Opinión
Las cosas que aprendimos en el fuego

Sector forestal. Una parte fundamental de la cadena de valor de la madera. Un medio básico en el aprovechamiento del suelo. Nadie con poder llama al monte como ‘monte’ excepto cuando el monte arde. Ni soto ni robledal ni tejedal ni alcornocal. Nadie en los despachos de la Xunta ni en Génova ni en Ferraz ni en las direcciones de los medios de comunicación tradicionales ni por supuesto en los consejos de administración de las grandes empresas. El monte es, ante todo, un recurso económico. Aunque sea público, aunque sea de gestión comunitaria, aunque sea un Parque Nacional o parte de la Red Natura. Para estos será un dinamizador del turismo, para aquellos, en el fondo, un presunto creador de riqueza.

Resulta difícil no acordarse de la icónica frase del exministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos —que el Supremo lo tenga en su gloria—, y cómo aplicaría su lógica en el caso de los incendios forestales que acaban de arrasarnos: “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado”. Aquel graznido resume muy bien hoy el enfoque de las políticas públicas y medioambientales del bipartidismo español. En lo fundamental son indistinguibles. Todo es mercantilizable y el monte nunca ha sido una excepción.

Las gestiones ambientales ecocidas de la socialdemocracia en las partes del Estado español donde ha gobernado de manera hegemónica son totalmente intercambiables por las del Partido Popular. En el devenir de esta parte de la historia marcada por el desarrollismo, con una mirada hacia atrás desde el futuro nadie sabría decir quién gestionó qué, quién dejó morir qué.

En el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los humedales más importantes de Europa, apenas el 5% de la superficie está inundada como debería: allí los socialistas gobernaron durante 38 años. Otros 37 años controlaron la Junta de Andalucía y no hay que prestar mucha atención a la actualidad para saber la situación de riesgo extremo en la que se encuentra Doñana. Ni hablar del megalómano teleférico que el mismo partido quiso crear en las cumbres del Pirineo aragonés y que la fuerza de la gente organizada frenó.

Por eso el juego de competencias de estos días en las escenificaciones de la alta política duele tanto en las montañas altas de Trevinca, en las parroquias remotas de Chandrexa de Queixa, en los bosques de Ribadavia, en los hogares reducidos a cenizas en Valdeorras, en las viñas muertas de Verín, Oímbra y Monterrei. Saben —sabemos— que el mando político es contingente en lo que al contexto turnista se refiere. Ni el PSOE del Gobierno español ni el PP del gallego han cumplido en la historia reciente con sus obligaciones ambientales y por eso no les ha quedado otra que embarrarse. Distraer, provocar, prometer. Pero en eso, en el estilo, en la forma, sí que hay diferencias.

Pedro Sánchez jugó con ventaja. La mayor parte del territorio calcinado está en Galicia y, en menor medida, en Castilla y León, feudos históricos del Partido Popular, quien además tiene todas las competencias de la gestión forestal. Así que ni Alfonso Rueda ni Alfonso Fernández Mañueco ni por supuesto Alberto Núñez Feijóo tenían una jugada fácil.

Probaron con la estrategia de pedir recursos que ya tenían al Ministerio de Defensa. Probaron a culpabilizar subrepticiamente a las políticas públicas contra el cambio climático. Probaron a ponerse chalecos fluorescentes y dejarse crecer la barba. No acabó de cuajar el relato. Por eso Feijóo ordenó reconducir el tiro hacia los pirómanos, esos presuntos terroristas incendiarios que tantos titulares le salvaron en sus 13 años como presidente de la Xunta. Esos que, según los datos oficiales de los últimos cincuenta años, apenas llegan al 7% en la responsabilidad de los incendios forestales intencionados.

Esos seres imaginarios —ni una sola causa judicial del Estado español demostró la existencia de redes criminales organizadas al respecto— son los que merecen la atención del Partido Popular. Apenas un par de días tardó en citarlos el presidente de la Xunta y fue uno de los ejes centrales del Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal que presentó Feijóo como estrategia política estrella. Aunque de plan tiene poco: apenas doce páginas con enunciados desiderativos, márgenes e interlineados generosos y anotaciones olvidadas que reconocen sus propias tautologías.

Importa poco. El enemigo único y ficticio será registrado, no escatimarán en gastos. Eso decidió destacar Núñez Feijóo en su presentación, en la que prometió “crear un registro nacional de pirómanos que obligue a llevar una pulsera telemática y clarificar los procesos para impedir que crisis, desgracias y accidentes se conviertan en bronca política”. Como siempre, la hemeroteca tardó apenas dos días en volverle de vuelta.

Esta vez fue en el Senado y a cargo de Carme da Silva, la representante del BNG en la Cámara Alta que le recordó que ese registro ya lo legisló Feijóo como presidente de la Xunta. Eso sí, nunca lo puso en marcha. Estaba en el capítulo 147 de la Ley de 2012 y también en la inconclusa Ley de Prevención de Incendios anunciada tras la oleada de fuegos de 2022 y que quedó olvidada en un cajón cuando llegó el otoño como habrán quedado todas estas provocaciones y análisis poco sofisticados con la llegada de las primeras lluvias.

Entretanto, mientras llegan los medios, la única garantía eficaz en las aldeas será la autogestión y la colaboración entre vecinas y vecinos. Como llevan haciendo día y noche en el cielo de Galicia las gentes de Trevinca en el incendio que la Xunta trató de ocultar y que aún sigue activo. Decía estos días Antón Lois que nuestro paisaje rural tradicional no es otra cosa que el resultado de siglos practicando una cultura de simbiosis entre el medio natural y las personas. Más allá de la prevención, de la gestión y de la dotación adecuada de recursos por parte de las administraciones, un futuro de seguridad y esperanza en nuestros montes pasará necesariamente por la reconstrucción de esa sólida red de alianzas.