País Valenciano
Tres años de la ley trans valenciana, un gran paso y mucho camino por recorrer

“Esta ley representa un cambio estructural en la sociedad valenciana. Abre un nuevo camino que habla de derechos y libertades. Con su aplicación conseguiremos una sociedad mucho más amable y respetuosa. Otorga derechos a colectivos tradicionalmente privados de ellos”.

Así se expresaba Mónica Oltra en la tradicional rueda de prensa de los viernes posterior al pleno del Consell en el Palau de la Generalitat valenciana. Era un 22 de octubre de 2016 y estaba presentando el proyecto de Ley Integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, más conocida como Ley Trans. Llevaba poco más de un año como vicepresidenta del gobierno valenciano en la nueva coalición con el PSPV —y el apoyo externo de Podemos—, bautizado como el Botànic. 

Un año después, el proyecto de ley se ratificó en el parlamento valenciano con el voto a favor de todos los partidos excepto del PP. Fue la primera ley que el Botànic selló en la anterior legislatura. Han pasado tres años desde entonces, pero Maria Sánchez, secretaria LGTBI del PSPV, recuerda al detalle cómo se gestó aquella ley y el impacto que está teniendo en la vida de las personas trans. “El presidente Puig se comprometió a que si ganaba las elecciones autonómicas la primera ley que aprobaría sería la LGTBI. Pero el colectivo nos transmitió que lo urgente era una ley trans. Así que pusimos toda la maquinaria en marcha para poner en marcha esta ley”, explica Sánchez. 

Para Sánchez, el “gran éxito” de esta norma reside en la “despatologización” de las personas trans desde la sanidad. Esto significa que cualquier persona del País Valencià que no esté conforme con la identidad asignada en función de sus caracteres biológicos no tiene que aportar ningún informe firmado por profesionales de la salud mental que acrediten una disforia de género. “Lo que la ley también regula es que nadie te cuestione como tú te sientas. Además, implantamos unidades de género en las tres provincias valencianas. La operación del cambio de sexo y otros tratamientos te los cubre la seguridad social”, indica.  

Maria Homsani, mujer trans perteneciente a la asociación LGTBI del País Valencià Lambda,  reconoce que la llegada de la ley trans y, posteriormente, la ley LGTBI aprobada en el 2018, “supusieron un antes y un después” para garantizar y ampliar los derechos de su colectivo. Para Homsani, lo que estas normas les han proporcionado han sido “herramientas para poder afrontar mejorar las dificultades y necesidades especiales que tiene nuestro colectivo”.

Asimismo, indica que la ley trans valenciana sentó “una base muy potente” puesto que aborda todos los ámbitos en los que una persona trans puede “sentirse afectada” como el sanitario o el educativo. “Esta ley también cambió de alguna manera la concepción de una persona trans a un aspecto más social y no tan centrado en lo médico”, añade. 

La asociación Lamda considera que algunos aspectos de la norma que todavía no se han desarrollado y que, pese a tener la ley en la mano, algunas personas trans siguen viendo sus derechos vulnerados

En estos últimos tres años, sin embargo, hay aspectos de la norma que todavía no se han desarrollado especialmente aquellos relacionados en el ámbito laboral. “La ley recoge que deben tomarse medidas para fomentar la contratación de las personas trans pero todavía no se ha hecho nada al respecto. Otra asignatura pendiente es la creación de recursos específicos para aquellos menores que los expulsan de su hogar por su identidad de género”, señala. En este sentido, la responsable socialista LGTBI también reconoce que el mundo laboral sigue siendo un ámbito lleno de obstáculos para las personas trans. “Las personas trans tienen unos niveles de empleabilidad muy bajos. A nivel autonómico desconozco cómo se ha desarrollado, pero en la ciudad de Valencia se firmó un convenio en Valencia Activa con el colectivo Lambda”, indica. 

El problema para otras personas trans ya no es solo que algunos aspectos de la ley todavía estén por desarrollar, sino que los que ya están en marcha a veces se vulneran. Así lo ha vivido Airto, un chico trans de 31 años que hace un año inició su transición. “La teoría es muy buena, pero luego en la práctica no siempre se cumple la ley” cuenta Airto.

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La activista trans no binaria Rosa María García desgrana en este artículo algunas claves de la salud trans y desmiente las mentiras que desvían los debates sobre los derechos de este colectivo y ponen en cuestión sus vivencias.

Este chico trans valenciano ha tenido algunas experiencias negativas en la administración y en la sanidad. “Un enfermero se negó una vez a pincharme la testosterona. Me preguntó quien me había recetado eso y por qué me lo ponía. Le expliqué que estaba recetado por el endocrino, pero le dio igual, no me lo suministró”, lamenta. También recuerda cómo unas funcionarias, mientras realizaba un trámite burocrático, se dirigían a él en femenino. “Yo les decía por favor, ¿podéis hablarme en masculino? Y ellas insistían que en mi DNI seguía poniendo que era una mujer y que, por eso lo hacían así”, cuenta. 

Airto indica que no fue hasta que acudió a Lambda cuando se dio cuenta de lo que le ocurría. “Durante toda mi adolescencia, sentía que no encajaba. Para los de mi entorno era una chica con comportamientos masculinos. De hecho, en el instituto las chicas me obligaban a cambiarme en el gimnasio dentro de las duchas. No querían que estuviese allí con ellos. Eso me provocó ansiedad y miedo a ir al instituto”, recuerda. 

LA LEY ANDALUZA, pionera 

Una de las principales inspiraciones del gobierno valenciano a la hora de elaborar esta norma fue la Ley Integral de Transexualidad andaluza aprobada en el 2014. Fue la primera norma en toda España que reconocía el derecho a la libre autodeterminación de género de las personas trans, un derecho que a día de hoy aparece en una docena de leyes de varias comunidades, y salió adelante con el apoyo de todos los partidos políticos. A esa votación precedió un gran esfuerzo de la asociación de Transexuales de Andalucía, presidida por Mar Cambrollé. 

“Hubo que reivindicar mucho. Gracias a esta ley, más de 8.000 personas trans en Andalucía no han conocido lo que yo viví. El 80% de las mujeres trans de mi generación tuvieron que dedicarse a la prostitución porque fueron expulsadas del mercado laboral. Hoy, los jóvenes trans están en la universidad y eso lo trajo la ley, es decir, el vivir en igualdad”, subraya. Asimismo, el primer informe que la Junta de Andalucía publicó tras la puesta en marcha de esta ley reveló que el sistema sanitario andaluz asesoró a más de 1.000 personas trans entre 2014 y 2016.  

Aunque la ley valenciana regula aspectos clave para las personas trans, cualquier ley autonómica se quedan cortas en muchos aspectos al no tener competencia en el Registro

Otro de los cambios relevantes que conllevó esta ley para las personas trans es el de poder aparecer con su nuevo nombre en cualquier listado público. “Sabemos que las comunidades autónomas no pueden interferir en el registro identitario, ahora bien, esta ley obliga a toda la administración andaluza a allá donde se te pida el DNI con tu viejo nombre, a incluirte con tu nuevo nombre. Por ejemplo, en los listados de las universidades. Esta ley también permite a hacer uso a las personas trans de la vestimenta que consideren y de los espacios de su género”, indica. 

Esto último también se regula en la ley trans valenciana. Aunque las leyes autonómicas se quedan cortas en muchos aspectos puesto que no tienen competencia en el Registro. “A la hora de obtener un certificado académico como es gestionado a nivel estatal seguiría figurando el nombre registral son cosas como estas en las que mayor dificultades nos encontramos”, lamenta Homsani. Esto solo se podría cambiar con una ley trans estatal. 

Discriminación entre comunidades autónomas 

Otra de las preocupaciones que comparten Cambrollé y Homsani  es la discriminación desigual que sufren las personas trans según su lugar de nacimiento, ya que todavía hay comunidades autónomas que carecen de una ley trans como Cantabria, Asturias o La Rioja.

En este sentido, Homsani señala que este vacío legal conlleva que una persona trans nacida en el País Valencià tenga más derechos que otra nacida en La Rioja. “Estas personas tienen que buscarse más la vida y se ven expuestas a situaciones de riesgo. Nosotras, aquí en Valencia, tenemos una posición media porque todavía no tenemos ciertos derechos reconocidos. Por eso, es tan importante que se apruebe la ley trans a nivel nacional”, indica. 

Sin embargo, por ahora, la única ley estatal que regula los derechos de las personas trans es la Ley de Identidad de Género aprobada en el año 2007 por el entonces gobierno socialista de Zapatero. Esta norma permite a las personas trans poder cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin someterse a cirugía. 

Hasta entonces, los juzgados te exigían acreditar una operación para conceder el cambio de sexo registral. Una operación que la seguridad social no financiaba. "No fue una ley perfecta, pero dio salida a una generación que llevaba más de veinte años esperando una forma de normalización legal”, explica Marina Saenz, doctora en Derecho y mujer trans. 

Pese a que la ley de 2007 dio un empujón a las personas trans, trece años después ha quedado “obsoleta”, tal y como reconoce Cambrollé. “Esa ley contraviene las directivas europeas. Para acceder al cambio de sexo registral tenemos que pasar por un proceso que incluso ha sido declarado inconstitucional”, critica la activista. El proceso al que hace referencia Cambrollé es de el hormonarse durante dos años y acreditar con un informe médico que se sufre disforia de género. De hecho, el propio PSOE presentó una proposición de ley en el 2017 precisamente para modificar la normativa del 2007. 

Más allá de ganar el derecho a la libre determinación de género, aprobar una ley trans tiene “una simbología” y “un efecto de reparación” necesarios para las personas trans, según Cambrollé. “Esta ley reparará que hayamos sido presas en el franquismo sin cometer delito ninguno. Que se nos negara estudiar o tener atención sanitaria”, añade. Para la jurista Saenz, no aprobar una ley estatal supondrá “sacrificar a otra generación”, además de normalizar cuestionas en materia de sanidad y educación. 

División de opiniones 

Cuando se formó el gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos, a finales del año pasado, quedó constatado que las discrepancias entre ambas formaciones iban a ser una constante a lo largo de la legislatura. Pero algunos sectores también vieron en esta coalición la oportunidad de poder aprobar la demandada ley trans estatal. 

En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya ha anunciado en varias ocasiones que su departamento está trabajando en un paquete legislativo que supondrá la puesta en marcha de dos leyes que el colectivo lleva reclamando: la ley contra la discriminación de las personas LGTBI y una ley trans cuyo eje principal sea la autodeterminación de género. Este último punto ha sido criticado por algunos cargos del PSOE —como Carmen Calvo y José Luis Ábalos— como demostró el argumentario difundido en junio donde rechazaban la implantación de la libre determinación de género. 

“La actitud de este sector que, yo creo que es minoritaria y es difícilmente comprensible. Es incoherente con su programa electoral, el acuerdo de gobierno, las manifestaciones que han hecho como partido y las propuestas de leyes anteriores”, indica Saenz, quien, además considera que en esta polémica “hay un trasfondo de lucha política por ver quien controla las políticas de igualdad”. 

Para Cambrollé, esta controversia no es nueva, pero sí está intoxicando a una nueva generación, asegura. A las mujeres trans nos asesinan por odio y no por miedo. Nos quieren quitar derechos y nos atacan en redes sociales”, añade. 

Sin embargo, algunos sectores del PSOE sí han entrado a matizar que ese argumentario no iba en contra de la autodeterminación de género sino contra el enfoque que, según interpretan, hace Unidas Podemos a la futura ley trans. En ese sentido se expresa Maria Such, la directora del Instituto de la Mujer del País Valencià, a preguntas de El Salto: “Por supuesto que estamos a favor de la equiparación de los derechos de las personas trans. El problema es que se estaban incluyendo postulados de la teoría queer en esta ley. Lo que queremos es que haya una garantía jurídica de que si alguien decida cambiar de sexo sea efectivamente así y no temporal”.