Opinión
Vuelve la criminalización a las madres protectoras

En enero de 2020 fue archivada la causa contra la asociación Infancia Libre. No existían datos objetivos que probaran que esta asociación de mujeres que hicieron visible el castigo que sufrían ellas y sus hijos cuando denunciaban las violencias que sufrían estaban organizadas en una trama para delinquir. Esa era la hipótesis de la Unidad de la Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, que inició esta investigación. En la trama incluía a madres denunciantes, profesionales médicos y abogados compinchados para interponer denuncias falsas. La Fiscalía, tras valorar el informe lleno de incongruencias y contradicciones de esta unidad, concluyó que ese entramado no podría darse por acreditado y desestimó la existencia de denuncias falsas.

El caso empezó con la detención de tres mujeres en operaciones contadas por algunos medios casi en directo. El informe llegó a incluir a trece mujeres más a las que se atribuía el objetivo de obtener la custodia exclusiva de sus hijos e impedir el contacto de los mismos con sus padres mediante la interposición de denuncias falsas de posibles malos tratos o de abusos sexuales, contando para ello con el asesoramiento jurídico de letrados y con la colaboración de profesionales buscados ad hoc para la emisión de informes que reforzaran y avalaran las denuncias presentadas. Ningún medio trató de reparar a las mujeres después del archivo y tras varios meses machacándolas, como intentamos explicar en El Salto.

Un reportaje publicado por El Español en agosto y otros dos de El Periódico y Diario de Mallorca el pasado julio calca el argumentario del caso Infancia Libre

Un reportaje publicado por El Español en agosto y otros dos de El Periódico y Diario de Mallorca el pasado julio calca el argumentario del caso Infancia Libre al que se añaden algunos elementos. Estas son algunas claves y algunos datos para entender por qué debe preocuparnos lo que parece ser un nuevo caso Infancia Libre.

Policía y medios conservadores

A mediados de agosto, El Español afirmaba que la Policía Nacional está investigando una “red de madres protectoras”. El medio asegura haber tenido acceso a un informe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. “María recibió ayuda de una red llamada ‘Madres Protectoras’ que sería liderada por Verónica Saldaña”, dice el texto. No fue el primer medio en hablar de esta “red”. En julio de este año, El Periódico ya había informado sobre estas pesquisas. Lo hizo en un texto titulado: “Así funcionan las ‘Madres Protectoras’, la red secreta que esconde de la Policía a mujeres fugadas con sus hijos”.

Como el caso Infancia Libre en 2019, la historia llega gracias un informe policial que llega a manos de medios conservadores. Como en el caso Infancia Libre, estos medios no tienen reparos en dar los nombres y apellidos de tres mujeres, de quienes también se aventuran a distribuir imágenes. Si en 2019 la hipótesis era la de las denuncias falsas y el secuestro, esta vez a estas acusaciones se centran en la sustracción internacional de menores. 

Líderes perversas y malas madres

El caso Infancia Libre está asociado a varios nombres, pero sobre todo a uno, el de María Sevilla. Sevilla, que era presidenta de la asociación Infancia Libre, encarnó desde el comienzo la figura de mujer oscura y perversa que convenía al relato. Esta vez, el señalamiento directo es hacia Verónica Saldaña, una mujer que vive en Suiza, donde reside con sus dos hijos, a donde llegó tras buscar protección en España, sin conseguirla.

El artículo de El Español dice de ella que tiene “una requisitoria judicial vigente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Pozuelo de Alarcón, tendente a una búsqueda, detención y personación, en relación a un delito de sustracción parental internacional”. No menciona que el Tribunal Supremo Federal de Suiza dictó en mayo de 2023 que Saldaña y sus dos hijos pueden quedarse en el país y exime a la mujer de cumplir el Convenio de la Haya que le exigía la restitución de sus hijos. “El Estado requerido no está obligado a ordenar la restitución del menor si la persona que se opone a la restitución demuestra que existe un riesgo grave de que la restitución exponga al menor a daños físicos o psicológicos o lo coloque de otro modo en una situación intolerable”, dice la sentencia, aludiendo a una de las pocas excepciones que contempla el convenio.

Otro paralelismo tiene que ver con el señalamiento a las mujeres como “malas madres”: en ambos casos se habla de criaturas mal cuidadas, mal alimentadas o sin escolarizar

Otro paralelismo tiene que ver con el señalamiento a las mujeres como “malas madres”. “Estaba como un animal, sin escolarizar, con dificultades para hablar y escribir” es una frase textual de u artículo de El Mundo sobre el hijo de Sevilla; “Las brujas de Infancia Libre: pediatra, psicóloga y Prozac al servicio de las secuestradoras” es un título sobre Infancia Libre de El Español... Nada de eso puso probarse. Es más, una agente que participó en su operación de detención de Sevilla dijo “no haber visto nada raro”, declaró.

El tono se repite en las informaciones que hemos visto este verano. Este es un párrafo literal del artículo de El Periódico: “Eso ocurre, según la Policía, porque estas madres protectoras... tienden a descuidar la salud de sus hijos (son contrarias a las vacunas homologadas, optan por la alimentación vegana no proporcionando alimentos básicos excusándose en que son perjudiciales, no les procuran las condiciones de higiene mínimas y en muchos casos consideran que la escolarización de sus hijos es prescindible)”.

Denuncias falsas y sustracción

Decía que, si en 2019 la hipótesis era la de las denuncias falsas y la sustracción, esta vez a estas se suma la de sustracción internacional de menores. Y considero importante hacer algunas aclaraciones. La primera, que cuando estos medios hablas de que las denuncias de delitos contra la libertad sexual hacia sus hijos por parte de sus padres se encuentran sobreseídas por falta de pruebas, les falta completar la panorámica. Save The Children puso números al alto porcentaje de sobreseimientos que se da cuando se denuncian los abusos sexuales contra la infancia en in informe: un 72 % de los casos denununciados acaban en sobreseimientos, lo que equivale a 3 de cada 4 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes denunciados, decía en un informe de 2021. La dificultad para aportar pruebas y la falta de perspectiva de infancia a la hora de escuchar los testimonios tiene mucho que ver con estos datos.

Sobre la sustracción de menores, dos notas. Primero, El español informa de que en el estado “se dan 1.300 casos de sustracción parental según registra la Asociación Niños sin Derechos (Nisde)”. Pese a que el texto no da detalles, el dato que Nisde comparte en su web es más preciso y se refiere a que en  en 2021 se abrieron 1.269 diligencias previas por sustracción de menores. Esto no significa que en 2021 se dieran 1.300 casos de sustracción parental. La misma fuente cifra en 40 las sentencias tras estas diligencias ese año. Otra fuente para tratar de estimar el número de casos es el Ministerio de Interior, como Nisde explica a este medio, que recoge las denuncias por sustracción. Según el Informe de Personas desaparecidas que Interior publica anualmente, en 2024 hubo 443 hechos conocidos por sustracción parental según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). 

En cuanto a sustracciones internacionales, la propia Conferencia de La Haya (HCCH, por sus siglas en inglés y francés) reporta 2.579 solicitudes en su último informe, de 2021. Este tratado contempla dos tipos de solicitudes: las de retorno y las de acceso. El informe recoge que en 2021 se reportaron 2.180 solicitudes de retorno —peticiones de restitución de niños o niñas— y 399 de acceso —solicitudes para poder ver a las criaturas— ante las Autoridades Centrales en 2021. Si bien no todos los países respondieron a la solicitud de información, esto recoge las respuestas de 71 de los 101 países que están adheridos al convenio, por lo que la cifra de 1.300 casos de sustracción internacional no parece compatible con la realidad de la sustracción internacional.

Perspectiva de género sobre la sustracción parental

En el informe “Custodia, violencia contra las mujeres y violencia contra los niños”, la relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, alertó en mayo de 2023 de la aplicación sexista del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Según este informe, el convenio obstaculiza los intentos de las madres de protegerse a ellas mismas y a sus hijos de situaciones de violencia al calificarlas automáticamente como sustractoras sin tener en cuenta posibles situaciones de violencia. El Convenio de la Haya establece la restitución inmediata al país de residencia de un niño o niña sacado de su país de origen por un progenitor sin tener en cuenta el contexto. Hay pocas excepciones y apenas se aplican.

La relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas alertó muchos de los casos de restitución presentados ante el Convenio de La Haya son contra la madres que huyen de la violencia contra ella o sus hijos

El informe indica que tres cuartas partes de los casos presentados en virtud del Convenio de La Haya son contra la madre que, en la mayoría de los casos, huye de la violencia doméstica o trata de proteger a sus hijos de los malos tratos, dice el informe citando como origen de esos datos la séptima reunión de la Comisión Especial sobre el Funcionamiento Práctico del Convenio de La Haya de 1980 sobre la Sustracción Internacional de Menores y del Convenio La Haya de 1996 sobre la Protección de la Infancia de octubre de 2017. Los datos también permiten saber que  del 70 al 80% de los casos de sustracción los comete la madre custodia, que en muchas ocasiones es también la cuidadora principal y figura de referencia para esos niños. 

La relatora explicaba enotonces que los tribunales se han mostrado reacios a aplicar la excepcionalidad del artículo 13b para aceptar la exposición a la violencia como motivo para no devolver al menor a otro Estado parte. “En algunos casos, los tribunales han devuelto menores a su paíí de residencia habitual incluso cuando han determinado que habían sido víctimas de violencia, obligando con frecuencia a la madre y a los hijos a regresar a situaciones de maltrato y peligro para su vida”, dice la relatora. “Las mujeres migrantes que regresan a su país de origen en busca del apoyo de su familia enfrentan obstáculos adicionales si se las obliga a volver acusándolas de sustracción de menores”, avisaba.

Un relato que vuelve

Por motivos evidentes El Salto no puede esperar una filtración policial que nos dé acceso a ese supuesto informe. Pero el relato que se ha creado, de nuevo, en torno a las madres protectoras, resulta preocupante. A diferencia de lo que pasaba en 2019, hoy en día sabemos más: el informe Violencia institucional contra las madres y la infancia, los encuentros sobre violencia vicaria y de género, así como decenas de cuentas colectivas en redes amplían el marco y permiten conocer las realidades de las madres protectoras más allá de la hipótesis de la trama criminal. Hoy, hay más herramientas y más información para completar el relato que en 2019 llegó de la mano de El Mundo, Ok Diario y ABC y de la Unidad Policial Adscrita a los Juzgados de Castilla.

Esta vez, irónicamente, el relato vuelve a los titulares, irónicamente gracias a un informe de la UFAM, una unidad creada precisamente para actuar contra la violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual a la que se le presupone conocimiento experto en violencia de género. El relato se repite, ¿se va a repetir la historia?