Opinión
7 de mayo: la dignidad no se negocia, se conquista en la Educación Infantil

Este 7 de mayo, las trabajadoras del ciclo 0-3 están llamadas a una huelga estatal. No es un gesto simbólico. No es una pataleta. Es el grito colectivo de un sector que lleva demasiado tiempo sosteniendo con su precariedad un modelo que hace aguas por todas partes. Y si hoy ese grito resuena en todo el Estado, es también fruto del trabajo constante, muchas veces invisible, de la CGT y de sus sindicatos en cada territorio, empujando, organizando y acompañando a las trabajadoras allí donde otros no estaban.

Porque conviene decirlo sin rodeos: este sector ha estado demasiado tiempo solo. Invisibilizado, fragmentado, precarizado y sin altavoces. Y ha sido precisamente el trabajo paciente del sindicalismo combativo, el que no firma retrocesos, el que no se acomoda en despachos, el que ha ido tejiendo red, generando conciencia y construyendo la fuerza necesaria para llegar hasta aquí.

Mientras escribo estas líneas, las compañeras de Madrid encadenan ya cinco semanas de huelga indefinida. Cinco semanas de resistencia frente a la indiferencia institucional, el silencio cómplice de muchas administraciones y la presión constante de empresas y direcciones. Cinco semanas demostrando que cuando las trabajadoras se organizan, el conflicto deja de ser invisible.

Lo que molesta no es la huelga, es que se vea

El ciclo 0-3 arrastra una precariedad estructural que ya nadie puede negar. Salarios que no alcanzan, ratios inasumibles, plantillas insuficientes, jornadas que desbordan cualquier lógica pedagógica y un reconocimiento profesional que sigue anclado en una concepción asistencial que debería haberse superado hace décadas. Se nos exige educar, cuidar, sostener emocionalmente y garantizar el desarrollo integral de la infancia… pero sin condiciones, sin recursos y sin derechos equiparables al resto del sistema educativo.

Esa contradicción no es casual. Es el resultado de un modelo que ha convertido un derecho fundamental en un nicho de negocio.

La externalización, la concertación y la privatización encubierta han construido una red desigual, donde las condiciones laborales dependen de la titularidad del centro. Mismo trabajo, diferentes derechos. Y siempre, en el eslabón más débil, las trabajadoras.

Defender una red pública, gratuita y universal no es atacar a nadie: es señalar el origen de la desigualdad.

Frente a esto, nuestras reivindicaciones son claras y legítimas: Reconocimiento pleno del ciclo 0-3 como etapa educativa, mejora sustancial de salarios y condiciones laborales, reducción de ratios, fin de la precariedad estructural, incremento real de la financiación pública…

No hay trampa ni ideología oculta en esto. Hay dignidad. Y hay una organización sindical, la CGT, que ha decidido no mirar hacia otro lado y asumir el conflicto como lo que es: una lucha colectiva que merece ser llevada hasta el final.

Sin embargo, en lugar de apoyar esta movilización, hemos visto en los últimos días cómo ciertos sindicatos han optado por sembrar dudas y miedo. El comunicado de FSIE-CV es un ejemplo claro: un intento de desviar el foco, de presentar la huelga como una amenaza en lugar de como lo que es, una herramienta legítima de defensa colectiva.

Frente a ese sindicalismo que mide sus pasos en función de equilibrios institucionales, la CGT ha vuelto a demostrar cuál es su seña de identidad: apoyo mutuo, presencia en los centros de trabajo y una apuesta clara por la movilización como herramienta de transformación real. No nos vendemos. No rebajamos las reivindicaciones hasta hacerlas irreconocibles. No aceptamos que la precariedad sea el punto de partida de la negociación.

Decir que esta movilización busca la desaparición del sector privado no solo es falso, es irresponsable. Lo que está en cuestión no es la existencia de centros, sino un modelo que permite que haya trabajadoras de primera y de segunda. Defender una red pública, gratuita y universal no es atacar a nadie: es señalar el origen de la desigualdad.

Resulta especialmente llamativo que quienes reconocen la infrafinanciación crónica del sector, las limitaciones del modelo y la precariedad existente, rechacen precisamente la herramienta que históricamente ha servido para transformar esas condiciones: la movilización.

Porque conviene recordarlo: ningún derecho laboral ha sido regalado. Y cada avance que hoy damos tiene detrás horas de asambleas, de visitas a centros, de escuchar a las compañeras y de construir organización donde antes solo había resignación.

Intentos de desactivar la protesta en Andalucía

Mientras tanto, en Andalucía, la realidad se vuelve aún más cruda. Los sindicatos de CGT en el territorio están recorriendo centros donde las trabajadoras están siendo presionadas para no secundar la huelga. Direcciones que “aconsejan”, empresas que insinúan consecuencias y maniobras para no establecer servicios mínimos conforme a la normativa vigente. Todo vale para desactivar la protesta.

Pero conviene advertirlo con claridad: no nombrar servicios mínimos no es una estrategia inocente. Los centros y también las familias deben saber que, si no se garantizan conforme a la legalidad, pueden encontrarse con que la totalidad de la plantilla ejerza su derecho a huelga. Y eso no solo dejaría en evidencia la irresponsabilidad empresarial, sino que puede situar a la empresa en una posición de ilegalidad. La presión para evitar que se establezcan servicios mínimos puede volverse en contra de quienes la ejercen. Ese es el verdadero rostro del sector cuando se le planta cara.

La educación infantil 0-3 no puede seguir siendo tratada como un servicio de conciliación low cost. Es una etapa educativa fundamental.

Y es importante decirlo alto y claro: las condiciones no van a mejorar con parches como el “precio plaza por niño”. Ese modelo solo garantiza una cosa: que el dinero público siga engordando cuentas privadas mientras las trabajadoras continúan en la precariedad. No necesitamos fórmulas que perpetúen el problema, necesitamos cambios estructurales.

La educación infantil 0-3 no puede seguir siendo tratada como un servicio de conciliación low cost. Es una etapa educativa fundamental, clave en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Y como tal debe ser reconocida, financiada y protegida.

Pero para eso hace falta voluntad política. Y cuando esa voluntad no existe, el sindicalismo combativo no espera: organiza, empuja y confronta.

Esa organización tiene nombre y color: marea amarilla. Una marea que ya se está levantando en los centros, que ha tomado las calles de Madrid durante semanas y que ahora debe inundar plazas y ciudades de todo el Estado. Llenemos las concentraciones de la mañana y la tarde, hagamos visible lo que durante años han querido mantener oculto.

Y en ese llamamiento hay también un mensaje claro a las familias: este conflicto también va con vosotras. Quienes cada día cuidan, educan y sostienen a vuestros hijos e hijas son las mismas trabajadoras que paran. Defender sus condiciones es defender la calidad de la educación y del cuidado que reciben. Hoy más que nunca, necesitamos vuestro apoyo, vuestra comprensión y vuestra presencia.

La huelga del 7 de mayo no es el final de nada. Es un paso más en un proceso que ya está en marcha. Un proceso que la CGT, junto a las trabajadoras organizadas, ha contribuido a hacer crecer desde abajo, extendiéndolo por todo el Estado y rompiendo años de invisibilidad. Frente a la presión, solidaridad. Frente a la precariedad, organización. Frente al miedo, lucha.

No paramos solo por nosotras. Paramos por las que vendrán, por las que no pueden hacerlo, por la dignidad de una profesión imprescindible y por un modelo educativo que ponga la vida en el centro y no el beneficio. Porque lo que está en juego no es solo un convenio. Es el sentido mismo de la educación. Y eso, no se negocia: se defiende.