Petronor
Petronor desconvoca la huelga indefinida pese a que los riesgos de seguridad siguen intactos

La huelga indefinida en Petronor, que durante casi tres meses situó en el centro del debate público el deterioro de las condiciones laborales y de seguridad en la refinería de Muskiz, ha sido desconvocada. El acuerdo fue alcanzado el pasado 16 de diciembre entre la dirección de la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y ELA, apenas dos horas antes de la asamblea de fábrica convocada para evaluar colectivamente el estado del conflicto.

La decisión, tomada sin someterse a votación de la plantilla, ha abierto una nueva fase de tensión interna y ha coincidido, apenas unos días después, con un giro judicial clave.

El Juzgado de lo Social nº 11 de Bilbao ha dado la razón a la parte social y ha declarado injustificada la modificación sustancial de condiciones de trabajo impuesta por la empresa el 15 de septiembre, relativa al traslado de vestuarios del personal de producción.

La sentencia obliga a Petronor a reponer a la plantilla en las condiciones anteriores y a volver al sistema de relevo histórico, desmontando el principal argumento empresarial con el que se intentó minimizar el conflicto. El tribunal deja claro que no se trataba de una simple mejora de vestuarios, sino de un cambio organizativo impuesto que suponía más tiempo de trabajo efectivo no computado ni compensado, un extremo que la propia empresa llegó a reconocer durante el procedimiento.

Los sindicatos UGT, CCOO y ELA desconvocan una huelga indefinida apenas dos horas antes de la asamblea de fábrica convocada para evaluar colectivamente el estado del conflicto.

El paro había arrancado el 25 de septiembre con el respaldo del 91% de los trabajadores y trabajadoras, tras un conflicto que la empresa trató de reducir a una “guerra de vestuarios”, pero que el comité situó desde el inicio en un marco más amplio vinculado a los incumplimientos reiterados por parte de la empresa, denuncias de sobrecarga laboral y, sobre todo, un deterioro de las instalaciones que los propios trabajadores describieron como un “polvorín”.

Ese diagnóstico, advertían entonces, no solo afectaba a la plantilla, sino al conjunto del entorno.

La resolución judicial refuerza uno de los ejes centrales del conflicto, ya subrayado en el reportaje publicado por Hordago durante la huelga, y es que lo que estaba en juego no eran unos metros de recorrido ni una cuestión logística menor, sino el reconocimiento del tiempo de trabajo como tiempo remunerado y la imposición unilateral de cambios que empeoraban las condiciones laborales. 

El juzgado reconoce además que el sistema de relevo previo constituía un derecho consolidado, poniendo límites explícitos a este tipo de modificaciones organizativas.

Acuerdo sin asamblea y fractura sindical

La desconvocatoria de la huelga no ha contado con el respaldo unánime del comité de empresa. El sindicato Trabajadores por la Unidad (TU) —una organización con implantación histórica en sectores industriales de Euskal Herria y en cuya trayectoria confluyen militancias procedentes de ESK y LAB, aunque con estructura y línea propias— ha rechazado el acuerdo alcanzado entre la dirección de Petronor y las centrales UGT, CCOO y ELA.

En su comunicado, TU subraya que el pacto se limita a un único compromiso empresarial: la retirada de la denuncia por huelga ilegal interpuesta contra el comité y las integrantes del comité de huelga.

Ninguna mejora laboral concreta, ninguna garantía adicional en materia de seguridad y ningún avance real sobre las causas que originaron el conflicto.

El Juzgado de lo Social nº 11 de Bilbao ha dado la razón a la parte social y ha declarado injustificada la modificación sustancial de condiciones de trabajo impuesta por la empresa 

Desde esta sección sindical sostienen que el acuerdo no compensa, ni política ni materialmente, los 83 días de huelga sostenida desde el 25 de septiembre. La apertura de una mesa negociadora para un convenio denunciado desde septiembre de 2024 aparece descrita como un horizonte “vago e indefinido”, insuficiente para dar por cerrado un conflicto que había puesto sobre la mesa problemas estructurales de contratación, sobrecarga laboral y mantenimiento.

En ese sentido, TU rechaza la lectura de que la desconvocatoria suponga una salida negociada y a su juicio, se trata más bien “de un cierre en falso”.

La forma en la que se ha adoptado la decisión es, para este sindicato, tan relevante como su contenido. El acuerdo se firmó apenas dos horas antes de la asamblea de fábrica convocada para evaluar colectivamente la huelga, lo que impidió cualquier debate interno sobre escenarios, costes y consecuencias.

Para TU, una decisión de este calibre solo podía corresponder a la asamblea de trabajadores y trabajadoras, como expresión máxima de soberanía sindical. Eludir ese espacio ha sido interpretado como una ruptura del mandato de la plantilla y como un precedente peligroso para futuros conflictos, especialmente en una industria donde la correlación de fuerzas ya es desigual.

El 2 de diciembre se produjo el colapso del techo de un tanque de gasolina, con la consiguiente emisión de sustancias altamente contaminantes y potencialmente cancerígenas. 

Mientras la dirección da por cerrado un paro que había cuestionado públicamente su modelo de gestión, el sindicato no firmante insiste en que lo único que se ha desactivado es la huelga, no las causas que la hicieron estallar. Incumplimientos reiterados, imposiciones sin negociación real y deficiencias graves en seguridad y mantenimiento siguen ahí, como demuestran los incidentes ocurridos recientemente.

El comunicado es claro al respecto: “el conflicto no termina con un acuerdo firmado en los despachos, sino con la corrección de unas condiciones que siguen poniendo en riesgo a la plantilla y al entorno”.

Incidentes graves en plena desmovilización

Lejos de disiparse con la desconvocatoria de la huelga, los riesgos que la plantilla llevaba meses denunciando se han materializado de forma preocupante en las últimas semanas. El 2 de diciembre se produjo el colapso del techo de un tanque de gasolina, con la consiguiente emisión de sustancias altamente contaminantes y potencialmente cancerígenas.

El episodio, de una gravedad difícil de minimizar en una refinería en funcionamiento, obligó incluso al alcalde de Muskiz a pronunciarse públicamente y a exigir a la empresa un mayor nivel de inversión en mantenimiento para garantizar la seguridad tanto de las instalaciones como de la población del entorno.

Dos trabajadores de empresas contratistas sufrieron una intoxicación por sulfhídrico durante la realización de trabajos de emergencia en la planta.

Pocos días después, ya con la huelga desconvocada y mientras se firmaba en sede judicial el acuerdo de conciliación para evitar el juicio por el traslado de vestuarios, se produjo un nuevo incidente. Dos trabajadores de empresas contratistas sufrieron una intoxicación por sulfhídrico durante la realización de trabajos de emergencia en la planta.

Según denuncia el sindicato, se trata de un episodio que podría haberse evitado con un mantenimiento adecuado y una planificación preventiva de las instalaciones. Que no acabara en tragedia, subrayan, se debió únicamente a factores externos como las condiciones meteorológicas y el punto concreto en el que se produjeron los desvanecimientos.

A estos sucesos se suma un incendio reciente en la zona donde se están realizando trabajos para la instalación de una nueva torre industrial destinada al procesamiento de derivados del propileno, un episodio que ha vuelto a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en áreas sensibles de la refinería.

El incidente, ocurrido en pleno proceso de montaje de esta infraestructura de gran envergadura refuerza el contexto de inquietud en el que se produce el fin de la huelga.

Seguridad, mantenimiento y presión sindical

Desde el inicio del conflicto, la dirección de Petronor trató de deslegitimar la huelga mediante una doble estrategia de presión judicial y un relato público interesado. La amenaza de indemnizaciones millonarias, la impugnación del paro y la identificación nominal de las personas integrantes del comité de huelga forman parte, según denuncia el sindicato crítico, de un intento claro de disciplinar a la plantilla y desactivar la movilización a través del miedo y el desgaste personal

Mientras tanto, los problemas de fondo permanecen intactos. Las deficiencias en materia de seguridad y salud laboral no han sido abordadas, y continúan los incumplimientos en contratación, las imposiciones organizativas sin negociación real y una política de mantenimiento que los trabajadores califican de “claramente insuficiente” para una instalación de alto riesgo.

El acuerdo alcanzado para desconvocar la huelga, subrayan, no corrige ninguno de estos elementos ni introduce garantías de cambio estructural.

Sindicato Trabajadores Unidos (TU) : “El conflicto no termina con un acuerdo firmado en los despachos, sino con la corrección de unas condiciones que siguen poniendo en riesgo a la plantilla y al entorno”.

La paradoja es evidente. Se pone fin a una de las huelgas más largas y respaldadas de la industria vasca en los últimos tiempos, pero los hechos posteriores refuerzan el diagnóstico que la originó. La refinería sigue operando bajo un modelo que, en palabras del propio comité durante el conflicto, “antepone la rentabilidad a la seguridad”, mientras se multiplican los incidentes y se normaliza una gestión del riesgo cada vez más ajustada al límite.

De este proceso, el sindicato TU, que no ha suscrito el acuerdo, extrae dos conclusiones. La primera es la dignidad demostrada por una plantilla capaz de sostener durante casi tres meses una movilización frente a una de las principales industrias del país. La segunda, la necesidad de revisar en profundidad las formas de representación y de toma de decisiones colectivas.

Por ello, anuncian que ponen sus cargos a disposición de la asamblea y de toda la plantilla, para que sea esta quien decida, de forma libre y colectiva, la continuidad de su representación.

Un gesto que busca evitar un cierre en falso del conflicto: “en una industria donde un error puede tener consecuencias irreversibles, la seguridad, la democracia interna y el control colectivo no son asuntos secundarios ni negociables”.