Madrid que Cembrero reconozca que se equivocó al declarar sus sospechas sobre el espionaje, pero no solo eso, sino que reclama a la justicia española que determine que este periodista no ha sido víctima de ningún acto de espionaje con el malware Pegasus, algo que trasciende al juzgado de lo civil en el que está el caso, sin capacidad de probar ese extremo.
En conversación telefónica con El Salto, Cembrero, responde sobre su caso:
Pregunta: ¿Está meridianamente seguro de que el espionaje de Pegasus procedía de Marruecos?
Ignacio Cembrero: ¿Qué otro país podría tener interés en seguir mi actividad? Han intentado llevarme a los tribunales dos veces por la vía penal, dos veces por la vía civil mediante demandas. Escribo fundamentalmente sobre Marruecos, también algo sobre Argelia y sobre las comunidades musulmanas en España y el Islam en España, pero no veo qué otro país podría tener tanto interés en seguir mi actividad. Pero aparte de eso, tuve el gusto, entre comillas, de, el 20 de junio de 2021, leer en una publicación marroquí —Maroc Diplomatique— dos mensajes de WhatsApp intercambiados con autoridades españolas sobre la crisis con Marruecos en los que yo decía determinadas cosas que no había comentado, ni con familiares ni con colegas. Evidentemente, al periodista que publicó aquello entiendo que los servicios secretos marroquíes le tenían que haber suministrado esa información para que pudiera arremeter contra mí en su columna, puesto que la columna iba titulada “Ignacio Cembrero, el ectoplasma de La Moncloa”. Un mes después, el 18 de julio de 2021, el consorcio Forbidden Stories, del que forman parte 17 grandes medios de comunicación (no hay ninguno español), publicó mi nombre y dijo que yo era uno de los objetivos del espionaje de Marruecos con Pegasus. Me llamaron por teléfono, no al móvil, para contactar conmigo y pedirme si quería hacer algún tipo de comentario o de declaración. Esa fue el segundo gran indicio de que yo había sido espiado con Pegasus. El primero fue la lectura de mis WhatsApp en Maroc Diplomatique.
En mayo de 2022, La Moncloa confirmaba por boca del ministro de presidencia, Félix Bolaños, que el Centro Criptológico Nacional había comprobado que tanto como Pedro Sánchez como la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con ese programa. Posteriormente la nómina de presuntos espiados incluyó también a los titulares de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Agricultura, Luis Planas.
El Gobierno ha guardado silencio sobre esa intromisión en la vida privada de algunas de sus personas clave. La sombra de Marruecos, sin embargo, no ha dejado de acompañar a un caso que —según publicaba la agencia Colpisa el pasado día de reyes— va hacia una vía muerta por la nula colaboración de Israel, la escasa información con que cuenta el Centro Criptológico Nacional y la poca enjundia de los testimonios recogidos en sede judicial, incluido el de la exdirectora de los servicios secretos, Paz Esteban, que descartó que fuese el CNI el que espió a Sánchez.
Ali Lmrabet ha sido otro de los periodistas espiados con Pegasus. Para él, hay una relación inequívoca entre el uso de ese malware y los últimos sucesos relacionados con Marruecos, y no duda en calificar a Sánchez como un presidente “sin escrúpulos” y sin principios, que “no quiere jaleos con Marruecos porque ya tiene bastantes jaleos políticos en España”.
Los indicios que han avivado la hipótesis de que fue Marruecos quien usó Pegasus corresponden a las fechas en las que se realizaron las capturas de información, en un mes que comenzó con el traslado a España del líder saharaui Brahim Ghali para tratarse de covid-19 y que terminó con una crisis fronteriza de enormes dimensiones en Ceuta.
El cambio que va de Laya a Albares
El 20 de enero, Ghali, secretario general del Frente Polisario, era reelegido en el cargo con casi el 70% de los votos de la organización saharaui. Después de retomar la lucha armada en noviembre de 2020, el compromiso de Ghali al frente de la principal organización política saharaui es mantener e intensificar la guerra contra Marruecos.
Desde la perspectiva saharaui, el curso de los acontecimientos tiene una lectura clara. En abril de 2021, Ghali fue trasladado a la base área de Zaragoza, un traslado autorizado “por razones humanitarias” por parte del Ministerio de Exteriores, dirigido entonces por Arancha González Laya. El tratamiento de Ghali coincidió con el espionaje de los móviles de Sánchez y cuatro ministros, por lo que el líder del Polisario no tiene dudas: para él fue Marruecos quien estaba detrás del espionaje, que también le afectó a él personalmente. De hecho, las instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) han denunciado que el viaje de su presidente y de otro alto cargo gubernamental fue conocido por Rabat gracias al malware proporcionado por NSO.
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El jaleo diplomático de la primavera de 2021 —que tuvo su eco con la apertura y cierre en la Audiencia Nacional de un proceso por genocidio contra el propio Brahim Ghali— se llevó por delante la carrera en el Ministerio de Arancha González Laya, que fue cesada en julio de 2021. La crisis con Marruecos quedaba definitivamente superada con la aceptación por parte de Sánchez y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, de las tesis de Rabat respecto al Sahara.
El paso adelante dado por Sánchez tuvo un efecto secundario en forma de ruptura comercial con Argelia, principal gobierno aliado de la RASD
La eurodiputada Ana Miranda explica este giro desde una perspectiva material: “Los intereses son tan directos que, en lugar de defender la parte de responsabilidad histórica y aun pendiente dentro de Naciones Unidas que tiene el Estado español respecto al Sahara, lo ha vendido”.
En septiembre de 2022, Sánchez acudió a la tribuna de la ONU en su Asamblea General y pidió una solución “política” para el conflicto sobre la soberanía del Sahara sin hacer alusión a la carta publicada por Rabat. “En la ONU Pedro Sánchez no dice lo que dijo aquí en España”, denuncia indignado Ali Lmrabet, “él piensa que puede engañar a los unos y a los otros”.
El paso adelante dado por Sánchez tuvo un efecto secundario en forma de ruptura comercial con Argelia, principal gobierno aliado de la RASD. Un error de cálculo fruto del desconocimiento, para Lmrabet, quien lanza la posibilidad de que, en el caso de que Marruecos sea el responsable del espionaje mediante malware —algo que Rabat niega—, la postura de Sánchez sea fruto de una coacción. Pegasus y esta clase de ciberarma ha multiplicado exponencialmente la capacidad de espionaje que había antes de la era digital. El llamado kompromat —la acumulación de información comprometedora sobre una persona de interés— ha abierto una nueva fase, y los 2,6 gigas extraídos del móvil de Sánchez y los seis del de Marlaska podrían contener información sensible. Esa hipótesis la dejó también por escrito Iñaki Ellakuría en una columna de opinión en El Mundo.
Ignacio Cembrero considera poco plausible y ve con escepticismo la posibilidad de que el giro sobre el Sahara Occidental y las cesiones a Marruecos se deban a un chantaje de esas características: “No creo que haya una relación entre el pirateo de esos móviles y el cambio de postura del presidente del Gobierno con relación al Sahara Occidental”.
La razón más evidente del cambio, para este periodista, es la enorme presión generada por Marruecos sobre las Islas Canarias, Ceuta y Melilla por medio del control migratorio y “quizá, no lo sabemos, una interrupción de la cooperación en materia antiterrorista, como ya sucedió en 2014”. Para “vivir en paz” con Marruecos, La Moncloa recurrió al exministro Miguel Ángel Moratinos, guía de ese viaje que termina con la carta firmada por Sánchez y por Albares y con el inicio de una “luna de miel” que tiene en la Reunión de Alto Nivel de hoy miércoles y mañana jueves su escenificación.
La migración y la pesca
En marzo de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) comenzaba el estudio del acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. Un negocio sobre el que planea la ocupación del Sahara Occidental. Gran parte del pescado que Marruecos exporta a los supermercados y comercios europeos, y la práctica totalidad del pulpo, es capturado en los caladeros saharauis. El anuncio contrarió a Rabat, que contraatacó provocando la mayor crisis fronteriza de la década en el Mediterráneo sur de esta década.
8.000 personas fueron utilizados para la coacción en la frontera de Ceuta. Una crisis anunciada que tenía doble objetivo: castigar a España por el caso de Brahim Ghali y presionar a la Unión Europea.
Uno de los temas sobre los que se discutirá en la reunión de esta semana es la reapertura de las aduanas comerciales, que el 27 de enero Marruecos postergó hasta la celebración de la cumbre
En septiembre de ese mismo año, el Tribunal General anuló las decisiones del Consejo Europeo relativas a los acuerdos de importación de productos pesqueros y agrícolas. La corte, dependiente del Tribunal de Justicia de la UE, dio la razón al Frente Polisario, que ha defendido desde la ratificación de los acuerdos que la UE no tiene potestad para firmar unos textos que afectan a la soberanía de un tercer país, en este caso la RASD.
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Este acuerdo es una de las claves de la influencia de Marruecos en el Parlamento Europeo, bajo sospecha desde la difusión del Marocgate, y en varias ocasiones han generado tensión. Ana Miranda recuerda que el representante de Marruecos la insultó “cuando le dije que el acuerdo tenía que ser firmado en el Polisario”. Miranda vaticina un terremoto político si el TJUE emite una sanción definitiva sobre los acuerdos de importación favorable a los intereses del Polisario. En ese caso, la UE, y aquellas empresas que hayan hecho negocios con compañías marroquíes en base a estos acuerdos comerciales, tendrán un agujero financiero como consecuencia de la ilegalidad del tratado, que quedaría paralizado.
Sin embargo, para esta eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego, el resultado de la cumbre que arranca hoy en Rabat puede ser el anuncio de otro acuerdo sobre pesca, algo que complicaría de nuevo la posición de las empresas españolas caso de que la justicia europea falle en contra de los intereses del reino alauita.
La cuestión migratoria no es la única justificación que Miranda encuentra a la posición adoptada por España en los últimos nueve meses. Otra clave es en materia de Defensa, y en el papel que Marruecos juega en el Mediterráneo sur, en plena sintonía con Estados Unidos. El Gobierno de Akhannouch firmó en noviembre de 2021 un acuerdo de cooperación en materia de Defensa con Israel, que incluye colaboración en materia de inteligencia, industria de defensa y entrenamiento militar. Esa posición en el sistema defensivo ideado por el Pentágono para Europa, las materias primas —entre otras los fosfatos saharauis— y los productos alimentarios son los otros grandes activos con que cuenta Rabat en el nuevo orden geopolítico mundial.
Uno de los temas sobre los que se discutirá en la reunión de esta semana es la reapertura de las aduanas comerciales, que el 27 de enero Marruecos postergó hasta la celebración de la cumbre, quizá con la pretensión de que el Gobierno español lo presente como una concesión después del cierre unilateral aprobado por el reino alauita en 2018. Para Lmrabet, aparte de la reapertura de una aduana “que ya existía hace 150 años”, el régimen de Mohamed VI tiene previstas pocas cesiones y algunas como la omisión en los discursos oficiales, aunque sea tácitamente, de que Ceuta y Melilla pertenecen al Reino de España, son una quimera, algo que no va a producirse. “El poder en Marruecos está encantado con lo que está haciendo Pedro Sánchez”, resume Ali Lmrabet, “porque éste no le está dando nada a cambio”.
Así pues, el principal argumento por la parte española es la migración y los resultados en esta materia como fruto del acercamiento. Resultados de los que presumió Sánchez el 24 de enero en el Congreso: “De todas las rutas migratorias hacia Europa la única que ha decrecido es la de Marruecos hacia España”, señaló Sánchez con datos de Interior, que estiman en más del 20% la reducción de entradas al territorio español por el Mediterráneo sur. Lo que es “una verdad a medias”, señala Ignacio Cembrero, que destaca cómo también han decrecido las entradas desde Argelia, con quien el entendimiento actual es nulo.
Además, por encima de los fríos números, en el legado del Gobierno de coalición está la masacre de Melilla, un episodio no aclarado en una comisión de investigación parlamentaria que se produjo con posterioridad al anuncio de Sánchez sobre el Sahara Occidental, es decir, en la inaugurada etapa de amistad con el socio del sur. El caso ha tenido poca repercusión en Marruecos, donde el Consejo de Derechos Humanos sacó su informe responsabilizando a la Guardia Civil española de lo sucedido. Las instituciones marroquíes tampoco han puesto de su parte para la localización de las 70 personas que permanecen desaparecidas desde el 24 de junio de 2022.
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En su comparecencia en el Congreso, la práctica totalidad de los grupos de la cámara criticaron a Sánchez por esta amistad de nuevo cuño con el régimen de Mohamed VI, que se ha traducido en ese voto negativo de los diputados socialistas a la resolución del Parlamento Europeo en las que se denunciaban las posibles corruptelas del Marocgate y la persecución a la libertad de expresión en Marruecos. Hasta ahora, el socialismo español ha cerrado filas en torno a la amistad recuperada con el reino del sur, porque, como explicó Juan Fernando López Aguilar, tener una buena relación con el “vecino inexorable” del sur implica para ellos “tragar sapos”.
El previsible silencio en torno a los casos Marocgate, Pegasus y la cuestión del Sahara son las pruebas de amistad de una cumbre que, en su agenda oficial, abordará temas como las relaciones comerciales, especialmente pesqueras, las relaciones aduaneras, las nuevas inversiones europeas en Marruecos y el control migratorio que ejerce el Estado norteafricano: principal aliciente para el Gobierno español para mantener esas relaciones cordiales con “nuestro amigo” el rey Mohamed VI.
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