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Del sumario del caso Leire a Ortuzar: cómo el rescate de Tubos Reunidos alcanzó al PNV

A comienzos de junio, El Salto detalló las claves del sumario del caso Leire: la investigación sobre la estructura que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría intentado influir en decisiones policiales, judiciales y económicas en beneficio de terceros. En aquel relato, el rescate de Tubos Reunidos aparecía en una pieza reservada, en la que la UCO indagaba la relación entre el reparto de fondos públicos y la actividad de la red que encabezaba la exmilitante socialista Leire Díez.

Un informe de la UCO conocido el 23 de junio, integrado en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sitúa a la dirección que el Partido Nacionalista Vasco tenía en 2025 dentro de esas gestiones, según informó Naiz. El documento no atribuye al partido cobro alguno; le adjudica el papel de interlocutor institucional en la operación.

El origen es una inyección de dinero público aprobada años antes. En 2021, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rescató a Tubos Reunidos con 112,8 millones de euros a través del fondo estatal de apoyo a empresas estratégicas. Según el relato de los investigadores, la compañía buscó después rebajar las condiciones de devolución de esa ayuda: evitar el pago de unos diez millones procedentes de la venta de un inmueble y renegociar a la baja los intereses pendientes.

En ese contexto la UCO fecha, el 28 de enero de 2025, una reunión en la que habrían coincidido el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar; el responsable de Organización y senador, Joseba Aurrekoetxea; el exdirector de la SEPI Vicente Fernández, y el directivo de Tubos Reunidos Carlos de las Heras. El encuentro, sostiene el informe, fue organizado por la red investigada. Días antes, Díez había anotado en una de sus libretas incorporadas a la causa: “TTRR, buena acogida en el PNV. Andoni y Joseba. Cambio en la actuación con SEPI. 11% intereses 2025, 13% – 2026”, en referencia a la empresa, a los dos dirigentes y a los intereses del préstamo.

La instrucción de Pedraz se centra en el presunto cobro de comisiones por esa intermediación. La UCO calcula que los principales investigados —entre ellos el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la propia Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso— habrían percibido 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martínez, según la información de la agencia EFE. El PNV no figura entre los perceptores.

El partido no ha negado la reunión. En su respuesta pública, fuentes de la formación reconocieron haber mantenido contactos con miembros del Gobierno para interesarse por la situación de Tubos Reunidos, y enmarcaron esas gestiones en la defensa de empresas «estratégicas» por su peso en el empleo vasco. Según esas mismas fuentes, el PNV se ha interesado igualmente por compañías como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH o CAF. El partido descartó cualquier relación con «las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas» y subrayó que no responde de lo que hagan terceros. La cadena Euronews resumió que la Guardia Civil ubica al partido en las gestiones a partir del interés mostrado por Ortuzar en el rescate.

Un historial ya documentado

El episodio se suma a un historial que este medio ha documentado a lo largo de los últimos años. En materia estrictamente judicial, el caso de mayor calado sigue siendo el conocido como caso De Miguel: el Tribunal Supremo ratificó las principales penas por corrupción impuestas a tres excargos del partido por delitos como tráfico de influencias, prevaricación y malversación en la adjudicación de contratos públicos. Más allá de los tribunales, Hordago-El Salto ha detallado la red de puertas giratorias entre el PNV y el oligopolio energético y el caciquismo en torno al Centro Vasco de Emprendimiento, donde la administración controlada por el partido derivó fondos y contratos hacia la consultora PwC.

Ese último dato conecta con la trayectoria reciente del propio Ortuzar. El dirigente dejó la presidencia del PNV en marzo de 2025, cargo que ocupaba desde 2013, tras una carrera que este medio repasó en su día a partir de su paso por la dirección de EiTB. En diciembre de ese año, Telefónica lo incorporó al consejo de administración de su filial audiovisual, Movistar Plus+, según informó El Independiente; el mismo medio detalló que ejerce además como asesor externo de PwC, la consultora cuyos vínculos con la administración jeltzale ha documentado esta revista.

La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional. Por ahora, lo conocido es un informe policial en fase de instrucción, un encuentro que el partido admite y un rescate millonario cuyas condiciones de devolución, según los investigadores, alguien intentó modificar. Corresponde al juez Pedraz determinar el alcance de esas gestiones.