Opinión
Petronor: un polvorín con la bendición del Gobierno vasco

Petronor está en huelga indefinida, pero para la mayoría de vascas la verdadera noticia bomba —nunca mejor dicho— han sido las graves declaraciones del Comité de Empresa, describiendo los propósitos y comportamientos de la Dirección de la misma. Algo que, por cierto, es una realidad que muchos vecinos de Muskiz y Zierbena conocen de primera mano desde hace décadas, pero que, sospechosamente, no suele reflejarse en los medios de comunicación.

Las palabras del Comité son graves y preocupantes: según los propios trabajadores, “El estado de conservación de las instalaciones es lamentable, con carencias de inversión y con un mantenimiento que solo busca ahorro de costes (...) un modelo que antepone el beneficio a la seguridad”. “Petronor es un polvorín y el número de accidentes potencialmente graves ha aumentado significativamente, así como los incidentes con afección al exterior que conllevan emisiones incontroladas de contaminantes y productos tóxicos a los que están expuestos los trabajadores y el entorno cercano“.

“Petronor es un polvorín”: el comité denuncia un aumento de incidentes graves y emisiones tóxicas.

Y es que no estamos hablando de una empresa cualquiera. Petronor se encuentra enclavada entre dos municipios, en una zona de especial valor ecológico, la marisma del Barbadun, y a pocos metros de una de las playas más frecuentadas de Bizkaia. Sus emisiones incontroladas y vertidos afectan directamente a miles de personas que viven en el entorno.

Lo más llamativo de esta situación no son solo los problemas denunciados, sino el ensordecedor silencio que los rodea. ¿Qué ha hecho (y qué ha dejado hacer) la Inspección de Trabajo en todos estos años? ¿Qué medidas protectoras de la salud y el entorno han implementado los ayuntamientos de la zona? ¿Por qué los medios de comunicación nunca han investigado en profundidad estas graves denuncias?

Los vecinos llevan años siendo testigos de llamaradas brutales de las antorchas, humos negros y olores que invaden sus hogares. Cuando se producen estos episodios, llaman al 112, pero su sensación de desamparo persiste. Viven con la incertidumbre de no saber qué respiran ni qué efectos tendrán en su salud a largo plazo.

Especialmente preocupante resulta la actitud del Gobierno Vasco hacia Repsol-Petronor. Lejos de ejercer el control que la situación requiere, ha actuado en todo momento como un socio complaciente. Así, el pasado agosto concedió una Autorización Ambiental Integrada simplificada para una futura planta de hidrógeno de 100 MW, ignorando las alegaciones vecinales y el riesgo que supone instalar una industria potencialmente explosiva a apenas 200 metros de núcleos habitados.

Mencionemos como anécdota un dato: el seguro de responsabilidad civil de la empresa es revelador. Desde 2008 se mantiene en apenas 1,1 millones de euros. Una cantidad irrisoria si tenemos en cuenta los riesgos y los posibles daños que podría ocasionar un accidente grave en una zona tan poblada.

El Gobierno Vasco concedió en agosto una autorización ambiental para una planta de hidrógeno a 200 metros de viviendas.

Resulta paradójico que, mientras se nos pide a los ciudadanos que separemos nuestros residuos y adoptemos hábitos sostenibles para combatir la emergencia climática, se permita a Petronor ampliar —a su antojo y sin control alguno— sus muy diversas actividades contaminantes. ¿Es coherente apostar por el hidrógeno y por otros nuevos proyectos industriales, cuando son gestionados por una Dirección sin conciencia y en unas instalaciones cuyo propio comité de empresa denuncia como inseguras?

La refinería debería haber sido desmantelada en 2012 según la Ley de Costas, pero no solo se mantuvo, sino que se amplió con nuevas plantas ilegales. El colofón llegó en septiembre de 2023, cuando, gracias a una argucia “legal”, se modificó la calificación de su asentamiento, que pasó de Dominio Público Marítimo-Terrestre a Dominio Público Portuario, con el fin de legalizar de un plumazo su ubicación pirata.

Nada de esto hubiera sido posible (o al menos, no de un modo tan soez) si no se diera la circunstancia de la absoluta unanimidad que practican desde siempre la Dirección de la empresa, el Gobierno y el resto de las instituciones vascas. Igual también influye que Josu Jon Imaz, actual consejero delegado de Repsol y expresidente de Petronor, fue, a su vez, presidente del PNV. Esta conexión ilumina por qué las decisiones políticas han favorecido sistemáticamente los intereses de la empresa, por encima de la seguridad y la salud de los ciudadanos.

La refinería debía desmantelarse en 2012 según la Ley de Costas, pero fue legalizada de facto con un cambio de calificación en 2023.

Los vecinos de esta comarca no merecen seguir viviendo bajo la amenaza constante de un “polvorín”, cuando hasta los propios trabajadores se atreven a denunciarlo. Las instituciones tienen la obligación de proteger la salud pública y el medio ambiente, no de mirar hacia otro lado. Urge una inspección exhaustiva e independiente de las instalaciones, transparencia real sobre los riesgos y que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de obreros y vecinas. La ciudadanía no puede ser rehén de unos intereses económicos privados que se han demostrado incompatibles con el bienestar comunitario. El tiempo de los silencios cómplices debe acabar.

Estemos atentos los próximos días, porque no tardará en salir la clásica contra-declaración de la empresa acusando a los trabajadores de hacer terrorismo. Y, a lo mejor, el lehendakari (a quien últimamente hasta la ONU le lleva la contraria) se suma para atacar a los trabajadores, repitiendo eso de: «¡Ya está bien de señalar empresas y hacer demagogia! ¡Ya está bien de instrumentalizar el drama que vive la población de Muskiz!». Aunque eso último no lo dirá jamás