Opinión
5A, jornada de lucha estatal por la vivienda. Una aproximación desde y para las clases populares de Andalucía

El 5 de abril, más de 40 ciudades en todo el Estado Español se han sumado ya a la jornada estatal de movilizaciones por la vivienda, un salto real que ha permitido al movimiento coordinarse y escalar el conflicto político como hacía años que no lo lograba. Concretamente en Andalucía, ocho ciudades saldrán a la calle (Granada, Almería, Sevilla, Málaga, Cádiz, Jerez, La Línea y el Puerto de Santamaría), lo que compone casi la totalidad de sus capitales, además de sumar otros municipios ¿Qué explica que Andalucía sea uno de los territorios con más convocatorias? ¿Qué oportunidades se nos abren para aquellas que creemos que hay que acabar (y queremos acabar) con la explotación rentista y la dominación capitalista? En este artículo trataremos de aportar algunas cuestiones a los ya enriquecidos debates que se están produciendo, pivotando sobre la realidad andaluza.

Hablamos de un desarrollo desigual y combinado, en el que el desarrollo de este modelo económico en Andalucía es necesario para la consecuente acumulación de capital en otros territorios. Esta dinámica se seguirá profundizando en los próximos años y décadas

En primer lugar, es innegable que la situación de Andalucía en lo relativo a la crisis de vivienda es muy particular. No es posible analizarla de manera aislada y con un prisma exclusivo desde el marco inmobiliario o del rentismo especulativo.

Una turistificación masiva en la mayoría de grandes urbes y zonas costeras y una economía no productiva basada en un sector servicios que orbita alrededor de la hostelería y con altas tasas de precariedad y explotación son los dos principales ingredientes que componen o definen parte del desarrollo del capitalismo en Andalucía. Y esto no es casualidad, sino que es consistente con la división internacional y europea del trabajo, el papel del Estado Español como periferia en el centro capitalista y de Andalucía más concretamente como periferia interna. Es el rol que ha adquirido esta tierra fruto de la acumulación de capital y de la necesidad de la especialización productiva y económica de determinados territorios hacia aquellos sectores económicos que ofrecen ventajas competitivas.

En Andalucía es evidente, buenas playas, un gran patrimonio histórico, parajes naturales espectaculares, ciudades y pueblos únicos en la geografía mundial, terreno más que suficiente para proyectos extractivistas y urbanísticos y una clase trabajadora precarizada, con un alto grado de informalidad y barata a nivel salarial. Hablamos de un desarrollo desigual y combinado, en el que el desarrollo de este modelo económico en Andalucía es necesario para la consecuente acumulación de capital en otros territorios. Esta dinámica se seguirá profundizando en los próximos años y décadas.

Las desposeídas y aquellas que solo tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir necesariamente se mueven entre estas coordenadas y así lo hace también la clase dominante. Esta se compone principalmente de una burguesía que necesariamente se mueve en dos planos distintos, a veces con intereses inmediatos contradictorios.

En ningún caso puede ser entendido que la miseria que sufre nuestra clase, y la situación que vive Andalucía son fruto de la presión de agentes externos. Ya sean fondos de inversión extranjeros o de Madrid, los turistas o unas élites que gobiernan en Madrid o en Europa en contra de nuestros intereses

En un plano estatal e internacional desde donde se dirigen los grandes capitales, los grandes movimientos relativos a las operaciones inmobiliarias, hoteleras, de desindustrialización progresiva y de explotación del territorio. Hablemos de Madrid y Bruselas desde donde se ejerce la cadena de mando del gran capital. Y otra burguesía local, nativa, de explotadores cotidianos en la restauración, rentistas en el mercado inmobiliario o en el sector turístico, organizados en sus respectivas patronales autonómicas y grupos de presión locales. Una burguesía que en muchas ocasiones no son grandes millonarios, ni una elite difuminada lejana, sino también sectores de unas capas medias acomodadas y que han construido su riqueza y posición social en la sociedad andaluza en base al expolio de las trabajadoras de sus negocios, de las inquilinas y por su capital inmobiliario acumulado. Este sector, relativamente privilegiado, es el que ocupa un papel central y dirigente en la formación social concreta en Andalucía, y la que determina también gran parte de las contradicciones y conflictos que se engendran.

En cualquier caso, es necesario aclarar que la simbiosis entre ambos capitales y burguesías en el contexto actual de globalización de las cadenas de valor es casi total, siendo un capital necesario y complementario a la acumulación de otro, lo que supone entender que no hay un capital productivo, que implica buenos trabajos y otro parasitario y rentista.

Partir de este análisis de la formación social y de clase nos permite entender dos cuestiones fundamentales.

La primera, es que la turistificación y el modelo económico que lo sostiene, también la crisis de vivienda incluyendo la inaccesibilidad de la vivienda, la explotación rentista y la derivación del parque de vivienda a usos antisociales (vacía o turísticas) es consecuencia del carácter que adopta el sistema capitalista en el territorio andaluz. En ningún caso puede ser entendido que la miseria que sufre nuestra clase, y la situación que vive Andalucía son fruto de la presión de agentes externos. Ya sean fondos de inversión extranjeros o de Madrid, los turistas o unas élites que gobiernan en Madrid o en Europa en contra de nuestros intereses.

Caer en el simplismo o maniqueísmo de culpar a las “injerencias extranjeras”, puede implicar la adopción de un planteamiento identitario, obviando las relaciones de opresión y explotación que existían antes del desarrollo del modelo económico actual, proyectando, incluso en algunas ocasiones, un imaginario de nostalgia del pasado (a veces con elementos reaccionarios), en lugar de un horizonte de emancipación superador de las contradicciones del presente. Por supuesto, esto también implica una orientación interclasista, obviando que tenemos más en común en lo que a proyecto político ecosocialista se refiere con el turista que proviene de un barrio obrero madrileño que con el hostelero de origen andaluz. Esto no supone borrar las identidades nacionales o ponerlas en un segundo plano, sino entender que la opresión nacional que sufre el pueblo andaluz parte necesariamente de su posición como clase obrera en las relaciones de (re)producción a escala estatal e internacional y la necesaria solidaridad de clase con otros pueblos.

La segunda, consiste en que cualquier proyecto político debe de asentarse sobre un programa que entronque los intereses inmediatos de la clase trabajadora, con el aporte de soluciones y un horizonte al conjunto de la sociedad. Se trata de pensar los conflictos sociales del presente, su complejidad y desenredarlos para comprender qué posiciones están en juego para situar en el centro los intereses de la clase trabajadora de Andalucía. Es decir, un programa político que necesariamente no sólo se observe desde la amplitud exclusivamente nacional o soberanista.

En consecuencia, si queremos denunciar el modelo depredador turístico, no lo podemos hacer en primera instancia desde la defensa del pequeño comercio o de la pérdida de identidad por la “invasión turística”, sino desde los intereses de las propias trabajadoras precarizadas y explotadas de ese modelo, que, no por casualidad, son justo quienes no tienen derecho al descanso y a vacaciones. De igual manera, en la cuestión de la vivienda si queremos denunciar la especulación inmobiliaria no podemos quedarnos única y exclusivamente en la denuncia de los pisos turísticos como culmen de la crisis de vivienda, sino atacar el elemento estructural que permite el surgimiento de estos, que es la mercantilización de la vivienda, en la que el enemigo es el rentista (da igual el origen o su tamaño) que extrae tanto rentas de las trabajadoras a través del alquiler o procedentes del turismo y todo el sistema político que lo sostiene.

Algunas ideas que poner encima de la mesa

Este 5A será una jornada en la que se condensa meses de preparación, de luchas, de activación de miles de personas en todo el estado con el objetivo de plantear un rumbo u otro en lo que a la crisis de vivienda se refiere. Una batalla en torno a ideas y reivindicaciones en la que todos los actores participarán, desde los partidos progresistas cómplices de la situación actual, como la derecha pro-inmobiliaria férrea defensora de una salida dura conforme al interés de la patronal inmobiliaria. Desde aquellas que planteamos que una alternativa es posible, debemos sostener unas reivindicaciones radicalmente opuestas y diferentes. No podemos contentarnos con la mera organización cotidiana, sin la cual es cierto que no hay batalla posible.

Unas ideas que no sean el enésimo programa de acciones gobierno de los de siempre, sino una forma de conectar con un horizonte diferente, poniendo el peso en la capacidad de movilización y organización de las clases populares para conquistar el derecho a la vivienda.

Es el momento de hablar de planificación ecosocialista, de cómo distribuimos y a qué destinamos nuestras viviendas (no olvidemos que las construimos y mantenemos nosotras), de cómo compatibilizar el derecho a irnos de vacaciones y al descanso con unos barrios que no sean un parque de atracciones y el negocio turístico de unos pocos, y en el fondo de qué clase de sociedad queremos.

Sin atacar frontalmente el poder social económico y político de los rentistas no hay mejoras posibles. El elemento central de su poder evidentemente es la propiedad privada de la vivienda y el uso de la misma

Por tratar algunos de los puntos nodales de los debates, es incuestionable la centralidad que ha adquirido el alquiler y la incapacidad de muchas personas de acceder a una vivienda. Frente a esto, señalar continuamente la necesidad de “intervenir” o “regular” un mercado de alquiler para favorecer el acceso es necesariamente contraproducente. En primer término, se transmite la idea de que el mercado es algo externo al estado, a la política incluso, y que basta con que el estado actúe, intervenga o lo regule para impedir los excesos. La realidad es que el mercado es la herramienta con la que se distribuyen los recursos en las sociedades capitalistas, y el Estado el garante necesario de dicho mercado. De hecho, así lo hace con las exenciones fiscales para rentistas, favoreciendo el negocio de las promotoras para construir alquileres asequibles, con ayudas a propietarios o a inquilinos, o mediando en los conflictos de vivienda con servicios sociales y las clásicas herramientas represivas.

Nuestra tarea es dar la batalla en el terreno de la mercantilización de vivienda, en su componente estructural como negocio y en su rentabilidad. Es necesario bajar los alquileres, al menos un 50%, que es la cantidad que ha subido en los últimos años, aliviando a muchas familias y vinculando los precios de esta al 15 o 20% de los ingresos de las familias trabajadoras en cada barrio. No se trata de exigir la mera declaración jurídica de las zonas tensionadas, sino empujar el péndulo en la dirección opuesta.

La ley de vivienda y sus zonas tensionadas no cuestionan ningún elemento estructural de la acumulación capitalista, no tienen efectos tangibles en la vida cotidiana de las trabajadoras y son un win-win para la izquierda gobernista. Es el PP el que no defiende el derecho a la vivienda, mientras que nosotros hemos hecho nuestro trabajo… Nada más lejos de la realidad: solo han apuntalado, a base de consenso, la crisis de vivienda bajo mantos de conformismo y miedo a lo peor por venir.

Sin atacar frontalmente el poder social económico y político de los rentistas no hay mejoras posibles. El elemento central de su poder evidentemente es la propiedad privada de la vivienda y el uso de la misma. Por eso es central hablar de expropiación de viviendas vacías y turísticas para el parque público de vivienda. Un parque de vivienda público autogestionado por las propias residentes y con un control social organizado en Sindicatos de inquilinas y de vivienda.

De igual manera, el modelo turístico que impera es insostenible, precarizando a miles de trabajadoras, destruyendo el territorio y extrayendo recursos, y empeorando las condiciones de acceso a la vivienda. El enemigo es el mercader de nuestras ciudades y barrios, el que utiliza a la mano de obra cual sirvientes del turista. El riesgo de reducir el turismo a los sectores más pudientes bajo un manto de mayor responsabilidad con las zonas con una alta presión turística es real cuando se aborda el debate de la turistificación. Debemos defender una relación metabólica y ecosocialmente sostenible del descanso y del “turismo” de la clase trabajadora de otros territorios con el de la nuestra. Eso parte de unas reivindicaciones desiguales pero combinadas. Se trataría de reducir el turismo burgués cerrando campos de golfs, prohibiendo yates en nuestros puertos y cerrando hoteles de lujo, pero habilitando alojamientos de vacaciones públicos, gestionados por sus trabajadoras, con una planificación colectiva del descanso y con unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras.

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Todas estas ideas no sobrevuelan sobre un imaginario, sino que es preciso que se asienten y se apoyen en fuerza social real. Con la cuestión de la vivienda y la turistificación existe la posibilidad de ir construyendo un bloque social con vocación anticapitalista que abogue por una reorganización de los resortes de poder de nuestra sociedad. Un bloque plural, radical, profundamente clasista que escape de la lógica conformista y de paz social impuesta por el gobierno progresista y los ataques de la derecha, sembrando por el camino una semilla para dar mejores batallas en un futuro. No se trata de pensar en clave de mayorías electorales, de alianzas entre aparatos representativos, sino de asentar las bases de un nuevo bloque histórico en Andalucía preparado para una larga marcha posicional.

Esta tarea es compartida de las organizaciones políticas alternativas, sindicatos de clase combativos y movimientos sociales radicales, tratando de superar la delimitación y la fragmentación entre las tareas propias del ámbito “social” y del terreno “político”, avanzando hacia una relación virtuosa entre ambas para poder evitar así, una lógica de subalternidad de unos, y de representatividad de otros. Una dinámica que se impuso en el anterior periodo, y que no pocos se empeñan en repetir como fórmula.