Pobreza
El verdadero escudo social es el urgente cumplimiento de los derechos humanos

“Seguir protegiendo a los vulnerables”. Ese es el objetivo que pretende la prórroga del llamado escudo social, según ha manifestado recientemente en rueda de prensa la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Sin embargo, las personas en situación de vulnerabilidad, lejos de sentir esa protección institucional, hacen frente —a pecho descubierto— a un día a día lleno de dificultades para llegar a fin de mes, trabas burocráticas para acceder a las ayudas, listas de espera que desesperan…

La edición 2021 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), enmarcados en el proyecto europeo Urban Audit sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea, incluye a doce barrios de Andalucía entre los quince con menor renta neta media anual por habitante de toda España. El paro alcanza las 909.300 personas, según datos del tercer trimestre de la EPA del 2021, un 4,74% más que el trimestre anterior, justificado por el presidente de la Junta porque en ese período la encuesta “tradicionalmente suele ser siempre mala” para Andalucía. Los lanzamientos, en plena pandemia y pese a la prórroga establecida por el decreto anti-desahucios suman 1.794 en el segundo trimestre de 2021, un 552’4% mayor que en el mismo trimestre de 2020 y disminuye un 26’2% con respecto a 2019.

Según datos recientes publicados por el Consejo General del Poder Judicial en España, se ejecutaron, en el primer trimestre de este 2.021, un total de 10.414 desahucios por impago de alquileres e hipotecas. En Andalucía, en el mismo primer trimestre del 2.021, fueron 1.685 (una media 18,7 lanzamientos diarios).

Más de 753.000 personas en Andalucía reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre

El Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía 2021 que publica la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) constata que el 35,1% de la población en Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2020, el número de andaluces que sufren privación material severa se ha incrementado en 2,1 puntos porcentuales, un 36% más elevada que la de 2019, situándose al mismo nivel que la registrada en 2015. Según este informe, más de 753.000 personas en Andalucía reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre; el 17% del total de las personas que reciben una pensión. El importe de la misma es inferior al umbral de la pobreza severa. El 56,8% de mujeres ocupadas en Andalucía trabaja por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Aumenta en 2020 el número de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, creciendo de un 2,6% al 6%, lo que supone un 131% de aumento en 2020. La tasa AROPE —de pobreza y exclusión social— es un 33% superior a la media estatal.

La aprobación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, base sobre la que se sustentan los Servicios Sociales (S.S.) pudo haber supuesto unas expectativas para el sistema, donde la base de la justicia debía primar sobre la caridad y el asistencialismo, pero la falta de voluntad política y de presupuesto la dejan en una mera quimera.

Como ha ocurrido con otras leyes vinculadas al estado de bienestar, el poco interés por parte de los políticos, más allá de las falsas promesas, ha hecho que los Servicios Sociales como sistema público fracasen

No se ha creado un derecho subjetivo ni se universalizaron los servicios. Prima el asistencialismo por encima de la defensa de los derechos de las personas en todas las áreas básicas que, para poder existir y vivir, se requiere y exige la defensa de los derechos humanos. Y como ha ocurrido con otras leyes vinculadas al estado de bienestar, salud, educación, vivienda, etc. la falta de financiación, el escaso desarrollo normativo, el poco interés por parte de los políticos, más allá de las falsas promesas, ha hecho que los S.S. como sistema público fracasen. Faltan profesionales, y se traduce en el gran colapso que sufren ante una atención desbordada y sobre todo la escasa inversión en los mismos. Ello ha dado lugar a que este sistema público de S.S. sea una ficción, a favor de una derivación cada vez mayor hacia las contrataciones externas, con la consiguiente privatización de servicios esenciales.

Tenemos un estado de bienestar inconcluso que hoy más que nunca se derrumba, condenando a la expulsión —una vez más— a una parte importante de la población, agravándose esta situación en Andalucía, por las altas tasas de pobreza y exclusión ya existentes, donde la privatización de todos los servicios públicos es un hecho claramente constatable.

Las cifras de pobreza severa cuestionan el alcance del escudo social

Sarah Babiker

Pobreza

Pobreza severa Las cifras de pobreza severa cuestionan el alcance del escudo social

Sarah Babiker

4,5 millones de personas están en situación de pobreza severa en el Estado. El último informe de EAPN muestra la extensión de la privación material a pesar de medidas como el Ingreso Mínimo Vital.

Un año de IMV La pobreza sin salida del Ingreso Mínimo Vital

Ingreso mínimo vital Historia de un abandono institucional

Quién es el adversario que golpea de forma consciente y cruel a la ciudadanía, especialmente a la que vive excluida de derechos básicos que garanticen unas condiciones de vida dignas. Cabe preguntarse por qué los diferentes gobiernos de distinto signo político, están permitiendo que existan desigualdades sociales, personas buscando comida en contenedores de basura, gentes sin techo y casas vacías, muchas de ellas en manos de financieras y bancos (éstos sí, rescatados), guetos, hogares sin ingresos suficientes, desempleo, fracaso y absentismo escolar, precariedad laboral, laberintos burocráticos que amplían la brecha digital e impiden el acceso a los recursos y ayudas que tanto venden a bombo y platillo, recorte de líneas, plazas y profesorado en educación, aumento de la conflictividad social, derechos y libertades coartados por la ley mordaza, familias desestructuradas, infraviviendas, precios de la electricidad disparados y cortes/apagones de luz continuos por falta de inversión en la modernización de infraestructuras eléctricas, privatización y externalización de servicios públicos, ley de extranjería que no respeta los derechos de las personas migrantes, medios de comunicación al servicios de los grandes intereses económicos que ocultan deliberadamente esta realidad confundiendo y distorsionando los hechos, escasa movilización social solo explicable por el profundo desencanto y la ausencia de expectativas en los distintos gobiernos y partidos —más preocupados en defender el nicho de prebendas de su entorno inmediato que a la ciudadanía—, barrios olvidados y abandonados mientras la acción se concentra en el centro urbano con una promoción desmedida del turismo… y las “colas del hambre” formando grandes listas de espera —agudizadas desde el estado de alarma— y que con la pandemia se han trasladado al 010, invisibilizando una demanda cada vez mayor y más desencantada con los discursos y promesas que se lanzan desde los púlpitos a punto de urna.

Nos encontramos con unos servicios públicos cada vez más debilitados, degradados y colapsados, con una clara tendencia a su progresiva privatización

Frente a esta situación de degradación social, consecuencia de los desajustes y desigualdades creadas por el propio sistema económico y social, nos encontramos con unos servicios públicos cada vez más debilitados, degradados y colapsados, con una clara tendencia a su progresiva privatización; un estado de bienestar inconcluso y que hoy más que nunca se derrumba, condenando a la exclusión una vez más, de una parte importante de la población.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunciamos las causas estructurales de un sistema que silencia la pobreza, expulsando a las personas más necesitadas o abocándolas, en el mejor de los casos, a una respuesta asistencial por parte de las administraciones públicas. Denunciamos que el derecho humano a la protección social que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos es una quimera para la mayoría de personas que lo necesitan y viven —o malviven— en el más absoluto desamparo; personas marginadas, privadas de derechos sociales y económicos. Denunciamos que se priorice el derecho sagrado a la propiedad privada mientras se niega el derecho a techo, consintiendo que fondos buitre, entidades bancarias o empresas públicas (municipales y autonómicas) sigan acumulando viviendas vacías como medio de negocio carroñero, cuando hay miles de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. Denunciamos el colapso de los Servicios Sociales y la saturación de los y las profesionales que han visto multiplicada la demanda mientras la plantilla sigue siendo mayoritariamente temporal e insuficiente para responder con calidad a las situaciones que se están planteando.

Ante este contexto, una reivindicación fundamental es la existencia de una Renta Básica Universal que pueda paliar el desamparo que sufren los colectivos más vulnerables y que rompa los obstáculos que se encuentra la población para el acceso a unas condiciones de vida dignas. A esa demanda se suma que los poderes políticos, las grandes financieras, la administración de justicia, la legislación vigente, los medios de comunicación… dejen de hacer oídos sordos y hagan efectivo un pacto por los derechos humanos, denunciando las situaciones que los incumplen y exigiendo encarecidamente su cumplimiento.

En busca del apoyo ciudadano a una renta básica universal en Europa

Sarah Babiker

Renta básica

Renta Básica Universal En busca del apoyo ciudadano a una renta básica universal en Europa

Sarah Babiker

A un año de la presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea por la renta básica los colectivos promotores ensayan nuevas formas de convencer a una sociedad que no acaba de decidirse por este reclamo.

En materia presupuestaria, exigimos inversión en proyectos sociales y medidas urgentes (educativas, de inserción socio-laboral, de emprendimiento y desarrollo sostenible, tejido social, espacios sociales…) capaces de atajar las causas que generan la exclusión y que hagan copartícipe a la población en la búsqueda de soluciones para la mejora de sus condiciones de vida. Con ello, la atención sin demora y el acceso presencial a servicios sociales, sanitarios, y a todos los organismos públicos y Administraciones, así como sistemas de control y reparación que aseguren el buen funcionamiento de las medidas que se establecen para cubrir las necesidades de la población.

Reivindicamos, en definitiva, servicios públicos universales y de calidad, con una atención adecuada centrada en la persona, humana, empática, facilitadora, ágil y resolutiva desde todas las instituciones y organismos públicos.

La razón de ser de las Administraciones públicas es la organización de la vida social y los servicios necesarios para las personas, y siempre, en primer lugar, la atención y el cuidado de las personas más vulnerables y frágiles. Por eso, desde APDHA exigimos el fortalecimiento de los servicios públicos con partidas presupuestarias acordes a las necesidades reales de la población.

El único escudo social es el que protege de las injusticias dotando de derechos a quienes las sufren cotidianamente. El verdadero escudo social es el urgente cumplimiento de los derechos humanos.